Se cumplen diez años de impunidad
Publicado el 30 de Abril de 2011
Por Franco Mizrahi
Hoy se cumplen exactamente diez años desde que la justicia comenzó a investigar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos y fueron apropiados ilegalmente por la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, durante el terrorismo de Estado. Fue a raíz de una denuncia que realizaron las Abuelas de Plaza de Mayo el 30 de abril de 2001, a las 9:20 de la mañana, en el despacho del juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich. Una década después, la identidad de los jóvenes sigue siendo una incógnita.
La pesquisa tuvo avances y retrocesos, moviéndose al ritmo político que vivió el país en los últimos años y sorteando todo tipo de obstáculos. Estuvo a cargo de tres jueces: Marquevich, quien fue el único que detuvo a la dueña del multimedios, en diciembre de 2002. Pagó un alto costo por su atrevimiento: fue recusado y luego destituido. Luego la instrucción quedó a cargo del magistrado Conrado Bergesio, que tras paralizar la causa por años fue apartado por la Cámara Federal de San Martín. Finalmente, desde el año pasado el expediente quedó bajo la tutela, de la jueza Sandra Arroyo Salgado quien volvió a motorizar la causa. Se encontró con tal desmanejo que denunció a su antecesor en el Consejo de la Magistratura.
La medida más contundente de Arroyo Salgado fue el pedido de extracción compulsiva de sangre para determinar el perfil genético de los jóvenes que, desde el inicio del proceso, se manifestaron reticentes a colaborar con la justicia. Como se desprendió de los allanamientos que se realizaron en sus domicilios para obtener prendas de vestir y objetos personales con el fin de encontrar su ADN de manera alternativa: entonces, aparecieron perfiles genéticos de distintas personas y diferentes sexos. Las pruebas habían sido fraguadas. A esto se sumaron una serie de incidentes y maniobras judiciales que tuvieron como único fin dilatar este proceso. No es casual que hace más de ocho años se esté discutiendo una medida de prueba en la justicia.
Con el ADN de los jóvenes habría grandes posibilidades de determinar su identidad. El paso siguiente sería comparar esos perfiles con el de los familiares de desaparecidos que se guardan en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Pero los abogados de Marcela y Felipe presentaron un recurso de queja en la Cámara de Casación oponiéndose a la extracción compulsiva decidida por Arroyo Salgado y confirmada por la Cámara Federal de San Martín – “con o sin el consentimiento” de los Noble Herrera, según se lee en su resolución. Dicho recurso de queja les fue concedido y la causa fue remitida a esta instancia superior, que deberá fijar una audiencia para escuchar el planteo de las partes como paso previo a decidir si confirma o revoca la extracción compulsiva ordenada por la jueza de San Isidro.
Sea cual fuerte el resultado en Casación, las partes tendrán una última oportunidad de torcer el destino de la causa, presentando un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero un dato crudo de la realidad basta para comprender el grado de complejidad y de obstáculos que tiene la causa: uno de los jueces de la Cámara de Casación que deberá decidir el futuro de este caso, Gustavo Mitchell, está acusado por diferentes organismos de Derechos Humanos de facilitar la entrega de dos hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar.
A este caso se suma la revelación que hizo Victoria Montenegro el pasado 25 de abril, en el juicio que investiga el Plan Sistemático de robo de bebés en el terrorismo de Estado, cuando relató los vínculos del actual fiscal ante esta Cámara, Juan Martín Romero Victorica, con su apropiador y asesino de sus padres, el militar Herman Tetzlaff. Paradojas de la justicia argentina, Romero Victorica actúa en el caso Noble.
Mientras el pedido de extracción compulsiva se debate en Tribunales, Arroyo Salgado continúa la investigación de la adopción irregular realizada por la dueña de Clarín, en su despacho de San Isidro. Una de las últimas medidas que tomó fue citar nuevamente a varios de los testigos de aquella época.
Diez años después, se siguen revisando los primeros movimientos de esta causa paradigmática que podría revelar el rol que jugaron los civiles en la última dictadura militar.
Fuente:TiempoArgentino
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