Por Gastón Grisoni (*)
6.5.11
Engendrada a raíz de dicho desacato, continúa vigente precisamente debido a las presiones y amenazas que ejercieron toda vez que se intentó anularla.
Desde el momento en que tomó estado público la intención de los parlamentarios oficialistas de proceder a eliminar dicha ley en la actual legislatura, comenzó una nueva operación política y mediática para evitar su eliminación.
Esta operación multifacética, seguramente orquestada desde el spa 5 estrellas de Domingo Arena, a través de los centros militares que hacen de punta de lanza con sus exabruptos, con el concurso de sus voceros políticos oficiosos, con el respaldo doctrinario de algunos académicos de siempre, con el apoyo de los medios de comunicación que como Búsqueda han destinado, desde hace meses, a sus principales editorialistas a incentivar y darle vuelo intelectual y poético a dicha campaña, santificados por Monseñor Cotugno, está en plena ejecución, golpea, hace dudar, se nota.
La ley de caducidad es una vergüenza institucional.
La ley de caducidad supedita al Poder Judicial, un órgano del Estado supuestamente independiente, a las decisiones que previamente adopte el Poder Ejecutivo para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el proceso cívico militar. Por lo mismo violenta el sistema republicano de gobierno de nuestro país, asentado en tres poderes independientes desmejorando la calidad de la democracia uruguaya.
La actual Suprema Corte de Justicia ya ha establecido desde el 19 de octubre del año 2009 para el caso Nibia Sabalsagaray que dicha ley es inconstitucional y ha mantenido su criterio en dos casos posteriores que se pusieron a su consideración.
Mientras no se elimine del ordenamiento jurídico vigente dicha norma, el Estado de derecho uruguayo mantendrá una ley absolutamente incompatible con el republicanismo que se proclama.
La ley de caducidad es una vergüenza nacional.
Tal como fue engendrada, la ley de caducidad es una amnistía no encubierta para todos los funcionarios militares y policiales que cometieron desapariciones, asesinatos, secuestros de niños, torturas y graves violaciones a los derechos humanos dentro y fuera de las fronteras nacionales.
Los delitos que se amnistían a través de la ley de caducidad son delitos muy graves, tanto para las normas internacionales como nacionales, aunque el sistema judicial uruguayo aún no lo haya asumido cabalmente.
Por haber sido cometidos por funcionarios y agentes del Estado que tienen el cometido específico de proteger los derechos humanos, estos delitos son considerados crímenes de Lesa Humanidad que no pueden ni deben ser amnistiados y que además son imprescriptibles igual que los crímenes del nazismo.
Mantener vigente la ley de caducidad es absolutamente incompatible con el respeto y el acatamiento de las normas internacionales de derechos humanos por parte de nuestro país. Como señala muy claramente la Declaración Universal aprobada en 1948: “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” y el desconocer las normas internacionales destinadas a protegerlos, va en el mismo camino.
Una mentira flagrante.
Debido a la existencia de una sola papeleta, la afirmación de que en octubre de 2009 el pueblo uruguayo votó en contra de la anulación de la ley de caducidad es una mentira flagrante de los sectores reaccionarios del país para encubrir ante la opinión pública su defensa del mantenimiento de la ley de caducidad, aunque lamentablemente fue asumida en forma insensata y cómoda por muchos actores sociales y políticos.
Vale la pena recordar que en el mismo acto electoral el pueblo uruguayo votó mayoritariamente a favor del candidato que en su plataforma electoral anunciaba la anulación de dicha ley. La ciudadanía en comicios incuestionables votó masivamente en contra de aquellos candidatos que por razones familiares o políticas, siempre estuvieron comprometidos con la impunidad para quienes avasallaron las instituciones democráticas y cometieron los crímenes más aberrantes que conoce la historia de nuestro país.
La historia ya los condenó.
Las FFAA y su actuación durante el proceso cívico-militar ya han sido condenadas por la historia y por la ciudadanía en reiteradas oportunidades. Mientras continúen reivindicando su actuación, justificando o minimizando sus crímenes, negando el inexcusable arrepentimiento público, ocultando la información sobre el paradero y el destino de los detenidos desaparecidos y se nieguen al pedido oficial de disculpas que corresponde, seguirán siendo cómplices de lo actuado ante la opinión de todos los ciudadanos y continuarán transitando el camino de la marginación y del desprecio social hacia la institución por el cual sus mandos han optado desde el regreso a la vida institucional.
La movilización y la lucha fueron y son el camino.
El procesamiento y encarcelamiento, con todas las garantías del debido proceso, habidas y por haber, de algunos de los asesinos seriales más emblemáticos, la presentación en los juzgados penales de militares vinculados a los crímenes de Lesa Humanidad que ya ha comenzado y se acentuará en las próximas semanas son señales de salud democrática del país y de las grietas que en el muro de la impunidad han logrado la movilización de los familiares y de las organizaciones sociales que representan a los diferentes universos de víctimas del Terrorismo de Estado con el apoyo del movimiento sindical que claramente ha comprendido la importancia de este tema para construir un país digno. La lucha del Pit-Cnt al respecto ha sido un factor importantísimo para que la anulación de la ley de caducidad siga vigente en la vida del país.
Un proyecto mirando el futuro.
Desterrar la ley de caducidad del ordenamiento jurídico vigente, en el marco de las disposiciones legales que hacen al Estado de derecho, es un requisito imprescindible para herir de muerte a la cultura de la impunidad, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, para afirmar la democracia y construir un país de primera.
Es precisamente desde la opción de construir un país plenamente democrático hacia el futuro, con justicia social, que se reclama la eliminación de la ley de caducidad. Es inevitable, además, que en dicho proceso surjan tensiones, conflictos, amenazas, chantajes y extorsiones de la misma manera que las patronales que apoyaron el golpe y fueron su sostén, se encabritan ante todas las iniciativas que benefician y favorecen a los trabajadores. Esto está en la tapa del libro.
Implementar la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.
La ley de caducidad impide y obstaculiza que las víctimas de los crímenes de Lesa Humanidad puedan ejercer plenamente su principal derecho consagrado por las normas internacionales y nacionales: a la verdad y a la justicia. El cumplimiento a cabalidad de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es la hoja de ruta que Uruguay debe recorrer para construir un país donde haya paz, justicia, verdad, memoria, reparación integral y plenas garantías de Nunca Más Terrorismo de Estado. Aunque no sea fácil, aunque haya tensiones y conflictos.
COHERENCIA
Por Constanza Moreira |*|
Una mentira dicha mil veces termina transformándose en verdad, decía el ministro de propaganda de Hitler. Y si no hubiera sido por el permanente ejercicio de la memoria llevado a cabo por las víctimas del Holocausto, la inexistencia de los campos de concentración (¡sostenida hasta hoy!), hubiera podido ser sostenida y quizá, quién sabe, hubiéramos olvidado este genocidio. Fue la lucha de entonces, y la de ahora -jurídica, política y especialmente cultural (libros, películas, conferencias, etc.)- que llevaron a cabo generaciones y generaciones, para no olvidar. Esto es lo que hace hoy del nazismo una aventura irrepetible. La memoria. La lucha por no olvidar lo que pasó.
Mentiras repetidas que parecen verdad
También nosotros hoy estamos en la lucha por mantener viva la memoria. Igual que ellos. Por eso nos empeñamos en rebatir una y mil veces la hipótesis de la "guerra", la tesis de los dos demonios, y por eso luchamos por construir cultural, política y socialmente la idea de que hubo "terrorismo de Estado", y que a escala uruguaya, fue gigantesco. Pero no por los asesinados, ni siquiera por los torturados: lo que fue gigantesco fue el costo social de la dictadura. Nos ha convertido en lo que hoy somos: con todos estos miedos, con toda esta resignación, con toda esta cola de paja. Es por estas razones, y no por otras por las que la anulación de la Ley de Caducidad da tantas vueltas que tiene a todo el mundo confundido. Y esta es la razón por la que, cuando parece que el fin de la impunidad comienza, como una lucecita tenue, a iluminar al fin del túnel, tenemos otro tropiezo. Otra declaración en la prensa. Otra vuelta atrás. Hay miedo, y a no confundirnos: es mucho lo que está en juego. Por eso cuesta.
Por eso hay tantas mentiras repetidas con apariencia de verdad. La primera, la más repetida, es la de que "violentamos" la voluntad popular al impulsar esta ley en el Parlamento. Y que desconocemos dos plebiscitos. Error: uno fue un plebiscito y el otro una derogación. En la derogación, la voluntad popular se expresó: 58% de los uruguayos prefirieron mantener la ley. El otro, fue un plebiscito para anularla, veinte años después: 48% dijo que quería anularla. No alcanzó. Nos faltó un 2% para llegar a lo que la Constitución quiere. Pero esa es la voluntad popular: la que no alcanzó. No la otra, la del 52% que se mantuvo en silencio y del que no sabemos si quería mantener la ley, si se abstuvo, o si prefirió simplemente no votar. Eso no lo sabemos, no lo sabremos nunca. Y el silencio no es nunca expresión de voluntad soberana. Porque la voluntad soberana, desde la revolución francesa hasta nuestros días, es activa. Cualquier jurista lo sabe. Y esa es la razón por la que nunca los abogados se pronuncian sobre esto, porque ellos bien saben que decir que la "voluntad del soberano" ratificó la ley en octubre de 2009 es una mentira. Una mentira repetida tantas veces que se ha transformado en una verdad a la que, en su buena fe, mucha gente adhiere.
Otra mentira repetida es que el FA perderá las elecciones si vota la ley. Y que la única garantía de que no se violen los derechos humanos, es que haya gobierno del FA. Primero: el FA no perderá las elecciones si vota la ley. El FA perderá o ganará las elecciones por un conjunto de cosas, tantas y tan diversas, que politológicamente es imposible identificar hoy, cuando faltan aún cuatro años, qué peso tendrá la candidatura, el desempeño del gobierno, o la situación económica, que son las cosas que definirán la elección (y no la votación de la ley interpretativa, claro). Pero se dice, y se repite, y alguno se lo cree. Claro está que este mismo argumento no valió para la aplicación del IRPF: medida antipática si las había, y con varias encuestas de opinión advirtiendo: no hay cosa que disguste más a la gente que que le metan la mano en el bolsillo. No sólo pagamos costos electorales por el IRPF, sino que, además, se advirtió sobre su inconstitucionalidad, y se llevó adelante igual (y fue declarado inconstitucional en el caso de los pasivos). ¿Acaso en ese momento le tembló la mano al gobierno para implementarlo? Parece que la suerte electoral vale como argumento para algunas cosas, y no para otras.
No, no es el gobierno del FA el que va a asegurar que los derechos humanos se respeten. Esto es creer demasiado en la "voluntad de los hombres" y, por usar a Artigas, veleidosa es la voluntad de los hombres, sólo el freno de la ley puede cambiarla. Lo que va a asegurar derechos son las leyes y las normas. Los grandes gobiernos, como el primer batllismo, se caracterizaron por dejar un conjunto de leyes "de avanzada" que le cambiaron la historia a este país. Como lo será esta, de ser aprobada, para las generaciones que vengan.
Otra de las mentiras repetidas que se ha transformado en verdad, y más aun cuando a la mayoría los asuntos jurídicos le resultan un embrollo imposible de entender, es que esta ley es un "mamarracho jurídico" y adolece de vicios de "inconstitucionalidad". La única ley que es un mamarracho jurídico es la Ley de Caducidad. Por eso la Suprema Corte de Justicia la ha declarado inconstitucional, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos la mandó sacar (sí, es correcto: la tenemos que eliminar por mandato de la Corte). La ley interpretativa tiene problemas, como todas las leyes. Y puede ser recusada por inconstitucional, como todas las leyes. Pero no es un "mamarracho": en ella han trabajado nuestros mejores juristas, y han puesto el empeño muchos de los partidos, grupos y personas del Frente Amplio. La hemos ratificado en el Plenario del Frente ya dos veces. ¿Por qué de pronto ahora aparecen soluciones mejores? ¿Cualquiera que venga y nos proponga una solución "mejor" saldremos corriendo a escucharlo, y abandonaremos el camino tan costosamente construido hasta aquí? Coherencia, compañeros. Es una virtud política esencial. Y más en tiempos difíciles.
La "solución Risso"
Recientemente hemos escuchado hablar de una nueva solución jurídica propuesta por un profesor de la Universidad Católica. Básicamente propone derogar la ley, y que el Poder Ejecutivo por decreto anule los actos anteriores en los que dijo que tal o cual investigación estaba comprendida en la Ley de Caducidad. Esta supuesta solución, para el FA es una trampa mortal. Y esto no tiene nada que ver ni con el jurista que la propuso, ni con la calidad de lo que propone.
La ley interpretativa que votamos en el Senado es infinitamente superior a esta solución, aunque tenga problemas. Pero la trampa mortal es hacer que el FA cambie de posición, otra vez. Y anule lo que el Plenario decidió. Y luego pedirle nuevamente disciplina en cámaras para votar la derogación (que, claro está, también "violaría al soberano"). Y dejar, al igual que en la Ley de Caducidad, que sea el Poder Ejecutivo quien diga, discrecionalmente: esto vale, esto no vale. Por si faltara poco, tampoco resolvemos lo de Gelman, y entonces habrá que inventar alguna cosilla "ad hoc" para resolver lo que la Corte Interamericana nos mandó.
Esta no es una solución, es una trampa. Y es la estocada final, no sólo al espíritu, ya tantas veces jaqueado, de quienes quieren poner fin a la impunidad, sino al propio Frente Amplio, en la forma en que lo conocemos. Esto sólo tiene costos y ningún beneficio. El único, colateral, es que el gobierno salga bien parado de haber impuesto su principio de "autoridad". Pero ya no podrá hacerlo. En primer lugar, porque fue el Poder Ejecutivo el que mandó el primer proyecto de ley. En segundo lugar, porque el gobierno dijo que estaría a lo "que la fuerza política decidiera". En tercer lugar, porque ya no hay tiempo ni circunstancia política favorable para ejercer el principio de autoridad.
La marcha atrás, las dilaciones, las postergaciones, las declaraciones ambiguas, las señales de la "interna" de las FFAA, el llamado a un nuevo plenario, la aparición de "nuevos elementos" (¿cuáles?, ¿la opinión de juristas de las universidades privadas?, ¿la especulación sobre el posible fallo de la Corte?), sólo confunden más y crean un peligroso clima de opinión, en especial cuando el gobierno está en el medio. Mal cálculo para los que lo proponen. El gobierno se debilita, metiéndose en el medio y generando "ruido". Debe dejar que la fuerza política continúe adelante con el plan ya acordado. La coherencia, ahora, es la única actitud posible. Coherencia y firmeza. Coherencia con lo que se acordó y firmeza para sustentarlo. No más aplazamientos. No más soluciones "de última hora".
El FA se debilita si hay marcha atrás. Y hay interesados en que eso suceda: los que preferirían un partido de líderes y electores (con una buena tecnoburocracia capaz de gobernar el Estado), sin molestos comités, plenarios, coordinadoras, y toda esa parafernalia de "bases" que han hecho del FA lo que es, aunque funcionen mal. Pero ese cálculo está mal hecho pues, ¿quién va a asegurar que los líderes no se devoren entre sí? ¿Qué la cooperación venza sobre la competencia? ¿Que los individuos obedezcan lo que las mayorías resuelvan y no se "corten" por sí mismos? Hasta ahora, la única argamasa que mantuvo todo unido fue esa estructura, pesada, envejecida y burocrática, pero garantía de que las decisiones se toman entre muchos, y no en el conciliábulo de unos pocos. Y que las decisiones colectivas no pueden ser "bypasseadas" por unos pocos poderosos. Sí, eso es lo que representa el Plenario, y por ello debe ser preservado.
|*| Senadora de la República.
FuentedeOrigen:La República Fuente:Agndh
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