Walter Bulacio, el símbolo
El 19 de abril de 1991, el joven de 17 años era detenido en una razzia antes de un recital. Murió una semana después. El reclamo de justicia marcó a una generación. Y la impunidad del caso mostró las complicidades de un sector de la Justicia con el poder político y policial.
Hace veinte años, a Walter Bulacio lo llevaban detenido a la comisaría 35ª de Núñez, cuando estaba en las afueras del estadio Obras, adonde iba a ver un recital de Los Redonditos de Ricota. Tenía 17 años. Una semana después murió producto de la golpiza que esa noche recibió en la seccional. Por el hecho fue acusado el ex comisario Miguel Angel Espósito, pero aún hoy no hay ningún condenado por el asesinato. El caso se convirtió en un símbolo de protesta contra la represión y violencia policial. Y la causa judicial, que prescribió en el año 2002 y terminó con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, resultó un caso modelo de impunidad de la Justicia y su connivencia con sectores del poder policial y político.
Tras la intervención de la CIDH, luego de que prescribiera la causa en 2002, el trámite sigue a paso lento. El Tribunal Oral 29 intenta desde hace un año hacer el juicio, pero la defensa del acusado “siempre pone palos en la rueda”, indicó María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio desde el primer momento. La cita iba a ser para abril, pero los defensores de Espósito sostienen que su cliente “tiene un cuadro de salud que le impide afrontar el juicio”, explicó Verdú, también miembro de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Ahora se baraja agosto como fecha tentativa para el juicio. A pesar de que se reabrió el expediente, Verdú aclaró: “Es un juicio que llega tarde y mal. Lo único que se va a juzgar es la privación ilegal de libertad, no la tortura y la muerte, y el único imputado es Espósito”.
A Bulacio lo detuvieron junto a otros 72 chicos durante una razzia el 19 de abril de 1991. En la comisaría de Núñez, según declaró como testigo el oficial Fabián Sliwa, el entonces comisario Espósito lo habría golpeado, lo que le provocó un derrame cerebral. A pesar de que fue llevado al hospital Pirovano y luego fue trasladado al Sanatorio Mitre, una semana más tarde, el 26 de ese mes, Walter murió. Al poco tiempo empezarían las marchas para reclamar justicia. Los protagonistas iban a ser los estudiantes, tanto secundarios como universitarios.
En el expediente originado en 1991, la Justicia apuntó a la privación ilegal de la libertad de las 73 personas detenidas, agravada por la muerte de Bulacio, de la que se acusó sólo al comisario retirado. Nada se dijo de las torturas y el asesinato. En diciembre de 1995 fue cerrada la instrucción de la causa. La fiscal Mónica Cuñarro había solicitado 15 años de prisión para Espósito, pero en el proceso cayó la figura de las otras 72 privaciones ilegales de la libertad y la causa se desmoronó.
El 19 de abril de 1997, María del Carmen Verdú anunció que recurriría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a que la causa no avanzaba. “Cuando el procedimiento ha sido particularmente largo es el Estado el que debe dar explicaciones por la duración del proceso”, señaló la defensa de la familia Bulacio en el documento que presentó a la Comisión. A pesar de los intentos de lograr una instancia conciliatoria entre el Estado y la familia, el proceso avanzó hasta llegar a la Corte Interamericana en un hecho sin precedentes en América latina. Un pedido de los familiares de Walter, desoído por los sucesivos gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, fue que antes de acordar cualquier tipo de indemnización se derogaran las normas que facultaban a la policía para detener de forma arbitraria a las personas.
En medio del desgaste de la causa, Víctor Bulacio, el padre de Walter, que asistía a cada marcha para reclamar justicia por la muerte de su hijo, murió el 4 de abril de 2000. El hombre había sido despedido de la fábrica donde trabajaba por faltar una y otra vez para poder hacerse presente tanto en los trámites judiciales como en los reclamos callejeros. Antes de enfermar y morir, Víctor había intentado suicidarse.
En 2002 la causa en los tribunales argentinos prescribió. Espósito, quien se mantuvo en la Policía Federal hasta 1995, quedó sobreseído de forma definitiva.
El gobierno de Eduardo Duhalde reconoció ante la CIDH, el 26 de febrero de 2003, la ilegalidad del comportamiento del Estado en la detención y posterior asesinato de Walter. De todas formas, la CIDH ordenó al Estado en octubre de 2003 “continuar y concluir las investigaciones para sancionar a todos los responsables de todas las violaciones a los derechos humanos” sufridas por Bulacio. Además, instó a fijar nuevos estándares que eviten que las fuerzas de seguridad realicen detenciones de forma parcial y a investigar el entramado judicial por su inacción en el proceso.
Recién en 2008, el gobierno de Cristina Kirchner solicitó a los gobernadores que derogaran los edictos policiales y normas locales que dan vía libre para privar de la libertad a una persona sin orden judicial. Verdú alertó que “la averiguación de antecedentes sigue vigente en todo el país, los Códigos de Faltas son peores que los que estaban en 1991, como por ejemplo el de la Ciudad. Y todas las reformas de los códigos se hicieron con un carácter represivo”.
Para recordar a Walter y mantener vivo el reclamo contra la impunidad, el sábado 23 desde las 16 se hará una radio abierta en Parque Centenario, el miércoles 27 se estrenará el video Yo Sabía en el hotel Bauen, y el 6 de mayo se hará un festival en Plaza Houssay.
Informe: Leonardo Rossi.
Fuente:Pagina12
OPINION
La inocencia derrotada
Por Mariano Molina *
Era viernes de abril y habíamos quedado con un amigo en encontrarnos frente al estadio. Al costado de una de las puertas de entrada, esperaba un colectivo de línea vacío.
“Circulen, circulen. No puede permanecer nadie quieto”, repetían los hombres de azul. En esos tiempos, los edictos policiales todavía tenían legalidad y servían para legitimar el autoritarismo policial. Cuando llegó mi amigo hicimos un pequeño comentario sobre la densidad de los policías, volví a observar el colectivo de línea vacío en la puerta y entramos al estadio Obras Sanitarias a participar de esa ceremonia y espacio de libertad que eran los recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Di por hecho que se iban a llevar a varios chicos que no tuvieran entradas o que eran menores. Era una práctica habitual y los adolescentes y jóvenes que dábamos vueltas por los recitales estábamos acostumbrados a que sucediera este tipo de redadas.
Era 19 de abril de 1991 y uno de los tantos chicos que subieron por la fuerza al colectivo que estaba en la puerta iba a morir días después por la agresión y tortura recibidas en la comisaría. A Walter Bulacio lo llevaron como a tantos miles de jóvenes que en la historia argentina se llevó la Policía Federal. Y recibió una golpiza como tantas miles de veces sucedió y sigue sucediendo.
La banda comenzó el recital con unos de sus himnos contra la represión: “Nuestro amo juega al esclavo”. Cuando finaliza el tema, el Indio Solari se solidariza con un pibe de la banda de Aldo Bonzi, barrio del conurbano donde vivía Walter Bulacio. No era un mensaje para él, pero uno no puede dejar de pensar en esas paradojas del destino.
El asesinato de Walter nos marcó a cientos de jóvenes de aquellos años y seguirá siendo una marca que llevaremos el resto de nuestras vidas. Fue sentir en carne propia por primera vez que cualquiera de no-sotros podría haber sufrido ese final o que cualquiera de nuestros amigos podría haber sido la nueva víctima de la represión policial. Ese impacto inexorablemente marca los destinos.
Recordemos un poco qué pasaba en esos tiempos: estábamos en la oscura era del neoliberalismo, hacía pocos días la economía argentina entraba en ese terrible despojo que fue el Plan de Convertibilidad, se caía el Muro de Berlín, desaparecía la Unión Soviética; era el fin de las ideologías; empezaba la pizza con champán, los duros tiempos de individualismo, corrupción y sindicalistas convertidos en empresarios. Teníamos un Congreso que avalaba mayoritariamente la venta del patrimonio público y se profundizaba una ruptura de lazos sociales que todavía intentamos reconstruir.
En ese contexto, a los pocos días de la muerte, la familia y los amigos convocaron a una Marcha del Silencio, desde la escuela donde estudiaba Walter hasta el Congreso nacional. Al finalizar, un hecho inédito: miles de adolescentes y jóvenes marcharon por Callao, Corrientes y luego hasta Plaza de Mayo cantando canciones de los Redondos y consignas contra la policía. Iban en una anárquica procesión, sin banderas partidarias, sin organización previa y con las consignas que surgían momentáneamente. A la luz de los años, fue un fuerte signo de los tiempos que vendrían, en relación con la inorgánica participación juvenil en causas sociales y políticas.
Recordando aquellos días es imposible olvidar el terrible sufrimiento de los familiares de Walter: fundamentalmente su hermana, sus padres y su abuela. El padre murió a los 46 años. A la terrible pérdida del hijo, se le sumó el despido laboral. Algunos reportes periodísticos dan cuenta de que parte de la familia cayó en profundas depresiones. La abuela de Walter, doña María Ramona, siguió inconmovible en la lucha, a pesar de algunas enfermedades o los achaques de la vida y se transformó en la cara pública del caso. La recuerdo en muchas marchas y actos, con su pelo blanco, sus grandes anteojos y la foto de su nieto siempre presente. Hoy sigue la pelea para que vuelvan a juzgar al principal imputado del caso, el comisario Espósito.
Walter se fue transformando en símbolo, en nuestro muerto, el amigo, el compañero, el que participaba de la cofradía ricotera, el que laburaba de cadie.
La respuesta de la banda fue ambigua o poco convencional. La militancia y los sectores más politizados esperaban una respuesta más clásica, más “militante”. Un recital de repudio, declaraciones en la prensa o encabezar marchas. No pasó nada de eso. El grupo largó una carta pública y luego se llamó a silencio durante meses. En muchos recitales el Indio lo recordó y en las entrevistas suele volver sobre el tema.
Pero mientras el grupo no tenía la respuesta “clásica” frente a un hecho sucedido en las puertas de un recital propio, y recibió infinidad de críticas y agresiones por esta actitud, la respuesta de los seguidores fue comprensiva o tolerante con la banda, aunque muchos de ellos seguían participando de las marchas y homenajes. Tan compleja era la época, que luego del asesinato de Walter la banda se masificó hasta convertirse en el grupo de rock más grande del país.
Han pasado veinte años. No es nada y es demasiado. El país vive otra realidad en muchos aspectos, pero el asesino Espósito sigue caminando libremente por la calle. Quizás este año haya juicio oral gracias a la pelea de la familia y de organismos como la Correpi.
Actualmente la Policía Federal se encuentra en un intento de recomposición que esperábamos hace tiempo. La permanencia de esas prácticas que causan vergüenza nacional también nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia de apoyar algunas políticas de Estado que puedan perdurar más allá de los gobiernos.
Veinte años después vivimos en un país que cambió, que sigue teniendo rincones oscuros, pero que intenta mejorar su destino colectivamente. Siento que habrá algo de justicia sólo si logramos construir una sociedad donde los adolescentes y jóvenes dejen de ser vistos como un peligro social o seres a los cuales la sociedad debe domesticar para que nada cambie.
* Periodista y docente (www.radiosudaca.com.ar)
Fuente:Pagina12
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