Por Sebastián Premici
Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal que sigue las causas de derechos humanos, analizan la destitución del juez Luis Miret por su colaboración con la dictadura
¿Cuál es el mensaje detrás de la destitución del camarista Luis Miret?
Auat: El caso Miret es parte del universo fáctico donde se producen las investigaciones relacionadas con los delitos de lesa humanidad. Su destitución significa que en la estructura del Poder Judicial todavía hay muchos operadores que vienen desde la época de la dictadura, quienes poseen algún grado de responsabilidad por los hechos cometidos. Es un núcleo muy importante todavía. Lo que hay que dejar en claro es que la destitución de Miret no es un caso aislado, hay circunstancias similares que ocurren en otras provincias, como Chaco donde hay involucrados fiscales, como Roberto Domingo Mazzoni. El caso Miret no es diferente al de Víctor Hermes Brusa, en Santa Fe, o Carlos Otero Álvarez, en Córdoba. En la medida en que sigan apareciendo nombres comprometidos con los hechos que se investigan, habrá que hacer las imputaciones correspondientes. El caso de Mendoza (ndr: una de las provincias donde se produjo la mayor cantidad de excarcelaciones a militares acusados) es un testimonio más del grado de compromiso que tenían algunos jueces y funcionarios durante la época de la dictadura con los hechos que se cometían. Tiene un efecto comunicador hacia todas las estructuras del Poder Judicial para que sepan que estos hechos se están investigando. El mensaje fuerte de la destitución de Miret tiene que ver con que se desmonta lo que ocurrió durante la dictadura en relación con la justicia pero, por sobre todas las cosas, lo que siguió ocurriendo en democracia.
Parenti: El caso de Mendoza, donde también se está investigando la actuación de Otilio Romano, quien ya presentó su renuncia y el Consejo tiene que determinar su juicio político, posee un efecto comunicador en el sentido que muchas más personas que ya sabían de los hechos cometidos durante la dictadura y la participación de la justicia, ahora se van a enterar con lujo de detalles. Hay muchos testimonios que dan cuenta de cómo actuaron las diferentes estructuras del Estado durante la dictadura. Es un caso que permite superar esa idea de que el rol de la Justicia fue sólo pasivo. Incluso, algunos sectores insisten con que no podían hacer demasiado, dadas las circunstancias. Esa descripción del fenómeno, tan benévola, queda desmentida por las pruebas que aparecen. Hay múltiple cantidad de hechos y víctimas que declaran lo mismo en cuanto a la participación de la justicia en las causas sobre los delitos de lesa humanidad. Son datos insoslayables.
¿Cuáles son las circunstancias que permiten que haya jueces en distintas provincias que en vez de buscar justicia, sean cómplices?
P: Hay un factor muy claro en el Poder Judicial que es la endogamia. La administración de justicia se reproduce a partir de las mismas personas que están dentro del sistema. Entran los hijos de los funcionarios, los conocidos, sus ahijados, etcétera. Hay una permanencia que hace difícil la renovación, no sólo de personas sino de miradas y de ideologías. En muchos casos hay magistrados que no estuvieron durante la dictadura, pero sí tienen vínculos con ella, fueron secretarios de un juzgado o tienen miradas similares sobre lo ocurrido. Hay una visión de una justicia elitista, nada acostumbrada a dar explicaciones, ni abrir sus puertas a las personas que reclaman justicia. En la Argentina no hubo “limpieza” como, por ejemplo, en Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se separó a los jueces vinculados con el nazismo.
A: Existe una configuración del sistema que no se transformará sólo a partir de un recambio de jueces. Si en un proceso de cambio no hay una renovación de miradas, de otra impronta se seguirá reproduciendo el mismo sistema a partir de su endogamia. Parte de esta compleja situación tiene que ver con la urgencia que existió, en 1983, de dar una continuidad institucional a la justicia, donde se podría haber puesto un corte. En rigor, sabemos que en cualquier sistema hay corporaciones. Actuar como corporación es una forma de sobrevivir como cuerpo. Esto forma parte de la patología del problema. Por eso, creemos que hay que romper con esos paradigmas corporativos a partir del señalamiento de casos puntuales para exigirle a quien tenga alguna responsabilidad que verifique los hechos. Así ocurrió cuando marcamos las estrategias de demora implementadas por los defensores públicos y privados y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, lo sintió como un cuestionamiento personal. Cuando se actúa de manera corporativa, se diluyen las verdaderas causas de fondo.
¿Y cómo se desmontan esas respuestas corporativas?
P: Una manera es que la sociedad civil continúe exigiendo respuestas. Hay que abrir las puertas de la justicia. No tenemos problema con que las reuniones que se hacen con la comisión de la Corte Suprema sean con público, no hay nada que esconder. Si nosotros tratamos las acusaciones contra el juez de Jujuy Carlos Olivera Pastor, por ejemplo, no tenemos inconveniente con que la sociedad se entere. Si no hubiéramos roto algunas resistencias corporativas en Mendoza, Miret no habría sido destituido. No sólo había que tener pruebas suficientes en su contra sino que debíamos superar esa instancia y hacer que la sociedad en su conjunto reclamara su apartamiento.
A: Cuando hablamos de corporación, no sólo apuntamos contra los jueces y fiscales, también la integran los colegios de abogados. Para nosotros, cuando un juez se inhibe y viene otro de la matrícula que integra la lista de conjueces, rápidamente advertimos el comportamiento corporativo. Cuando existe una resistencia corporativa fuerte, la prueba necesita un acervo probatorio mucho más fuerte, para poder enfrentar a esa corporación. Es un problema de relación de fuerzas. A veces los hechos comprobados no son suficientes para condenar a alguien porque están las resistencias dentro del propio sistema judicial.
¿Cuál debería ser el rol del poder político frente a la corporación judicial?
A: Primero, habría que decir que nada cambiará si no hay una verdadera autocrítica de todo el sistema judicial, si no se admite su déficit, su deuda, su falta de respuesta. El cambio necesita un disparador. Hay urgencias razonables, causas de más de treinta años. Quien tiene expectativas de ver una condena y se muere antes, sólo vivió la impunidad, por más que después haya una condena. Si el sistema judicial no entiende que estas causas por delitos de lesa humanidad no tienen seis meses, sino más de treinta años, evidentemente, no asumirá su compromiso de justicia.
P: Por eso, habría que hacer una exhortación a los magistrados, funcionarios, abogados, fiscales, con vocación democrática, para que sean permeables a una autocrítica, incluso, que la impulsen. Quienes realmente tienen una vocación democrática deberían despegarse de las respuestas corporativas, que sólo buscan sostener la impunidad.
¿Pero quién es el responsable de hacer esa exhortación, el presidente de la Corte Suprema o el ministro de Justicia?
A: No creo que haya que ponerle la mochila a nadie, debería ser el sistema en sí, el Consejo de la Magistratura, la Asociación de Magistrados, los abogados. Habría que crear foros para discutir cuáles son los nuevos paradigmas que necesita el sistema. La sociedad debe presionar para que cambie la impronta del Poder Judicial.
Sin embargo, a la justicia no le gusta hablar de autocríticas y prefiere el discurso apolítico de la independencia de poderes.
A: La famosa independencia judicial es mentirosa, porque es puesta como barrera para cualquier tipo de cuestionamiento. La primera falacia sobre ese discurso de la independencia de poderes y la apolitización de la justicia está en los juicios por los derechos humanos. Hay jueces que hacen política desde la mora, es su forma de hacer política. Un ejemplo es el caso del juez Alfredo Bisordi, miembro de la Cámara de Casación Penal, uno de los fueros más cuestionados por la dilación en los trámites de las causas de lesa humanidad. Hubo un pedido de juicio político, renunció a su cargo y hoy es defensor de los imputados en las causas que, supuestamente, debía investigar. Bisordi, como juez, ya actuaba como defensor de los acusados
P: El discurso de la apolitización de la justicia busca el solo efecto de que los jueces puedan hacer política sin decirlo. Otro tema donde debemos trabajar es en la gestión judicial para el control sobre las moras. No estamos hablando de que haya un comité que le diga a un juez cómo tiene que fallar, sino que pretendemos que se cree una instancia donde pueda haber un control sobre la calidad del servicio de justicia. Por otro lado, también hay jueces con desidia, pereza, más preocupados por dar clases en la facultad que por impartir justicia.
Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández impulsaron los juicios sobre las causas de derechos humanos como política de Estado. Si llegara a haber un cambio de gestión, ¿seguirán las investigaciones?
A: Si tenemos en cuenta los discursos de algunos sectores, el panorama no es muy alentador, no habilita a tener un pronóstico muy auspicioso. En los actos de lanzamiento de campaña de algunos candidatos, pudieron verse algunas caras que indicarían que están en las antípodas de las investigaciones sobre los delitos de lesa humanidad. Nosotros comenzamos con los juicios por la Verdad, las primeras decisiones importantes se tomaron durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Que estos temas sigan siendo parte de una política de Estado dependerá también del grado de compromiso de los sectores sociales. Desde la Unidad Fiscal trabajamos para que estos temas se instalen sin retorno alguno. No queremos que haya una vuelta atrás.
P: En los últimos años, intentamos dar pasos fuertes, dar cuenta de hechos lo más relevantes posible como para que no exista la mínima posibilidad de un retorno. Salvo en algunas provincias problemáticas, las causas por los derechos humanos están en un punto sin regreso. Tenemos 850 procesados, de los cuales cuatrocientos están en etapa de juicio y alcanzamos las doscientas condenas. ¿Cómo se vuelve atrás con una elevación de cuatrocientos juicios en todo el país? Hay un consenso generalizado de que las causas tienen que continuar. Siempre hay que estar atentos, pero el tema de los juicios caló hondo en la clase política.
FuentedeOrigen:RevistaDebate
Fuente:Agndh
el Juez Walter Bento resuelve:
4) Ordenar el procesamiento de Rolando Evaristo Carrizo Elst por estimarlo prima facie penalmente responsable de la presunta infracción al art. 274 del Código Penal por 19 hechos consistentes en haber omitido promover las investigaciones faltando a su obligación de juez federal en a) presuntas privaciones ilegítimas de libertad de personas que a la fecha continuan desaparecidas ...b) presuntas privaciones ilegítimas de la libertad... c) presuntas torturas...
5) Ordenar el procesamiento de Luis Francisco Miret Clapés apodo "catalán" por estimarlo prima facie penalmente responsable de la presunta infracción al art. 274 del Código Penal por 35 hechos consistente en haber omitido promover las investigaciones faltando a la obligación de su cargo de juez federal subrogante en a) presuntas privaciones ilegítimas de la libertad de personas que a la fecha continúan desaparecidas...b) presuntas privaciones ilegítimas de la libertad...c) presuntas torturas...d) presuntos robos...e) presunta violación de dommicilio.
6) Ordenar el procesamiento de Guillermo Max Petra Recabarren por estimarlo prima facie penalmente responsable de la presunta infracción al art. 274 del Código Penal por 22 hechos consistente en haber omitido promover las investigaciones faltando a la obligación de su cargo de juez federal subrogante que surgen de los presentes casos a) presuntas privaciones ilegítimas de la libertad de personas que a la fecha continúan desaparecidas...b) presuntas privaciones ilegítimas de la libertad...
7) Ordenar el procesamiento de Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz por estimarlo prima facie penalmente responsable de la presunta infracción al art. 144 bis inc. 1 con el agravante establecida en el art. 142 bis incisos 1 y 5 ambos del Código Penal actualmente vigente y al art. 144 ter inc. 2 del Código Penal (texto según ley 14.616) en calidad de participe secundario (art. 46 del C. Penal), por 76 hechos en concurso real (art. 55 del C. Penal) por la presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y represión de los delitos de que habría tomado conocimiento durante su desempeño como fiscal federal y juez federal subrogante respectivamente en los hechos que habrían cometido miembros de las fuerzas armadas y de seguridad afectados a la lucha contra la subversión entre los años 1975/1983, en base a las circunstancias fácticas detalladas en cada caso en particular, facilitando de tal modo, la impunidad de los responsables de dicho plan y la continuidad del mismo en a) presuntas privaciones ilegítimas de la libertad agravadas de personas que a la fecha continúan desaparecidas...b) presuntas privaciones ilegítimas de la libertad...c) presuntas torturas...
11) Ordenar el embargo sobre bienes de Luis Francisco Miret y Guillermo Max Petra Recabarren hasta cubrir la suma de Pesos Diez Mil por cada uno de ellos y sobre los bienes de Rolando Evaristo Carrizo hasta cubrir la suma de Pesos Cinco Mil y Otilio Ireneo Roque Romano hasta cubrir la suma de Pesos Veinte Mil por cada uno de ellos, medidas que deberá cumplimentarse a través del Registro Público y Archivo Judicial conforme domicilio consignado, debiendo en su defecto disponerse la inhibición general de bienes de los nombrados...
12) A fin de investigar las presuntas privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, robos y otros presuntos delitos que surjan de la investigación ....de acuerdo a las previsiones del art. 196 del CPPN deléguese la instrucción de la causa al Ministerio Fiscal...
13) Remitir copia certificada del presente decisiorio a la Excma. Camara Federal de Apelaciones de Mendoza como así también al Honorable Consejo de la Magistratura...
envia fernando rulecastro Fuente:Agndh
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