La Fiscalía pidió prisión perpetua para los nueve imputados
Fue el pedido de los fiscales, en el final de la etapa acusatoria, en sus alegatos de este martes en el Tribunal Oral Federal de Resistencia. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el 3 de mayo, fecha en la cual la defensa presentará su alegato.
Con los alegatos de los fiscales Jorge Auat, Carlos Amad y Luis Benítez concluyó la etapa acusatoria de la Causa por la Masacre de Margarita Belén durante la mañana (y la siesta) de este martes en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia. Desde aquí serán dos semanas de receso hasta el 3 de mayo para que la defensa pueda preparar su alegato, en pos de la “paridad” en el proceso, tal y como lo explicó la presidenta del Tribunal jueza Gladys Yunnes.
La extensa exposición de la Fiscalía en el día de audiencia número 55 de la Causa se dividió en tres partes; durante las primeras dos horas de la audiencia, el fiscal Carlos Amad arremetió contra la “coartada” del enfrentamiento con un amplio y detallado manejo de datos, testimonios y pruebas incorporadas a la causa. Acto seguido el fiscal federal Luis Benítez se ocupó de exponer el plan del Ejército y cómo funcionó el sistema jurídico de la dictadura. Pasado el mediodía Jorge Auat finalizó el fundamento del Ministerio Público para el pedido de prisión perpetua para los nueve imputados con un enérgico alegato en el cual describió las idas y vueltas de la causa – “un expediente cargado de dolor e ignominia”- no sólo desde lo estrictamente jurídico sino tomando citas conceptos de la Filosofía, los clásicos griegos, la obra de Cortázar, y hasta la Divina Comedia de Dante Alligheri.
Auat remarcó la importancia de causas judiciales como la de la Masacre en tanto “estos juicios son mucho más que un expediente, son la reconstrucción de la historia más dolorosa que nos tocó vivir en el siglo XX” y determinó - ya desde el campo de la teoría del Derecho y la jurisprudencia - la calificación legal para las imputaciones.
“El Código Penal no alcanza para mensurar estos crímenes porque son el mal absoluto”, sostuvo el antiguo fiscal de instrucción de la Causa Masacre y actual jefe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por crímenes de lesa humanidad.
Familiares de las víctimas (Gustavo Piérola, Dafne Zamudio, y Juan Pablo Tierno), ex detenidos políticos y militantes de Derechos Humanos, junto con una decena de fiscales de Chaco, Corrientes y Buenos Aires presenciaron la acusación de los fiscales, que acompañaron su alegato con la proyección de fotografías de los militantes políticos asesinados en la Masacre y un power point de las pericias realizadas por el Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAFF) para la identificación de Emma Cabral, Carlos Duarte y Alcides Bosch. Como viene sucediendo desde los inicios de este juicio histórico, trabajadores de la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual del Instituto de Cultura de la provincia registraron toda la audiencia.
Al final del alegato el fiscal Amad comunicó la denuncia de la Fiscalía por falso testimonio en la Causa a los militares Sebastián Rampulla (ex oficial de Inteligencia del Grupo de Artillería 7) y Osvaldo Bianchi (teniente coronel retirado y licenciado en Educación Física y Deportes); al médico de la policía denunciado por torturas Héctor Rolando Grillo y a los peritos de la defensa Elvira Veuthey y Daniel Bled.
La 'coartada' del enfrentamiento.
Un amplio manejo del expediente de la causa le permitió al fiscal Carlos Amad descartar con precisión la versión castrense del enfrentamiento; “una coartada que no resiste el menor análisis después de la valoración de los testimonios y las pruebas documentales” explicó.
Amad alegó que el fusilamiento clandestino del 13 de diciembre de 1976 “se enmarca en un plan sistemático de persecución contra grupos de determinada orientación política, lo que genera su calificación como crimen de lesa humanidad” y enumeró los puntos más débiles de la cortada militar; la inconsistencia de los relatos de los imputados, sin sustento en las pruebas de la causa, lo inexplicable de un combate en el cual los muertos son todos del mismo bando, el inexistente rastrillaje de la zona y aún los nulos intentos por encontrar a los cuatro “peligrosos prófugos”; Fernando Piérola, Roberto Yedro, Julio Pereyra y Reynald Zapata Soñez, todos desaparecidos desde el 13 de diciembre. “Ninguno de estos son hechos aislados, todo indica que desde sus comienzos no se pensó en un traslado, sino en la eliminación física de los detenidos políticos” sostuvo el fiscal. Amad recordó que está ampliamente probado que para la fecha ninguna de las organizaciones políticas enfrentadas a la dictadura tenía capacidad operativa para intentar una ataque. En cuanto al supuesto mal comportamiento que originó el “traslado”, Amad fue categórico; “ Los detenidos querían sobrevivir, sabían que un motín era una muerte segura, estaban aislados y muy mal alimentados, la hipótesis de una fuga es una perversidad que mancilla la dignidad de las personas”.
Con imágenes de las pericias del EAAF el fiscal describió las trayectorias de los proyectiles que mataron a Emma Cabral, Carlos Duarte y Alcides Bosch. Cada una de las heridas señala que fueron ultimados desde corta distancia por dispararos quemarropa.
Plan sistemático.
El fiscal Luis Benítez se ocupó de revelar el doble sistema jurídico de la dictadura en el cual convivieron las normas diurnas – formalmente legales – y las normas secretas para suspensión de las garantías constitucionales y el aniquilamiento de la “subversión”.
Este sistema de “paralelismo global” - el concepto es de Emilio Mingnone, padre de un desaparecido y fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales – fue la base del Plan de exterminio en el cual se inserta la Masacre y “permite tener una visión clara de cómo funcionaba la estructura de ordenes y ejecución de las mismas en la burocracia de la dictadura” manifestó Benítez.
Sobre las normas secretas, estableció que fueron estas el sostén del pacto de impunidad entre los represores. “A 35 años de los hechos tenemos acá mismo nueve personas mudas, que han sellado la impunidad con este silencio eterno que mantienen” afirmó en alusión a los militares Aldo Martínez Segón, Horacio Losito, Luis Alberto Patetta, Jorge Carnero Sabol, Gustavo Athos Rennes, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Ernesto Simoni y al policía Alfredo Luís Chas.
Esa doble fisonomía del plan de exterminio del terrorismo de Estado, oculto y público a la vez, tiene una razón de ser que fue explicada por el fiscal en los siguientes términos:
“Los cabos sueltos formaban parte de la acción psicológica de la dictadura, querían mostrar lo que ocultaban, para someter a la población mediante el terror” advirtió.
El mal absoluto.
El fiscal Jorge Auat fue el encargado de finalizar el alegato del Ministerio Público, con una primera parte dedicada a todo el esfuerzo que implicó derribar “el cerco de impunidad que rodeaba a la Causa”. No dudó en remarcar que en la investigación de este tipo de crímenes “el Poder Judicial también es parte del problema”.
En la misma línea que el alegato de la querellante Silvina Canteros, Auat se apoyó en la literatura para potenciar su discurso, poblando su acusación con pasajes de la Ilíada, Julio Cortázar, y la Divina Comedia de Dante Alighieri; “Le faltaba un círculo al Infierno del Dante, y lo crearon ellos” graficó. “Ellos” siguieron cada una de las palabras de Auat con atención y gesto serio.
Sobre las desapariciones recordó aquello que le dijo una vez Amanda Mayor de Piérola, la madre de Fernando; “Cuando encuentre sus restos voy a hacer una fiesta me dijo, esa es una frase que no me abandonará jamás” relató.
En el terreno de los requisitos formales de la acusación Auat sostuvo que existió un “colectivo criminal” por parte de todos los imputados. Dio a conocer la jurisprudencia y la teoría que avala su posición. Y describió las figuras y fundamentos aplicables para la calificación de las penas.
No desestimó en su totalidad la teoría de la “co-autoría aditiva” profesada por el querellante Daniel Domínguez Henaín. Al contrario, resaltó que es “importante fijar el amplio abanico de posibilidades que va a tener el Tribunal al momento de dictar sentencia”. Por distintos caminos se llega a la misma conclusión; “la idea de un enfrentamiento no soporta el más mínimo filtro de verosimilitud”.
El fiscal terminó su alegato con el reclamo de la pena de prisión perpetua para los nueve imputados por homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes en 14 hechos y por privación ilegítima de la libertad en cuatro 4 hechos. Igualmente, Auat reconoció la distancia entre las penas estipuladas en las normas vigentes y los delitos juzgados: “El Código Penal no alcanza para mensurar estos crímenes porque son el mal absoluto”.
Informe: Gonzalo Torres / Comisión Provincial por la Memoria
Fuente:ChacoDiaPorDia
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