29 de abril de 2011

BAHÍA BLANCA: PREOCUPA LA LIBERACIÓN DE 36 REPRESORES.

Fueron excarcelados por la cámara federal de apelaciones de bahía blanca
Preocupa la liberación de 36 represores
Publicado el 29 de Abril de 2011
Están siendo investigados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El fiscal de la Unidad de Derechos Humanos apelará la resolución ante Casación. Calificó la medida de “grave” y “retroceso”.
La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Bahía Blanca resolvió ayer excarcelar a un total de 36 represores, entre integrantes del Ejército Argentino y de la Armada, que están siendo investigados por la justicia sospechados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
La medida fue rechazada por el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos Abel Córdoba, quien anunció que recurrirá la medida ante la Cámara de Casación.
Entre los beneficiados se encuentran integrantes del Ejército que iban a ser juzgados en el marco de la causa por violaciones a los Derechos Humanos cometidos en el Comando V Cuerpo de Bahía Blanca.
La Cámara, integrada por los jueces Augusto Fernández, Ángel Argañaraz y Ricardo Planes, decidió excarcelar a 20 integrantes de la Armada Argentina y otros 16 del Ejército Argentino.
La medida recayó en Guillermo Félix Botto, Tomás Carrizo, Oscar Castro, Enrique De León, Víctor Fogelman, Eduardo Fracassi, Hugo Mac Gaul, Leandro Maloberti, Ángel Martín, Francisco Martínez Loydi, Domingo Negrete, Guillermo Obiglio, Carlos Padula, Hernán Payba, Gerardo Pazos, Luis Alberto Pons, José Luis Ripa, Héctor Luis Selaya, Carlos Andrés Stricker, Carlos Cornelli y Edmundo Núñez, todos ellos investigados en el marco de la causa denominada Armada Argentina.
En tanto que para la causa Ejército la medida recayó en Andrés Miraglia, Héctor Selaya, Ricardo Gandolfo, Jorge Mansueto Swendsen, Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Bernardo Cabezón, Andrés González; Arsenio Lavayén; Fernando Videla; Miguel Villegas, Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delmé, Osvaldo Laurella Crippa y Walter Bartolomé Tejada.
En la polémica resolución se expresa que “se tuvo en cuenta de manera exclusiva el criterio jurisprudencial adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fines de noviembre de 2010 que derivó en la revocación de excarcelaciones concedidas en causas en las que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad”.
Más adelante se sostuvo que “el artículo 333 del Código dispone que deberá revocarse la excarcelación del imputado que no cumpla las obligaciones impuestas o no comparezca al llamado del juez sin excusa o realice preparativos de fuga o cuando nuevas circunstancias exijan su detención”.
Tan pronto como se conoció la decisión, a la que calificó como “un retroceso enorme”, el fiscal Córdoba afirmó que recurrirá la medida ante la Cámara de Casación. “Es un hecho grave porque va en contra de los criterios de la Corte, que ha sacado no menos de diez fallos en sentido contrario”, señaló Córdoba.
El funcionario judicial expresó además que “esto, más la circunstancia actual en la que estamos cerca de un juicio oral y disponer de estas liberaciones masivas, afecta el entorno donde declaran los testigos”.
“Esto es un retroceso enorme y en cierta forma deja al trámite procesal en una mera formalidad que no afecta imputados, donde hay 80 procesados sin ningún juicio oral, muy pocos encarcelados y con alguna medida que se esté tomando cuando la Corte misma está diciendo ‘extremen las medidas para que se hagan los juicios’”, puntualizó finalmente el fiscal Córdoba.
En total ya han sido condenados 167 represores en la Argentina, la mayoría de ellos a cadena perpetua y enviados a cárceles comunes. Otros 435 están procesados con prisión preventiva, mientras que 329 esperan el resultado de las indagatorias en libertad y sobre 264 más pesan denuncias en su etapa inicial, 26 ya son indagados y 38 están prófugos.
Fuente:TiempoArgentino

REPUDIO.
Ante la inusitada resolucion de la Camara Federal d BBlanca solicitamos dar amplia difusion al Comunicado de la Comision de Apoyo a los Juicios BBlanca.
Los integrantes de la Comisión de Apoyo a los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad cometidos en jurisdicción del 5º Cuerpo, manifestamos el más enérgico repudio y preocupación ante la decisión tomada por la Cámara Federal de Bahia Blanca que ordenó la excarcelación de 36 represores procesados por crímenes de Lesa Humanidad.

Los magistrados Augusto Fernández, Angel Argañaraz y Ricardo Planes –ante el estupor de una sociedad que espera impaciente la conformación de un nuevo Tribunal para comenzar los debates orales en la Causa V Cuerpo, consideraron que –salvo argumentación caso por caso por parte de la Fiscalía- no habría motivos para sospechar que los imputados fueran capaces de burlar el accionar de la Justicia. Argumento poco consistente considerando que hay suficientes ejemplos de fugas que permiten suponer la posibilidad de otras nuevas.

La decisión tomada por dicho organismo se suma a la interrupción de los debates orales (aún sin fecha de inicio ni Tribunal conformado) y socaba, una vez más, el ánimo de quienes –desde hace largos años- venimos trabajando incansablemente para que los genocidas reciban el castigo que merecen.

Sin embargo, a pesar del desconcierto y la desconfianza, este traspié nos fortalece, pues ante la adversidad la unión de voluntades se afianza considerablemente en pos del objetivo común.

La Historia toma nota. No olvida ni perdona. La Justicia, aunque tarde, llegará.


COMISIÓN DE APOYO A LOS JUICIOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Bahía Blanca, 29 de Abril de 2011


Repudiamos la excarcelación de genocidas
Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión tomada por la Cámara Federal de Bahía Blanca para excarcelar a 36 genocidas procesados por delitos de lesa humanidad.

Esta medida va en sentido absolutamente contrario al criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó extremar las precauciones para evitar que los represores obstaculicen o burlen el accionar de la Justicia.

El real peligro de fuga junto con el entorpecimiento de las investigaciones por los delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar y la alarmante lista de genocidas prófugos, algunos de ellos recientemente, son motivos suficientes para exigir que los represores estén detenidos en cárceles comunes.

Meses atrás, represores de Bahía Blanca tuvieron el increíble beneficio de ser excarcelados para irse de vacaciones, medida que repudiamos y denunciamos.

Asimismo, expresamos nuestra profunda preocupación por la lentitud de los juicios a genocidas en Bahía Blanca. El 26 de abril pasado debía comenzar el juicio por la Causa "Bayón, Juan Manuel y otros", por crímenes del Quinto Cuerpo de Ejército.

La Justicia de Bahía Blanca está todavía lejos de acompañar el momento histórico de juicios a genocidas que se da en el país. El pueblo ya expresó su apoyo y su condena social. Es hora de que los jueces de Bahía Blanca estén a la altura.

Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S. Red Nacional- Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Fuente:Agndh

En investigaciones por violaciones a los derechos humanos
Garré ordenó acelerar entrega de documentos
Publicado el 29 de Abril de 2011
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, asignó ayer a la Dirección de Derechos Humanos de su cartera las tareas de investigación en causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad.
La asignación se oficializó a través de la resolución 181/2011, en la que Garré le dio la competencia para entender “en el trámite de los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal”.
Entre sus atribuciones estarán las causas por “sustracción de menores de 10 años o retención indebida de menores de edad o falsificación de documentos públicos o supresión de identidad originados o cualquier otro delito de lesa humanidad”.
Se instruye además a las máximas autoridades de la Policía Federal, de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que “asignen con carácter de urgente y preferencial despacho a todos los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal”. Asimismo, las autoridades tendrán un plazo de cinco días para designar a un oficial encargado de realizar el seguimiento de los requerimientos.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh                                   

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