Se escucharán los alegatos de la querella y los representantes del CELS. Piden penas que van de la prisión perpetua a los 25 años de cárcel. En ese CCDyT estuvieron secuestrados el cineasta Raymundo Gleyzer, el escritor Haroldo Conti y el historietista Héctor Oesterheld, entre otros.
25.04.2011
En tanto, luego será el turno del fiscal federal Félix Crous y de las defensas de los siete represores acusados de diferentes crímenes y violaciones a los derechos humanos, informaron fuentes judiciales.
La semana pasada, la abogada querellante Mirta Mántaras pidió una pena de prisión perpetua para el ex general del Ejército Héctor Gamen y el ex coronel Hugo Idelbrando Pascarelli, a quienes encontró responsables del asesinato del cineasta Raymundo Gleyzer.
Mántaras también solicitó 25 años de cárcel para el ex coronel Pedro Durán Sáenz y los agentes del Servicio Penitenciario Federal Ramón Erlán, José Maidana, Diego Chemes y Ricardo Martínez y Roberto Zeolitti por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados.
La abogada realizó sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Leopoldo Bruglia, Jorge Gorini y Pablo Bertuzzi, y requirió que los delitos sean declarados como constitutivos de genocidio.
La letrada representa a ocho familiares de víctimas de "El Vesubio", entre ellos los de Gleyzer, director de cine y documentalista que estuvo secuestrado en ese centro clandestino de detención y que se encuentra desaparecido.
"El Vesubio" funcionó entre 1975 y 1978 en un predio del Servicio Penitenciario Federal ubicado en Avenida Ricchieri y Camino de Cintura, en el partido bonaerense de La Matanza. Luego, fue demolido para ocultarlo ante la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Allí, según diferentes investigaciones, también estuvieron secuestrados el escritor Haroldo Conti y el historietista Héctor Oesterheld, entre otras víctimas. Luego de los alegatos de los abogados defensores, los magistrados que integran el TOC número 4 fijarán la fecha de veredicto.
Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, respaldó hoy la actuación de la Secretaría de Derechos Humanos en más de 70 causas en la que actúa como querellante. "Los juicios y las condenas por delitos de lesa humanidad reparan una deuda inmensa de la democracia, porque es impensable que en la Argentina de hoy un genocida y asesino ocupe otro lugar que no sea la cárcel", expresó Alak.
Según un comunicado oficial, el ministro de Justicia destacó que todavía permanecen prófugos 21 acusados de delitos de lesa humanidad, por los que el Estado ofrece una recompensa global superior a los dos millones de pesos.
Fuente:ElArgentino
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