La sentencia fue proferida por la titular del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, María Cristina Trejos, y es la segunda contra un alto oficial del Ejército, después de la del coronel retirado Alfonso Plazas, condenado a prisión por los mismos hechos.
El abogado Rafael Barrios, que intervino en la causa como apoderado de la parte civil, precisó a Efe por teléfono que la jueza resolvió "condenar al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales (...) a la pena principal de 35 años de prisión como autor responsable del punible de desaparición forzada agravada".
Asimismo, lo sentenció a la "pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por espacio de 20 años", y ordenó que sea recluido en un centro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec, gubernamental).
La condena "es un avance sobre todo para el reconocimiento de los derechos de las víctimas, que durante más de 25 años han buscado justicia", expresó Barrios tras notificarse de la decisión en nombre de la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CCAJAR), a la que pertenece.
Arias Cabrales, de 74 años y detenido desde octubre de 2008, ejercía como comandante de la XIII Brigada del Ejército Nacional, con sede en Bogotá por la época de los hechos, que se desataron el 6 de noviembre de 1985, con el ingreso en el Palacio de Justicia de la capital colombiana de cerca de 40 rebeldes del disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19).
La toma guerrillera terminó en tragedia al día siguiente, con la muerte de más de cien personas, entre ellas diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, en ella fueron declarados desaparecidos Carlos Augusto Rodríguez, Cristina del Pilar Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mary Portela, Norma Constanza Esguerra y Gloria Anzola, trabajadores de la cafetería de la sede judicial o visitantes, así como la rebelde Irma Franco.
Además de los destrozos causados por el uso de armas pesadas movilizadas por las tropas, la sede judicial fue consumida por un incendio.
El abogado Germán Romero, uno de los varios que representaron a familiares de desaparecidos en este proceso, resaltó en un comunicado que Arias "es el primer General condenado por el delito de desaparición forzada de personas"
"Es un claro mensaje a los mandos de las Fuerzas Militares, que no se pueden escudar en sus subordinados y que deberán asumir sus responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos", agregó Romero, para enfatizar que "el poder militar no puede estar desligado del control y del sometimiento al Estado de derecho".
Mientras, el jurista Jorge Molano, otro de los apoderados de familiares de las víctimas, pidió en el mismo comunicado que el país no acepte que las decisiones judiciales sobre crímenes contra la humanidad "sean burladas", que "se conviertan en formales o ilusorias".
Molano refirió al hecho de que Arias, como Plazas y otros implicados en este tipo de casos, "permanezcan en guarniciones militares bajo absolutos privilegios".
Tanto Romero como Molano recordaron que quien los antecedió a ellos en la representación de los familiares de los desaparecidos, Eduardo Umaña Mendoza, fue asesinado hace trece años en su oficina.
Umaña, quien había asumido en nombre de todas las víctimas, fue víctima de ejecución extrajudicial, en un caso que sigue en impunidad, agregaron los letrados, y apuntaron que la memoria de su colega y de las familias de los desaparecidos en el Palacio de Justicia "se ve reivindicada" con las decisión judicial.
En la sentencia, de 361 folios, la jueza Trejos dispuso el envío de copias de la misma para que se investigue la conducta de Pedro Capacho Pabón, de la defensa del general retirado Arias, y de otros antiguos militares convocados como testigos, por presunto falso testimonio.
El primero de los seis oficiales militares o policiales implicados en los mismos hechos en ser condenado fue el coronel Plazas, quien el 9 de junio de 2010 recibió una sentencia a 30 años de prisión.
La decisión la adoptó María Stella Jara, titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá.
Por la época, Plazas dirigía una escuela militar de caballería en Bogotá y fue el más visible oficial de la operación de retoma de la sede judicial.
Fuente:AgEFE
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