Documentos sobre más de 700 procesos que la dictadura militar inició contra otros tantos presos políticos, estarán disponibles en Internet para su consulta por cualquier interesado.
Por Javier M. González
Brasil nunca juzgó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y nunca se anuló la ley de amnistía de 1979Veintiséis años después del fin de la dictadura (1964-1985), Brasil está más cerca de conocer exactamente qué pasó en ese periodo, sobre todo en el episodio conocido como guerrilla de Araguaia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó a Brasil investigar la ejecución de unas 60 personas durante la represión que la dictadura llevó a cabo para acabar con este brote guerrillero, que actuó entre 1972 y 1975, en el triángulo que forman los Estados de Pará, Goiás y Maranhao. Todos los muertos permanecen oficialmente como desaparecidos.
Ahora, como consecuencia de la condena de la OEA, Brasil acepta formar una Comisión de la Verdad que investigue estos hechos. Brasil nunca juzgó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y nunca se anuló la ley de amnistía de 1979, a pesar de varios intentos llevados a cabo por organismos defensores de los derechos humanos y la Orden de Abogados de Brasil.
Coincidiendo con esto se ha sabido que documentos sobre más de 700 procesos que la dictadura militar inició contra otros tantos presos políticos, estarán disponibles en Internet para su consulta por cualquier interesado. Abarcan un período que va de 1961 a 1976 y se salvaron de su destrucción gracias a que fueron laboriosamente microfilmados por los defensores de los presos y enviados al exterior, con el apoyo de entidades católicas y protestantes.
El fallecido cardenal Paulo Evaristo Arns, cardenal de San Pablo, y el reverendo de la Iglesia Presbiteriana, Jaime Wright, tuvieron un papel muy destacado para el éxito de la operación, así como la ayuda financiera del Consejo Mundial de las Iglesias.
Fue la abogada Eny Raimundo Moreira y el bufete Sobral Pinto, de Rio de Janeiro, los que comenzaron a recopilar los documentos, aprovechando las 24 horas que el Supremo Tribunal Militar concedía a los defensores para examinar los documentos.
Para evitar que los militares destruyesen las pruebas sobre violaciones a los derechos humanos, las copias microfilmadas fueron enviadas a los EE.UU. donde quedaron bajo la custodia del Center for Research Libraries. Son, en total, un millón de copias de documentos y 543 rollos de microfilmes, que comenzarán a ser colgados en la página del Ministerio Pública Federal. Un proceso que estará completo de aquí a un año.
Desigual suerte, sin embargo, pueden sufrir otros documentos históricos, mantenidos hasta ahora como secretos, referidos a una historia más antigua. Son los referidos a la Guerra del Paraguay (1865-1870) y la incorporación del actual estado de Acre, que siendo originalmente boliviano, fue anexado a Brasil en 1903.
En 2009, el ex presidente Lula envió al Parlamento un proyecto para reducir el plazo de protección para documentos considerados ultrasecretos. Aprobado ya en el Congreso, al llegar al Senado el gobierno de Dilma Rousseff quiere que algunos permanezcan para siempre secretos. Los principales impulsores del cambio son el presidente de la Cámara y ex presidente de la República, José Sarney, y el también ex presidente (destituido por el Congreso por corrupción) Fernando Collor de Mello.
La Ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti, aseguró que el secreto no afectará a los documentos relativos a la dictadura.
El cambio de posición de la presidenta hay que entenderlo como una consecuencia de la amplia base que sustenta al gobierno en el Parlamento. Es por eso que el PT tiene que hacer concesiones al poderoso PMDB de Sarney. La Asociación Nacional de Periódicos (ANJ por sus siglas en portugués), denunció este intento de censurar los documentos oficiales, señalando que el proyecto debe ser aprobado tal y como salió del Congreso para respetar el amplio deseo de transparencia de la sociedad brasileña.
Fuente:NuevaTribuna.es
ONU pide a Brasil que investigue crímenes de la dictadura
14-06-11
El relator de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, reclamó a Brasil que investigue los crímenes cometidos por la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985, luego de que fueran remitidas a este país 7.000 páginas de documentos sobre los delitos del régimen.
El pedido tuvo lugar el mismo día que la presidenta Dilma Rousseff desistiera de autorizar, al menos por el momento, la apertura de archivos secretos del Estado brasileño sobre casos de violaciones de derechos humanos durante la última dictadura, lo que causó una polémica entre miembros del gobierno.
Méndez hizo la solicitud al comentar la repatriación de miles de documentos que estaban guardados en Suiza y que quedaron en poder de la Procuración Regional de San Pablo, una medida celebrada por organismos de derechos humanos.
“Tengo esperanza en que los fiscales y jueces brasileños honren estos documentos, usando los archivos para abrir procesos contra los torturadores”, dijo Méndez a la prensa brasileña, según reportó la agencia de noticias ANSA.
El Consejo Mundial de Iglesias envió a Brasil tres cajas con 7.000 páginas de documentos que entre 1979 y 1985 fueron remitidos a Suiza por dirigentes humanitarios liderados por el entonces obispo de San Pablo, Paulo Arns, y el reverendo protestante Jaime Wright, en el proyecto conocido como “Brasil Nunca Más”.
El Consejo Mundial de Iglesias, que patrocinó el proyecto, guardó los documentos que las Fuerzas Armadas dicen haber perdido sobre la represión ilegal durante la dictadura, además de contener cientos de relatos de presos políticos y torturados.
Brasil nunca juzgó estos crímenes a raíz de la Ley de Amnistía sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo en 1979.
Esta mañana, la ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvati, anunció que Rousseff decidió que los documentos secretos no serán abiertos.
La mandataria había respaldado un proyecto de ley que proponía liberar papeles secretos después de 50 años, pero aceptó revisar su posición tras los cuestionamientos del ex mandatario José Sarney, aliado del gobierno.
“Los documentos son parte de nuestra historia diplomática, no podemos abrir esos documentos; si no, vamos a abrir heridas”, declaró Sarney, presidente del Senado y uno de los principales referentes del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Analistas opinaron que Sarney quiere mantener ocultos documentos que pueden comprometer su pasado, especulación que él rechazó al afirmar: “No tengo nada que ocultar”.
Sin embargo, otros dirigentes oficialistas, como Marco Maia, presidente de la Cámara de Diputados, discrepan con el ocultamiento de esa documentación.
“La sociedad tiene derecho a conocer la historia, cuando mejor divulgada mejor, no veo ningún problema en ir liberando (documentos), no veo ningún problema”, sostuvo Maia.
Rousseff impulsa en el Congreso la conformación de una “comisión de la verdad” sobre los crímenes de la dictadura, a la que ella combatió en grupos de resistencia.
La mandataria estuvo presa casi tres años y fue víctima de torturas durante 22 días seguidos.
FuentedeOrigen:ElArgentino
Envío:CecilioM.Salguero
Ligan documentos de la represión con otros de las relaciones de Brasil con los países vecinos
Más presiones contra Dilma para que no difunda archivos secretos
Publicado el 19 de Junio de 2011
La apertura de archivos de la dictadura que podrían revelar información sobre el oscuro período de la represión no sólo en Brasil sino en todo el Cono Sur, tiene a mal traer al gobierno de Dilma Rousseff. La mandataria, que enfrentó una crisis política durante la cual perdió a su jefe de Gabinete, Antonio Palocci, tuvo una actitud que para muchos fue por lo menos ambigua en relación al tema de los Derechos Humanos entre 1964 y 1985, cuando los militares entregaron el poder a su principal aliado en la actualidad, José Sarney. En campaña prometió liberar toda la documentación pero en estas últimas semanas pareció sensible a la arremetida en su contra de los grandes medios en relación a la denuncia por corrupción contra Palocci. Finalmente, y ante la presión desde su partido y de sectores de la izquierda brasileña, dijo que no se mantendría el “secreto eterno” de los archivos.
Pero la situación, lejos de calmarse, volvió ayer al debate público tras la publicación del conservador Folha de São Paulo de presuntos cuestionamientos dentro del gobierno a la publicación de los meneados documentos. Así, el diario paulista desliza que “diplomáticos brasileños dejaron trascender su rechazo a la divulgación de los archivos sobre la Guerra del Paraguay, entre 1864 y 1870, debido a que esto puede afectar las relaciones bilaterales”.
En esa misma línea de alarmismo regional, Folha agrega que la desclasificación de papeles hasta ahora mantenidos en secreto implicarían generar controversias también con Bolivia, a raíz de la compra del estado de Acre a principios del siglo XX y con laArgentina, por información sensible sobre sus planes nucleares (ver aparte).
Al mismo tiempo, según el periódico, habría miembros del gobierno que verían con recelo “la liberación de papeles explicativos de los ejercicios militares realizados actualmente en las fronteras”, donde los uniformados son entrenados para combatir a un enemigo que puede ser alguno de los países limítrofes.
Pero el diario también pone algo de preocupación en boca de integrantes de las Fuerzas Armadas, que ya habían manifestado su oposición a la publicación de los archivos. En concreto, el rechazo esta vez hace foco en la información que mantienen bajo siete llaves sobre el accionar no sólo de los represores brasileños sino de todo el subcontinente en el marco del Plan Cóndor, que coordinó secuestros y asesinatos de luchadores sociales y políticos de la región en los ’70.
Otros de los capítulos considerados “sensibles” por diplomáticos y militares refiere a la compra, a principios del siglo pasado, del estado de Acre, que era parte del territorio boliviano.
Según se publicó a lo largo de la semana en varios medios brasileños, el Barón de Rio Branco, ex canciller y considerado como el “padre” de la diplomacia brasileña, habría consentido sobornar a funcionarios bolivianos para que cedan esa provincia de la región amazónica. <
Ansa
El plan nuclear brasileño y la relación con la Argentina
Publicado el 19 de Junio de 2011
Las fuentes brasileñas citadas por Folha consideran inconveniente abrir los archivos oficiales que contienen secretos nucleares, por entender que afectarían la relación con la Argentina, país con el cual se firmó en 1991 un acuerdo de revisión recíproca de instalaciones atómicas. En algunos documentos habría información sobre el desarrollo de tecnología nuclear desconocidas por la Argentina que se aplica en la construcción de ultracentrifugadoras, insiste el diario.
En 2004, el gobierno brasileño prohibió a los inspectores de la AIEA que accedan a las ultracentrifugadoras instaladas en la planta de Rasende, interior de Río de Janeiro, alegando que esa tecnología es “sensible” y afecta a la “soberanía nacional”. El hecho suscitó una polémica entre el gobierno del ex presidente Luiz Lula da Silva y la AIEA.
El tratado de confidencialidad de tecnología nuclear ABACC, rubricado por los entonces presidentes de Brasil, Fernando Collor de Mello, y Argentina, Carlos Menem, cerró años de desconfianza y carrera armamentista entre Brasilia y Buenos Aires, que se sumó a las tensiones en la década de 1970 por la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú.
El primer paso hacia la distensión había sido dado en 1985 por los ex mandatarios José Sarney y Raúl Alfonsín, y fue luego ampliado en 1988, al constituirse un comité permanente bilateral para asuntos nucleares.
Sin embargo, en 2005 el ex presidente y hoy titular del Senado, José Sarney, reconoció que tras firmar los acuerdos con Alfonsín para el fin de los ensayos atómicos, Brasil continuó efectuándolos en la Sierra do Cachimbo, estado de Pará, en la región amazónica.
Los actuales senadores Sarney y Collor de Mello, miembros de la coalición que respalda a Dilma Rousseff, se oponen fuertemente a la apertura de archivos ultra secretos. El Partido de los Trabajadores quiere que los documentos, aun los más delicados, sean públicos al cumplirse 50 años de su redacción.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
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