Por José Maggi
El secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, declaró ayer en el Juicio a la Patota. Recordó que estando detenido en La Plata junto a presos rosarinos, la entonces defensora oficial, Laura Cosidoy, "les proponía que si colaboraban y daban información de lo que pasaba en la cárcel ella podía interceder ante Galtieri". Para Piumato están dadas las condiciones para pedir un jury de enjuiciamiento a la actual jueza federal.
DECLARO EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA CGT NACIONAL
La complicidad entre justicia y dictadura
Para Piumato están dadas las condiciones para pedir el jury de enjuiciamiento a Cosidoy. "Hay una larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en su contra", remarcó.
Por José Maggi
"Laura Cosidoy visitaba a los detenidos que tenían causa federal en calidad de defensora federal. En esas visitas al Gringo Aloisio y el Tortuga Nassini -dos presos rosarinos que estaban en la cárcel de La Plata, junto al testigo de ayer-, ellos daban cuenta de la bajeza de la conducta de esta persona, que iba con vestimenta provocativa mostrando sus partes pudendas de manera de cautivarlos, y después sin ningún tipo de vergüenza les proponía que si ellos colaboraban y le daban información de lo que pasaba allí, podía interceder ante Galtieri". La descripción corresponde al testimonio que ayer brindó el secretario del Sindicato de Judiciales, Julio Piumato, ante el Tribunal Oral N 2 de Rosario, en el marco de la causa Díaz Bessone. El actual secretario de Derechos Humanos de la CGT, dejó en claro que están dadas las condiciones para pedir un jury de enjuiciamiento a Cosidoy, "con la larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en el jury en su contra". Para el dirigente de la CGT, lo más grave que hizo la jueza Laura Cosidoy es que "una vez terminada la dictadura tenía la "responsabilidad de denunciar las atrocidades cometidas, sin embargo su silencio demuestra hasta qué punto fue cómplice de la dictadura genocida".
El dirigente judicial agregó que la jueza era amiga del ex dictador, y que incluso se jactaba de "comer asados con otros represores en la Quinta de Funes", lugar donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura.
Estos elementos demuestran para Piumato la complicidad entre la Justicia y la dictadura, ya que al estar sometidos a juicio federal "eran los jueces y no Galtieri" los debían decidir la libertad o no de los presos.
Para Piumato están dadas las condiciones para pedir un jury de enjuiciamiento a Cosidoy: "En esta oportunidad noté un cambio positivo en Rosario: yo hablo por terceros y en el marco de un jury esto puede ser objetado. Pero hoy me llevo una larga lista de testigos que están dispuestos a testimoniar en el comienzo del jury a la jueza Cosidoy. Desde esta perspectiva me voy satisfecho, porque una vez desafectada de su rol en la justicia se podrá probar su complicidad con la dictadura".
El secretario de Derechos Humanos de la CGT fue ofrecido al Tribunal por la querella que representa el caso de Oscar Manzur, quien al momento de su secuestro era delegado gremial por la lista opositora del gremio de los trabajadores del Sanatorio Británico de Rosario, y que permanece desaparecido (ver aparte). La abogada querellante Gabriela Durruty solicitó al testigo que en su doble condición de víctima del terrorismo de estado (Piumato estuvo privado de su libertad desde el 76 al 82) y de secretario gremial explique por qué "el genocidio ocurrido en el país tuvo como principal objetivo a la clase trabajadora".
En su rol de dirigente gremial Piumato señaló: "Desde el 24 de marzo del 76, la represión estuvo fundamentalmente dirigida a delegados gremiales como el caso de Manzur, ya que se pretendió garantizar la implementación del programa económico de Martínez de Hoz. El objetivo era evitar la resistencia de los trabajadores a ese programa, neutralizar, había estrategias de cooptación (comprar dirigentes y delegados) y cooperación, al que no lo hacía se lo eliminaba".
Ante una pregunta del fiscal Gonzalo Stara señaló: "Se prohibió el derecho de huelga, se cercenaron todos los derechos, hubo una persecución permanente y pública. No solo se congelaron los derechos colectivos, sino que a muchos dirigentes sin que se les demostrara nada fueron investigados sus bienes, fueron encarcelados y torturados. Hubo dirigentes que desde adentro trabajaron para cooptar dirigentes jóvenes, el caso de Jorge Triaca que estuvo conmigo y que decía que había que tener diálogo con los militares. La Ley de Contrato de Trabajo fue el punto más alto de cobertura de los derechos laborales, fue prácticamente diezmada".
Según repitió Piumato en su declaración sobre Cosidoy, Aloisio y Nassini eran "invitados a que colaboraran, que de ese modo ella se comprometía a interceder ante su amigo Galtieri para darles la libertad. Ellos no estaban a disposición del PEN sino del Poder Judicial Federal de Rosario, no se entendía qué tenía que ver Galtieri, a partir de eso he denunciado esto porque esa persona es camarista".
"A nosotros como organización sindical nos parece que no corresponde que sea así, las personas que han sido complacientes con la dictadura y que se han enterado -por su condición de defensora, en este caso-, de condiciones y atrocidades que nunca denunciaron ni en tiempo de dictadura ni en democracia deben responder", sentenció.
Fuente:Rosario12
"Es un testigo clave"
"Piumato llegó a declarar como testigo clave en nuestra causa. Nosotros somos doblemente querellantes en este juicio, primero porque tengo a mi esposo desaparecido: Oscar Manzur y porque yo soy una sobreviviente", explicó ayer Marta Bertolino, testigo y querellante en la causa. Para Marta, quien según relató la semana pasada al Tribunal, fue detenida junto a su esposo en 1976, cuando estaba embarazada de 6 meses y tuvo a su hija (Alejandra) en cautiverio, aseguró que el dirigente gremial fue incorporado como testigo a pedido de la abogada que la representa, Gabriela Durruty, "porque puede aportar datos interesantes".
Tras destacar que Piumato accedió a su pedido de inmediato, Marta contó que "Piumato conocía a su marido (por Oscar Manzur) como dirigente delegado del gremio de la Sanidad en Rosario".
En el juicio son juzgados el ex comandante del II Cuerpo del Ejército en Rosario, Ramón Genaro Díaz Bessone y los ex policías y civiles de inteligencia, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, José Scortechini y Ricardo Chomicky. A los acusados se les imputa distintos delitos de lesa humanidad.
Fuente:Rosario12
04/04/2011
Juicio Díaz Bessone
“Cosidoy incitaba a colaborar con la dictadura”
El secretario de Derechos Humanos de la CGT y titular del gremio de los Judiciales, Julio Piumato, declaró este lunes ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario, en el marco del juicio contra la patota de Feced, y apuntó que la actual integrante del TOF2, Laura Inés Cosidoy, “cuando era defensora oficial durante la dictadura, les decía (a los detenidos) que era amiga del general (Leopoldo) Galtieri, que era por entonces comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, con quien comía asados muy usualmente”. Además el dirigente indicó que “el objetivo de la represión en la Argentina fue garantizar la implementación del programa económico de (el ex ministro de Economía José Alfredo) Martínez de Hoz”.
Piumato declaró el mediodía de este lunes ante la justicia federal rosarina en el marco de la causa Díaz Bessone, que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detenciones que funcionó en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía local.
El dirigente judicial fue propuesto como testigo por la defensa de la ex detenida Marta Bertolino, una sobreviviente del SI cuyo marido, el ex delegado sindical de la Sanidad, Oscar Manzur, permanece aún desaparecido.
Piumato identificó durante su testimonio a detenidos rosarinos que compartieron cárcel con él en La Plata, adonde habían sido trasladado cuando “levantaron” el penal santafesino de Coronda, a mediados de 1979, antes de la llegada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo el secretario de la CGT.
“El objetivo de la represión en la Argentina fue garantizar la implementación del programa económico de (el ex ministro de Economía José Alfredo) Martínez de Hoz”, indicó Piumato, y para eso era necesario “evitar la resistencia de los trabajadores a ese programa”, agregó .
En su testimonio, el titular del gremio de Judiciales reconoció a los detenidos-desaparecidos José Aloisio y Eduardo Nasini, quienes fueron trasladados de la cárcel santafesina de Coronda a mediados de 1979 a La Plata, donde él estaba detenido, rememoró.
“Yo compartí prisión con Aloisio y otra gente de Rosario, fue allá por el 79, porque ante las denuncias que había en el exterior fueron levantadas las cárceles del Segundo Cuerpo ante de llegada de la CIDH, que vino en septiembre del 79”, narró el dirigente gremial.
“A mediados del 79 se levantó la cárcel de Coronda, ahí es cuando llegó gente con la que compartí el pabellón, con Aloisio y Nasini”, precisó.
Con relación al vínculo con los dos detenidos rosarinos, Piumato dijo ante el los jueces: “Me quedaron dos cosas: escuché directamente hablar de las torturas en la Dirección de Investigaciones (por el Servicio de Informaciones), escuché los relatos de lo que era el comandante Feced (por entonces jefe de la Policía local), que era el que lideraba las patotas genocidas en Rosario, escuché un montón de situaciones alrededor de ese oscuro personaje”.
En su relato, el dirigente también apuntó contra la actual integrante del TOF2 Laura Inés Cosidoy, de quien dijo que durante la dictadura, cuando era defensora oficial en Rosario, “les decía (a los detenidos) que era amiga del general (Leopoldo) Galtieri, que era por entonces comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, y que comía asados muy usualmente en la Quinta de Funes”.
“Ella los incitaba, comentaban que les hacía ostentación de partes femeninas, con actitudes como seductoras y los invitaba a que colaboraban, porque si lo hacían y les daba información, ella se comprometía a interceder ante su amigo Galtieri”, añadió Piumato.
Cosidoy se excusó en su momento de ser parte del tribunal del anterior juicio contra responsables del terrorismo de estado en Rosario, el denominado Guerrieri-Amelong, justamente por su amistad declarada con Galtieri.
En su declaración, Piumato recordó además que fue secuestrado el 1º de junio de 1976 “junto a un grupo de delegados gremiales del Poder Judicial en la ciudad de Buenos Aires” y que permaneció “10 días en calidad de desaparecido, luego puesto a disposición de un juez y sobreseído”.
Sin embargo, el secretario de Derechos Humanos de la CGT dijo que luego “fui sometido a un tribunal irregular y detenido hasta 1982”.
Sobre las motivaciones del golpe del 24 de marzo de 1976, Piumato fue contundente: recordó que en 1984 se conoció una “orden de batalla del general (Roberto) Viola” en la que “con una claridad meridiana se explica cuál es el objetivo de la represión en la Argentina”.
Y agregó: “El objetivo era garantizar la implementación del programa económico de Martínez de Hoz anunciad el 2 de abril del 76”.
“Ese documento oficial del Ejército argentino decía que el objetivo era evitar la resistencia de los trabajadores a ese programa económico”.
El juicio en el que declaró Piumato tiene como imputados al ex titular del Segundo Cuerpo, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Carlos Scortechini, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Rubén Lo Fiego; y al civil acusado de complicidad con la dictadura Ricardo Miguel Chomicky.
Fuente:RedaccionRosario
"La jueza Cosidoy se jactaba de comer asados con Galtieri", declaró Piumato
El dirigente de la CGT Julio Piumato acusó a la jueza federal de Rosario Laura Cosidoy de ser “cómplice de la dictadura genocida”, cuando ocupaba el cargo de defensora oficial. “Cosidoy les prometía a los presos interceder ante Galtieri si ellos colaboraban”, aseguró ayer el líder del gremio judicial en su declaración ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario, en el marco del juicio por la causa Díaz Bessone que investiga crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de policía local.
El actual secretario de Derechos Humanos de la CGT fue convocado por la querella que representa el caso del desaparecido Oscar Manzur, quien al momento de su secuestro era delegado gremial por la lista opositora del Sindicato de la Sanidad de Rosario. La abogada querellante Gabriela Durruty solicitó al testigo en su doble condición de víctima del terrorismo de Estado (Piumato estuvo privado de su libertad desde 1976 a 1982) y de secretario general del gremio judicial “explique por qué el genocidio ocurrido en nuestro país tuvo como principal objetivo a la clase trabajadora”, indicó.
Piumato señaló que “el 24 de marzo de 1976 hubo una redada muy grande en todo el país, fundamentalmente dirigida a delegados gremiales, como el caso de Manzur. El objetivo de la represión fue garantizar la implementación del programa económico de (José) Martínez de Hoz y evitar la resistencia de los trabajadores a ese programa, neutralizar, había estrategias de cooptación: comprar dirigentes y delegados, y cooperación: al que no lo hacia se lo eliminaba”.
Ante el pedido del fiscal Gonzalo Stara, Piumato señaló que “se prohibió el derecho de huelga, se cercenaron todos los derechos, hubo una persecución permanente y pública. No sólo se congelaron los derechos colectivos, sino que muchos dirigentes sin que se les demostrara nada fueron investigados, sus bienes incautados, encarcelados y torturados. Hubo dirigentes que desde adentro trabajaron para cooptar dirigentes jóvenes, el caso de Jorge Triaca que estuvo conmigo y que decía que había que tener diálogo con los militares”.
Respecto de los casos que se están investigando en Rosario, recordó haber compartido cautiverio en la cárcel de La Plata con José Aloisio y Eduardo Nasini, quienes le refirieron los terribles tormentos que habían padecido en el SI de Rosario y que periódicamente eran visitados por la defensora oficial de ese entonces: Laura Cosidoy.
“Ellos venían bastante sorprendidos después de cada reunión. Esta magistrada les decía que era amiga de (el dictador Leopoldo) Galtieri, con el que comía asados usualmente en la Quinta de Funes, que funcionó como centro clandestino de detención. Comentaban que venía con vestimenta provocativa y hacía ostentación de partes femeninas con actitudes seductoras y los invitaba a que colaboraran, que de ese modo ella se comprometía a interceder ante su amigo Galtieri para darles la libertad. Ellos no estaban a disposición del PEN sino del Poder Judicial federal de Rosario, no se entendía qué tenía que ver Galtieri, a partir de eso he denunciado esto porque esa persona es jueza hoy en Rosario. Nosotros como organización sindical nos parece que no corresponde que sea así, las personas que han sido complacientes con la dictadura y que se ha enterado por su condición de defensora de condiciones y atrocidades que nunca denunció ni en tiempo de dictadura ni en democracia deben responder”, sentenció.
Luego, en declaraciones a LT8, Piumato reiteró que Cosidoy se jactaba de “comer asados con otros represores en la Quinta de Funes”, y apuntó que terminada la dictadura, la jueza tenía la “responsabilidad de denunciar las atrocidades cometidas, sin embargo su silencio demuestra hasta qué punto fue cómplice”.
Laura Cosidoy integra el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, que lleva adelante el juicio Díaz Bessone, y del cual se excusó de intervenir. La magistrada, con más de 30 años de trayectoria en el fuero federal local, cobró notoriedad en los últimos años por su intervención en investigaciones de narcotráfico que le valieron sufrir varias amenazas. Ultimamente, en corrillos políticos, se habló de la posibilidad de que se presentara a algún cargo electivo, y más cerca se la mencionó como posible compañera de fórmula del humorista Miguel del Sel, candidato del PRO a gobernador. Sin embargo, en los recientes juicios por crímenes de lesa humanidad ha sido mencionada por varios sobrevivientes que cuestionaron su actuación como defensora oficial en los años de plomo.
Fuente:LaCapital
Causa Díaz Bessone: declaró un dirigente de la CGT
Julio Piumato, dirigente de la central y del gremio judicial se presentó a declarar hoy en la causa que juzga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
4 abr, 2011
ex-militares, policías y civiles son juzgados por delitos lesa humanidad cometidos en el mayor centro clandestino que funcionara la ciudad durante la última dictadura militar.
Piumato se desempeña como secretario de Derechos Humanos de la CGT y fue citado a declarar por el Tribunal Federal 2 en el marco del juicio oral, que comenzó en julio del año pasado.
Marta Bertolino, otra testigo y querellante en la causa, contó: “Piumato llegó hoy a declarar como testigo clave en nuestra causa. Nosotros somos doblemente querellantes en este juicio, primero porque tengo a mi esposo desaparecido: Oscar Manzur y porque yo soy una sobreviviente”.
Para Marta, quien según relató la semana pasada al Tribunal “fue detenida junto a su esposo en 1976, cuando estaba embarazada de 6 meses y tuvo a su hija (Alejandra) en cautiverio”, aseguró que el dirigente gremial fue incorporado como testigo a pedido de la abogada que la representa, Gabriela Durrutti, “porque puede aportar datos interesantes”. Bertolino estuvo detenida ilegalmente durante seis años en Villa Devoto y recuperó su libertad en 1982.
Tras destacar que Piumato accedió a su pedido de inmediato, Marta contó que “Piumato conocía a su marido-por Oscar Manzur- como dirigente delegado del gremio de la Sanidad en Rosario”.
Consultada por Télam sobre la relevancia que podría tener el testimonio de Piumato, evaluó como de “muy importante”, al revelar que en la búsqueda de su esposo desaparecido se encontró “que en todos los expedientes judiciales, figuraba como fugado” del centro de detención que funcionaba en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario. El dirigente representante de los empleados judiciales (UEJN), “puede brindar detalles de cómo se armaban las causas en los tribunales. Además, puede dar testimonio porque, al igual que mi marido, fue secuestrado y detenido por ser militante gremial”.
Según expresó Marta, su principal objetivo es “demostrar que mi esposo no se fugó y que desapareció como otros tantos compañeros que militaban desde el sector gremial”
En la causa son juzgados el ex-comandante del II Cuerpo del Ejército en Rosario, Ramón Genaro Díaz Bessone y los ex policías y civiles de inteligencia, José Rubén Lo Fiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, José Scortechini y Ricardo Chomicky.
A los acusados se les imputa distintos delitos de lesa humanidad, que van desde privación ilegítima de la libertad, torturas, violaciones, secuestros y asesinato en 87 oportunidades, cometidos en el mayor centro de detención que funcionara en Rosario por donde se estima pasaron unos dos mil detenidos-desaparecidos.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
SOLO LA MITAD DE LAS VICTIMAS DE LOS SURGENTES SON PARTE DE LA CAUSA
Marcelo Jalil rescató a su hermano y su madre
Por Sonia Tessa
Sergio Jalil tenía 20 años cuando una patota lo interceptó en Juan José Paso y Provincias Unidas, el 15 de octubre de 1976, en una cita cantada a la que el Turco había llegado igual para proteger a su compañera, Lala, Stella Miguel. A ella la acribillaron en el lugar. El corrió un par de cuadras para zafar del secuestro, pero lo atraparon en la República 3536, donde lo maniataron y vendaron, antes de llevarlo al Servicio de Informaciones. Sergio es uno de los siete militantes de la Juventud Peronista que el 17 de octubre de 1976 fueron retirados del centro clandestino de detención y fusilados en Los Surgentes, en el suroeste de Córdoba. Antes de partir hacia la muerte, Sergio gritó: "Viva Perón, hasta la victoria siempre". Su caso fue excluído de la causa Díaz Bessone y por eso, el juez Jorge Venegas Echagüe interrumpió ayer a Marcelo Jalil cuando trataba de contar lo que había pasado con su hermano.
"Me parece totalmente ilógico que hayan desmembrado la causa de Los Surgentes no sé por qué cuestión procedimental. Es inexplicable. Los siete cayeron más o menos en la misma semana y el 17 de octubre los sacaron a los siete, los llevaron a Los Surgentes, los fusilaron, los llevaron al cementerio San Vicente de Córdoba, los enterraron en una fosa común, los desenterraron en 1984 y quemaron sus restos", argumentó Marcelo Jalil, con una lógica implacable, su impotencia ante la decisión del Tribunal.
La historia de la familia Jalil sufrió un profundo quiebre el 14 de octubre de 1976. Primero fue el allanamiento a la casa familiar, adonde llegaron unos 15 hombres, comandados por Raúl Guzmán Alfaro. Allí, al no encontrar a Sergio, encañonaron a un bebé, Juan Pablo --hijo de la hermana del joven buscado--, que entonces tenía cuatro meses. Al día siguiente cayó Sergio. La desaparición de su hijo lanzó a Nelma a buscarlo. Una vez, en la Jefatura de Policía --entonces en San Lorenzo y Dorrego-- esperó muchas horas. Entonces, se metió de prepo. Llegó a ver a cómo Guzmán Alfaro interrogaba a un joven esposado. Un guardia quiso echarla y Nelma se plantó: no se iría de allí sin entrevistarse con el jefe del SI. Y lo consiguió. El represor la maltrató, le mostró una foto de Lala y la echó, le dijo que no volviera allí. Nelma no se dio por vencida, se entrevistó con el sacerdote Raúl García, que, en el colmo de la perversidad, se hizo regalar un bolso de cuero, y le hizo preparar ropa y comida para Navidad, con la promesa de que pasarían las fiestas junto su hijo. Les dijo que Sergio estaba trabajando en el campo.
Nelma Jalil fue la primera madre que dio vueltas alrededor de la plaza 25 de mayo, con Esperanza Labrador, en plena dictadura militar. Murió el 10 de septiembre de 2008, sin haber visto a ninguno de los represores rosarinos en el banquillo de los acusados. En la casa de Marcelo, de 57 años, con tres hijos y cuatro nietos, hay tres fotos siempre presentes: el Che Guevara, Nelma y Sergio.
Aunque no pudo leerla por las restricciones que planteó el Tribunal, Marcelo había llevado ayer un texto que escribió su hija Ana Paula, en 1997, cuando tenía 17 años. "Para Sergio, un tío que aunque nunca tuve, me legó miles de cosas", era la dedicatoria, y decía: "Pienso mucho en vos, creo mucho en vos, lo que fuiste, pero no me puedo imaginar qué harías si estuvieras aquí, cómo verías lo que yo veo y cómo vivirías lo que yo vivo, quizás estarías igual que yo, un poco desorientado y haciendo poco y nada, intentando solucionarlo todo", dice el texto de Ana Paula, que su padre muestra emocionado. "Tal vez estarías rendido como muchos que yo veo, también podrías estar muy atrasado, detenido en el tiempo, podrías estar vendido, haciendo cosas que en tu pasado no te hubieses permitido, pero queda una posibilidad, si estuvieras acá, conmigo, con todos, la historia habría sido tan distinta, que ahora no te preguntaría, no me preguntarías, sólo te abrazaría", termina el texto.
Marcelo quiso dar testimonio por su hermano, pero también en memoria de su madre. Por eso, llevó el cuaderno donde Nelma había escrito el itinerario de su incansable búsqueda. Sólo lo dejaron leer la mitad. Cuando Venegas Echague lo interrumpió, sus abogadas Gabriela Durruty, Jesica Pellegrini y Daniela Asinari, del equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, le hicieron preguntas para que se atuviera al relato de los Surgentes. "Hay un vericueto legal que sigo sin entender. Dividieron, entraron cuatro víctimas en esta etapa y dicen que en la próxima entrarán los otros tres, como yo empecé a relatar el secuestro y desaparición de mi hermano, me interrumpieron", explicó Jalil más tarde.
Por toda la historia familiar marcada por la tragedia de su hermano, Marcelo dejó sentada la queja. "Esta declaración debió hacerla mi vieja, pero la justicia tan lenta, y las políticas que negaban la reparación de los derechos humanos impidieron que ella llegara con vida", afirmó.
Fuente:Rosario12
Mural pintado el 21 de Octubre de 2006.-Juan José Paso al 7000.
CeppySRosario
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