Un proyecto de Korzeniak busca consenso por caducidad en el FA
Un nuevo proyecto de ley elaborado por el ex senador socialista José Korzeniak, comenzó a analizar ayer el Frente Amplio (FA) para intentar alcanzar los consensos internos y dejar sin efecto los artículos considerados "inaplicables" de la Ley de Caducidad.
Por Loreley Necrosi
La iniciativa de cinco artículos argumenta que ante el número de fallos de inconstitucionalidad aprobados por la Suprema Corte de Justicia, el Parlamento, por el concepto de "economía procesal", puede eliminar los primeros artículos de la norma.
"En lugar de que la Suprema Corte se expida sobre 200 casos por unanimidad sobre la inconstitucionalidad de la ley, el Parlamento puede dejar sin efecto esos artículos por economía procesal", dijo a LA REPUBLICA, Korzeniak
El constitucionalista explicó que elaboró el proyecto a modo de "borrador", ante la solicitud que le realizó el presidente de la coalición de izquierda, Jorge Brovetto.
Korzeniak precisó que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sientan "jurisprudencia" y que "el Parlamento no puede mirar para el costado".
Consideró además que los fallos sobre delitos de lesa humanidad declarados "cosa juzgada", pueden reanudarse porque "cualquier juez de oficio puede actuar".
Los artículos contemplados en la iniciativa del dirigente socialista, son los mismos que fueron plebiscitados sin éxito en octubre de 2009.
A modo de aporte, el ex senador presentó a Brovetto en noviembre, una serie de propuestas tendientes a encontrar una solución a la permanencia de la Ley de Caducidad.
En ese informe, planteo distintas alternativas como: conformar una comisión especial de asesoramiento jurídico a los familiares de la víctimas de la dictadura militar y no votar el proyecto de ley interpretativa; impulsar por el mecanismo de iniciativa popular una norma que dejara sin efecto la ley actual para ser plebiscitada y su opinión sobre los pronunciamientos de la Suprema Corte, para que a través de un nuevo proyecto se establecieran que determinados artículos eran "inaplicables".
Según Korzeniak, en los últimos días Brovetto se comunicó con él y le solicitó que redactara ese último punto a modo de proyecto, para comenzar a analizarlo en la interna del FA.
Medir el pulso
El texto redactado por Korzeniak centró ayer la reunión de la comisión especial de la coalición sobre Caducidad.
Representantes de los distintos sectores del FA, legisladores, delegados de base, asesores jurídicos y Brovetto consideraron el texto para medir si la nueva propuesta obtiene o no los consensos en el oficialismo para llevarla al Parlamento.
Si bien la propuesta de Korzeniak es considerada "viable" por buena parte de la izquierda, en filas de la coalición también se evaluaba la alternativa planteada por referentes jurídicos, respecto a extender los plazos de prescripción de los delitos considerados graves, contemplados en el Código Penal, para que la Justicia pudiera proseguir con la indagatoria sobre los hechos ocurridos durante la dictadura, sin impulsar un proyecto específico sobre la Ley de Caducidad. Catedráticos grado 5, fueron consultados por los principales referentes del FA, en busca de una solución al tema. Se prevé que la comisión volverá a sesionar en las próximas semanas para ver el nivel de apoyo que concita la propuesta de Korzeniak, para elevarla al Plenario Nacional que sesionará el sábado 19.
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
1977. Unico caso de "mujer prisionera muerta" por suicidio en dictadura
Médicos y psiquiatras indagados por torturas
Denuncia apunta a responsabilidad del personal sanitario en la represión.
Por Mauricio Pérez La Justicia deberá indagar el rol jugado por médicos y psiquiatras militares en las sesiones de tortura durante la dictadura, de prosperar una nueva denuncia por violaciones a los derechos humanos perpetradas en dicho período. La denuncia apunta a desentrañar los tormentos psíquicos contra presos políticos.
Familiares y amigos de la militante del Partido Comunista Norma Cedrés de Ibarburu presentaron ayer ante la Justicia una denuncia penal por su muerte, ante la presunta responsabilidad de los servicios represivos de la dictadura, en su decisión de autoeliminarse, sobre fines de 1977.
La denuncia fue formulada contra los mandos civiles, militares y policiales de la dictadura cívico-militar (1973-1985) y todos los posibles responsables, por acción u omisión, ya sea en calidad de autores mediatos o de coautores, en el "homicidio político", "determinación al suicidio" y "detención ilegal" de Norma Cedrés, según el escrito presentado por la abogada María del Pilar Elhordoy, al cual accedió LA REPUBLICA.
Cedrés, militante del Partido Comunista, viuda y madre de un niño de 10 años, fue detenida por efectivos de las Fuerzas Conjuntas en su domicilio, el 22 de octubre de 1975, en el marco de la "Operación Morgan", una acción de "gran escala" impulsada contra los adherentes a dicha organización política.
Cedrés fue sometida a diversas y reiteradas torturas físicas y psíquicas durante su reclusión, siendo la única "mujer prisionera política" muerta por suicidio en una unidad militar en dictadura. Sin embargo, el patrón para su eliminación física y psíquica fue utilizado en todas las detenidas para lograr "la muerte o la enfermedad y/o deterioro mental", según expresa la denuncia.
En este sentido, la "patología psiquiátrica" de Cedrés fue utilizada como "la herramienta más eficaz" para su "eliminación física", por cuanto su condición de viuda y madre sería la "llave" utilizada por los represores, con asistencia de médicos y psiquiatras, para su "destrucción" física y psíquica, en "búsqueda de terminar con su vida de cualquier manera", señala el escrito.
"El hostigamiento permanente fue la clave y estuvo en manos de los psicólogos y médicos/as a su cargo la tarea de buscar 'las fallas' de Norma para que ella misma lograra lo que ellos buscaban, esto es: o la locura total o la muerte. Es bien sabido y de público conocimiento, incluso hoy en día es innegable y casi ridículo no admitirlo, que la dictadura y la reclusión permanente de los presos y presas políticas buscaba las dos cosas antes dichas (locura o muerte). Estos eran los caminos para la eliminación del supuesto 'enemigo'", dice el escrito.
El homicidio de Cedrés, por tanto, "integró un plan de represión sistemática de opositores políticos que procuraba impedir cualquier manifestación en defensa de la democracia y en contra del golpe de Estado producido años antes y sostenido en el tiempo".
"La víctima fue hostigada hasta el cansancio y se torna inadmisible aceptar que su muerte fue un hecho puntual y no una sucesión de actos predeterminados que buscaban un objetivo. Norma Cedrés no escapó a este macabro plan. (...) En este caso, la víctima es claramente inducida a la locura extrema y una vez llegada a esta, se da, estratégicamente un paso adelante, uno más dentro del plan y elaboran la forma de que 'sea ella la responsable de sus actos'", aduce la abogada.
La denuncia promovida por José Ibarburu, hijo de Norma Cedrés, y otros amigos de la víctima apunta a demostrar la responsabilidad de médicos y psiquiatras en los procedimientos represivos (torturas) desarrollados dentro de las unidades militares en dictadura. Asimismo, la denuncia promueve catalogar el crimen como un delito de lesa humanidad.
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
ORGANISMOS DE DD.HH. Y EL PIT CNT SEGUIRAN RECLAMANDO JUSTICIA
En el debe, anular la amnistía en Uruguay
Es tiempo de hacer cuentas y de ver cuánto se avanzó desde la asunción del nuevo presidente uruguayo. “Yo estoy bastante conforme, pero no conforme del todo”, confesó ayer Mujica ante las cámaras televisivas. Pero para demostrar que en el gobierno se trabaja en equipo, el ex militante tupamaro le cedió la posta a Astori para que explicara cuáles fueron los puntos fuertes de este año. Según el vicepresidente, el gobierno prestó mayor atención a la vivienda, a la infraestructura y a la seguridad. “El 5,4 por ciento de desocupación es el mejor balance de este primer año”, subrayó. También destacó el diálogo con la oposición, que tiene participación en los resortes estatales.
Asimismo, Astori explicó que hay que desarrollar políticas integrales para apuntalar el crecimiento. “La prioridad es la gente y el compromiso de esta administración es con los uruguayos que trabajan, producen y crean, con los que invierten y arriesgan, con los que innovan, con los que educan y curan, con los que trabajaron y aportaron al desarrollo nacional, con una atención especial para los que estudian y se preparan para trabajar, pero también para ser buenos ciudadanos y para hacer de la cultura la gran palanca del cambio y del ascenso social”, resumió.
Analistas uruguayos explican que, en realidad, el verdadero gobierno de Mujica empieza ahora porque entra en vigencia el Presupuesto Quinquenal. “El objetivo principal del presupuesto es incrementar el gasto social y la inversión del Estado en sus objetivos principales: la educación, la seguridad, la vivienda para los sectores más humildes y la infraestructura que necesitamos como el pan para seguir creciendo”, coincidió Astori. Aunque tuvo que reconocer que la pobreza sigue estando en el debe del Ejecutivo. “Todavía queda mucho por hacer y, por eso, reforzaremos todas las políticas sociales”, afirmó.
Desde el Plenario Intersindical de Trabajadores y Convención Nacional de Trabajadores (PIT CNT), remarcaron que el gobierno de Mujica es una continuidad del exitoso gobierno de Tabaré Vázquez. “Estamos en una etapa con muchos logros de los dos gobiernos de izquierda, pero el gran déficit tiene que ver con abatir la pobreza”, dijo a Página/12 Gustavo Signorelli, secretario de Prensa del PIT CNT. “Si bien estamos en una etapa de bonanza económica, aún sigue habiendo bolsones de pobreza y ha habido sectores empresariales que se enriquecieron por demás”, dijo el referente del gremio de judiciales.
“Sin duda, la vigencia de la Ley de Caducidad es la mayor deuda planteada por el gobierno”, resaltó Signorelli. Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos llamaron a un año de movilización para exigir la eliminación de la norma aprobada en 1986. “Tenemos la expectativa de que haya verdad y justicia y que esa ley de impunidad sea anulada”, dijo el dirigente de la central obrera uruguaya. Actualmente, existe un proyecto “interpretativo” para dejarla sin efecto. En octubre del año pasado, esa propuesta obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados pero está trabada en el Senado, donde tres parlamentarios frenteamplistas se niegan a acompañar con su voto. La Mesa Política del FA resolvió citar hoy a esos tres senadores para que expliquen su negativa.
Informe: Luciana Bertoia.
Fuente:Pagina12
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