“En el financiamiento de obras no hubo desfalco”
Junto a Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas, Bontempo respondió durante tres horas las preguntas de diputados de la oposición. Tras la sesión, conversó con Página/12. “No hay irregularidad en las obras ni en los pagos a Sueños Compartidos.”
Por Raúl Dellatorre
Luis Bontempo, subsecretario de Vivienda. “El control corresponde al municipio o provincia.”Imagen: DyN
Tras su paso por el Congreso, el subsecretario de Vivienda, Luis Bontempo, fue entrevistado por Página/12 sobre diversos aspectos denunciados por la oposición que involucran los planes habitacionales financiados por el Estado y, en particular, los realizados por la ONG Sueños Compartidos, de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo.
Frente a las denuncias de “sobreprecios y discrecionalidad en el otorgamiento de las obras”, Bontempo aseguró que “se respondió a los requerimientos con toda la documentación sobre la mesa, durante tres horas y sin ningún tipo de condicionamiento. Y pudimos demostrar que no hay ninguna de las irregularidades que se señalaron en estas campañas mediáticas”.
–¿Sirvió la reunión en la Comisión de Viviendas? ¿Se aclararon los puntos oscuros en relación a la financiación de planes de viviendas?
–Interpreto que fue una reunión positiva. Durante tres horas respondimos consultas de los legisladores sin condicionamientos. Los puntos oscuros tienen que ver con una campaña mediática en la que se dicen cosas sin ningún fundamento. Fuimos invitados, junto al ingeniero Abel Fatala, para hablar del financiamiento de proyectos de construcción de vivienda, y particularmente los otorgados al programa Sueños Compartidos, de la Fundación de las Madres. Lo más importante para nosotros fue poder aclarar que el Estado nacional no financió a la Fundación. No somos el comitente, es la provincia o el municipio quien contrata y quien tiene la responsabilidad de control. Nosotros siempre financiamos a la jurisdicción, no al constructor.
–Entre los diputados opositores, lo que más se repitió es que “los funcionarios se lavaron las manos y le echaron la culpa a municipios y provincias”...
–No nos lavamos las manos. Cuando hablamos de responsabilidad, nos referimos a lo que dicen los contratos.
–Pero hay cuestionamientos por la falta de controles, sobreprecios en la construcción de viviendas, manejo discrecional de las adjudicaciones...
–La responsabilidad del control es de la jurisdicción, lo que nosotros controlamos es el avance de obra cuando se presentan los certificados para el cobro. Tampoco puede haber sobreprecio, porque el costo por unidad de vivienda está predeterminado por el plan. Hay un precio tope que se debe respetar. En el caso de las obras financiadas por la Subsecretaría de Vivienda, con un plan que se puso en marcha en 2008, el primero que se presentó con un plan para solicitar financiamiento fue el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el proyecto de 780 viviendas en Castañares y General Paz.
–Es el plan que construye Sueños Compartidos, de las Madres. ¿El Gobierno de la Ciudad presentó el proyecto de las Madres? ¿No hubo licitación?
–Todo este plan es para erradicación de villas en todo el país. Se hace con organismos no gubernamentales (ONG), seleccionados por las jurisdicciones municipales o provinciales, que estén en condiciones de cumplir los requisitos que solicitamos. El plan del Gobierno de la Ciudad se presentó como respuesta a un incendio que destruyó la villa El Cartón y otro en la Villa 15 (su-doeste de la ciudad, área Soldati-Lugones-Bajo Flores). El proyecto se encaró con la ONG de las Madres. Sueños Compartidos ya había hecho el relevamiento de necesidades, cuántas familias lo necesitaban y con cuántos integrantes. Es decir, que de antemano se sabe quién hace la obra y quién es el adjudicatario.
–¿Y ese mecanismo no deja demasiado margen a la discrecionalidad?
–Son programas de inclusión social. La que presenta el plan es la jurisdicción. Detrás del Gobierno de la Ciudad vinieron Chaco, Santiago del Estero, Río Negro, Tigre, Almirante Brown. Cada distrito debe cumplir con las condiciones mínimas que exigimos para las viviendas y respetar un costo por unidad o por metro cuadrado para que otorguemos el financiamiento. Una vez otorgado, nuestra obligación es ir pagando la construcción a medida que se presentan los certificados de obra, que indican el avance de la misma.
–¿Quién presenta el certificado de obra?
–La jurisdicción debe aprobarlo antes de ser presentado. Cuando lo recibimos en la subsecretaría verificamos el avance de obra y si está en orden, se paga.
–¿En el caso de la obra de Castañares, con Sueños Compartidos y el Gobierno de la Ciudad, se siguió ese procedimiento?
–Exactamente. No hubo excepción.
–¿Qué costo tiene esta obra?
–Un costo inicial de 152 millones de pesos. La fecha de inicio, cuando se firmó el convenio, fue el 26 de marzo de 2008.
–Si no hay fallas en el control, ¿cómo se explica que se hable de un desfalco?
–Si hubo una estafa, fue por afuera del sistema de financiamiento de la construcción de viviendas. Si la obra en ejecución coincide con los certificados de obra, y lo que se pagó corresponde a estos últimos, para nosotros está todo normal. En ese circuito no tenemos ninguna irregularidad.
–La oposición no parece muy conforme con la explicación y mantiene las sospechas...
–Muchas preguntas de los diputados buscaban ilustrarse sobre ciertos temas ventilados en una campaña de prensa que pretende involucrar al Estado nacional con este presunto desfalco en la Fundación de las Madres. Aclaramos que no fue así. Mostramos documentación, explicamos procedimientos. Otras preguntas venían con la respuesta implícita. Pero si hay un hecho ilícito, no tiene que ver con esta operatoria. Trabajamos con alrededor de 70 ONG y nunca tuvimos problemas con ninguna. La más importante es Sueños Compartidos, pero casi con la misma cantidad de viviendas construidas o en ejecución viene Cáritas.
Fuente:Pagina12
EL SUBSECRETARIO ABEL FATALA DEFENDIO EL PROGRAMA EN DIPUTADOS
“Es transferencia de recursos para obra”
Por Miguel Jorquera
Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas, respondió preguntas.Imagen: Télam
La sala quedó chica. Las presencias del subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y del subsecretario de Vivienda y Desa-rrollo Urbano, Luis Bontempo, ante la Comisión de Vivienda de la Cámara baja desbordó las expectativas. Los funcionarios respondieron a las preguntas de los legisladores sobre el financiamiento del programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que manejó Sergio Schoklender, ahora investigado. “No estamos hablando de subsidios, sino que se trata de transferencias de recursos para realizar obra pública como factor de inclusión social”, afirmó Fatala. Reafirmó que los controles del Estado son sobre las jurisdicciones, provincias y municipios, que articularon el programa de construcción de viviendas con la Fundación. La oposición cuestionó el sistema de control y pidió una auditoría sobre el programa.
“Los hechos denunciados, que involucran al apoderado de la organización en cuestión, generan preocupación e incertidumbre”, dijo el presidente de la comisión, el diputado radical Hipólito Faustinelli, para abrir la reunión. Los funcionarios expusieron primero sobre aspectos del programa y del sistema de control antes de dar paso a las preguntas de los diputados. Fatala remarcó que los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo “no son subsidios sino transferencias de recursos para generar inclusión social” y que “hay un trabajo de seguimiento de los programas que no se altera”.
Los funcionarios se encargaron de reafirmar que no tienen “trato directo con las Madres”, porque no se trata de un convenio “ad hoc”, sino que se financia a través de “las jurisdicciones” –provincias y municipios– que son las que acuerdan los planes con la Fundación. “Se certifica y se paga sólo lo que está en obra”, señaló Fatala.
A la hora de las preguntas, el diputado denarvaísta Gustavo Ferrari sostuvo que la Fundación de las Madres se convirtió en “la principal constructora argentina luego de Techint, contando con tan sólo 5300 empleados”, y luego pidió precisiones sobre el dinero que recibió. Fatala desestimó algunas cifras que circularon a través de versiones periodísticas y afirmó que, desde 2008 hasta lo que va de 2011, la Fundación de las Madres recibió 765 millones de pesos para la construcción de 4465 viviendas y que faltan otros 500 millones para finalizar la ejecución de tres mil, además de obras complementarias como centros de salud, escuelas y otros tipos de infraestructura.
“Schoklender se ha enriquecido con plata que era para los más pobres entre los pobres”, sostuvo Eduardo Macaluse (SI-UP) y advirtió que “no hay que impugnar a las organizaciones para no caer en una discusión electoral”. “Estoy convencido de que Hebe de Bonafini no ha tocado un solo centavo ni guarda complicidad”, añadió luego Macaluse.
La diputada de la Coalición Cívica Elsa Quiroz –denunciante de una de las causas sobre Schoklender– preguntó: “¿Quiénes y cómo se auditaron las obras?”. Los funcionarios respondieron que “la auditoría la hacen los inspectores de las obras” y volvieron a insistir en que los certificados de obras son rubricados por los respectivos institutos de Vivienda provinciales y los intendentes de los municipios. Quiroz consideró que “los ciudadanos no le pueden pedir rendición de cuentas a Schoklender sino a funcionarios en los cuales se delega la gestión y las decisiones”.
La diputada oficialista Mariel Calchaquí apuntó a Schoklender: “El desfalco producido es en perjuicio de las Madres de Plaza de Mayo, y no del Estado. Yo confío plenamente en Hebe de Bonafini”, sentenció.
La participación de los municipios en la ejecución de los planes de vivienda desató un duro cruce entre los diputados Juan Carlos Morán (CC) y Dulce Granados (FpV). Morán dijo que los funcionarios respondieron “con gran hipocresía al relatar la responsabilidad de los municipios, cuando a los municipios se les impone qué empresa tendrá a cargo la construcción de las casas”. “El 95 por ciento de las casas en Ezeiza ya están auditadas, así que no voy a admitir ningún tipo de chicana e hipocresía”, le respondió Granados, esposa del intendente de ese distrito bonaerense.
Fuente:Pagina12
MARTINEZ DE GIORGI AVERIGUA SOBRE LOS CONTRATOS
Una nueva investigación en marcha
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi abrió una investigación para determinar si se pagaron sobreprecios en la construcción de las viviendas sociales de la Fundación Misión Sueños Compartidos, si se construyeron todas las casas para las cuales se desembolsaron fondos públicos, si la construcción respetó las características y materiales pactados y si los organismos estatales controlaron qué se hizo con el dinero destinado. Por eso ayer, como primeras medidas, les pidió a los gobiernos de Misiones, Chaco, Santiago del Estero y a cinco municipios los antecedentes y contratos que firmaron con la fundación de Madres de Plaza de Mayo “en el marco del Plan Federal de Vivienda”; a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Sindicatura General (Sigen) les requirió los expedientes que se hayan abierto –si los hubiera– para control de la ejecución de los fondos y las obras; mandó también oficios al Banco Central para rastrear cuentas y a la Inspección General de Justicia.
El expediente del que se ocupa Martínez de Giorgi se abrió por la denuncia de un abogado, Jorge Luis Vitale, quien pidió que se investigara al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; al ministro de Planificación, Julio De Vido, y a la titular de Madres, Hebe de Bonafini. De todos modos, por el momento la causa no se dirige contra nadie en especial ni hay imputados. Sólo la orden de una serie de medidas que pidió, al impulsar la pesquisa, el fiscal Miguel Angel Osorio. Este expediente corre por separado del que conduce Norberto Oyarbide, que está focalizado en el papel del ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, de su hermano Pablo y de otra decena de personas vinculadas con la entidad y con un grupo de empresas a través de las cuales se sospecha que se desviaron fondos de su verdadero objetivo: la construcción de viviendas para personas de pocos recursos. El portentoso patrimonio de Schoklender, que incluye por lo menos un avión, un yate y una Ferrari, alimenta esa hipótesis.
En el juzgado de Martínez de Giorgi parten de la base de que los fondos destinados a estas obras provienen del Ministerio de Planificación, que se los gira a provincias y municipios como parte del Plan Federal de Viviendas. Es el planteo que presentó en un escrito el propio ministro De Vido. Pero no está claro, explican allegados al caso, si el dinero es entregado como préstamo o en otro carácter, algo que se está intentando dilucidar. La Fundación Sueños Compartidos viene construyendo estas casas en Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Bariloche, Rosario, Ezeiza, Almirante Brown y Tigre. Al declarar ayer en el Congreso, el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y el de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Bontempo, dijeron que la relación con la Fundación de las Madres la establecen los municipios y provincias, no el Ministerio de Planificación (ver aparte).
La investigación intentará despejar qué tipo de contrataciones puede suscribir la Fundación Sueños Compartidos y cuál fue el circuito de los fondos destinados, hasta ahora, a 4465 viviendas. Además de reclamar todos los documentos disponibles a las distintas jurisdicciones, Martínez de Giorgi le pidió al Banco Nación conocer las cuentas bancarias de la Fundación y a la IGJ su constitución societaria. A eso se suma un rastreo de mecanismos de control que se hayan aplicado desde los organismos públicos. Por lo pronto, los potenciales delitos en la mira son violación de deberes, malversación de fondos, defraudación y abuso de autoridad.
En tribunales no descartan que en algún momento las causas de Oyarbide y Martínez de Giorgi terminen unificadas. Por ahora van en paralelo. Los allanamientos dispuestos ayer por Oyarbide apuntan a detectar adónde tiene Schoklender, o las empresas vinculadas con él, sus bienes más lujosos. El objetivo es garantizar su inmovilidad, dada la inhibición general que fijó sobre su patrimonio y el del resto de los imputados. Así fue como ya detectó dos yates y ayer ordenó un procedimiento en el aeropuerto de San Fernando, en busca de uno de los aviones que estaría a nombre de la firma Meldorek, de la cual el ex apoderado de Madres es dueño del noventa por ciento. En el dictamen donde impulsó la investigación, el fiscal Jorge Di Lello planteó los posibles delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.
Fuente:Pagina12
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