Están acusados de “abandono de persona agravado”
Caso Ferreyra: Garré apartó a otros cinco efectivos de la policía
Publicado el 30 de Junio de 2011
Por Néstor Espósito
Otros cinco policías fueron pasados “a disponibilidad” por el Ministerio de Seguridad como consecuencia de la investigación del crimen de Mariano Ferreyra. Se trata de los procesados por “abandono de persona agravado”, al haber supuestamente dejado librados a su suerte a los militantes del PO y los trabajadores tercerizados que el 20 de octubre del año pasado protestaban en el barrio porteño de Barracas, y que fueron atacados por una patota de la Unión Ferroviaria. La medida era previsible: desde el desembarco de Nilda Garré en Seguridad, y de Cristina Caamaño (primera fiscal de la causa por el homicidio de Mariano Ferreyra) como su segunda, cada policía procesado por un delito presuntamente cometido en el desempeño de su tarea es apartado preventivamente de la fuerza. Ello no significa la baja, ni que se altere la presunción de inocencia a su favor. Pero entretanto el ministerio optó por aplicar un novedoso concepto jurídico: “in dubio pro sociedad”, es decir “ante la duda, separarlos para tranquilidad de la sociedad”.
En esa situación quedaron Jorge Raúl Ferreyra, comisario de la División Roca; Luis Mansilla, comisario a cargo del Departamento de Control de Líneas; Rolando Garay, subcomisario de la Seccional 30a; Luis Echavarría, subcomisario de la Superintendencia Metropolitana y Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones. A ellos se suma el comisario mayor Hugo Lompizano, ex titular de la Superintendencia Metropolitana, en disponibilidad desde hace varias semanas.
Los procesamientos contra ellos, dictados la semana pasada por la jueza Wilma López, terminarán de aterrizar en las próximas horas en la Cámara del Crimen, que deberá revisar las apelaciones de sus abogados. Si los revoca, podrán pedir la reincorporación al servicio activo; si los confirma, quedarían en camino al juicio oral y público.
Entre tanto, el Tribunal Oral Nº 21 acelera los tiempos para celebrar el debate a fin de año. Ayer, los defensores de algunos de los detenidos propusieron medidas de prueba en el contexto de la “instrucción suplementaria”, previa al juicio. La iniciativa más audaz fue la del abogado Sergio D’Amico, defensor de Cristian “Harry” Favale, sospechado de haber disparado el arma que mató a Mariano Ferreyra. Pidió la declaración como testigo del intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez, quien habría presentado al ministro de Justicia, Julio Alak, a un testigo clave para identificar e imputar a su cliente. Las defensas empiezan a perfilar como argumento de defensa que existió una “politización del expediente”, que manipuló y forzó pruebas para incriminar a los detenidos.
D’Amico y su colega, Gustavo D’Elía (defensor de Gabriel Sánchez) reclamaron también una “reconstrucción de los hechos”, esperan demostrar que “varios testigos mienten”. El tribunal probablemente accederá al planteo, pero no en esta instancia sino durante el debate oral, deslizaron fuentes judiciales.
Fuente:TiempoArgentino
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