viernes 8 de abril de 2011
El peligro de una implosión en marcha
Por Edwin Sambrano Vidal
En un proceso de cambios las contradicciones son resultado natural de la existencia de una confrontación esencial que aflora. Una confrontación que se encontraba cubierta por la satisfacción aparente de las principales necesidades básicas de la población, mientras la solución permanente de estas necesidades se vislumbra posible como resultado del curso inerte o normal e los acontecimientos. La fuerza de esas contradicciones se encuentra, entonces, disminuida y en muchos casos inapreciable. La mayoría considera tales contradicciones como insustanciales, menores o de segundo y tercer orden. Un asunto sin importancia, pues...
Cuando las contradicciones se encrespan ante la falta de soluciones o de nuevas realidades que las superen; cuando no se alcanzan nuevos estadios de relaciones sociales que satisfagan de manera natural las exigencias de la conciencia plena de las necesidades materiales, morales y culturales de las mayorías, la normalidad se altera. Se produce, entonces, una crisis de la totalidad social. Estos es, una crisis que afecta a la sociedad en su conjunto y que se expresa igual mediante una sucesión de crisis parciales o locales, así como en una o varias explosiones generales que afectan a cada vez mayor número de grupos sociales y por lo tanto a más personas.
Diversos proyectos en confrontación.
Hay una confrontación entre diversos proyectos políticos que se corresponden, más o menos conscientemente, con los intereses socio-económicos de las diversas clases y/o grupos de la sociedad. En las crisis, cada sector alienta derivaciones que conduzcan a alcanzar una correlación de fuerzas favorable a la imposición de sus particulares proyectos de sociedad. Tal comportamiento es una especie, si cabe la expresión, de instinto de supervivencia histórico de las clases y sectores sociales existentes. Esta correlación de fuerzas tiene diversos escenarios de manifestación que varían dependiendo de múltiples factores y que se resumen en algunas coyunturas de movilización masivas (pacíficas o violentas y armadas o desarmadas), algunas de las cuales son los estados de conciencia o convicción por una parte, y por otra, los momentos electorales.
De modo que en un proceso de cambios como el que vive Venezuela, iniciado a partir de una profunda y generalizada crisis del conjunto de la sociedad y de sus instituciones, se abren diversas posturas para avanzar en la revolución y diversas posturas para restaurar situaciones transformadas. La posición restauradora o regresiva, en consonancia con los intereses transnacionales capitalistas de sometimiento y dependencia, empujará de distintas maneras para alcanzar una situación que no menoscabe la preeminencia de sus valores, sus métodos y el resultado de sus negocios. La posición revolucionaria pretende establecer realmente nuevas relaciones en las cuales los trabajadores y sectores desposeídos tengan una participación decisiva en la producción, en la dirección y en la apropiación de los resultados del proceso económico, político y cultural, y que tal participación tenga expresión en el establecimiento de una nueva legalidad, una nueva institucionalidad y una nueva conducta institucional.
Nueva legalidad.
La nueva legalidad debe contener de manera terminante y clara los derechos de los trabajadores y de los sectores desposeídos en coherencia con sus obligaciones en el proceso de producción de bienes. Rescatando la responsabilidad y el aporte en ese proceso, resaltando el valor del trabajo y la disciplina, fijando, no solo la declaración de la potestad de participación decisiva y sus garantías, sino los modos de cumplimiento de dicha participación.
Nueva institucionalidad.
La nueva institucionalidad debe estar comprometida con esa nueva legalidad, incluso surge de ella y de sus principios y propósitos, encontrándose impregnada de los intereses sociales de la clase trabajadora y demás sectores desposeídos, con un sentido inmanente de justicia social y de equidad. Su existencia y razón de ser está en el desarrollo y cumplimiento de esa legalidad y en que tal legalidad sea apropiada por los trabajadores y demás sectores del pueblo para combatir el parasitismo y la explotación en primer lugar; la corrupción y el burocratismo en segundo término, y, finalmente, el mesianismo y el atropello como tercer flagelo, entre otros más que gravitan y que también deben ser combatidos.
Nueva conducta institucional.
La nueva conducta institucional se encuentra sintetizada en un comportamiento de acción inmediata, transparente y decidida en protección de los derechos de los trabajadores y en hacer cumplir la legalidad, (el sentido y propósito de justicia contenido en ella), por encima de intereses subalternos. Una actuación franca y valiente que desafía las formalidades y todo compromiso que no sea el de la justicia y la equidad, ya que estas contienen las bases de la sustentabilidad y la continuidad del proceso de cambios. Esta nueva conducta alienta y concreta nuevos paradigmas para el comportamiento colectivo estableciendo nuevas relaciones entre los ciudadanos, entre las clases y entre estos y el Estado y sus órganos. Esta nueva conducta institucional suministra el indispensable soporte a la esperanza del cambio en los trabajadores y demás sectores del pueblo, incluidas las clases y sectores medios, profesionales, trabajadores por cuenta propia, campesinos.
Funcionarios injustos: Verdaderos contrarrevolucionarios.
Es una verdadera calamidad y un crimen contra la revolución que los funcionarios públicos mantengan una conducta de desdén y desprecio contra los derechos laborales y populares. Que sean simples marionetas de otros funcionarios superiores igual de corruptos y arbitrarios que los funcionarios del antiguo régimen, el de la llamada IV República. Verdaderos fantoches al servicio de la injusticia y el atropello, infames maltratadores de los ciudadanos. Instrumentos de la reproducción y perpetuación de los valores, principios y conductas capitalistas, con su trasfondo explotador, alienador y opresor. Son burócratas trepadores, ignorantes y maestros de la adulancia. Se visten de rojo mostrándose como lacayos del poder para poder traficar.
Enemigos de los cambios.
Estos personajes que medran en los cargos públicos son los principales enemigos del proceso de cambios. Son los verdaderos contrarrevolucionarios. Ya lo hemos advertido y lo seguiremos advirtiendo. Recientemente escribimos ante la preocupante lacra de una conducta institucional pervertida e inepta para impulsar el cambio social real:
“Las Inspectorías del Trabajo violentan el principio de legalidad y conculcan derechos colectivos favoreciendo los intereses y posiciones de las gobernaciones afectas al gobierno nacional, abonando el terreno para una crisis de credibilidad institucional y un colapso de gobernabilidad. Mientras la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público sólo atienden y procesan lo que convenga al gobierno central y lo que recomiende el partido de gobierno. Los jueces laborales, incluso la Sala Social del TSJ, padecen de terror ante el gobierno central y los gobiernos regionales ligados a aquél sin importar que sus decisiones signifiquen un retroceso doctrinario y una lesión a los intereses de los trabajadores y en fin de cuentas un apoyo esencial a la vigencia del sistema de explotación.”
Una conducta verdaderamente suicida y contraria a los fines, principios y métodos revolucionarios, cuyo resultado será, más temprano que tarde, el triunfo de la contrarrevolución.
Fuente:Agenpress
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