El último eslabón en la cadena del terror
La Unidad Especial de la Procuración analizó 2758 planillas de vuelo realizados entre 1976 y 1978. Al margen de Adolfo Scilingo, condenado en España, sólo hay un procesado con prisión preventiva por participar en los “vuelos de la muerte”.
Por Diego Martínez
La impunidad de centenares de militares, marinos, policías y civiles que participaron en los vuelos de la muerte podría comenzar a revertirse. El fiscal federal Miguel Osorio, que investiga el Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur, dejó trascender el martes, durante un panel realizado en el Congreso, que está identificado el vuelo específico en el que fueron arrojadas al Río de la Plata las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo secuestradas por un grupo de tareas de la ESMA en diciembre de 1977. La investigación, que permitirá avanzar contra sus tripulantes y la cadena de mandos que les daba órdenes y les garantizaba el encubrimiento, fue realizada por la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación y está en poder de los jueces federales Norberto Oyarbide –que instruye la causa Plan Cóndor–, Sergio Torres –a cargo de la megacausa ESMA– y también de Eduardo Taino, fiscal de la causa. Ante un pedido expreso de la Justicia, Página/12 omite por el momento los nombres de los involucrados y otros datos que puedan perturbar el avance de la pesquisa.
El informe final de la investigación realizada por la Unidad Especial que conduce el fiscal general Jorge Auat y coordina Pablo Parenti data del 19 de noviembre pasado. A partir de un universo de 2758 planillas de vuelo realizados entre 1976 y 1978, los investigadores analizaron regularidades y, en contraposición, excepciones: vuelos cuya duración no se condice con los puntos de despegue y aterrizaje, horarios sin relación lógica con las finalidades explicitadas, un mismo destino de salida y llegada en vuelos de “instrucción”, omisiones llamativas en los registros.
El universo se acota primero según la duración: por la velocidad de los aviones y en base a las precisiones que aportó el condenado ex capitán Adolfo Scilingo sólo se consideran vuelos de dos horas y media como mínimo. El segundo parámetro es el destino. Descartados los vuelos de duración justificada (a provincias del norte, la Mesopotamia o la Patagonia), los restantes tienen una particularidad: el despegue y el aterrizaje tiene lugar siempre en el Aeroparque Jorge Newbery o en la base de Punta Indio, y en algunos casos ambas en el primero. El dato es sugestivo: los dos vuelos en los que participó Scilingo despegaron desde Aeroparque. El marino confesó que “todos los ‘traslados’ tenían como plan de vuelo Punta Indio pero sin aterrizar: continuaban vuelo a baja altura mar adentro para no ser detectados por el radar de Mar del Plata”.
El tercer filtro es la nocturnidad, asociada por la Unidad Fiscal “a todo aquello que pretende ocultarse”. Los vuelos entre las seis de la tarde y las seis de la mañana son excepcionales: rondan el seis por ciento en 1976 y 1977, crecen hasta casi un diez por ciento en 1978. Por último se considera la “finalidad”. En más de la mitad de los casos se menciona un genérico “traslado”, por lo general con un objeto preciso: “material clasificado”, “buzos”, “maquinaria”, “contraalmirantes”. También figuran finalidades específicas: “apoyo regata”, “sanitario”, “relevo de personal”, “arrojar paracaidistas”, “vuelo de prueba”, “patrullaje” o “instrucción”. Los vuelos que sortean los cuatro filtros y en los que se menciona a Aeroparque como punto de partida y llegada son apenas once en tres años. Todos menos uno tienen por finalidad la “instrucción” y en ninguno se registra la existencia de pasajeros. A partir de este análisis se pudo individualizar el vuelo en el que se habría “trasladado” a las monjas francesas y a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.
El operativo del grupo de tareas de la ESMA en la iglesia de la Santa Cruz fue el 8 de diciembre de 1977. Dos días después fue secuestrada Azucena Villaflor de De Vicenti. El grupo de familiares estuvo en cautiverio en la ESMA al menos hasta el 14 de diciembre, cuando los marinos fotografiaron a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet con una bandera de Montoneros de fondo y un ejemplar del día del diario La Nación en sus manos. Los restos aparecieron en las costas de San Bernardo y Santa Teresita entre el 20 y el 28 de diciembre, y fueron enterrados como NN en el cementerio de General Güemes. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó en 2005 los restos de Duquet, de Angela Aguad y de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. “Las fracturas son compatibles con la caída desde una altura determinada y el impacto contra un cuerpo duro”, dictaminó el EAAF.
El método argentino de desaparición de personas, que Rodolfo Walsh denunció en 1977 y Scilingo confesó en 1995, continúa dando frutos. Más allá de condenas aisladas como las de Riveros, Verplaetsen & Cía. por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, los asesinos que participaron de las ejecuciones que según Scilingo bendijo la jerarquía eclesiástica e incluyeron hasta “invitados especiales” aún disfrutan de impunidad y anonimato.
Al margen de Scilingo, condenado en España a un millar de años de prisión, el único procesado con prisión preventiva por ese delito es el capitán Emir Sisul Hess, quien contó en privado que las víctimas “caían como hormiguitas”. El teniente de fragata Julio Alberto Poch, extraditado desde España luego de confesar su actuación ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia, se benefició con una resolución de la Cámara Federal, que le encomendó al juez Torres mejorar los argumentos del procesamiento. El juez volvió este año a tomar una serie de declaraciones testimoniales en Holanda, pero no a pronunciarse sobre la situación del marino. El magistrado no avanzó aún contra la cadena de mandos que estaba por encima de Hess y de Poch, ni contra el suboficial Rubén Ricardo Ormello, quien –tal como informó Página/12 en 2009– relató ante sus compañeros de trabajo de Aerolíneas Argentinas su participación en vuelos que partían de Ezeiza. El juez Torres tampoco indagó aún al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, mencionado por Scilingo entre quienes lo ayudaron a tirar personas al vacío en uno de los dos vuelos que confesó, y mucho menos a los capellanes Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, que sedaban las conciencias de los marinos y continúan en actividad en las filas de la Iglesia Católica.
diegoemartinez.blogspot.com
Fuente:Pagina12
LA PLAZA DE MAYO SERA EL CENTRO DE DISTINTOS ACTOS POR EL DIA DE LA MEMORIA
Repudio con varias consignas
A las 14, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchará hacia la Plaza de Mayo. A las 17 lo harán Abuelas, Madres Línea Fundadora, Familiares, Hijos y Hermanos. A las 18, las Madres lideradas por Hebe de Bonafini realizarán un acto en el Mercado Central.
A 35 años del golpe cívico- militar los militantes de los organismos de derechos humanos volverán esta tarde a las calles y serán protagonistas de sendos actos en Plaza de Mayo. A la inversa que años pasados, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchará más temprano, a las 14, y las Abuelas, las Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos y Hermanos lo harán a las 17. Más allá de movilizarse por el mismo repudio a la dictadura y sus sicarios, las consignas los vuelven a diferenciar. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, que lidera Hebe de Bonafini, realizará un acto de cierre a las 18 en el Mercado Central bajo el lema “Para que la sangre de nuestros hijos se convierta en escuelas, hospitales, casas y trabajo para todos”. Hablarán Bonafini, el ministro de Economía Amado Boudou y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, entre otros.
“Consolidemos un país con Memoria, Verdad y Justicia, 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, ¡presentes! Juicio y Castigo a los cómplices e ideólogos civiles. Restitución de los jóvenes apropiados y aparición con vida ya de Jorge Julio López”, son las consignas que plantearon las Madres Línea Fundadora, las Abuelas y los demás organismos que se concentrarán a las 17.30 en 9 de Julio y Avenida de Mayo para marchar a la Plaza “con la bandera de los detenidos-desaparecidos”. También anunciaron un recital de Attaque 77, Pez y El Choque Urbano.
“Es un momento histórico porque los genocidas empezaron a ser juzgados y el énfasis este año está puesto en los cómplices civiles, como por ejemplo algunos periodistas y la Sociedad Rural, nos preocupa que algunos de ellos siguen siendo parte de empresas actuales y que se oponen a la redistribución de la riqueza”, expresó a Página/12 Giselle Tepper, de H.I.J.O.S. También destacó entre las consignas el pedido de aparición con vida del testigo Jorge Julio López y la situación de los jóvenes apropiados, entre los cuales mencionó a los hijos adoptados de Ernestina Herrera de Noble, y señaló que otro tema de preocupación son las políticas del Gobierno de la Ciudad “que reproducen prácticas de la dictadura”. A pesar del amplio abanico de planteos, Tepper sintetizó el momento actual de esta manera: “Cuando fueron los 30 años del golpe estábamos haciendo un escrache a Videla por su arresto domiciliario, hoy en cambio ya tiene una condena a perpetua y está siendo juzgado por apropiación sistemática de menores durante la dictadura, así que estos 35 años nos encuentran con la necesidad de consolidar ese camino ya iniciado”.
Miembros de las organizaciones de ambas marchas se reunieron también este año para acordar que el paso de las columnas, el ingreso a la plaza y la salida para dar paso a la siguiente movilización se concreten en armonía y todos sientan al final de la jornada que pudieron participar. El año pasado el orden fue inverso, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) debía hacer su acto al final de la tarde, pero los recitales y los escenarios terminaron casi superpuestos.
Enrique Fukman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, dijo que acordaron que pasan primero a la plaza, hacen su acto, leen su discurso y luego salen para dar paso al otro grupo, como ocurrió en 2005. Consultado por Página/12 sobre qué los mueve a marchar, a 35 años del golpe, Fukman dijo que “por un lado luchar contra la impunidad del genocidio, pero junto con eso levantar las banderas de compañeros detenidos desaparecidos, que lucharon por un país sin opresores ni oprimidos, con real justicia, sin hambre, ni gatillo fácil, ni criminalización de los que protestan”.
Fuente:Pagina12
Los juicios en números
Por Alejandra Dandan
El 2010 fue el año de los juicios orales. Así lo definió el Ministerio Público de Justicia. El titular de la unidad de coordinación de los juicios de lesa humanidad, Jorge Auat, suele marcar sin embargo los puntos pendientes. Así, aunque las condenas redondean las 200, sólo 40 de ellas están firmes. Y son sólo nueve las condenas firmes entre los procesos abiertos luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. Entre las razones de esa demora en confirmar los fallos, Auat menciona la Cámara de Casación, un agujero negro que pese a la partida de Alfredo Bisordi sigue obstruyendo procesos.
200 personas son las condenadas desde el retorno de la democracia.
40 de estas condenas se encuentran firmes.
32 personas fueron condenadas por apropiación de niños
9 personas entre las juzgadas luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida cuentan con condena firme.
820 son los procesados en todo el país por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
400 ya tienen al menos una causa en etapa de juicio (es decir, que próximamente serán sometidos a juicio oral).
19 juicios orales terminaron en 2010.
110 represores fueron condenados y nueve acusados fueron absueltos en 2010
8 juicios orales se están desarrollando actualmente.
5 juicios están en trámite por el antiguo procedimiento escrito.
7 nuevas causas tienen fecha de debate cierta para este año.
Fuente: Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.
Fuente:Pagina12
AVANZA EL ANALISIS DEL ROL DE GRUPOS ECONOMICOS Y DEL PODER JUDICIAL DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO
La lupa sobre los cómplices e instigadores civiles
Una vez encaminados los juicios a los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, investigaciones en todo el país se detienen en la complicidad o la participación de empresarios y funcionarios del Poder Judicial en los crímenes y contribuyen a resignificar la última dictadura.
Por Alejandra Dandan
El ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el juez mendocino Otilio Romano.
Algo está cambiando en el sistema judicial. Organismos de derechos humanos convertidos en querellantes, fiscales y jueces producen nuevos sentidos sobre lo que sucedió en el país durante el terrorismo de Estado. Uno de esos nuevos sentidos replantea la imagen de la dictadura: en línea con lo que empezó a suceder aisladamente hace años en La Plata, aparece en los alegatos y en las preguntas la expresión “dictadura cívico-militar”. Lo que sigue es un intento de abordar los efectos judiciales de esa resemantización de las palabras. La posibilidad de pensarlas como demanda de segunda generación.
En este proceso que deberá desarrollar la Justicia, hasta ahora se abrieron dos grandes caminos. Uno pone la lupa en el Poder Judicial. El otro, en las empresas.
En el primer caso, las causas parecen estar buscando no sólo a quienes estuvieron a la par de los represores, ejercieron torturas, interrogatorios o visitaron centros clandestinos sino también a quienes omitieron las investigaciones sobre las miles de denuncias de hábeas corpus que llevaban los familiares de las víctimas o abogados, muchos de los cuales terminaron desaparecidos. Uno de los casos paradigmáticos es Mendoza. El equipo de la fiscalía de Omar Palermo analizó unos 400 expedientes de la dictadura, entre ellos 150 hábeas corpus entre los cuales sólo uno fue aceptado por un juez y recién en 1982, con la dictadura debilitada. Esa investigación coronó un largo reclamo de justicia de sobrevivientes y familiares contra los camaristas Otilio Romano y Luis Francisco Miret, este último destituido este año por el Consejo de la Magistratura. El viernes pasado, el juez federal de Mendoza Walter Bento procesó a Romano por 72 hechos y como “partícipe secundario” por haber omitido investigar y haber garantizando la impunidad de los responsables a través del tiempo; procesó a Miret por 19 hechos, entre ellos no investigar denuncias de personas que hasta hoy continúan desaparecidas, pero además por robo y violación de domicilio; lo mismo hizo con el magistrado jubilado Guillermo Petra Recabarren y al ex juez Rolando Evaristo Carrizo lo procesó por 19 hechos.
Las causas sobre la Justicia parecen multiplicarse en todo el país. Al lado de casos más históricos, como los fiscales de la causa de Margarita Belén –Roberto Domingo Mazzoni y Carlos Flores Leyes– acusados de participar en interrogatorios ilegales, amenazar a detenidos y encubrir crímenes de lesa humanidad o el del ex juez Ricardo Lona, en Salta, por la masacre de Palomitas, parece haber una búsqueda sobre los responsables de garantizar la impunidad. No investigar. Archivar las causas de hábeas corpus. Desecharlas. A partir de la búsqueda de los hijos apropiados, se cuestiona a los jueces que blanquearon o intervinieron en la apropiación extendiendo ad etermun la desaparición de esos niños. Hace dos días, Hijos organizó un escrache al camarista Gustavo Mitchell: “Fue una pieza fundamental en el engranaje del robo sistemático de bebés, denunciado por haber entregado un bebé de 20 días apropiado en julio de 1976 al subcomisario Osvaldo Parodi, uno de los que participaron del secuestro de Sara Méndez, la madre de Simón Riquelo”, explicaron.
El otro campo, el intento con las empresas, es más difícil. De momento, la grieta judicial se abre de la mano de las querellas que están obligadas a buscar –para llegar a juicio– datos fácticos para juzgar a los responsables. El caso del Ingenio Ledesma en Jujuy, la Ford y Mercedes-Benz son algunos de los históricos. Pero hay otros. En el distrito de San Martín se elevó a juicio la primera parte de una causa por un grupo de obreros del astillero Astarsa. Pese a que los trabajadores denuncian que muchos de ellos fueron secuestrados directamente desde el interior de la planta, sólo se va a juzgar a responsables militares y no a los todavía supuestos responsables civiles.
Uno de los promotores de este escenario es el propio Estado Nacional. En el expediente sobre Papel Prensa, explica Pablo Barbuto, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ese organismo oficial se encargó de presentar el encuadre: “Si se analiza el comportamiento de los sectores económicos financieros dominantes, frente a los golpes de Estado y ante los gobiernos de facto emergentes de los mismos a partir de 1930, se verifican palmariamente los beneficios que le reportó su imbricación con los poderes de facto. Se constata así que existe una estructura de poder económico-social que de acuerdo a sus necesidades en cada etapa, buscó generar las rupturas del orden constitucional a fin de redefinir el bloque de poder y sus alianzas, realizar correcciones en el modelo económico y asegurar su implementación mediante la exclusión –llegando hasta el aniquilamiento– de las resistencias y oposiciones a sus proyectos, de los cuales los militares fueron portadores concretos”.
En ese espacio también se incluye una investigación promovida por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre sobre José Alfredo Martínez de Hoz, que antes de asumir el Ministerio de Economía fue integrante del directorio de Acindar.
Nueva mirada
Hace dos días se conoció el fallo completo de la sentencia por los crímenes del circuito ABO (Atlético-Banco Olimpo). Durante las largas jornadas del debate, la acusación, en manos de la fiscalía de Alejandro Alagia, intentó producir quiebres en la monótona lógica del sistema penal. Convocó entre los testigos a sociólogos y expertos para poder plantear una mirada distinta. Introdujo la discusión sobre el eje del genocidio. Presentó a las víctimas como militantes políticos. Ahora bien, cuando hacía las preguntas a los testigos, la fiscalía solía usar además la expresión “dictadura cívico-militar”, un modo que en más de una ocasión provocó la mirada perpleja e incómoda de acusadores y defensores. ¿Por qué hablar de dictadura cívico-militar?
“Tratamos de resemantizar el lenguaje procesal –dice Gabriela Sosti, de la fiscalía–. No sólo nos interesaba la condena, sino la explicación de la verdad histórica en otro contexto que no fuera el de la literatura y organismos de derechos humanos, sino en el ámbito del Poder Judicial.” Eso que suele estar puesto en la voz de las querellas, dice Sosti, aparecía de otro modo en voz de la fiscalía, una de las agencias de Poder Judicial. Algunas querellas vienen sosteniendo esa postura hace tiempo, mientras otras creen que aún no es el momento. Ana Oberlin representa a los hermanos Gonçalves en el juicio a Luis Abelardo Patti en San Martín. Cuando leyó el alegato con su compañero Pablo Llonto habló de “dictadura cívico-militar”. Lo había hecho tiempo atrás en Rosario. “Con todo lo que está surgiendo en los juicios, está cada vez más claro que la expresión ‘dictadura militar’ invisibiliza el rol muy importante que tuvieron todos los intereses económicos”. Siempre pensaba en este tipo de cosas, dice Oberlin, que es docente y especialista en derecho penal. “Me acuerdo de que uno de los docentes siempre nos decía en la universidad que el retorno a la formalidad democrática no se recupera sólo con volver a votar sino en cómo hay que nombrar las cosas: mostrar que sólo fueron los militares es un error porque el proceso de impunidad que siguió durante tantos años no se entiende si sólo se trató de una cosa militar.”
Ana María Careaga es sobreviviente del circuito ABO y querellante además en ESMA, donde estuvo secuestrada su madre. “Si bien es un avance incluir la participación civil en la dictadura para no reducir solamente todo a las Fuerzas Armadas –dice–, hay que darle una vuelta más: no sólo hay que hablar de algunos procesos y de las denuncias de quienes estuvieron involucrados en la represión, sino de los grandes empresarios y es necesario profundizar esa veta, incluirlos en un marco del proceso saludable de juzgamiento.”
El fiscal Félix Crous dice que la insistencia por abrir esa perspectiva existe desde hace tiempo. Que en los ochenta aparecieron los primeros señalamientos, por ejemplo, al rol de la prensa. O que el Nunca Más habla de persecución a los obreros. Pero admite que su potencial no se capitalizó por la suerte que corrieron los juicios. “El tema reverdeció, creció y se desarrolló con el tiempo –aclara–, con el trabajo por ejemplo del juez Leopoldo Schiffrin, que fue un pionero marcando rumbos.” Hay rastros desde 1998, con el comienzo de los juicios por la verdad, que abrieron caminos cuando las leyes de impunidad bloquearon a la Justicia. Entre esos hitos también estuvo el trabajo del juez Carlos Rozanski. El año pasado, Crous habló de “dictadura cívico-militar” en el juicio a los jefes de Area, una postura que le generó un incidente con un defensor del represor Olivera Rovere. Ahora dice que anda un paso más adelante: como fiscal del juicio por los crímenes de El Vesubio, no hablará de dictadura militar ni de cívico-militar en los alegatos sino de “dictadura” a secas o de “tiranía” porque así englobaría todas las categorías.
Una de las razones que parecen estar por detrás de estas nuevas búsquedas es el avance en las causas de primera generación: los juicios a los responsables directos y a los ejecutores militares y de las fuerzas de seguridad. Pablo Parenti es coordinador de la Unidad de Investigación fiscal de los juicios de lesa humanidad. Dice que encaminado el primer proceso de justicia –demorado durante más de treinta años–, es posible pensar que las demandas empiezan a ser otras. “Los procesos expanden sus miradas producto del avance y es lógico: no podíamos dejar de juzgar a Astiz, al Tigre Acosta, a Guglielminetti; no podés no juzgar ESMA, ABO. Ahora que eso avanzó, y mientras la prueba se enriquece a través de los nuevos testimonios, empiezan a aparecer sectores no iluminados judicialmente, como el papel de los civiles.” Habrá que ver, ahora, aclara, ¿qué es participación civil? O si eso es material de juicio penal. Ahora bien, ¿para qué sirven estos reclamos? El sociólogo Daniel Feierstein, que está pensando hace tiempo el genocidio, hace unos días dio una pista durante un debate en la Facultad de Derecho. ¿Cuál es la importancia de los juicios?, se preguntó. ¿Qué importa que a este grupo de ancianos les den diez o quince años más de prisión? O volviendo al comienzo: para qué hablar de dictadura cívico-militar. Lo que pasa dentro de la Justicia no sólo tiene que ver con la justicia sino con la producción de la idea de verdad. Si los fallos replantean definiciones, entonces la verdad histórica de este presente podría pensarse distinta. Y la apuesta es no a un cambio en el pasado, entonces, sino el mismo presente.
Fuente:Pagina12
OPINION
Proceso de Reorganización Nacional
Por Daniel Feierstein *
Numerosas veces he analizado las consecuencias diferenciales de las calificaciones jurídicas de lo ocurrido en la Argentina como crímenes contra la humanidad o genocidio en la construcción de la memoria colectiva, un debate que atraviesa hoy el conjunto de los alegatos y sentencias producidos en los juicios.
Otras discusiones relacionadas se centran estos días en destacar el carácter cívico-militar de la dictadura implementada a partir de 1976, como modo de visibilizar no sólo a numerosos cómplices del genocidio sino fundamentalmente a quienes se beneficiaron del mismo, económica y políticamente.
Durante más de 20 años, vivimos una fácil y exagerada atribución del mal tan sólo a las Fuerzas Armadas, lo que permitió a los beneficiarios y cómplices del genocidio disfrazarse de nuevos demócratas (fueran funcionarios políticos, jueces, religiosos, periodistas, sindicalistas, etc.). Condenar a los ejecutores militares resultó un modo de exculpar a los ideólogos y beneficiarios del terror. La inclusión del término “cívico” en la denominación “dictadura cívico-militar” constituye un paso más en la construcción de la memoria colectiva.
Sin embargo, aunque necesario, no me parece aún suficiente. El genocidio argentino se destacó por el nivel de explicitación, claridad e intencionalidad con la que se propuso la destrucción parcial del grupo nacional argentino. Y no hay mejor expresión para dar cuenta de ello que la denominación elegida por los propios genocidas para bautizar su empresa: proceso de reorganización nacional. Esta expresión da cuenta con precisión del objetivo y las consecuencias del terror: transformar a la sociedad a través de la instigación a la delación, la destrucción de las redes sociales de solidaridad y cooperación y la creación de un sistema de desconfianza generalizada que subsiste hasta el presente, como presupuestos necesarios para las transformaciones económico-sociales iniciadas en dictadura pero efectivizadas en la democracia de los veinte años siguientes.
Comprender que fuimos re-organizados (sí, por civiles y militares) puede constituir una posibilidad de abordar la necesidad de elaborar los efectos del terror en nuestras vidas y en las de nuestros hijos, una tarea para la cual los juicios constituyen una condición necesaria, pero apenas el puntapié inicial.
* Investigador del Conicet, docente de las universidades de Buenos Aires y Tres de Febrero y vicepresidente de la Internacional Association of Genocida Scholars.
Fuente:Pagina12
Voces de la memoria
- Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos: “Si hacemos hoy una caracterización de valores absolutos, democracia y derechos humanos, son indivisibles. Eso hace al modelo de Estado perfecto. Si los pensamos en términos relativos en torno de la insuficiencia dentro del sistema democrático de las políticas de Estado en materia de derechos humanos, cuanto más débil sea esta política de derechos fundamentales, más débil e imperfecta será la democracia”.
- Jorge Rivas, diputado socialista: “Hoy, con los terroristas de Estado presos o procesados, sin indultos ni leyes de impunidad, con políticas económicas que reparan los destrozos del capitalismo salvaje que inauguró José Martínez de Hoz y que continuaron Carlos Menem y la Alianza, con medidas sociales que procuran eliminar desigualdades e injusticias, podemos recordar el trágico aniversario con dolor, pero también con fundadas esperanzas en nuestro futuro colectivo”.
- Ricardo Alfonsín, diputado radical: “Hoy la política de derechos humanos, abandonada como política de Estado por el retroceso de los indultos de los años ’90 de la administración Menem, ha sido recuperada, por caso, para procurar establecer las identidades de los hijos de desaparecidos. Pero el ejercicio de la memoria debe ser integral, incluyendo el lamento por el deterioro diario de los derechos sociales esenciales de los más necesitados, a pesar del crecimiento de la economía favorecida por los términos del intercambio”.
- Hugo Cañón, ex fiscal federal de Bahía Blanca e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria: “Recordar el 24 de marzo nos permite rescatar la memoria para proyectar el futuro. No es opinable el estar a favor o en contra del golpe de Estado, es intolerable que un ciudadano pueda aceptar que eso pueda volver a ocurrir y que alguien pueda empuñar las armas contra los ciudadanos”.
- Daniel Lipovetzky, secretario de Inclusión y Derechos Humanos del Gobierno porteño: “A 35 años de aquella madrugada del 24 de marzo, cuando comenzó un período de terror, desaparición y muerte en nuestro país, es preciso seguir reflexionando sobre lo sucedido. Una sociedad que recuerda está alerta al ejercicio del poder autoritario y tiene las herramientas para construir un futuro donde los derechos fundamentales sean los cimientos incuestionables de una nación democrática e inclusiva”.
- Carlos Vicente, candidato a intendente de la ciudad de Córdoba por Encuentro por la Democracia y la Equidad: “La magnitud del terrorismo de Estado en el país sólo fue posible por la existencia de un aparato estatal y civil que apoyó al gobierno militar para que se cometieran los crímenes con total impunidad. Seguiremos marchando con los Hijos, Madres, Abuelas, Familiares, organismos de derechos humanos, sociales y vecinos y vecinas de Córdoba, porque esta lucha sigue vigente hasta tanto no sea juzgado el último de los represores que actuó durante la última dictadura militar argentina”.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario