miércoles 22 de junio de 2011
Tensión social crece tras muerte en Perú
PL
La tensión social alcanza hoy niveles preocupantes en Perú, tras la muerte de un estudiante en disturbios registrados en la ciudad centroandina de Huancavelica, a 440 kilómetros de Lima.
A esos graves incidentes su sumó la pervivencia de varias huelgas generales en la región surandina de Cusco, contra las concesiones mineras y petroleras que, según los huelguistas, amenazan el medio ambiente.
El universitario Oswaldo Quispe, de 22 años, murió baleado por la policía, según testigos citados por radios de Huancavelica, sin que fuentes policiales quisieran hacer comentarios. La versión de los testigos indica que la policía abrió fuego y dio muerte a Quispe cuando los estudiantes atacaban la sede del gobierno regional, que fue parcialmente saqueada e incendiada.
En los incidentes hubo además 32 heridos de diversa consideración.
La protesta rechazaba la creación de una universidad en la provincia de Tayacaja, porque la medida mermará los fondos de la universidad de Huancavelica, una de las regiones de mayor pobreza extrema del país.
El reclamo llevaba varios días de protestas y una delegación de universitarios gestionaba en Lima audiencias para pedir a las autoridades que no recorten los fondos de su universidad para solventar a la de Tayacaja, sin ser escuchados, según afirman.
Entretanto, siguen sin resultados las negociaciones entre líderes indígenas aimaras de las provincias de Puno fronterizas con Bolivia y el viceministro de Minas, Fernando Gala, sobre la demanda nativa de erradicación de la minería y la actividad petrolera en sus territorios.
El líder del Frente de Defensa de esas provincias, Walter Aduviri, acusó de intransigencia al gobierno por no aceptar un análisis jurídico conjunto de los decretos que facilitaron una concesión minera a una empresa canadiense en la zona, cuya legalidad puso en duda.
Los aimaras rechazaron igualmente la propuesta del ejecutivo de condicionar esa concesión a consultas con la población adyacente a la misma, y señalaron que el retiro no es negociable porque está en juego la protección del ambiente, la agricultura, la ganadería y el Lago Titicaca.
El reclamo motiva una larga huelga que mantiene cerradas las carreteras a Bolivia y que comenzó el 9 de mayo, con un paréntesis de una semana para permitir el desarrollo de la elección presidencial de segunda vuelta, ganada el 5 de junio por Ollanta Humala.
Otras provincias de Puno, como Melgar y Azángaro, realizan protestas similares, también de rechazo a las actividades mineras y petroleras y el nuevo presidente ha prometido afrontar los conflictos con el diálogo.
La Asociación Interétnica de la Selva Peruana advirtió que Humala recibirá una situación social altamente conflictiva, en la que tendrá que hilar fino para resolver los problemas.
La Defensoría del Pueblo advirtió que el gobierno saliente de Alan García deja irresueltos 227 conflictos sociales, en su mayoría socio-ambientales y motivados por la presencia inconsulta de actividades mineras en diversas regiones.
Rolando Luque, funcionario de ese organismo, indicó a la prensa extranjera que, de ese total, 142 son activos y 85 latentes.
El presidente electo ha dicho también que es consciente de las expectativas e impaciencias sociales que motiva su elección, por lo que tendrá que atender el frente social apenas instalado su gobierno, el próximo 28 de julio.
Fuente:Argenpress
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