Año 3. Edición número 154. Sábado 30 de abril de 2011
Por Daniel Cecchini
(DYN) || En el acta de Marcela no constan los nombres de los padres. Solamente aparece el de Ernestina Herrera de Noble.
Hace una década, Abuelas de Plaza de Mayo denunció a Ernestina Herrera de Noble por la presunta apropiación de dos hijos de desaparecidos durante la dictadura cívico militar. La causa ya tuvo tres jueces, pero el ADN de Marcela y Felipe sigue sin ser comparado. El 30 de abril de 2001 fue lunes y lo más llamativo en las portadas de los diarios era la ausencia de los resultados de los partidos de fútbol. Una huelga de jugadores había provocado la suspensión del Torneo Clausura. Esa mañana, temprano, la abogada Alcira Ríos entró en el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de Roberto Marquevich, con una denuncia bajo el brazo. La firmaba Estela Barnes de Carlotto, en su carácter de presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y en ella requería que se investigara la filiación de dos niños adoptados por la directora de ´ Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Las Abuelas tenían indicios firmes de que podía tratarse de hijos de desaparecidos durante la dictadura a quienes se les había robado la identidad.
Hoy se cumplen diez años de aquella presentación judicial y la verdadera identidad de Felipe y Marcela Noble Herrera sigue siendo el secreto mejor guardado por el grupo mediático más grande de la Argentina, que utiliza todo el poder económico, de lobby y de desinformación que posee para mantenerlo en las sombras. Para hacerlo, entre otras cosas, logró la destitución del juez original de la causa y la complicidad de su reemplazante, Roberto Bergesio, que cajoneó el proceso durante más de ocho años. Desde principios del año pasado, la tercera jueza del caso, Sandra Arroyo Salgado, trata infructuosamente de establecer la filiación de los dos jóvenes mediante la comparación de su material genético con el de cientos de familiares de desaparecidos que están guardados en el Banco Nacional de Datos del Hospital Durand. Hasta ahora lo han evitado mediante chicanas jurídicas y ardides concretados con la ayuda de personal judicial y policial.
Un terrorífico cuento de hadas. La historia era digna de un cuento infantil, pero nadie intentó comprobarla ni le preguntó nada. El 13 de mayo de 1976, Ernestina Herrera de Noble se presentó en el Juzgado de Menores Nº 1 de San Isidro y dijo que unos días antes, más precisamente el 2 de mayo, había tenido la sorpresa de encontrar en la puerta de su casa, en Laprida 2789 de esa localidad, una caja de cartón donde había una niña. Como testigos de lo que relataba, la directora de Clarín presentó a Yolanda Echagüe de Aragón, una presunta vecina, y a Roberto García, supuesto jardinero de una casa vecina. También dijo que quería adoptar a la niña. Para la jueza de familia Ofelia Hejt fue suficiente e inició los trámites correspondientes.
En esos trámites andaba Ernestina Herrera de Noble cuando el 7 de julio de ese mismo año visitó nuevamente el Juzgado y se encontró con otra sorpresa. Un rato antes de su llegada, se había presentado una señora con un bebé en brazos. Ante la jueza Hejt, la mujer se identificó como Carmen Luisa Delta y dijo que era madre de un varoncito nacido el 17 de abril y que quería entregarlo en adopción. Mientras estaba en una oficina, esperando que la jueza la recibiera, la directora de Clarín se cruzó con un secretario del Juzgado que le contó la triste historia. Conmovida, apenas estuvo frente a frente con la jueza, la señora de Noble pidió la guarda del niño. Ofelia Hejt –una jueza que entró a la magistratura de la mano de la dictadura y se fue junto con ella– se la concedió ese mismo día.
Poco después –en un plazo récord para un país como la Argentina, donde los trámites de ese tipo suelen ser tan lentos cuanto farragosos–, Ernestina Herrera de Noble pudo adoptar a los dos niños, a quienes inscribió como Marcela y Felipe Noble Herrera, otorgándoles el apellido de su marido a pesar de que éste había fallecido más de siete años antes, en enero de 1969. Tenía millonarias razones para hacerlo así. Las irregularidades cometidas en esas adopciones, como se verá más adelante, son groseras.
Durante años fue un secreto a voces –aunque sin repercusión en los medios de comunicación– que los hijos adoptados de esa manera por Ernestina Herrera de Noble en los primeros meses de la última dictadura podían ser hijos de desaparecidos, entregados por los jerarcas militares a la directora de Clarín en el marco de la red de complicidades –que también incluyó la apropiación de Papel Prensa– establecida entre los dueños del “gran diario argentino” y los genocidas con uniforme.
Las primeras denuncias, apenas recuperada la democracia, hicieron que las Abuelas comenzaran a investigar el tema. En 1993, ante la cantidad de denuncias y con fuertes indicios, pidieron una reunión con Ernestina Herrera de Noble. “Ella no las recibió jamás, pero sí lo hizo Héctor Magnetto, que al principio creyó que iban a pedirle una contribución. Cuando supo cuál era el asunto se molestó bastante y respondió que la señora de Noble no podía tener hijos de subversivos”, recuerda Alcira Ríos. En una segunda reunión, el CEO de Clarín intentó extraerles información. Les dijo que él sabía que los chicos adoptados por Ernestina no eran hijos de desaparecidos y que les revelaría sus orígenes si, a cambio, le informaban quiénes eran los autores de las denuncias. El diálogo se cortó.
Kelly por López Foresi (o viceversa). No era la primera vez que Magnetto intentaba frenar el tema. Sabía que era su punto –política, judicial y éticamente– más vulnerable y tenía experiencia en defenderlo sin reparar en las armas. Desde hacía años.
El jueves 2 de mayo de 1991 en la quinta de Olivos el presidente Carlos Saúl Menem y el secretario general de la Presidencia, Eduardo Bauzá, recibieron a la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y al CEO del Grupo, Héctor Magnetto, para compartir un almuerzo en el que ambas partes tenían algo importante que negociar.
El riojano estaba molesto. Se quejaba de una “campaña de desprestigio” del diario, centrada en denuncias de corrupción en el gobierno, pero más que nada le molestaban las encendidas críticas (fundamentalmente contra los indultos y la decisión de enviar tropas argentinas al Golfo Pérsico) que la periodista Liliana López Foresi le venía haciendo desde Revista 13, su programa en Canal 13, la tele emisora que desde el año anterior estaba en manos del Grupo Clarín. Menem quería que terminaran.
Del otro lado de la mesa, la viuda de Noble y su acompañante tampoco las tenían todas consigo. Los preocupaba un anuncio que Guillermo Patricio Kelly –ex miembro de la Alianza Libertadora Nacionalista, pseudoperiodista, operador a favor del mejor postor, pero también receptor de buena información– repetía sistemáticamente en Sin Concesiones, su programa de Canal 7. “Voy a contarles de dónde vienen los hijos de las ‘señoras nobles’”, venía diciendo. Un periodista del diario con fluidos contactos con el entorno más íntimo del presidente les había aportado, además, un dato: que las amenazas de Kelly eran una operación de Menem para forzar una negociación sobre la manera en que lo trataban algunos medios y periodistas del Grupo.
En otras palabras, era cuestión de entenderse.
A los postres, la viuda, madre adoptiva y directora fue al grano:
–Que se calle Kelly –le dijo a Menem.
El presidente sonrió e hizo una pausa antes de contestar:
–Que se calle Liliana.
Ese mismo día, apenas unas horas después, el radical César Jaroslavsky, casualmente invitado a Revista 13, le dijo fuera del aire a López Foresi: “Ese almuerzo te va a costar la cabeza”.
Guillermo Patricio Kelly no volvió a hablar de los hijos de la viuda de Noble en Canal 7. Liliana López Foresi fue restringida a la lectura de noticias (sin opinar sobre ellas) en la medianoche. Ocho meses después la dejaron sin aire en el 13.
El monopolio a la defensiva. Mientras en Abuelas seguían investigando, otra denuncia llevó, por primera vez, el caso a la Justicia. En 1995, Ana Elisa Feldman de Jaján acusó a Ernestina Herrera de Noble por apropiación de menores. El sorteo judicial puso la causa en manos del juez Roberto Marquevich. Junto con su denuncia, Jaján aportó las actas de nacimiento con que se habrían iniciado los trámites de adopción. “En verdad, las pruebas que habían aportado los Jaján eran tan contundentes como para que se abriera, por primera vez, una pesquisa a fondo. Se trataba de las actas de nacimiento con las que se habían iniciado los expedientes de adopción de Marcela y Felipe que, a simple vista, contenían una cantidad de irregularidades tal que llamarían la atención de cualquier iniciado en el derecho”, dice Pablo Llonto, ex periodista de Clarín y abogado querellante en representación de dos familias de desaparecidos. Sin embargo, en juez Marquevich la rechazó por poco consistente.
A esa altura, la preocupación de Magnetto y Ernestina Herrera de Noble iba en aumento. No sólo por la posibilidad de que se abriera una nueva causa judicial, ahora con más elementos, sino también por el impacto que causaría en la imagen de Clarín la difusión de la historia – por entonces desconocida– del misterioso origen de los hijos adoptivos de la directora.
En abril de 1998 –cuando uno de los temas recurrentes entre los periodistas argentinos era la inminente salida del diario Perfil–, el director de una consultora especializada en la capacitación de ejecutivos de empresas para el contacto con el periodismo en situaciones críticas recibió una sorprendente llamada del gerente de Comunicaciones Externas de Clarín, Ramiro Costa.
–Necesito que prepares un curso para algunos directivos del Grupo –dijo el hombre después de los saludos de rigor.
–No entiendo. Ustedes son gente de medios, tienen medios propios –fue la respuesta del estupefacto consultor.
–No es para nuestros periodistas… mejor hablemos personalmente.
Días después el consultor participó de una reunión en el cuarto piso del edificio del diario, en la calle Tacuarí. Además de Costa lo esperaban su segundo, Martín Etchevers, y el gerente de noticias de Canal 13 y TN, Carlos De Elía. Después de explicar las características generales del curso, que incluía un training intensivo para enfrentar airosamente el asalto de los movileros, preguntas poco cómodas en conferencias de prensa, y duras entrevistas radiales y televisivas, el consultor agregó:
–Lo mejor es preparar un caso definido, así el entrenamiento se hace sobre una crisis posible para la empresa. Algo que pueda pasarles.
–De acuerdo. En unos días te contestamos –le respondió Costa.
Una semana más tarde, un periodista que solía colaborar con la consultora fue convocado a una breve reunión con el directivo de Clarín en el cuarto piso del edificio de la calle Tacuarí.
–Todavía no decidimos si vamos a tomar el curso –dijo el hombre del Grupo–, pero me gustaría que avanzáramos en la preparación del caso.
–¿De qué se trata? –preguntó el periodista, que por entonces trabajaba en el diario Crónica.
–Como primer paso tendrías que escribir una nota de tapa al estilo de Noticias, de esas bien fuertes, con toda la información que puedas encontrar. Una nota de tapa contra Clarín.
–Sí, pero dame un tema concreto… –insistió el periodista.
La respuesta lo dejó helado:
–Tenés que escribir sobre los hijos de la señora de Noble.
El periodista nunca escribió la nota en cuestión.
La elección de Noticias (de una “nota al estilo de Noticias”) no era caprichosa. El anuncio de la salida del diario Perfil había tensado al máximo las relaciones entre Clarín y la empresa periodística de la familia Fontevecchia, tradicionalmente dedicada a la publicación de revistas y que nunca antes había incursionado en el mercado con un diario. Por esos mismos días, el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, había mantenido una reunión tan dura cuanto reservada con Jorge Fontevecchia en un hotel céntrico de Buenos Aires.
–Vengo a aconsejarle que no se meta en el mercado de los diarios –disparó el hombre de Clarín.
–Me tengo que meter en el mercado de los diarios porque ustedes se metieron en el de las revistas –le contestó el director de Perfil, refiriéndose a la remozada edición de Viva, la revista dominical que se vendía con el diario Clarín.
El diálogo era una virtual declaración de guerra y los estrategas de Clarín sabían muy bien cuál era el punto más débil de las defensas de su propio Grupo, aquel que Editorial Perfil podía llegar a atacar para causarles el peor daño: el origen de Felipe y Marcela.
La guerra fue corta. El diario Perfil, aparecido el 9 de mayo de 1998, duró menos de tres meses en la calle. La historia más temida por Magnetto no fue publicada en las páginas del efímero diario rival. Hoy, Fontevecchia es un aliado incondicional de Magnetto en su enfrentamiento con el Gobierno Nacional.
Ahora sí, las Abuelas. Cuando, finalmente, el 30 de abril de 2001, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo presentó su denuncia en el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, el abogado de Ernestina Herrera de Noble, Eduardo Padilla Fox, fue a ver de qué se trataba. “Seguramente creía que se trataba de otra acusación de la señora de Jaján, pero allí le comunicaron que era una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, y entonces comenzó a preocuparse –recuerda Alcira Ríos–. Me vino a ver para decirme que el caso sería un escándalo y que ‘la Señora’ no podía ser culpable. Yo le respondí: ‘Es muy sencillo. Que los chicos se hagan el análisis correspondiente en el Banco Nacional de Datos Genéticos, y si se comprueba que no son hijos de padres desaparecidos la denuncia se cae, porque para nosotras no tiene ningún tipo de sustento’. Pero él me respondió con evasivas”.
Padilla Fox tenía razones para preocuparse. La denuncia de Abuelas era mucho más consistente que la de Jaján y, en casos similares –como el de Victoria Montenegro, apropiada por el coronel Herman Tetzlaff–, al juez Roberto Marquevich no le había temblado el pulso para firmar la orden judicial de toma compulsiva de muestras de ADN para que fueran comparadas en la Banco Nacional de Datos Genéticos
Marquevich trabajó rápido y con eficacia. En poco tiempo comprobó que las adopciones de Felipe y Marcela Noble Herrera estaban plagadas de irregularidades. Su enumeración es elocuente:
1) Ernestina Herrera de Noble declaró que dos personas habían visto que una beba (Marcela) había sido dejada en la puerta de su casa el 2 de mayo de 1976, pero esas dos personas la desmintieron.
2) También dijo que una de esas personas (Yolanda Echagüe de Aragón) era su vecina cuando en realidad no vivía en esa localidad, y que la otra (Roberto García) era el “cuidador de una finca vecina”, pero se comprobó que era su chofer personal.
3) La persona que se identificó como Carmen Luisa Delta y que supuestamente concurrió al Tribunal de Menores con la intención de “entregar a su hijo (Felipe) en adopción”, brindó un nombre y un número de documento (correspondiente a una persona de sexo masculino) que no eran los suyos. Además, nadie intentó corroborar que efectivamente fuera la madre de la criatura.
4) La viuda de Noble dijo que vivía en San Isidro, dando un domicilio distinto al que efectivamente tenía, en Avenida del Libertador 3752, en la Capital Federal. Esta cuestión invalida la competencia del tribunal que intervino en el trámite de adopción.
5) Se omitió el sistema de turnos para que la guarda del niño (Felipe) quedara radicada en el mismo tribunal que la de la niña (Marcela).
6) Se inscribió a ambos niños con el mismo apellido (Noble Herrera), de acuerdo con una legislación (los artículos 45 del Decreto Ley 8.204 y 76 de la Ley 5.725) que había sido derogada desde siete años antes.
Con esas pruebas en la mano, el 17 de diciembre de 2002, el juez Marquevich ordenó la detención de Ernestina Herrera de Noble por los delitos de “falsificación de documentos públicos, inserción de datos falsos y uso de documento público falso”, durante los trámites de adopción de sus dos hijos. La directora del Grupo Clarín pasó tres días detenida en la División de Delitos Complejos de la Policía Federal, en Cavia 1350, en Palermo, y luego beneficiada con la detención domiciliaria. Con llamativa celeridad, quince días después la Sala II de la Cámara Federal de San Martín ordenó su excarcelación, pero ya nada sería igual: el caso había tomado estado público.
La directora de Clarín se vio obligada a dar explicaciones a la opinión pública. El 12 de enero de 2003, en una carta abierta publicada en Clarín, se refirió al origen de Marcela y Felipe: “… muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”, escribió. Fue su primera y única declaración pública sobre el tema en casi tres décadas de democracia.
Clarín contraataca. Marquevich pagó cara la audacia de poner en evidencia a la dueña del monopolio mediático más grande de la Argentina. El Consejo de la Magistratura lo suspendió el 11 de diciembre de 2003 y dos años después fue procesado por el delito de “haber obrado en forma ilegítima” cuando detuvo a la viuda de Noble. “Fue una presión del Grupo Clarín sobre el Consejo de la Magistratura. El encargado de visitar a varios consejeros fue (el director de Relaciones Institucionales de Clarín), Jorge Rendo. De esta manera, la causa pasó a manos de otro juez que dilató las cosas”, dijo a Miradas al Sur Pablo Llonto.
Alcira Ríos sabía desde mucho antes que Clarín venía operando para desplazar a Marquevich. Poco después de la detención de Ernestina Herrera de Noble, recibió una insólita propuesta del abogado de la directora de Clarín.
–Doctora, ayúdenos a sacar a Marquevich de la causa, que si se la sacan se la van a dar al juez del Juzgado 2, el doctor Bergesio, que es un muy buen juez, nosotros ya hablamos con él y es muy serio –la encaró Padilla Fox.
–De ninguna manera, doctor.
–¿Por qué? Si es muy buen juez.
–Para nada, porque actuó en el Camarón.
Dicen quienes lo conocen, que Conrado Bergesio no suele exhibir entre sus credenciales su paso por el tristemente célebre Camarón, el fuero antisubversivo creado por la dictadura de Lanusse en mayo de 1971, también conocido como “ la cámara del terror”.
Los interesados en poner a Bergesio a cargo de la causa Noble tenían en sus archivos (los archivos de los grandes diarios argentinos suelen ser muy completos) otro dato que lo pintaba como el hombre ideal para ocuparse de un caso de apropiación indebida de hijos de desaparecidos. En 1998, el antiguo empleado del Camarón había pedido el juicio político de su colega Roberto Marquevich por no haberle concedido la prisión domiciliaria al genocida Jorge Rafael Videla, procesado por el robo de bebés. Marquevich había sostenido que el beneficio previsto para las personas mayores de 70 años sólo puede ser aplicado a los condenados y no a los procesados, como era Videla. Entonces Bergesio buscó un pelo en la sopa y mostró un caso similar en el que Marquevich, a su juicio, había dictaminado de manera opuesta al concederle arresto domiciliario a una señora llamada María del Carmen Eduartes. En el pedido de juicio político, Bergesio no dijo que el caso de la señora Eduartes tenía una diferencia abismal con el de Videla: la mujer era cuadripléjica, no iba a fugarse a ningún lado, ni tampoco podía actuar para encubrir su propio delito.
Con la causa que investigaba la filiación de los chicos adoptados irregularmente por Ernestina Herrera de Noble en sus manos, Bergesio hizo lo que Clarín esperaba de él: la puso a dormir. Durante casi siete años no avanzó siquiera un paso.
Recién el 30 de diciembre de 2009, obligado por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, convocó a Marcela y Felipe Herrera Noble para que se les extrajera sangre en el Cuerpo Médico Forense. Pero era una jugada con trampa.
Los jóvenes se presentaron voluntariamente, ya que se trataba de una medida conveniente a la estrategia de los abogados del Grupo Clarín: facilitar muestras de ADN para que fueran comparadas –fuera del Banco Nacional de Datos Genéticos– con las de las familias Gualdero-García y Miranda-Lanoscou, apenas dos de los más de veinte grupos de familiares de desaparecidos entre los que podrían encontrarse sus familias biológicas. Como la defensa de la viuda de Noble tiene la certeza de que ni Felipe ni Marcela tienen relaciones de filiación con ninguna de esas dos familias, la jugada apuntaba a que, una vez establecida la inexistencia del vínculo, Bergesio ordenara destruir las muestras y cerrara la causa.
Los rápidos reflejos de las Abuelas de Plaza de Mayo –que, igual que la fiscal Rita Molina, se opusieron a la medida y anunciaron que pedirían el juicio político del magistrado– impidieron que la maniobra se consumara. Puesto entre la espada y la pared por los querellantes y por el texto de la Ley de Recolección de ADN, al día siguiente Bergesio pegó un volantazo en la causa y allanó los domicilios de Marcela y de Felipe Noble Herrera e incautó cepillos y ropa. Meses después esas muestras debieron desecharse por ser poco confiables.
Chicanas judiciales hasta el fin. Estas últimas medidas no le sirvieron a Bergesio para evitar que la Cámara Federal de San Martín lo apartara de la causa, que en febrero del año pasado quedó en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Una de las primeras medidas que tomó la nueva magistrada fue enviar copia del expediente al Consejo de la Magistratura para que éste evaluara si el juez debe ser sometido a juicio político por su accionar en el caso. Miradas al Sur intentó entrevistar a Bergesio para este informe. Su respuesta fue casi castrense: “Negativo”, dijo antes de cortar.
Privado de su mejor aliado en la causa, La directora de Clarín y Magnetto se sintieron contra las cuerdas. En mayo de 2010, Arroyo Salgado apartó de la causa a dos de los seis abogados de la defensa de Ernestina Herrera de Noble y los denunció penalmente por prevaricato, un delito que tiene penas de uno a seis años de inhabilitación. Durante toda su actuación en la causa, Bergesio no se había dado cuenta de que Jorge Anzorreguy –hermano del jefe de la Side menemista– y Horacio Silva, defendían al mismo tiempo a la imputada, Ernestina, y a sus hijos adoptivos, que a los efectos de la causa son posibles víctimas. Los letrados venían haciendo presentaciones idénticas para una y otros, lo cual generaba un conflicto de intereses. “Ambas asistencias técnicas –señaló Arroyo Salgado– han efectuado presentaciones en forma concomitante con idéntico objeto y alcances, que sólo se distinguen por la identidad de los signatarios”. El ex camarista Gabriel Cavallo asumió entonces la defensa de la viuda de Noble.
Ese mismo mes, la jueza ordenó la toma compulsiva de muestras de ADN de Felipe y Marcela, mediante un allanamiento. Avisados por integrantes del mismo grupo de policías que iba a realizar el procedimiento, los dos jóvenes contaminaron sus ropas y enseres personales, por lo que los perfiles, al ser analizados en el Banco nacional de Datos Genéticos, resultaron inservibles.
Desde entonces y hasta ahora, los abogados de la viuda y de los dos jóvenes, han apelado todas y cada una de las medidas de la jueza tendientes a establecer la identidad de Felipe y Marcela. El circuito para cada medida es el mismo: la resolución de la jueza es apelada ante la Cámara, la de la Cámara ante Casación y la de Casación ante la Corte. De esta manera, las demoras se multiplican y la causa se estira constantemente. “Esto va a seguir así hasta que alguien les diga que no, porque hasta ahora, cada vez que apelan, se les eleva la apelación. Así se hace interminable, que es lo que ellos buscan”, dijo Pablo Llonto a Miradas al Sur.
La apuesta del Grupo Clarín es llegar a las elecciones de octubre sin que la causa avance. Apuestan – igual que con la investigación sobre la apropiación de Papel Prensa y la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –a que un cambio de gobierno les vuelva a dar poder de presión para cerrarla o cajonearla definitivamente. Es una apuesta tan desesperada como de improbable concreción. Mientras tanto, las chicanas judiciales se le van agotando. Al final del camino está la verdad. Una verdad que, más allá del dolor que pueda causarles, liberará a Felipe y Marcela del peso de un origen desconocido. Y a Ernestina Herrera de Noble la llevará a donde debe estar.
Fuente:MiradasalSur
E. de Carlotto: “Si se tratara de Juana Pérez, esto se solucionaba hace rato”
Año 3. Edición número 154. Sábado 30 de abril de 2011
Por Gisela Carpineta
Entrevista: Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo "La causa no se ha resuelto –dice la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto– básicamente porque la Justicia obró incorrectamente. Si bien el juez Roberto Marquevich, quien tomó hace 10 años esta causa, investigó, encontró los expedientes y serias irregularidades, detuvo a la señora Herrera de Noble y dio órdenes de inmediata acción para que se realizaran los análisis inmunogenéticos a Marcela y Felipe, esto fue perturbado inmediatamente por los abogados de la señora y el juicio que le hizo el Consejo de la Magistratura al juez Marquevich. Lo separaron y ahí cae Conrado Bergesio, quien a mi criterio es un delincuente porque ha cometido acciones innecesarias, haciendo la extracción de sangre en un lugar que no corresponde por ley, negando la obtención de ADN de la manera más correcta. Luego este juez fue desafectado y tomó parte la jueza actual que está actuando en consecuencia pero siempre con la perturbación de los abogados de la señora Herrera de Noble que dicen representar a estos jóvenes. La incorrecta actuación de la Justicia provocó esto que es inaceptable. Ya pasaron 10 años y aún no se sabe si son o no nuestros nietos. Otra cosa que se esconde detrás de todo esto es que hay un poder económico y mediático enorme. Seguramente si en vez de ser la señora Herrera de Noble era Juana Pérez, esto se solucionaba en tiempo y forma”.
–En el momento en que presentaron la denuncia, ¿creía que iba a dilatarse tanto?
–No, porque nosotros intentamos primeramente, hace muchos años, dialogar con la señora de Noble pensando en su inocencia y que habría adoptado dos chicos para darles amor y contención, desconociendo el origen. El recibimiento nos lo hizo Magnetto en dos oportunidades y en la segunda oportunidad lo que hizo fue chantajearnos. Dijo que nos revelaría quiénes eran las madres que habían abandonado los niños -él decía saberlo- si nosotras les dábamos los nombres de quienes denunciaron a la señora. A partir de ahí se cortó el diálogo, después los expedientes estaban perdidos, no se encontraban y los encontró el juez Marquevich. Todo fue una dilación en el tiempo pero nunca pensamos que esta persona podía ser lo que hoy sabemos que es, porque no necesitamos pruebas: es una delincuente, ha cometido un delito.
–¿Qué expectativas tiene de que finalmente se puedan realizar las extracciones de sangre?
–Ahora Casación tendrá que resolver. Lo que esperaríamos para que esto no llegue a la Corte es que la Cámara de Casación no haga lugar y que aparte dé instrucciones a la Justicia de que inmediatamente, ateniéndose a la ley, cite a las personas a la concurrencia. Aceptarán voluntariamente a entregar ADN –ya sea por saliva, cabello, ropa o sangre– o se lo deberá hacer compulsivo, como también determina la ley. Ahora estamos en un compás de espera.
Fuente:MiradasalSur
Alcira Ríos: “Los expedientes de adopción estaban totalmente armados”
Año 3. Edición número 154. Sábado 30 de abril de 2011
Por Gisela Carpineta
Entrevista: Alcira Ríos, abogada que presentó la primera denuncia judicial
–¿Recuerda lo que ocurrió el 30 de abril de 2001, cuando presentó el primer recurso por la causa Noble?
–La denuncia se realizó porque había numerosas denuncias anónimas y escritas que decían que los hijos que tenía la señora Herrera de Noble eran hijos de desaparecidos. En ese momento pensamos en una denuncia porque había una adopción plena de por medio y al presentar la denuncia saqué de archivo los expedientes de adopción de menores de edad. Cuando vimos esos expedientes y el juez profundizó la investigación, era evidente que estaban armados y se probó que fue una supresión de identidad. El acta de nacimiento de los chicos es directamente la de adopción por parte de Herrera de Noble, no tienen acta de nacimiento anterior y por ende no se sabía el tiempo exacto en el que habían nacido los chicos. Como era obvio que eran de 1976, lo que hicimos fue buscar aquellas familias más cercanas a esas fechas que figuraban de la aparición de los chicos. Luego de ver cuáles eran las familias que tenían posibilidades por la cercanía del mes o lugar, la abuela Miranda fue querellante en un principio –ahora la abuela falleció y sigue Carlos, su hijo- y el abuelo Gualdero. Pero cuando hubo que querellar se presentó la hija porque él también había fallecido.
–¿Qué expectativas tenían en ese momento de conocer la verdad?
–Teníamos muchas porque eran demasiadas las denuncias y además porque los expedientes de minoridad que facilitaron la adopción estaban totalmente armados. Felipe figura como que una madre lo va a entregar porque no lo puede mantener y en el documento que presentó resulta que esa mujer no existe, no existió nunca, y el documento es de un masculino muerto unos años antes. En el caso de Marcela, Herrera de Noble dijo que la encontró en el jardín de su casa de San Isidro en un canastito. Resulta que ella no vivía en San Isidro sino que la casa era de una amiga y se la prestaba cuando se iba a Europa. Además ella puso que la vecina fue testigo junto a su jardinero y resulta que el jardinero de la vecina no era otro más que su chofer de toda la vida.
–Teniendo en cuenta que son tan claras las pruebas, ¿por qué cree que se dilató tanto la causa?
–Porque está es una causa que está politizada, manoseada, no es una causa jurídicamente hablando. Después de ocho años empezamos de cero de nuevo. Es impensable pero es la realidad. Es sencillo, lo único que hoy falta es saber quiénes son, probar la identidad de los chicos porque todo lo demás está hecho. Si queremos dilatar la causa podemos hacer muchas cosas, seguir llamando testigos, pero la realidad es que la única y fundamental prueba es la del análisis.
Fuente:MiradasalSur
Alan Iud: “El poder de esa mujer”
Año 3. Edición número 154. Sábado 30 de abril de 2011
Por Gisela Carpineta
–Considero que el tiempo que lleva esta causa refleja lo que es evidente: el poder de Herrera de Noble, única razón por la cual no se ha resuelto aún. Si uno hace un repaso desde el inicio hasta la actualidad, hubo momentos donde la causa estuvo frenada dos o tres años, donde sólo hubo algunos pronunciamientos judiciales de tribunales como la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Por otro lado, desde el año 2002 está más que claro que es imprescindible realizar la extracción de sangre. Lo primero es eso, lo evidente del poder de esa mujer se ve reflejado en la causa al punto tal que cuando la discusión jurídica ya fue superada y saldada de modo favorable para las Abuelas de Plaza de Mayo, la Justicia ordenó dos allanamientos y en los dos se detectaron numerosas irregularidades que uno no puede evaluarlas sin tener en cuenta justamente el poder de la persona involucrada. En uno de los allanamientos la policía ingresó con más de una hora de demora, en otro con más de 10 minutos y se secuestraron diversos objetos personales pero que tenían varios perfiles genéticos. Esto hizo pensar a las partes, incluso la fiscalía lo pensó así, que pudo haber habido un sabotaje deliberado. Todo esto me parece que no se hace sin poder.
–¿Qué considera que puede ocurrir en los próximos meses?
–Nuestra expectativa es que se resuelva en un tiempo breve. Ahora la causa pasó a manos de la Cámara de Casación y tiene un plazo de 30 días. Yo entiendo que se estaría cumpliendo para mediados o fines de mayo y esperamos que se cumpla y que confirmen la orden de análisis obligatorio, con o sin consentimiento de Marcela y Felipe Noble, para que de una vez por todas se pueda saber si son o no son hijos de desaparecidos. En el caso de que esto fuera a la Corte Suprema, que también es una de las hipótesis, por supuesto que también esperamos que la Corte permita llegar a la verdad. Si hay voluntad de los jueces, esto se puede resolver en muy poco tiempo.
Fuente:MiradasalSur
Roberto Marquevich: “Lo inexplicable es que Ernestina siga en libertad”
Año 3. Edición número 154. Sábado 30 de abril de 2011
Por Gisela Carpineta
(GENTILEZA REVISTA VEINTITRÉS)
Entrevista: Roberto Marquevich, ex juez de la causa
– ¿En qué punto estaba la causa Noble cuando lo separaron de ella?
–La causa estaba en óptimo estado desde el punto de vista procedimental porque en ese momento se había ordenado el examen compulsivo de sangre, se había dictado el auto de procesamiento, se había llamado a indagatoria a la señora de Noble y se la había detenido como imputada directa del delito de sustracción de menores y apropiación de bebés.
–¿Por qué ordenó la detención de Ernestina Herrera de Noble?
–Porque todos los delitos por los cuales yo instrumenté el auto de prisión preventiva eran inexcarcelables y lo siguen siendo. Lo inexplicable es que sigue en libertad.
–¿Por qué considera que se dio esa situación?
–Porque se trata de la señora de Noble y no lo digo como argumento pueril. Hay que preguntarle a Abuelas todas las causas que tuvimos con idénticas circunstancias, que no sólo estuvieron detenidos con prisión preventiva sino que también fueron condenadas por mí. No era mi primera causa ni detención. Fui magistrado durante 17 años y pertenecí al Poder Judicial durante 36.
–¿Cree que por esa misma causa, por ser Ernestina Herrera de Noble, lo separan a usted?
–Claro. Lo hizo Ernestina acompañada por el Grupo Clarín. Por ejemplo, si yo me robo el auto del juzgado y además hago la causa y me echan por los dos motivos, usted puede decir: “Bueno, pero usted se robó un auto”. Y a mí no me destituyeron por otra causa más que por el caso Noble, por esa detención que consideraron irregular porque el Consejo de la Magistratura no tiene facultades para decir que es ilegal. A tal punto no es ilegal que la causa continuó y continúa todavía.
–A 10 años de esa presentación y con la cantidad de irregularidades que hubo, ¿cómo cree que continuará la causa?
–Acá hubo un personaje judicialmente siniestro que fue el juez que me reemplazó, Conrado Bergesio, al que recién ahora le han pedido un juicio político. Pero tuvieron que transcurrir diez años. Ocho años tuvo la causa y no hizo absolutamente nada. Obviamente nadie ignora que él formaba parte del “Camarón”, la cámara que juzgaba a los subversivos en la época del Proceso. Más claro imposible. Todas las personas que él nombraba como conjueces para que lo reemplazaran cuando él no estaba, José Garona, Roberto Durrieu, Rodríguez Varela, eran todas personas que formaron parte del Proceso militar. Yo todavía no puedo asimilar qué es lo que se le pasó por la cabeza al Consejo de la Magistratura. Supongamos que yo me equivoqué en algo, para eso existe una Cámara de Apelaciones, una Cámara de Casación, una Corte Suprema que puede corregir. Pero si yo veo que la causa sigue estando pendiente de resolución y yo no estoy más en la Justicia, no es sólo inequitativo sino que es inexplicable. La cantidad de irregularidades que hubo durante este tiempo es infinita. Yo me llevaba el expediente original a mi casa para que nadie pudiese tener acceso. Ahora la jueza Arroyo Salgado está haciendo lo que tenía que hacer Bergesio, pero no nos olvidemos que los abogados de Clarín son, por ejemplo, el doctor Jorge Anzorregui que es del estudio de Hugo Anzorregui que fue director de la SIDE. Ellos juegan con información, con conocimientos personales y de favores de los jueces, etcétera. De acuerdo a lo que yo creo, si hay un apoyo como el que existe de parte del Gobierno, tiene que haber una extracción compulsiva de sangre o de elementos. Naturalmente la causa tiene que progresar. Desde el punto de vista legal, el tiempo que pasó es inexplicable. ¿Cómo puede durar 10 años si las pruebas son claras y contundentes?
Fuente:MiradasalSur
Victoria pudo ser MarcelaEnviado por Gisela
Año 3. Edición número 154. Sábado 30 de abril de 2011
Por Laureano Barrera
Siento que soy yo misma, siento que pude volver– confiesa, del otro lado del teléfono, Victoria Montenegro.
Pudo volver. Porque Hilda Victoria –como la llamaron Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, militantes del ERP– fue siempre, pero desde los trece días de vida, el agente de inteligencia del Ejército que comandó el operativo en su casa de Boulogne, Herman Tetzlaff, la arrancó de su historia y durante 25 años había sido María Sol Tetzlaff.
–Me hago cargo de lo que pasó en esos años, no los borré, pero la verdad es que de María Sol no quedó nada– remata Vicki.
Tetzlaff, jefe de los grupos de tareas de El Vesubio, le contaba los detalles de los revientes a las casa de militantes, y también de sus muertes. Fue tan hondo el entuerto de su crianza –¿o cautiverio?–, tanto le envenenaron el deseo, que en el segundo semestre de 1999, con el resultado de los estudios de ADN sobre la mesa de un restorán, Victoria respondió con gratitud la confesión de Tetzlaff del asesinato de Hilda y Roque: sus padres.
–Quedate tranquilo, papá. Vos sos como un ángel que tiene la grandeza de criar al hijo del enemigo como propio– le dijo. Victoria evoca esas postales crudas, en las que su vida era “la Patria y la causa”, en una charla con Miradas al Sur:
–Una vez dije que si tenía sangre subversiva me cortaba las venas. Yo me sentía protegida por Herman, y ahora entiendo que lo que me inculcaban realmente era odio, no era otra cosa.
La verdad resultó un viento incontenible. Con el tiempo, Victoria entendió que su tragedia no habían sido los subversivos ni su guerra, y aún con sus contradicciones –“yo cuidé a Herman hasta el último día y no me arrepiento, porque lo hice con el corazón”–, reubicó la virtud y la vileza donde iban. Y el lunes pasado, cerró el círculo con uno de los testimonios más valientes y conmovedores que se haya oído: pudo volver.
Los Bergesios de Tetzlaff. La investigación judicial que la devolvió a su sangre, tiene grandes similitudes con la ya interminable causa Noble. La incapacidad de las víctimas de entender que son eso: víctimas. El papel ruin, de abogados defensores, al que los empujan sus (presuntos) apropiadores. Y sobre todo, la imperdonable dilación de los jueces y camaristas.
La causa de Victoria tramitó casi catorce años: la denuncia inicial de Abuelas fue el 29 de enero de 1988. Desde el 15 de septiembre de ese año hasta principios de los ’90, después de un conflicto de competencia, la causa fue instruida por Alberto Piotti, juez federal de San Isidro. Piotti ganaría notoriedad con la televisación de sus operativos más resonantes, en los que lucía la piel aceitunada de los soles de Punta del Este y las huellas de trasnoches en sus boites. Con el tiempo, se transformaría en un hombre incondicional de Eduardo Duhalde, que lo promovió a la diputación provincial primero, y ya como gobernador, a la Secretaría de Seguridad, donde dejó actuar a sus anchas a los capos policiales de la Maldita Bonaerense: el polaco Klodzik y el gordo Mario Naldi.
Victoria recordó el lunes –sin precisión– que a fines de los ’80, un juez de Morón mandó a llamar a Tetzlaff y sacó del cajón un expediente: “Las viejas ya están empezando a molestar”, le dijo. En diálogo con este semanario, la nieta corroboró que era el juez a cargo de la causa, y le agregó “que se quede tranquilo, que él la iba a manejar”. No recuerda su nombre ni su cara: eran épocas de Piotti, aunque no era juez de Morón sino de San Isidro.
Piotti ya tenía prontuario: promediando los ’90, era el juez que instruía las causas contra el Mayor Norberto Bianco y el ex Side Miguel Furci, que escaparon a Paraguay con niños apropiados días antes de que los detuvieran. Los querellantes sospecharon que la información se filtraba del juzgado, y lo denunciaron, aunque no pudieron probarlo. Durante la dictadura, Piotti fue secretario de Jorge Muller en la causa en que entregaron un hijo de desaparecidos a un amigo del juez, mientras sus abuelos biológicos reclamaban su tenencia.
Cuando asumió Marquevich, la causa empezó a moverse. Declararon los apropiadores y en 1993, María Sol se extrajo sangre. La muestra la excluyó de los Tetzlaff, pero no bastó para saber a qué familia pertenecía. En 1998, Tetzlaff fue detenido por falsificación de documentos, pero salió a los tres meses gracias a los abogados –ahora se sabe– que pagó el fiscal Juan Romero Victorica. En septiembre de ese año, el juez pidió otra muestra de sangre y como María Sol se negó, ordenó la toma compulsiva.
En diciembre, luego de una audiencia con la joven, la Cámara de San Martín –integrada por Jorge Barral, Hugo Fossati y Narciso Lugones– revocó la orden de Marquevich. Tetzlaff le había advertido a Victoria sobre la Cámara: “Uno es zurdo, y dos, de los nuestros”. Victoria se dio cuenta en aquella cita quién era quién: el zurdo era Lugones.
En 1999, el desarrollo de las técnicas del Hospital Durand permitió utilizar un remanente de la sangre original: se supo que María Sol era Victoria. El 13 de agosto de 2001, Marquevich condenó a Tetzlaff a ocho años de prisión y absolvió por insanía su esposa María del Carmen Eduartes. Victoria develó también, que cuando Marquevich encarceló a Ernestina, su apropiador y los abogados quisieron destituirlo, pero no se atrevieron. Sí Ernestina. Quizás sea esa la frontera entre la verdad y la mentira.
• Las trampas del fiscal
En su declaración del lunes, en el juicio por el Plan Sistemático de robo de bebés, Victoria Montenegro Torres consideró que era el momento de hacer público uno de los secretos de su familia apropiadora mejor guardados: que el fiscal de Casación, Juan Martín Romero Victorica, le filtraba información a Herman Tetzlaff sobre la causa judicial en la que se lo investigaba. “Él llamaba a casa y le daba información”, declaró. Agregó que el homicida decía que el fiscal apoyaba su “causa”, y pasaba tardes enteras en el quinto piso de Comodoro Py.
Paradojas de un Poder Judicial añejo, cuyos miembros empiezan a emerger con una complicidad manifiesta en la apropiación de bebés: Romero Victorica –que acopia una profusa jurisprudencia favorable a los miembros de las fuerzas de seguridad, como el pedido de nulidad para los condenados Jorge Bergés y Miguel Etchecolatz–, por el cargo que ocupa, deberá dictaminar sobre los análisis inmunogenéticos que deben resolverse en Casación en la causa de los Noble Herrera. También deberá intervenir el juez Gustavo Mitchell, que amenazó a Estela Carlotto –como lo denunció en su declaración pasada– cuando era juez de menores.
La revelación de Victoria despabiló mecanismos olvidados: el Procurador General, Esteban Righi, intimó a Romero Victorica a un plazo perentorio de cinco días para hacer su descargo, para luego dar intervención “al Consejo Evaluador”, que podría hasta podría requerir su juicio político. Además, se abrió una causa penal para dilucidar si el fiscal Romero Victorica, ayudó a Tetzlaff a eludir la justicia cuando se lo investigaba por apropiación de menores, más aún si, como sostiene Victoria, el Potro –que era íntimo de la familia apropiadora: católica, apostólica y cristiana- sabía cuál era la suerte que habían corrido sus padres.
Romero Victorica, estando investigado, debería apartarse: de lo contrario, podría ser causal de sanción administrativa y hasta de destitución. De lo contrario, desde Abuelas de Plaza de Mayo anuncian que lo recusarán.
Fuente:MiradasalSur
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