Ese feo olor a Derechos Humanos
Publicado el 12 de Junio de 2011
Por Daniel Enzetti
Pese a Mauricio Macri, hace pocos días la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó definitivamente y por unanimidad la construcción de una escuela secundaria a pocos metros del sitio donde permaneciera durante la dictadura militar la Mansión Seré, uno de los centros clandestinos de detención más importantes del ámbito bonaerense. La norma, vetada por el jefe de gobierno PRO en enero, había nacido ideada como proyecto por un equipo técnico del municipio de Morón en 2008. Impulsado por el entonces intendente Martín Sabbatella, buscaba solucionar el problema de la falta de edificio que tenían tres establecimientos de la zona, pero sobre todo hacerlos funcionar orientados a los Derechos Humanos y al deporte, en un predio emblemático de once hectáreas transformado en campo de concentración luego del golpe de Estado de 1976, y que hoy cuenta con canchas de distintos deportes, pileta de natación, pista de atletismo, un enorme parque arbolado, vestuarios, salas de reunión, gimnasios y la Casa de la Memoria y la Vida, fundada por la comuna hace más de una década.
Los terrenos, que pertenecían al distrito porteño, fueron cedidos definitivamente a Morón en 2006, aunque con una cláusula que indicaba comunicar previamente a la Ciudad cualquier iniciativa de obras en su interior que fueran más allá de tres objetivos básicos: el desarrollo de actividades en la Casa, el uso del polideportivo y los trabajos de rescate que un grupo de 30 arqueólogos y antropólogos dependientes del municipio llevan a cabo para recuperar los restos de la Mansión, incendiada y dinamitada por la dictadura en 1978.
Lo que se sabe es la cronología pública de los hechos. Durante la segunda mitad del año pasado, los legisladores porteños Gonzalo Ruanova y Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) redactaron el proyecto de ley solicitando la modificación que permitiera la construcción del colegio, organizaron audiencias públicas con vecinos, profesores y alumnos, y lograron que todos los bloques (menos Marcelo Parrilli, del MST-Proyecto Sur) aprobaran la ley a mediados de diciembre pasado. En enero, con la Legislatura en receso por el verano, Macri vetó la decisión –que incluso había sido apoyada por el PRO sin ningún cuestionamiento–, pero no evitó el escándalo: hasta sus mismos legisladores tuvieron que reconocer el “malentendido”, y que el veto había sido firmado “rápidamente y sin mirar de qué se trataba”. En los próximos días, con la aprobación definitiva que (otra vez) todos los bloques avalaron el mes pasado, Morón llamará a licitación para levantar el edificio, que comenzará a tomar forma el año próximo.
Pero lo que no se sabe son las verdaderas razones por las cuales Macri le quiso bajar el pulgar a un proyecto que olía mucho a Derechos Humanos, e intentó boicotear haciéndose el distraído, desesperado por ganar uno de los distritos políticamente claves del país y poniendo como candidato de Morón a la intendencia a un joven ultramontano, a su vez esposo de su candidata a vicejefa para la reelección porteña.
Un verdadero perfil PRO. Ramiro Tagliaferro sigue los lineamientos de, lo que se dice, un perfecto cuadro PRO. Tiene 36 años, es licenciado en Ciencias Políticas de la ultraconservadora Universidad Católica Argentina (UCA), fue director de la Fundación Grupo Sophia (usina de “nuevos dirigentes” encabezada por Horacio Rodríguez Larreta), y trabajó en distintas campañas para el partido amarillo. No se sabe por qué, ya que en la zona oeste no ofrece ningún antecedente político, pero Macri lo marcó a dedo como candidato a intendente de Morón para las próximas elecciones. Tagliaferro es prolijo, viste remeras modernas, tiene el pelo armado y siempre se muestra sonriente. Su muletilla de campaña gira en torno a la seguridad. Es más: la seguridad es su obsesión. En cada programa que lo invitan, por lo general canales de cable locales y radios FM de poco alcance, aparece con anotaciones y registros que dan cuenta de antecedentes delictivos de los adolescentes, qué hacer con los pibes violentos, o cómo evitar la droga limitando el horario de los boliches. En la estación del ferrocarril Sarmiento y en varios puntos de la Autopista del Oeste, una enorme gigantografía con su simpática cara de joven promesa ofrece como principal propuesta de gestión abrir inmediatamente un “Registro nacional de violadores”.
Pero Ramiro, además, es el esposo de María Eugenia Vidal, ministra de Desarrollo Social designada por Macri como su compañera de fórmula para quedarse algunos años más en la Ciudad. La jugada de Mauricio para prohibir la construcción de la escuela en los terrenos de la Mansión fue un detalle.
En realidad, el objetivo, discutido en reuniones de campaña vinculadas con el distrito moronense, era ir cortando de a poco ese “tufillo a Derechos Humanos” que se respira en la región desde que Sabbatella asumió por primera vez en 1999, y dar una vuelta de campana que ponga las cosas en su lugar. Y a los pibes chorros en la cárcel.
Por otro lado, el veto estival había hecho agua por donde se lo mirara. La explicación del jefe de gobierno sostenía que el permiso para hacer el establecimiento “habilitaría una cesión de derechos sobre parte del predio a favor de terceros”. Una absurda mentira ya que la idea siempre había sido que la escuela fuera pública, dependiera de la provincia de Buenos Aires y se financiara con recursos ofrecidos por el municipio de Morón. “El deber del Poder Ejecutivo” pasa por “resguardar el patrimonio público de la Ciudad”, garabatea en el mismo veto a manera de excusa, argumento que también se cae por lo que se explica en el párrafo anterior. Curiosamente no fue la misma preocupación que tuvo Macri cuando estaba del otro lado del mostrador, en el lugar de empresario (ver recuadro), y como presidente del grupo Socma firmó con el ex intendente Juan Carlos Rousselot una mega obra de cloacas que estafó a casi un millón de moronenses, y de no haberse anulado hubiera significado la hipoteca de sus casas por el término de 22 años.
El centro clandestino. En realidad, lo que al macrismo le hubiera encantado impedir hubiese sido la cesión a Morón de todo el predio, denominado “Quinta Seré”. Algo que se le escapó, sencillamente porque no estaba en el poder en el momento del otorgamiento.
Las gestiones del municipio bonaerense para el uso definitivo, que se daba de hecho, arrancaron en 2002 con charlas entre Sabbatella y Aníbal Ibarra, y derivaron en el título de propiedad a favor de Morón cuatro años más tarde, con Jorge Telerman en la Ciudad.
En uno de los costados del terreno, la Mansión fue utilizada por la dictadura como Centro Clandestino de Detención (CCD) entre 1976 y 1978. La enorme casona había sido construida a mediados del siglo XIX por herederos de una familia francesa dedicada a la actividad ganadera, encabezada por Juan Seré, proveniente de la ciudad de Moncayol. Al morir Seré, la propiedad, que originariamente tenía 56 hectáreas, se fue subdividiendo, hasta que en 1949 la municipalidad de la Capital Federal adquirió el edificio de dos plantas dentro de las once hectáreas actuales.
En la década del 1970 fue utilizada por el Instituto de Previsión Social y como Casino de Oficiales de la VII Brigada Aérea de Morón, dependencia que finalmente ocupó las instalaciones después del golpe de Estado. Los represores bautizaron el CCD como “La Mansión” o “Atila”, lugar de cautiverio que operó bajo la responsabilidad directa de la Fuerza Aérea en la Subzona 16. La Mansión fue el eje central del diagrama de secuestros en la región, compuesto además por la enfermería del Hospital Posadas (“El Chalet”), la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), la I Brigada Aérea de El Palomar (“La Casona”) y la mencionada VII Brigada. Aparato represivo que también contó con el trabajo de las comisarías 1ª. de Morón, 2ª de Haedo y 3ª de Castelar.
El 24 de marzo de 1978, al cumplirse dos años del golpe, cuatro detenidos lograron escaparse del edificio, descolgándose con sábanas atadas desde uno de los salones del primer piso: Claudio Tamburrini, Daniel Russomano, Guillermo Fernández y Carlos García. La decisión inmediata de la dictadura fue trasladar a todos los secuestrados a otros centros, incendiar las instalaciones, y después dinamitar el lugar.
Con la vuelta de la democracia, y en el marco del Juicio a las Juntas, la casona fue reconocida por los sobrevivientes e identificada en los registros de la CONADEP. En ese contexto, el entonces intendente radical Norberto García Silva presentó un proyecto para la instalación de un polideportivo en el predio, pero en el decreto no había una sola línea sobre el uso del sitio como lugar de secuestro. Lo que motivó que, a pesar de los reclamos de vecinos y organismos de Derechos Humanos, las paredes fueran definitivamente demolidas y sobre ellas se instalara una cancha de fútbol.
Rousselot fue más allá, y al llegar a la intendencia en 1987 no sólo mantuvo los escombros, sino que además cerró el predio, y sin autorización del Concejo Deliberante ordenó levantar a pocos metros de la Mansión un chalet para uso personal: 200 metros cuadrados cubiertos, repartidos en dos pisos con recepción, dos salones para reuniones, tres baños, cocina y oficinas privadas. Lugar de esparcimiento privado y charlas con amigos, entre ellos miembros del equipo del entonces prometedor empresario Mauricio Macri, con el que intentó desarrollar negocios que luego le valieron primero la suspensión en su cargo, y finalmente su destitución definitiva (ver recuadro).
Un proyecto alrededor de la Casa de la Memoria. El colegio secundario programado en los terrenos de la Mansión establece el funcionamiento en el futuro edificio de la Escuela Media Nº 9 y las secundarias básicas Nº 17 y 29, que hoy no cuentan con sedes propias. El proyecto de Morón estudia integrarlo de manera formal a las actividades que desde 1999 se desarrollan en el predio, que además funciona como paseo de esparcimiento para miles de vecinos y opción para la actividad física de escuelas primarias y secundarias que no cuentan con instalaciones vinculadas al deporte.
Pero además, se intenta hacerlo en un sitio emblemático de los Derechos Humanos en la zona, por el trabajo de la Casa de la Memoria y lo que significa el denominado Proyecto Mansión Seré.
La Casa, aquel lugar donde Rousselot descansaba y que el próximo 1 de julio cumplirá once años, fue inaugurada en el año 2000 como sede de la Dirección de Derechos Humanos de la comuna, y lleva a cabo distintas actividades sociales y culturales, además de ofrecer servicios gratuitos, como asesoramiento jurídico en materia de apremios y abuso de poder de distintas fuerzas de seguridad. El proyecto, por otro lado, es encarado por un grupo de profesionales dirigidos por el municipio: arqueólogos, antropólogos, ambientalistas y arquitectos, que desde hace varios años trabajan en el descubrimiento y conservación de los cimientos de la Mansión, sus estructuras y un sótano que también servía de espacio de cautiverio, para poder ser exhibidos en el futuro a la comunidad.
La Mansión y su entorno está señalada como el primer espacio latinoamericano dedicado a recuperar la memoria emplazado en el mismo lugar donde funcionó un CCD. Y fue elegido por la Comisión Provincial por la Memoria como una de las patas del proyecto Jóvenes y Memoria, mediante el cual miles de estudiantes secundarios bonaerenses llevan a cabo todos los años distintos trabajos de investigación referidos al pasado reciente, que luego son expuestos en un congreso en la ciudad de Chapadmalal.
En septiembre de 2008, y por las tareas de recuperación histórica y documental, el municipio fue citado como testigo por la justicia federal (Tribunal Oral Nº 5 porteño) para aportar el resultado de las investigaciones que permitieron reconstruir lo que pasó en la Mansión durante la dictadura, y el sistema represivo en su área de influencia. La causa significó condenas de 25 años de prisión a los brigadieres retirados César Miguel Comes e Hipólito Rafael Mariani.
Fuente:TiempoArgentino
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