Año 4. Edición número 161. Domingo 26 de junio de 2011
Por Raúl Arcomano
Para las querellas ya se acreditó la participación de los siete imputados en el secuestro y desaparición del ex gobernador.
En silencio, ignorados por las agendas de muchos medios, los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado avanzan en todo el país, empujados en gran medida por los organismos de derechos humanos provinciales. Un ejemplo es el debate judicial por el asesinato de Miguel Ragone, ex gobernador de Salta durante la primavera camporista. Fue secuestrado el 11 de marzo de 1976 a tres cuadras de su casa por un grupo de doce hombres armados. Su cuerpo nunca apareció. El juicio empezó el 5 de abril y se estima que en agosto se conocerá el veredicto. Para los abogados querellantes ya está acreditada la participación de los siete imputados, que están acusados de ser los autores materiales, intelectuales y encubridores del secuestro y posterior desaparición.
Las audiencias se realizan semana de por medio. Es que el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Salta está conformado con jueces de distintas provincias que deben cumplir, además, con las tareas correspondientes a sus jurisdicciones. Ellos son: la jueza Marta Liliana Snopek; y los jueces Carlos Jiménez Montilla, de Tucumán, Luis Giménez, de Tierra del Fuego, y José Quiroga Uriburu, de La Rioja. Los imputados por el Tribunal son el ex jefe de la guarnición militar de Salta, Carlos Mulhall; el ex titular de la policía salteña, Miguel Gentil; y el jefe de Seguridad de la fuerza, Joaquín Guil. Se les suman Héctor Zanetto, que era vocero de la Triple A en la provincia; y los ex policías salteños Andrés del Valle Soraire, Pedro Herrera y Raúl Herrera.
Luciano Benjamín Menéndez se salvó, por ahora, de este proceso: el ex jefe del III Cuerpo de Ejército fue apartado del juicio por problemas de salud. Será juzgado más adelante por este caso. Menéndez ya suma seis condenas a prisión perpetua.
Dentro de esta misma causa también se investiga el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal, baleados ambos por ser testigos del secuestro del ex gobernador Ragone.
Mañana se realizará una pericia sonora. Es para determinar si dos policías que estaban a una cuadra del lugar donde chuparon a Ragone escucharon el tiroteo que se produjo durante el secuestro. Están acusados de omisión. Un día después, el martes, se exhumará el cuerpo del comerciante Arredes y así comprobar si aún tiene las balas que le dieron muerte. Y el jueves se espera la declaración del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Lo hará por videoconferencia.
Martín Ávila es abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Salta. Consultado por Miradas al Sur, hace un balance: “Ragone fue demonizado en la provincia, perseguido políticamente y cercado por las fuerzas represivas. Lo secuestraron porque era un claro enemigo del terrorismo de Estado. Hasta ahora, los testimonios que escuchamos en el juicio fueron contundentes contra los imputados. Creo que vamos por buen camino y soy optimista con respecto al veredicto”.
Nora Giménez fue militante de la UES y la JP en los ’70. Estuvo detenida durante la dictadura y hoy integra la Comisión Permanente por los derechos Humanos de Salta. Giménez recuerda a Miradas al Sur que en Salta, durante los 18 meses de gobierno de Ragone, “comienza a hacerse sentir la represión ilegal con el alevoso asesinato de quien fuera su jefe de policía, Rubén Fortuny. Las muertes de Fortuny y Ragone fueron producto de una venganza con aviso por los personeros del terrorismo de Estado”. “El terrorismo de Estado en Salta –agregó– funcionó de igual manera que en el resto del país. Ya se ha comprobado su existencia a través de la sentencia por la desaparición del escribano Bustos en Tartagal, la masacre de once presos políticos en Palomitas y ahora se va a probar que con anterioridad al golpe ya una gran parte del Estado era terrorista y luego del 24 de marzo todo el Estado se convirtió en terrorista. En las provincias, los personeros o patotas encargadas de llevar adelante los procedimientos eran los mismos antes y luego del 24 de marzo del ’76.”
Complicidad civil. También en este juicio quedaron en evidencia las responsabilidades civiles. En ese sentido, Giménez sostuvo que resta aún un paso fundamental sobre el juicio. “Es la sanción sobre la responsabilidad del ex juez federal Ricardo Lona, cómplice absolutamente necesario del asesinato de Ragone y de cada uno de los asesinatos y desapariciones del genocidio setentista en la provincia. En la voz de los testigos policías, su nombre y el de Joaquín Guil aparecen como recurrencias paralelas y necesarias para narrar los hechos y sus participaciones”, afirmó la ex diputada provincial. Por ahora, es responsabilidad de la Cámara de Casación Penal resolver las apelaciones de las querellas sobre –dice Giménez– “el alevoso proceso dilatorio que le es posible sobrellevar a Lona, gracias al acompañamiento cómplice de importantes sectores que concentran lugares de mucho poder en la Justicia Federal”.
“Ya tenemos probada la participación policial y militar en el secuestro. Guil se había salvado de los juicios anteriores. Pero logramos en el juicio acreditar su participación en el secuestro de Ragone. Guil, además, fue quien encabezó el secuestro de muchos de nuestro compañeros”, aportó a este diario David Leiva, abogado querellante.
El juicio empezó hace tres meses y se extenderá hasta mediados de agosto. Desfilaron más de 60 testigos. Muchos otros ya están muertos, por lo que sus declaraciones se incorporarán por escrito. “Sin embargo, el mayor tiempo de escucha se emplea en los muchos testimonios de policías ligados al gran poder que aún preso hoy conserva Guil, ex director de Seguridad de la policía de Salta en 1976. Los policías temerosos de la represalia de Guil, tanto como de quedar imputados en los hechos, tejen una y otra vez estrategias de escondite y disimulo que una a una son superadas por el fiscal y los abogados de la querella. Lo que dejan en claro, es que saben dónde está el cuerpo de Ragone y quienes entre los policías fueron los responsables de su destrucción después del asesinato”, señala Giménez.
Completa el abogado Ávila: “En el juicio va quedando claro cómo fue el secuestro y quiénes participaron. De lo que aún no hay indicios fuertes es qué pasó con el cuerpo. Esperamos que, con la condena, quizás alguno de los policías involucrados se anime a romper el pacto de silencio.”.
Fuente:MiradasalSur
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