Extradición
Por Luís Britto García
Extradición es el procedimiento en virtud del cual un acusado o condenado de un delito según la ley de un Estado, es privado de su libertad en otro y regresado al primero para ser sometido a juicio o expiación en él.
Nadie otorga la extradición por supuestos delitos políticos, porque éstos sólo son tales en el país fuera del cual está el acusado. Según afirma Irureta Goyena, “en el Estado a cuyas leyes se ampara, el delincuente político no representa un peligro; y en el Estado de cuyos gobernantes se escapa, no existe justicia que le ofrezca garantías”.
Ésta es regla universalmente aceptada en el Derecho Internacional. Así, la Convención sobre Asilo Territorial de la OEA 1954 en su artículo 3 pauta que “Ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos o delitos políticos”, mientras su artículo 4 estatuye categóricamente que “La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos”.
También nuestro Derecho interno excluye en forma terminante la extradición por motivos políticos. Al respecto establece el Código Penal de Venezuela en su artículo 6: “La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana. La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana. La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los tramites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de estos, por las leyes venezolanas. No se acordara la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua. En todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del extranjero, antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de justicia”.
Interpol no puede tener ingerencia en estos casos, ya que según el artículo 3 de sus Estatutos,”Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”.
Ejercer actividades de divulgación e información no es delito, ya que según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Tampoco la divulgación de opinión e información está calificada como delito en Venezuela, ya que el artículo 57 de nuestra Constitución pauta: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.
Para quienes fueren molestados por ejercer tales actividades, el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: “1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”. El derecho de asilo puede ser invocado ante cualquier país perteneciente a la ONU. Divulgar información y opinión no es delito común, ni acto opuesto a propósitos y principios de dicho organismo.
En el mismo sentido, el artículo 69 de nuestra Constitución establece que “La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”.
El artículo 271 de dicha Ley Fundamental añade que “En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos”. De donde se concluye que sí puede ser negada la extradición de los extranjeros no responsables de dichos delitos, y debe ser rechazada la de quien no sea culpable de ninguno.
Al respecto exige la Constitución, “El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil”. De donde se infiere que no puede haber extradición sin debido proceso público y con garantías de defensa. El artículo 44 de la Ley Fundamental requiere que “Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará, además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia”, para que el cónsul pueda activar los mecanismos de defensa de su compatriota que estime pertinentes.
El Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 398 dispone que “Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se halle en territorio de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud a la Corte Suprema de Justicia con la documentación recibida”. Si el gobierno solicitante no ha presentado la documentación, se podrá detener cautelarmente al indiciado sólo hasta sesenta días continuos, tras los cuales será liberado si dichas pruebas no han sido presentadas. Para el caso de que sean aportadas, el artículo 402 ejusdem pauta que “La Corte Suprema de Justicia convocará a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado. A esta audiencia concurrirán el imputado, su defensor y el representante del gobierno requirente quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, la Corte Suprema de Justicia decidirá en un plazo de quince días”.
Preferiblemente, la documentación aportada no debe consistir en textos extraídos de supuestas computadoras mágicas a prueba de bombas, confesamente obtenidas mediante una agresión ilegal, en las cuales según el mismo informe de Interpol se han contaminado los contenidos después del decomiso, y en cuyos archivos, según Álvaro Uribe Vélez, también constarían supuestas pruebas de que el presidente electo de Venezuela sería narcotraficante y terrorista. Interpol no es árbitro del mundo, para estar asignando a capricho boletas rojas que violan Declaraciones Universales de Derechos Humanos, Constituciones y tratados.
Según la Convención sobre Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, los Estados se comprometen a conceder asilo humanitario y no pueden ni deben devolver por la fuerza a un refugiado a su país de origen si ello representa un peligro para él.
No lo digo yo: lo dicen las leyes y los tratados, que en Venezuela expresan la soberana e irrenunciable voluntad del pueblo. El que en otros países no exista Estado de Derecho no es razón para que éste deje de existir en Venezuela. Una sola violación de una norma no condena un sistema, pero debe ser corregida antes de que se convierta en norma la violación.
Secuestrar a un comunicador social inocente de todo delito común y entregarlo por la fuerza a un país del cual no es nacional; a un país donde fueron asesinadas su esposa y cinco mil copartidarios; donde en tres años se cuentan más de 38 mil desaparecidos y más de tres millones de desplazados forzosos por operaciones militares ciertamente representa un peligro para él, y para quienes confiamos en que constituciones, leyes y derechos humanos eran más que últimas palabras.
Fuente:Argenpress
martes 10 de mayo de 2011
Carta Abierta a la Venezuela Bolivariana
Hay señales muy fuertes de que el gobierno bolivariano de Venezuela ha caído en la trampa de colaborar con el de Colombia en la criminalización de luchadores/as solidarios/as con la causa libertad, la paz con dignidad y la emancipación social de ese hermano país, azotado desde hace cincuenta años por una guerra sucia implementada desde el poder con el padrinazgo de EEUU. Entre ese conjunto “penalizable” he sido ubicado por la perversa alianza colombo-estadounidense.
La hostilidad del régimen colombiano ha sido sistemática de un tiempo a esta parte y en ese sentido hace unos cuantos meses recibí informaciones de muy buena fuente en la que se me advertía del riesgo de viajar al exterior a través o hacia países que no ofrecieran garantías de rechazo a las pretensiones colombo-estadounidenses de capturarme para procesarme o asesinarme, según las circunstancias. Algo similar se fraguaba -y se fragua- contra otros/as camaradas.
Específicamente, en vista de ese empeño reforzado, se me recomendó que evitara toda escala intermedia en mis viajes a Venezuela y que adoptara cuanta prevenciones fueran necesarias, aun en caso de hacer uso de vuelos directos, sin escalas, a ese hermano país; dando por sentados los vínculos de solidaridad y las identidades revolucionarias existentes entre nuestro Movimiento Caamañista y las fuerzas que gobiernan en Venezuela.
Auto-restricciones
Agradecí profundamente ese gesto y me esmeré en reforzar mis determinaciones en ese plano con el apoyo de mis hermanos/as de lucha:
Obvié un viaje a El Salvador a raíz de ser invitado en enero pasado al homenaje al comandante SchafiK Handal, amigo y camarada entrañable.
No asistí este año al Seminario Internacional “Los ¨Partidos Políticos y Una Nueva Sociedad”, realizado el pasado mes de marzo en México con el auspicio del Partido del Trabajo (PT) de ese país.
Me excusé ante los camaradas del partido “Primera Línea” de Galicia, que recientemente me invitaron a sus Jornadas Independentistas.
En síntesis: en este primer cuatrimestre del año en curso me limité a viajar directamente a Caracas a finales de marzo para participar en dos actividades: el Seminario “Solo Marx” (organizado por la Alcaldía de Girardot-Maracay y por el Frente Alfredo Maneiro) y al Homenaje a Manuel Marulanda (auspiciado por el Capítulo Venezolano del Movimiento Continental Bolivariano-MC, cuya Presidencia Colectiva coordino).
Ese viaje se realizó sin mayores problema, aunque si con algunas señales que no auguraban todas las garantías convenidas, lo que me obligó a tomar precauciones adicionales y a procurar respaldos complementarios.
Nuevos riesgos
Pasadas algunas semana, nos encontramos ante el estremecedor apresamiento en el aeropuerto de Maiquetía-Caracas y la extradición al vapor a Colombia del camarada Joaquín Pérez Becerra, director de la agencia de prensa Anncol, miembro de la Asociación Bolivariana de Comunicadores (ABC), nacionalizado sueco y perseguido bajo la acusación de “terrorista”; acción represiva instrumentada sobre la base de argumentos falsos y estigmas similares a los que ha esgrimido contra mí y otros dirigentes revolucionarios de nuestra América y el mundo el régimen narco-paramilitar-terrorista de Colombia, apadrinado por la CIA y el MOSSAD. Todo esto concertado con el gobierno venezolano por iniciativa del presidente colombiano Manuel Santos.
La asociación entre las altas jerarquías civiles y militares de los gobiernos de Venezuela y Colombia para consumar ese hecho bochornoso, no necesita mas evidencias. La colaboración fue admitida por ambas partes, incluidos los presidentes de ambos países.
Y no se trata de un hecho aislado, sino que ciertamente se inscribe dentro de un convenio de mayor alcance y profundidad en materia de seguridad intergubernamental, tal y como se colige de las declaraciones recientemente ofrecidas por el Ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera (APORREA 1-05-2011), quien al referirse a la captura y extradición de Joaquín precisó que “el gobierno de Venezuela, en un tema coordinado con el presidente Chávez directamente, nos ha respondido enviándolo a Colombia. Y nos han dicho que frente a cualquier información como esta que les demos, ellos van a responder de la misma manera”.
Esta afirmación de la parte colombiana hasta la fecha no ha sido desmentida y estuvo acompaña del anunció enfático de que el régimen colombiano desechó totalmente la salida política negociada al conflicto armado y actualmente persigue la derrota militar de la insurgencia, procurando el apoyo internacional para aislar y golpear las organizaciones político-militares. Todo esto en el contexto del abandono de hecho de la neutralidad por Venezuela y de su sumatoria a la persecución de los/as estigmatizados como “terroristas”.
Por otra parte, de nuevo he recibido informaciones muy consistentes que revelan la determinación de darle continuidad a esa colaboración colombo-venezolana y me alertan sobre las consecuencias represivas que podrían derivarse si en estas circunstancias decido viajar a Venezuela.
Antes de recibir esa información precisa de fuente absolutamente confiable, acompañada de la recomendación de no viajar a Venezuela, no fueron pocas las preocupaciones y las expresiones de alerta, que por pura intuición, me hicieron llegar amigos/as de aquí y de allá.
¿Ironía de la historia?
Estas cosas parecen –pero no son- de historia-ficción y en realidad tienen un impactante sentido irónico en el devenir de procesos con vocación revolucionaria.
Todo parece indicar que la plaza libre bolivariana, la Venezuela de Chávez, lamentablemente y de manera absurda, se está tornando cada vez más hostil frente a sectores muy consecuentes y muy comprometidos con la defensa de las esencias de ese proceso; esto es, contra una parte de sus mejores defensores/as en el exterior y al interior del mismo.
Así las cosas el principal oasis de la unidad bolivariana presenta ciertas señales de agotamiento, expresadas en negativa de abrazos solidarios y en contubernios utilitarios injustificables a favor de los protagonistas del Estado terrorista colombiano; aceptados ahora incongruentemente como aliados de ocasión pese a ser sus enemigos impenitentes.
Vinculado históricamente como estoy -como muchos otro/as camaradas- al esperanzador proceso iniciado por Chávez y el MBR-200 desde el mismo instante en que un divino “golpista” (entonces ferozmente estigmatizado por los mismos que hoy nos criminalizan y persiguen) pronunció la frase “por ahora”, esta situación me parece realmente paradójica.
Evidencias de repliegues e incoherencias riesgosas en el accidentado devenir de la revolución. ¡Ironía de la historia!
Disyuntiva y espera
En mi caso, dada esta situación difícil de digerir, estoy compelido en lo inmediato o a confinarse en mi “patria chica” (donde el costo político de extraditarme y/o asesinarme es inmenso y los medios de defensa son superiores), o asumir -si fuera necesario y me inspira hacerlo- el alto riesgo que implicaría viajar a Venezuela en estas circunstancias a cumplir compromisos latinoamericanistas o a participar en eventos organizados por fuerzas y entidades que aprecian mi concurso… sobretodo si el presidente Chávez y su gobierno definitivamente no ofrecen garantías inequívocas de que no volverán a producirse casos como el del camarada Joaquín Pérez.
La disyuntiva es fuerte, aunque no inminente.
A mi entender es posible y necesario esperar el desarrollo de los acontecimientos desatados por está agresión incalificable, que apunta serlo contra todos/as los penalizados por el DAS, la CIA y el asesino Santos. Ya antes guerrilleros de las FARC y el ELN y militante de la izquierda vasca fueron víctimas de esa política.
He sido invitado para participar en varios eventos a realizarse en Venezuela entre finales de mayo y principio de junio del año en curso.
Voy a medir bien la evolución de esta grave situación y la reacción del Gobierno bolivariano frente a mi caso y al de otros camaradas para actuar en consecuencia.
Procuraré defender con gallardía mis derechos y mis relaciones históricas con la revolución venezolana, evitando ser innecesariamente víctima de la imposición de las “razones de esos Estados” o pieza sacrificable en el ajedrez del mal llamada “real política”. Lo haré en todos los casos similares.
Mediré muy bien mis pasos refugiándome sobretodo en la razón de la política revolucionaria frente a espurios intereses de estados y gobiernos.
No evadiré riesgos que el interés general del movimiento y mis íntimas convicciones me reclamen como válidos. Nunca los he evadido.
Cierto que la confianza se agrieta y no por decisión propia, si no a causa de ingratitudes e inconsecuencias desgarradoras de ciertos protagonistas de un proceso transformador que hemos defendido y seguiremos defendiendo con entereza y valor, pero sin canonjías, sin in-condicionalidades ni pleitesías.
Quienes la rompieron son los llamados a restablecerla, modificando rumbos y actitudes reñidas con el internacionalismo consecuente, principios valiosos y ética revolucionaria.
Esperaremos sin precipitarnos las señales del proceso y de la vida para tomar otras decisiones más puntuales.
Creo que al actuar de esta manera estoy no solo interpretando mi sentir y mis convicciones, sino la de todas (as) los injustamente penalizados(as) por esa escoria que gobierna en Colombia y en EEUU.
Somos luchadores(as) de largo aliento, combatientes de por vida, persistentes en la idea de que la justicia, asumida como causa colectiva, habrá de abrirse paso contra viento y marea, contra calumnias, estigmas y atropellos.
Creemos decoroso rebelarse en caso como éste y ante cualquier violación de derechos, abuso de poder o compromiso indigno; aun cometido por conductores meritorios y líderes apreciados.
Nuestra rebeldía esta vez tiene una fuerte carga de tristeza, aunque no tanta como para anular nuestro persistente combate por la alegría.
Es triste pensar en la Venezuela bolivariana como “tierra prohibida”.
Muy triste, pero –insisto- esa tristeza no tiene poder para cerrarle el paso a nuestra lucha por la felicidad, el bienestar común y la belleza humana. Me resisto a creer que esas nobles metas no serán alcanzables por ese bravo pueblo y por sus hermanos solidarios del mundo, como también las rectificaciones que de inmediato le abran espacio al diálogo, a la confianza y a la armonía; sin deponer identidades y sin sacrificar la diversidad que enriquece la vida.
¡Bolívar Vive! ¡Caamaño vive!
Narciso Isa Conde Coordinador del Movimiento Caamañista (MC) y de la Presidencia Colectiva del Movimiento Continental Bolivariano (MCB)
Fuente:Argenpress
martes 10 de mayo de 2011
El ministro Izarra destituyó a la directora de La Radio del Sur, Cristina González por no sumarse a la censura en el caso Pérez Becerra
COMUNICADO DEL COLECTIVO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA RADIO DEL SUR
Periodista y Directora de La Radio del Sur, Cristina González:
El ministro Izarra la destituyó por no sumarse a la censura por el caso Pérez Becerra.
Ante la destitución de la presidenta de La Radio del Sur, el Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de La Radio del Sur, reunido en asamblea, emite el siguiente comunicado:
1) Rechazamos la destitución de la profesora Cristina González, como presidenta de La Radio del Sur, cargo que ocupó desde mayo de 2010, decisión comunicada vía telefónica este lunes 9 de mayo por el Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Andrés Izarra, quien informó que en su lugar se nombraría a la periodista Desireé Santos Amaral.
Consideramos irrespetuosa y denigrante la forma en que la profesora González fue separada de su cargo, sin ninguna explicación ni formalidad alguna, conducta que no es coherente con los principios socialistas.
Como trabajadoras y trabajadores, protagonistas principales de la Revolución Bolivariana, sentimos además que con esta decisión se atropella también nuestra partipación en un proceso que está llamado a cambiar la cultura verticalista y antidemocrática que está reñida con el socialismo, ya que ni siquiera fue consultada nuestra opinión.
No ponemos en duda la autoridad del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, como líder de la Revolución Bolivariana, para realizar cambios en las direcciones de sus ministerios y entes adscritos, pero consideramos que la forma elegida por el ministro no es la correcta.
2) Pensamos -ya que desconocemos el motivo por el cual fue destituida de la presidencia de La Radio del Sur- que esta decisión no es contra la figura y el trabajo de la profesora Cristina González, sino contra el proyecto de comunicación alternativa que venimos construyendo las trabajadoras y los trabajadores de La Radio del Sur, y que en algunos temas y procesos ha sido vanguardia informativa, en Venezuela y en Latinoamérica.
No desconocemos que existen intentos de sectores reformistas dentro de la Revolución a los que les incomoda la sola visibilización de la lucha de nuestro pueblo, de los logros que consiguen en la dura batalla contra el burocratismo y el oportunismo; de la exposición del ejercicio de la autocrítica, no como mera referencia retórica, si no como práctica revolucionaria; de la construcción de una comunicación alternativa dentro del Sistema Nacional de Medios Públicos, en donde las fuentes de la noticia son el pueblo organizado, los movimientos sociales y políticos, además de los funcionarios del Gobierno Nacional.
3) Ante esta situación, el Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de La Radio del Sur, convoca a la compañera Santos Amaral a contin uar con el proceso participativo en la dirección de la emisora, junto con las trabajadoras y los trabajadores en la toma de decisiones administrativas y editoriales, que ha sido característico desde el inicio de este proyecto inédito de comunicación para la liberación de nuestros pueblos.
“De la autocrítica surge siempre la fuerza para el reimpulso” Hugo Chávez Frías
Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de La Radio del Sur
Marcela Cornejo Zamorano
Jessica Dos Santos J.
Gerardo Szalkowicz
Vanessa Gutiérrez
María Mercedes Cobo Echenagucia
Kevin Hernández
América Millán
Mercedes Medina
Victoria Torres
Ernesto García
Fredy Muñoz Altamiranda
Yanosky Verdi Pacheco
Carlos Echeverri Florez
Aarón D. Corredor Russi
Arlene C. Flores P.
Hernán Cano
Gabriela Gurvich
Daniel Santos
Marcos Salgado
Robert Linares
Ernesto J. Navarro
Ana Teresa Pérez Ferrer
Leticia Marinoni
Richard Osuna
Adhesiones: colectivodetrabajadores@gmail.com
Foto: Periodista y Directora de La Radio del Sur, Cristina González
Fuente:Argenpress
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