También solicitaron la inmediata remoción del juez Pedro Ibánez, quien determinó la excarcelación de los represores Jorge D'Amico y Roberto Díaz, ahora prófugo de la Justicia.
Además de dicha excarcelación, Pedro Ibáñez dictó el "sobreseimiento definitivo concedido a los jueces de la dictadura militar, Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo Santillán (o “De Arzuaga”), sin haberlos siquiera indagado", según denunciaron las asociaciones de Derechos Humanos.
Esta decisión -que ya fue apelada- contraría la política nacional del Gobierno Argentino en materia de Derechos Humanos. En efecto, de acuerdo con esta política monitoreada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se acaba de dictar en Mendoza el procesamiento de un ex camarista de la dictadura. Se trata de Otilio Romano, quien fue considerado partícipe necesario de los crímenes dictatoriales por su conocimiento y jurisdicción en los casos.
El magistrado interviniente, Walter Bento, considera que el juez Otilio Romano de la Cámara Federal de Apelaciones fue "partícipe secundario" de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
A diferencia de ello, el juez designado específicamente para estas causas, Pedro Ibáñez, exculpa a dos personas que intervinieron y tuvieron conocimiento de las torturas, asesinatos y desapariciones de varios militantes políticos durante la dictadura, según numerosos testigos. En tal sentido, los organismos de Derechos Humanos consideran que "el sobreseimiento a imputados por delitos de lesa humanidad está proscrito por la jurisprudencia internacional". Debido a ello sus abogados apelaron la medida del juez ad-hoc santiagueño.
Muertes dudosas
Este juez, que fue designado por el excusamiento de la mayoría de sus pares, "al parecer fue puesto allí a propósito", según fuentes de Derechos Humanos. Ello para favorecer a los ex represores, por sus vínculos actuales con algunas ramas del Poder Judicial santiagueño.
Cabe recordar que Pedro Ibáñez fue denunciado durante el gobierno de "Nina" Aragonés de Juárez, por familiares de personas cuyas muertes tuvieron lugar en circunstancias dudosas. Algunos de los presuntos ejecutores de esas muertes eran integrantes de los servicios de "seguridad" de Musa Azar, por entonces participando en el gobierno de los Juárez.
Así, Ibáñez procesó como juez de crimen, entre otros, los siguientes casos, considerados de muertes dudosas:
"Doble crimen de los Flores". Suegro y yerno son asesinados por personas que irrumpen en una vivienda en la Localidad de los Flores. Según el archivo nacional de la CTA, "La investigación se encuentra viciada de nulidades por las improcedencias periciales".
"Reinaldo Marcial Banegas". Fue atropellado y abandonado en la vía pública. Fallece posteriormente tras un período de coma profundo. El expediente "se extravió" en la Brigada de Investigaciones de la (UR 1).
"Crimen del ganadero, Seggiaro Oscar". Fue asesinado con fines por las mismas personas que se autoincriminaron en la muerte de Patricia Villalba. Lo sometieron a una brutal golpiza y muere a consecuencia de ello. "La Justicia cometió graves irregularidades en la investigación" (Archivo CTA, Buenos Aires).
Pedro Ibañez tuvo bajo su férula también, durante el gobierno de los Juárez, el dudoso caso de suicidio del secretario del ex vicegobernador, Darío Moreno. Roberto Eduardo Charriol, secretario privado de Dario Moreno, apareció muerto de una manera extraña. Familiares del fallecido aseguraron que "desde el Poder Ejecutivo encabezado por Mercedes Marina Aragonés de Juárez, esposa del caudillo justicialista Carlos Arturo Juárez", se intentó mantener el caso en secreto.
La figura de Dario Moreno, trascendió a nivel nacional cuando, el 4 de junio último tuvo que renunciar debido a que dos de sus hijos fueron denunciados por su presunta participación en el doble crimen de La Dársena.
Presentación judicial
Luego de manifestar en la Plaza Libertad, los grupos movilizados marcharon hacia el juzgado federal, donde dos abogadas presentaron un escrito ante el Juez Federal de Santiago del Estero.
La posibilidad de que tanto el ex policía Roberto Díaz como el ex militar D'Amico se fugaran, habían sido advertidas al juez Pedro Ibáñez por organismos de Derechos Humanos. Pese a ello, este juez los liberó y ahora el ex policía se encuentra prófugo.
Las razones que la hija del represor fugado dio a la policía es que "teme por su vida". Ello en razón de "haber sido amenazado", según su hija "por el teniente coronel Werfil Herrera", quien presuntamente tiene miedo de resultar implicado por las declaraciones del represor policial prófugo.
Fuente:AgDyN
Envío:CecilioM.Salguero
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