Año 4. Edición número 159. Domingo 12 de junio de 2011
Por Eduardo Anguita
La organización parapolicial fue la punta de lanza para crear el clima de caos que los ideólogos de la dictadura necesitaban para justificar el derrocamiento del Gobierno.
El 6 de julio de 1975, el diario La Opinión, fundado y dirigido por Jacobo Timerman, publicó una nota firmada por Heriberto Kahn que daba cuenta de una denuncia que tenía origen en el Jefe de Estado Mayor Conjunto de ese momento, Jorge Rafael Videla, y había elevado al gobierno de María Estela Martínez de Perón, en abril de ese año, una carpeta con detalles escalofriantes sobre el accionar de la Triple A. La misma carpeta fue entregada a la entonces Presidenta por el titular del radicalismo, Ricardo Balbín. Unos días después, el 11 de julio, Miguel Radrizzani Goñi presentaba una denuncia ante los tribunales en los que señalaba a José López Rega –por entonces, Ministro de Bienestar Social y Secretario Privado de la Presidencia de la Nación–, al comisario Rodolfo Eduardo Almirón –jefe de la custodia presidencial– y al comisario Juan Ramón Morales –jefe de Custodia del Ministerio de Bienestar Social– como jefes de la Triple A. La denuncia estaba basada en la nota de Kahn.
Antes de ir a los hechos, tremendos, vale la pena detenerse en el laberinto de relaciones. Videla era el jefe militar de la conspiración que se convertiría en el baño de sangre con 30.000 desaparecidos y denunciaba a la banda criminal que actuaba por entonces con apoyo de sectores militares en todo el país. Kahn escribía en el diario de Timerman, quien luego sería víctima de la dictadura pero que mantenía buenas relaciones con Videla y que apoyó el golpe del 24 de marzo de 1976. Kahn era periodista político y miembro del Servicio de Inteligencia de Ejército. Radrizzani Goñi era un abogado defensor de presos políticos. Almirón y Morales eran dos oficiales de la Policía Federal echados por lúmpenes y mafiosos y reintegrados por López Rega en 1974, que de cabo pasó a comisario general gracias a haber sido secretario privado de Juan Domingo Perón durante años en su exilio madrileño.
Los hechos se sucedieron vertiginosamente. La Justicia libró una orden de allanamiento en la Quinta de Olivos y encomendó la tarea al coronel Jorge Sosa Molina, jefe del Regimiento de Granaderos, encargado de la custodia presidencial. La descripción de lo que fue la búsqueda de esbirros y armas de la Triple A, más el intento de varios de ellos de entrar a la quinta Presidencial, fue escrita de modo brillante, por supuesto, por Heriberto Kahn. En cuestión de días fueron libradas las órdenes de captura contra López Rega, Almirón y Morales, quienes emprendieron veloz viaje hacia España, donde tenían algunos vínculos con la derecha franquista. María Estela Martínez de Perón le otorgó a López Rega un placé de embajador plenipotenciario. Eludió la Justicia mientras pudo, al igual que Morales y Almirón. Los tres están muertos pero la causa de la Triple A está viva y en manos del juez Federal Norberto Oyarbide. Muchos familiares de las víctimas de esa organización parapolicial quieren que no queden impunes esos crímenes.
Un poco de historia. El golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 fue encabezado por el general nacionalista –de ultraderecha– José Félix Uriburu. Buena parte de la clase media quería desterrar al Peludo, que no era otro que el presidente constitucional Hipólito Yrigoyen. Al tiempo, la oligarquía colocaba al general retirado Agustín Pedro Justo al frente del gobierno del fraude patriótico, con participación de radicales antipersonalistas, socialistas y demócratas. Es decir, los fascistas cumplían el primer ciclo, a caballo de una cierta o inventada indignación de sectores medios, y luego llegaban los dueños del poder, los que representaban el país agroexportador. Medio siglo después, el general Eduardo Lonardi era la cabeza visible del derrocamiento del presidente constitucional Juan Domingo Perón. Fue el 16 de septiembre de 1955 y Lonardi expresaba más a los sectores pro jerarquía católica que a los financistas y exportadores de carne y granos. Pero servía para darle cabida a los miles de comandos civiles que se alzaron –o simularon alzarse– en esos días de gorilaje despiadado. Duró 50 días al frente de la Casa Rosada. Tras él llegaba Pedro Aramburu, que expresaba muy bien a la coalición de intereses nacionales y extranjeros que recuperaba el timón de la Argentina y militarizaba la vida política, sindical, cultural y educativa del país. Una vez más, la derecha nacionalista catolicona tenía una efímera llegada al poder. Tan efímera como le resultaba útil al núcleo del poder económico y mediático.
La historia de la formación de la Triple A tiene que verse en esa perspectiva. Mientras les resultó funcional a crear clima de caos, quienes preparaban el golpe del ’76 dejaron hacer y, sobre todo, usaron sus servicios de inteligencia para matar adversarios y asustar a amplios sectores de la sociedad. El plan del golpe fue una relojería puntillosamente preparada. Al mes siguiente de la partida de López Rega, Jorge Videla, Emilio Massera y Héctor Agosti –jefes de las Fuerzas Armadas– se reunieron con José Alfredo Martínez de Hoz, quien era la cabeza civil del mayor intento de doblegar a la sociedad argentina.
Las bandas de la Triple A tienen una pata en las fuerzas armadas y policiales, pero también en muchos funcionarios de la ultraderecha peronista que tenía una importante parte del poder durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Muchos de esos funcionarios siguieron siendo políticos, incluso muchos se consideran víctimas de la dictadura 1976-1983. Ellos quieren, por supuesto, que no salga a la luz la crueldad de la Triple A ni la impunidad con la que mataron a centenares de personas en conexión con el Plan Cóndor.
La Argentina no compró la paz. La consigue y la consolida a medida que se profundiza en la verdad y la justicia. Todavía hay muchos ingenuos y bienpensantes que consideran que no vale la pena ahondar en las historias de la derecha lumpen y criminal. Y todavía hay muchos que no se dan cuenta de que la construcción de poder popular en una sociedad capitalista puede ser químicamente pura. El hecho de que 2011 sea un año electoral con una fuerza impresionante de las fuerzas nacionales y populares indica que la memoria sirve y mucho. Por eso, las historias de aquellos años 1974 y 1975 pueden ayudar a que no se repitan algunos males pasados. O, dicho de otro modo, a que la sociedad argentina pueda seguir avanzando en el quién es quién en la historia y en el presente.
Fuente:MiradasalSur
Rovira, el último jefe de la Triple A
Por Juan José Salinas
El ex policía murió en su casa. Estaba detenido por los crímenes cometidos por esa banda paraestatal.
El suboficial mayor escribiente de la Policía Federal Miguel Ángel Rovira, uno de los jefes operativos de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), parece haber muerto el pasado viernes 23 de julio. Miradas al Sur corroboró entre el vecindario de la calle Pasco al mil, en el barrio de San Cristóbal, que su ex mujer dijo haberlo encontrado muerto, al parecer a causa de una rotura de la arteria aorta. Sus restos fueron retirados por la tarde del único chalet de la cuadra, que lleva el número 1032.
El deceso del sicario recién fue anunciado el martes pasado por un vocero del juzgado de Norberto Oyarbide, que instruye la causa “Triple A”. El occiso tenía más de ’70, ya que había ingresado a la policía en 1959 como conscripto. Y seguía cumpliendo una supuesta prisión preventiva en su domicilio, donde fue dos veces escrachado por una asociación de vecinos de San Cristóbal que denunció repetidamente que salía de allí a piaccere.
Rovira es el cuarto y último jefe de la Triple A que muere en teórica prisión luego del subcomisario Rodolfo Eduardo Almirón, el comisario Juan Ramón Morales y el ítaloargentino Felipe Romeo.
Era Rovira uno de los cuatro jefes operativos de la Triple A, según denunció en diciembre de 1974 el escritor Rodolfo Walsh, por entonces militante del servicio de informaciones montonero. Bajo la conducción del ministro de Bienestar Social y secretario privado de la presidenta María Estela Martínez de Perón, los jefes operativos de las escuadras asesinas eran: Morales, jefe de seguridad del Ministerio de Bienestar Social; Almirón, jefe de la custodia presidencial; el comisario general Alberto Villar, jefe de la Policía Federal, y Rovira. Walsh, que dirigía una célula de militantes montoneros que eran a la vez policías federales, consideraba ya entonces que Rovira había participado en los asesinatos del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, el sacerdote Carlos Mujica, el profesor Silvio Frondizi y el ex jefe de la policía bonaerense Julio Troxler. Walsh envió sobres con su informe sobre los jefes de la Triple A a las redacciones de los diarios. Ninguno de ellos se atrevió a publicar una palabra.
Cuando a mediados de 1975 el abogado Miguel Ángel Radrizani Goñi presentó la denuncia que originó la apertura de la causa, Rovira figuró entre los presuntos organizadores de las escuadras de sicarios. Su relación con Morales y Almirón venía de lejos: desde 1962, cuando en la Brigada de Vigilancia de la División Robos y Hurtos formateada por el mítico comisario Evaristo Meneses participó de los asesinatos contra delincuentes con los que habían estado asociados, particularmente los miembros de la banda de Miguel Ángel El Loco Prieto. Sin embargo, la Federal siempre lo ayudó a disimular aquellas actividades, de las que sin embargo quedaron vestigios en las crónicas policiales.
También el subteniente retirado Horacio Salvador Paino aportó valiosa información, hasta el punto de que la Cámara de Diputados formó una comisión investigadora. Tras declarar que él mismo había sido uno de los organizadores de la Triple A por encargo de López Rega, Paino dijo que había caído en desgracia con ellos cuando se negó a ordenar el asesinato de Ortega Peña, que en el pasado había sido su abogado defensor. Paino identificó a Rovira como el jefe de la “escuadra B” de las ocho que conformaban el núcleo original de la organización. Aportó una foto en la que él y Rovira aparecían abrazados y sonriendo y dijo que ya entonces Rovira se jactaba de haber hecho “27 boletas” y acostumbraba ponerse encima cuantas svásticas y adornos nazis encontraba.
Cosido a balas. Un ex custodio del presidente Perón, el suboficial del Ejército Sebastián Castro, dijo que los custodios de López Rega, y especialmente Almirón y Rovira eran “tipos capaces de cualquier barbaridad. Decían: ‘hoy tenemos un trabajito’ y al otro día, seguro, aparecía algún cadáver por ahí”. El teniente coronel Felipe Sosa Molina, jefe del Regimiento de Granaderos encargado de la custodia de los presidentes, también destacó el poco disimulo de Almirón y Rovira por disfrazar sus incursiones nocturnas, tras las cuales invariablemente aparecían cadáveres acribillados. Y el ex edecán de Isabel Perón, el capitán de navío Aurelio Zaza Martínez, tras describir a Rovira como “un grandote que usaba una cadena de oro para prender su llavero, que le llegaba hasta la rodilla”, recordó que un día llegó a Olivos vistiendo un soberbio sobretodo de piel de camello, y que ante su comentario admirativo dijo que se lo había sacado a un hombre que había matado, enseñándole el zurcido que cerraba el orificio de bala.
Rovira fue uno de los seis miembros de su custodia que a mediados de 1975 acompañaron a López Rega a su exilio madrileño, pero poco después regresó a la Argentina. A diferencia de Morales y Almirón, que habían sido expulsados de la policía por ladrones y asesinos a comienzos de los ’70, Rovira permaneció en actividad hasta 1981. Y en 1997, acaso presentado por el teniente primero retirado José Ismael De Mattei, fue contratado como jefe de seguridad de los Subterráneos de Buenos Aires, concesionados por Metrovías.
Dependía del gerente Horacio Velazco, con quien según una denuncia hecha ante la justicia solía recorrer los andenes apuntando y “marcando” a los trabajadores díscolos con una pistola dorada que emitía un rayo laser rojo, a la par que se jactaba abiertamente de conservar la ametralladora Thompson con la que decía haber matado al padre Mujica.
Fuente:MiradasalSur
Los crímenes de la CNU: una deuda de la Justicia
Año 4. Edición número 159. Domingo 12 de junio de 2011
Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal
La detención, el mes pasado en la provincia de Córdoba, del ex jefe del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en La Plata, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, y la denuncia de un antiguo militante de la JP sobre el accionar de los grupos parapoliciales y paramilitares en San Miguel de Tucumán (ver La juventud maravillosa de la ultraderecha) parecen haber sacado del sueño que dormían desde hace años las investigaciones judiciales sobre los crímenes cometidos por esa banda de la ultraderecha peronista que operó amparada desde el Estado entre 1974 y 1976, proveyó de asesinos a la Triple A y, consumado el golpe, sumó a muchos de sus integrantes a los grupos operativos de la represión ilegal.
Una investigación en curso de Miradas al Sur permite reconstruir –a partir de diversas fuentes– los vínculos que, en la ciudad de La Plata, conectaban a la CNU con altos mandos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los grupos de la Triple A comandados por Aníbal Gordon y dos jefes militares del Regimiento 7 de Infantería, por entonces situado en el centro de la capital provincial. Además, este dominical no sólo ha identificado a la mayoría de los integrantes de la banda sino que también ha podido establecer sus participaciones en una serie de atentados, robos a mano armada, secuestros y asesinatos cometidos en La Plata y sus alrededores entre principios de 1974 y el 29 de abril de 1976. Parte de esa información está incluida en este artículo, y se desarrollará y ampliará en futuras entregas.
La banda. La Concentración Nacional Universitaria fue creada y adoctrinada por el latinista y profesor de Literatura del Colegio Nacional de La Plata, Carlos Di Sandro, y por Néstor Beroch, profesor del Industrial Albert Thomas, a fines de la década de los ’60. Se nutrió, en un principio, de integrantes del Movimiento Nacionalista Tacuara (MNT) y de su rama en los colegios secundarios, la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (Unes). Grupo de choque de la ultraderecha peronista en la Universidad, con una fuerte impronta antisemita, la CNU devino en una organización parapolicial a principios de los ’70. En sus grupos de tareas convivían estudiantes universitarios, policías y lúmpenes de pelaje variopinto. Su primera aparición en los titulares de los diarios ocurrió en diciembre de 1971, cuando un comando de la organización interrumpió a los tiros una asamblea en la facultad de Arquitectura de Mar del Plata y asesinó a la estudiante Silvia Filler.
En La Plata, el primer jefe de los grupos de tareas fue Patricio Fernández Rivero, quien también fue custodio de José Ignacio Rucci. Hay fotografías que muestran al sindicalista en dos actos de lanzamiento de la CNU a principios de 1970. A Fernández Rivero lo sucedió Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, secundado por El Sordo Arana. La banda estaba integrada, entre otros, por Juan José Pomarez (a) Pipi, Antonio Agustín De Jesús (a) Tony, Dardo Omar Quinteros, David Massota (a) Feiño, Gustavo Fernández Supera (a) El Misto, Martín Osvaldo Sánchez (a) Papucho, José Marcelo López, Ricardo Osvaldo Calvo, Richi Wolf, El Chino Causa, y los policías Vicente Ernesto Álvarez, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer, y Roberto Antonio Storni. Con ellos colaboraban el chapista Rubén Pacenza y el electricista Carlos Aníbal Giacobone, encargados de reparar los autos operativos y de modificar o reducir los vehículos que robaba la banda, ya fuera para utilizarlos en sus operaciones o para venderlos. Por lo general se movilizaban en dos o tres Ford Falcon y, en ocasiones, también con un Torino.
Castillo coordinaba los blancos de los atentados con el jefe de la Unidad Regional La Plata, comisario Masulli. Éste, a su vez, liberaba las zonas para las operaciones de la CNU a través del oficial inspector Garachino y el suboficial mayor Bilardo. La participación de los policías Álvarez, Lozano y Storni cumplía una doble función: por una parte, sumaba tres gatillos más al grupo operativo; por la otra, garantizaba tres “chapas”, que podían mostrar una credencial ante cualquier inconveniente con policías desprevenidos que los detuvieran. A esto, se sumaba otra credencial que identificaba al Indio Castillo como teniente del Ejército.
Los contactos de Castillo con el Regimiento 7 de Infantería fueron sus sucesivos jefes, los coroneles Mario Sila López Osornio, hasta mediados de 1975, y Roque Carlos Presti, desde octubre de ese año en adelante. A partir del golpe, Presti se transformó en titular del Área 113 y, como tal, controló los campos clandestinos de detención de la zona. Estas conexiones con la Policía Bonaerense y el Ejército ubican a la CNU dentro de la estructura del aparato terrorista del Estado, lo que califica a sus acciones como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
Con la Triple A. Hasta el momento, Miradas al Sur ha podido determinar la existencia de dos operaciones conjuntas del grupo operativo de la CNU con la banda de la Triple A comandada por Aníbal Gordon (a) El Viejo. El primero de ellos fue el fusilamiento de una persona en las afueras de Berisso a principios de abril de 1975. La orden de disparar la dio Gordon y el tiro de gracia estuvo a cargo de Castillo. El segundo, fue el asesinato del médico y militante político platense Mario Gershanik, la madrugada del 10 de abril de ese año. En esa ocasión, los grupos de tareas actuaron con cobertura policial: la calle 50, donde vivía el médico con su familia fue cortada por dos patrulleros. Participaron, entre otros, Aníbal Gordon, Jorge Hugo Dubchak (a) El Polaco, custodio de Lorenzo Miguel en la UOM, El Indio Castillo y El Sordo Arana. Gershanik fue fusilado con más de cincuenta disparos.
Días antes, el 7 de abril, la banda comandada por Castillo había secuestrado y asesinado a la actriz y delegada de los empleados del Hipódromo de La Plata, Luisa Córica, cuyo cadáver apareció cerca de Berazategui. De acuerdo con la información reunida por Miradas al Sur, de ese crimen participaron Castillo, Quinteros, Wolf, Massota, Sánchez, De Jesús, Lozano y Fernández Supera, entre otros. Con estos y/u otros integrantes –que Miradas al Sur ha podido identificar–, la banda también secuestró y asesinó a Emilio Méndez Paz, Enrique Rossi, a los changarines del Mercado Central Leopoldo Luna, Narciso Saavedra y Miño, Ismael Torrilla y Pedro Benítez; a Jorge Lopeire y a José Ruda, entre otros. El cadáver de Ruda fue volado con una carga de trotyl. La lista de víctimas que está en poder de Miradas al Sur es mucho más extensa.
Después del golpe del 24 de marzo de 1976, el accionar muchas veces por la libre de la banda liderada por Castillo dejó de ser conveniente para el plan sistemático de represión ilegal ideado por las tres armas. La política de la CNU y de la Triple A de desparramar cadáveres por doquier marchaba a contramano de la imagen de “orden” que querían transmitir los dictadores, que hicieron un sistema de la desaparición de personas.
En abril de 1976, el coronel Presti le hizo una curiosa advertencia al Indio: “Castillo –le dijo–, haga desaparecer a este Castillo de una vez. Al Castillo que se vaya a su casa, lo vamos a dejar tranquilo”. El jefe de la patota de la CNU desoyó la advertencia del jefe militar. Gran parte de la banda pagó las consecuencias poco después, el 29 de abril. Esa noche –en una virtual cama tendida por la policía y el Ejército– muchos de sus miembros fueron detenidos cuando intentaban secuestrar a su último blanco: el militante de la Alianza de la Juventud Peronista Juan Carlos El Vaca Arias.
Fuente:MiradasalSur
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