Los propietarios del Sheraton Mendoza hicieron la presentación en el Consejo de la Magistratura. Es porque los magistrados llevaron adelante una medida que los obligaba a pagar 100 mil pesos por día cuando la Justicia Federal ya se había declarado incompetente. Durante más de un mes debieron cumplir con esa multa. El dinero, finalmente, fue restituido.
Por Jorge Hirschbrand
Los nombres de los jueces federales mendocinos Otilio Romano, Julio Petra y Olga Pura Arrabal volvieron a dar vueltas por el Consejo de la Magistratura. Esta vez, por una denuncia para pedir el juicio político de los tres por mal desempeño de sus funciones en una de las causas vinculada con la conocida "guerra de los casinos".
El trío de magistrados, cada uno en su rol, convalidó un medida que estaba inoperativa e invadieron facultades propias del Poder Ejecutivo provincial. Se trata de una situación que también fue observada en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y por el juez federal Walter Bento, que una de sus resoluciones advirtió el riesgo existente de un conflicto institucional.
Olga Pura Arrabal, titular del Juzgado Federal 2, se hizo cargo de una presentación judicial hecha por la firma Nuevo Plaza Hotel Mendoza Limited, una de las accionistas del Hyatt Mendoza y con dirección en las Islas Caimanes.
La jueza justificó su intervención por tratarse de un actor extranjero. Y a partir de ese momento comenzó a instruir una denuncia que, básicamente, tenía que ver con el cuestionado 4 por ciento de la superficie que los hoteles de lujo en Mendoza podían destinar a salas de juego. Esa situación fue resuelta y subsanada por el Ejecutivo a través de un decreto que reglamentó de manera específica ese punto de la ley provincial 5.775.
El quid de la cuestión. En noviembre del 2008, Olga Pura Arrabal hizo lugar a la medida cautelar patrocinada por Nicolás Becerra, representante legal de Nueva Plaza Hotel Mendoza Limited. La jueza bajó órdenes al Gobierno provincial para instrumentar un sistema de medición del cuestionado 4 por ciento y prohibió que los hoteles Diplomatic, Sheraton e Intercontinental ampliaran sus salas de apuestas, sin importar si ya existían los permisos y las autorizaciones otorgadas por el Instituto Provincial de Juego y Casinos.
Ese fue uno de los puntos que originó la ira del secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán, quien se presentó en la Legislatura para denunciar que el Gobierno estaba siendo extorsionado por el Grupo Vila-Manzano, vinculado con el negocio del juego en Mendoza.
El agosto de 2009, tras diversos planteos de nulidad y pedidos de recusación, Arrabal se inhibió y el caso pasó a manos de Walter Bento. En cuestión de días, el juez comprendió que los hechos cuestionados estaban fuera de su jurisdicción y declaró la incompetencia de la Justicia federal para actuar en la causa.
Para esa fecha, la única empresa involucrada era CELA SA, propietaria del Sheraton de Mendoza, que a pesar de contar con las autorizaciones, no podía habilitar todas sus salas. Diplomatic no tenía casino e Intercontinental aún no inauguraba.
El expediente fue remitido a la Cámara federal, con Romano y Petra a la cabeza. En ese tribunal de alzada se confirmó la postura de Bento, pero, de manera sorpresiva, no sólo se dispuso que la cautelar siguiera vigente, sino que se amplió con la aplicación de una medida llamada "astreintes". Es una suerte de condena o multa económica en caso de desobediencia judicial, que contempla un posible resarcimiento a la parte demandante y que es aplicada generalmente por jueces de primera instancia.
Aún con la causa inoperativa y devenida en abstracta por la reglamentación de la ley de superficies para casinos, y a pesar de la declaración de incompetencia, este año la jueza Arrabal decidió volver a hacerse cargo y comenzó a aplicar las astreintes contra Sheraton por abrir su sala de juegos de calle San Juan. Durante más de un meses, CELA SA debió hacer un depósito judicial de 100 mil pesos por día.
Colapsados por el cuadro de situación, desde el hotel-casino 5 estrellas –a través de su abogado Gabriel Kemelmajer- solicitaron que la medida fuera suspendida porque no había ningún tipo de argumento jurídico que la sostuviera.
El 5 de mayo, también, según consta en los sellos de mesa de entrada del Consejo de la Magistratura, ingresó el pedido de juicio político hecho por Kemelmajer contra Romano, Petra y Arrabal. Con un hecho destacado: se pidió que Daniel Ostropolsky (miembro del Consejo) se excusara por tres hechos puntuales: por su amistad con el abogado denunciante; porque su hermano –Aldo Ostropolsky- estuvo vinculado a CELA SA, y, sobre todo, porque la jueza Arrabal nombró como empleada a una de sus hijas.
Este diario intentó comunicarse con Olga Arrabal en el juzgado al regreso de su licencia. Sin embargo, las respuestas dadas por sus empleadas Silvina, Agustina y Fernanda fue la misma: "La doctora está encerrada en su despacho, en una reunión y no se la puede interrumpir".
FuentedeOrigen:ElSolDiario
Fuente:Agndh
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