Anticipo del informe de la Comisión por la Memoria
En La Plata se registra la mayor cantidad de muertes en cárceles
En lo que va de 2010 hubo 55 casos sobre un total de 133
11.06.2011
El número de muertes en las prisiones bonaerenses se incrementó en 2010, y la jurisdicción platense conquistó un triste récord: sus cárceles reunieron la mayor cantidad de muertes. Se registraron 55 casos (42% de los 133 contabilizados en toda la Provincia, quince más que en 2009). El inquietante dato se desprende del informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria, que confeccionó un documento en base a los relevamientos del Comité contra la Tortura y ayer lo elevó al gobernador Daniel Scioli. El lunes próximo, será el turno de presentarlo, a las 11, en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, presidida por Eduardo Pettigiani, y a las 18 será difundido públicamente en un acto en el Pasaje Dardo Rocha.
El informe realiza una evaluación sobre las políticas penitenciarias, de seguridad y niñez en las provincia de Buenos Aires, y se detiene especialmente en las prácticas de las fuerzas de seguridad y las violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro: cárceles, comisarías e institutos de menores. Participarán de su presentación oficial Juan Méndez, Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañon, co-presidentes de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, director del Comité contra la Tortura y Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión.
En uno de los puntos salientes, al respecto de la situación carcelaria, el informe afirma que no obstante la construcción de nuevas cárceles y alcaidías, el nivel de sobrepoblación sigue siendo crítico. En este sentido, se detalla que el sistema aloja, prácticamente al doble de personas que podría alojar legítimamente (29.404 personas detenidas, cuando la capacidad del servicio penitenciario bonaerense es de 15.600 plazas).
Persecución a jóvenes. “En los casos de detención por averiguación de identidad -afirma además el informe-, los que más sufren la persecución policial son los de menores recursos y dentro de estos los que tienen de 14 a 25 años. El 88,4 % de las actas analizadas no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención y las que ensayan alguna justificación, utilizan términos vagos e imprecisos. En el 93,2 % de los casos no se puede establecer cuanto duró la privación de la libertad”.
En este sentido, se señala una encuesta realizada a la mitad de los jóvenes alojados en los centros cerrados de la provincia, que completa el panorama al señalar que pese a que la ley lo prohíbe, el 93% estuvo detenido dentro de una comisaría, el 22% en celdas junto con mayores de edad. El 32% permaneció detenido durante más de 12 horas, llegando en algunos casos a 48 horas. Y el uso extendido de la prisión preventiva, tal como consigna el informe, “no sólo es alarmante en las cárceles de adultos: el 72% de las plazas de encierro existentes en la provincia se utiliza para jóvenes con prisión preventiva”.
Violencia. El índice que más creció en torno a hechos violentos, en tanto, fue el de hechos de represión, que pasaron de 1.552 en 2009 a 1.765 en 2010. Paradójicamente las peleas entre detenidos descendieron de 3.633 a 3.570 hechos. Ante menos hechos de violencia se utilizó más represión.
En cuanto a las condiciones de detención y régimen de vida carcelario, la Comisión Provincial por la Memoria pone de relieve que “continúan siendo inhumanos y violan los derechos de las personas alojadas. Al hacinamiento y sobrepoblación se agregan deficiencias estructurales en los servicios (cloacas, agua, calefacción, instalaciones eléctricas, etc.) y regímenes de vida focalizados en el encierro excesivo”.
Se subraya que el colectivo de personas trans (travestis, transexuales y transgénero) es uno de los más vulnerables dentro de las unidades penales, al permanecer en unidades penales masculinas y constituyéndose sistemáticamente en víctimas de torturas, malos tratos y violencia sexual por parte de penitenciarios y detenidos. “No existen programas institucionales específicos ni criterios serios y fundamentados acerca de dónde deben estar alojadas y en qué condiciones”, se sostiene.
Por último, con respecto a la niñez, sobresale que el Sistema de Promoción y Protección de Derechos “aún presenta una debilidad estructural preocupante”. Es que, a cuatro años de su puesta en marcha, todavía no se ha designado el Defensor de los Derechos del Niño.
Fuente:Diagonales
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