El jurista propone una figura legal distinta para enjuiciarlos. Dijo que siente "una satisfacción enorme" por la perpetua a Jorge Rafael Videla en Córdoba.
07/03/2011
por Pedro Luque
Cuando la Justicia cordobesa dictó la cadena perpetua para Jorge Rafael Videla a fines del año pasado, Carlos Slepoy sintió una satisfacción enorme, pero incompleta. Este reconocido abogado argentino en Derechos Humanos, querellante en España en los juicios a los represores, concibe un error en la definición misma de los crímenes que se les imputan. “Creo que corresponde condenarlos por genocidio, en la medida en que la dictadura no cometió lo que define a un crimen de lesa humanidad”, asegura.
Slepoy, quien estuvo detenido en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), explicó qué impresiones le dejó el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se llevó a cabo en la Justicia Federal de Córdoba, sobre el abanico que abriría la figura de genocidio y sobre los problemas y trabas que enfrenta esta calificación.
–¿Qué impresión le dejó la sentencia del juicio a Videla y Menéndez?
–Que para Menéndez es una condena más. Ya son cinco. Pero la de Videla es la primera después del indulto. Es un símbolo del quiebre de la impunidad. La pujanza de la sociedad argentina, el aliento que se le da a estos juicios, todo esto determina que se realicen juicios en distintas partes del país y además que se haya vuelto a condenar a Videla, nada más y nada menos. Por eso es una satisfacción enorme, una muestra del avance tan grande que hay en esta materia en nuestro país.
–¿Por qué quiere que sean condenados por genocidio?
–Entiendo que la calificación de crímenes de lesa humanidad no es una calificación correcta del delito que cometieron. Creo que corresponde condenarlos por genocidio, en la medida en que la dictadura no cometió lo que define a un crimen de lesa humanidad, es decir, un ataque masivo, sistemático, generalizado contra una población civil. En realidad fue un ataque direccionado y discriminado para la destrucción de distintos agrupamientos y grupos sociales, políticos, sindicales. Los propios documentos de la Junta Militar definen que el oponente a destruir eran las organizaciones que se opongan a la toma de poder por parte de los militares o que vayan surgiendo durante su desenvolvimiento.
–¿Y qué cambiaría con esta nueva definición?
–En apariencia no tendría mayor importancia porque desde el punto de vista jurídico ambos crímenes son imprescriptibles, no admiten la obediencia debida y son de persecución universal. Pero la idea de genocidio da una dimensión distinta de lo que realmente ocurrió: se buscó destruir a distintos grupos con el objeto de crear una sociedad sin la existencia de ellos. No fueron múltiples crímenes sin hilación. Otra cosa, muy trascendental, es la cuestión de que cuando se comete un genocidio no lo cometen sólo los ejecutores directos, que son los que se juzgan en este momento. Hubo coparticipación de determinados sectores económicos, a tal punto que formaron parte del gobierno militar. Contrajeron ilegalmente la deuda, desmantelaron empresas del Estado, pagaron con dinero público deudas privadas. Ellos son tan responsables como los militares y debería haber imprescriptibilidad para estos crímenes. Si se aplicara esta figura sería mucho más fácil poder avanzar sobre esta cuestión. Pero al hablar de lesa humanidad se habla de ejecutores directos.
–¿Qué trabas enfrenta?
–Las limitaciones que tiene la Convención Internacional contra el Genocidio. Si hablara de grupos humanos en general, o para el caso argentino hablara de grupos políticos, nadie tendría duda en calificar el hecho como genocidio. Pero, como se habla de grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos, se dice que todo otro grupo está excluido de la definición, lo cual es un absurdo. Sin embargo, tuvimos avances importantes en esta calificación con la sentencia del Tribunal Oral Número 1 de La Plata en el caso de Etchecolatz-Von Wernich, y recientemente de los penitenciarios de la U9, en los que hablan de un marco de genocidio. Yo voy más allá. Creo que no es un marco de genocidio, sino un delito compuesto por múltiples conductas criminales. Creo que habrá nuevas sentencias, el tema está en debate. Hay varias querellas, incluso fiscalías, que están acusando por genocidio, aunque en Córdoba, curiosamente, no se ha producido.
Fuente:LaVoz
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