6 de marzo de 2011

DENUNCIÓ AL SERVICIO PENAL BONAERENSE POR TORTURAS: AHORA LO CUIDAN SUS TORTURADORES.

Lo cuidan sus torturadores
Año 3. Edición número 146. Domingo 6 de marzo de 2011
Por Rolando Mota
Fabián Sampietro volvió a la cárcel. Temen por su vida.
Fabián Sampietro López no es un preso común. Hace cuatro años denunció al Servicio Penitenciario Bonaerense por torturas. Luego de que avanzara su denuncia, la Justicia le otorgó el arresto domiciliarlo y salidas laborales. El objetivo era protegerlo de posibles represalias del servicio. Esa situación se mantuvo hasta el 2 de marzo. Ahora, Sampietro volvió a manos de sus torturadores y los organismos de derechos humanos temen por su vida.
Durante los últimos cuatro años, Sampietro se ganó la vida vendiendo libros en un kiosco en la puerta a la Facultad de Derecho y militando en la ONG de derechos humanos Radio La Cantora, mientras se tramitaba el juicio contra los tres agentes denunciados por torturas. En noviembre, la situación legal de los tres acusados de complicó: la jueza Claudia Grecco del juzgado correccional 4 de La Plata aceptó el pedido de la querella para ampliar la acusación y se apartó del caso para que sea analizado ante un tribunal oral criminal. Desde entonces, Sampietro denunció una escalada de hostigamiento de parte de sus custodios. Los agentes del Servicio Penitenciario, que durante cuatro años no habían detectado ninguna anomalía, comenzaron a llamarlo a cualquier hora, a tocarles timbre a los vecinos y reprenderlo por llegar quince minutos tarde de su trabajo. En 90 días detectaron 55 violaciones a la prisión domiciliaria.
Con esos datos, los jueces del tribunal oral 4 platense, Emir Caputo Tártara, Juan Bruni y Gloria Berzosa, revocaron la prisión domiciliaria y ordenaron que lo detuvieran. Los abogados de Sampietro presentaron un hábeas corpus, y entró a la Facultad donde no lo podían detener.
Su miedo, explicó después en la presentación judicial, era que se tratara de una trampa de los mismos que lo hostigaban desde hacía tres meses, ya que los agentes de civil de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata que lo abordaron en su lugar de trabajo pretendían detenerlo sin mostrarle ningún tipo de notificación concreta. Por eso decidió refugiarse en la Facultad de Derecho. Allí, con autorización del decano, pasó la noche y luego se dirigió a lo de su tutor en Berisso, desde donde acudió al tribunal, ya sabiendo que sería detenido.
“A diferencia de la manipulada información que los medios de comunicación publicaron y que obligaba a la figura de Sampietro a ceñirse en el traje de un burlador de la Justicia, el detenido se presentó voluntariamente a la audiencia establecida por la Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata el pasado miércoles 2 de marzo”, dijeron sus compañeros de Radio La Cantora en un comunicado de prensa, con el que respondieron a la información publicada por lo medios platenses, que consignaron que el hombre había cometido un error al presentarse, y que lo detuvieron por eso. Pero lo que más preocupa a sus defensores es que Sampietro fue arrancado de la custodia policial y entregado a manos del Servicio Penitenciario Bonaerense para ser alojado en la Unidad Nº 28 de Magdalena. Antes de conseguir la morigeración mediante monitoreo electrónico, Sampietro estuvo confinado en las celdas de aislamiento de esa unidad en condiciones infrahumanas durante más de 50 días. La carcel, por cierto, no es un modelo de recuperación de internos. El Comité Contra la Tortura denunció hace muy poco tiempo a esa unidad por las condiciones de detención y el nivel de violencia generado por el personal penitenciario. Se trata, afirmaron desde Radio La Cantora, de una unidad que ha llegado a tener dos muertos por día.
Otro de los aspectos que planteó la defensa del detenido en su presentación es que la morigeración que beneficiaba a Sampietro no podía ser controlada por la misma institución que atentó contra su vida. Ese también es uno de los motivos por los cuales la Comisión por la Memoria pidió ser tomada como amicus curiae en la causa: para recordarles a los jueces que una víctima de torturas no puede ser custodiada por sus torturadores, tal como lo exigió el Comité de DD.HH. de la ONU y el relator de personas privadas de libertad.
Fuente:MiradasalSur

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