15 de Junio de 2011
Un testimonio ante un fiscal federal revela las vinculaciones de organizaciones universitarias con autoridades de la UNSTA y el terrorismo de Estado.
La investigación sobre la trama civil de la represión durante la dictadura sigue avanzando en el ámbito de la Justicia Federal luego de que el juez Daniel Bejas dispusiera la detención del escribano Juan Carlos Benedicto y el procesamiento del sacerdote José Mijalchik y recientemente con la declaración indagatoria del ex juez federal Manlio T. Martínez.
Los civiles que participaron en la represión también salieron a la luz después de que el Ministerio de Defensa desclasificara los archivos que revelaron los nombres de los integrantes del tenebroso Batallón 601 que incluye a periodistas tucumanos como el caso de Osvaldo Cacho García, que fue publicado por eldiario24.com. García fue separado del cargo de Jefe de Noticias de Canal 10 y es actualmente conductor en LV12, radio cuya propiedad se atribuye al gobernador José Alperovich. En las listas del 601 también figuran un funcionario del ministerio de Desarrollo Social de la Provincia que conduce Beatriz Mirkin y un juez penal de Concepción.
Ahora, el fiscal ad hoc, Pablo Camuña, recibió una declaración testimonial que aporta datos relevantes sobre el accionar de los civiles en la represión a través de grupos de civiles que se conformaban a partir de organizaciones universitarias y religiosas.
Una extensa nota publicada por Miradas al Sur y firmada por Ramiro Rearte brinda todos los detalles. La nota expresa:
La Fiscalía Federal avanza en la investigación de un grupo de jóvenes durante el genocidio argentino bajo la denominación Concentración Nacional Universitaria (CNU). Fue a raíz de un testimonio recibido hace pocos días, del militante peronista Fernando Sosa Padilla, donde dio a conocer cómo, de manera impune, operaban en la provincia, rompiendo asambleas universitarias, golpeando de manera brutal a los militantes del peronismo de izquierda, entre una de las tantas actividades “recreativas” que llevaban a cabo. Pero también las conexiones que tuvieron con la Iglesia Católica, las universidades públicas y privadas y la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), en su versión tucumana.
A principios de la década del ’70, mientras en la ciudad balnearia de Mar del Plata -irrumpiendo a los tiros junto con una patota en una asamblea estudiantil- el integrante de la CNU Oscar Héctor Corres asesinó a la estudiante Silvia Filler, en Tucumán, los jóvenes que comulgaban con la derecha comenzaron a reunirse en un grupo católico llamado Movimiento Puente.
Fernando Sosa Padilla, un militante de aquellos años de las organizaciones de base en el norte de país, prestó testimonio, ante el fiscal ad hoc, Pablo Camuña, donde detalló el inicio de las acciones de aquellos personajes. “Paralelamente, entre abril y mayo de 1972 participé de un movimiento de la Iglesia Católica llamado ‘Puente Nº 4’ donde unía a los participantes de los diferentes puentes, como eran llamados estos movimientos católicos. Dentro del cristianismo, había una amplia gama de ideologías, desde los que adherían a la Teología de la Liberación hasta gente de extrema derecha que luego fueron funcionarios de la dictadura.
Puente, era un movimiento de la Iglesia, amplio, donde pudieron convivir, contradictoriamente, elementos que adherían a distintas identidades políticas, gente de la democracia cristiana, gente de la Juventud Peronista (JP), gente que estaba en la CNU y gente que luego terminó con (Antonio Domingo) Bussi. En este lugar, tenía como compañeros, entre otros, a Evaristo Padilla quien fue decano de la facultad de arquitectura en la dictadura de Lanusse y Olegario Von Buren quien luego fue secretario de educación en el gobierno de Bussi, en plena dictadura militar.
Todos los días martes, se hacían reuniones grupales donde estaban presentes los integrantes de los diversos puentes y donde se discutía una amplia variedad de temas. Luego de esas discusiones, seguían las misas, momento en el que pedíamos por los compañeros masacrados en Trelew, y el sector de derecha pedía por los militares. En este contexto de las reuniones de los días martes conoció a Juan Carlos Benedicto (reconocido escribano, detenido por delitos de lesa humanidad) quien formaba parte del puente 6 o 7, dependía de la edad de los participantes y del mes y año en el que ingresaban”, declaró ante el fiscal Sosa Padilla.
Más adelante, en su declaración Sosa Padilla, dio detalles acerca del funcionamiento interno que tuvo la Concentración Nacional Universitaria en las tierras del genocida Bussi. “La CNU estaba compuesta aproximadamente por 30 personas en Tucumán. Se encontraban, al menos públicamente, en un bar llamado La Góndola, ubicado en la calle San Martín entre la numeración 670 y 680, en donde actualmente queda una librería y un negocio de indumentaria deportiva, y en otro lugar que se reunía la CNU era el Hotel La Vasca, en calle Mendoza entre 281 y 289, donde ya no está la placa identificatoria del hotel”, recordó el militante.
Dentro de ese grupo, había un perfil de integrantes, que tenía una fuerte marca antisemita, según consta en la declaración de Sosa Padilla. “En un principio, eran jóvenes que habían militado en la JAN (Juventud Argentina Nacionalista) y otros que venían de grupo llamado “Tacuara” que estaba integrado por hijos de oficiales de la policía federal y de las fuerzas armadas cuyo ideólogo era el sacerdote Julio Meinville.”
Como no podía ser de otra manera, la Iglesia Católica metió la cola dentro de los grupos juveniles de derecha, sobre todo, la Fraternidad de Agrupaciones SantoTomás de Aquino (Fasta) de la mano de uno de sus mentores, el cura Aníbal Fosbery (quien define a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad como presos políticos) y que tiene una fuerte presencia hasta nuestros días por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta).
“La CNU estuvo vinculada con el Sindicato Universitario Nacionalista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Su principal dirigente era María Teresa Hoffman. Y también hubo fuertes vínculos con dirigentes de la Unsta, concretamente con el Fray Aníbal Fosbery.”
Un hecho puntual que relató Sosa Padilla ante el fiscal Camuña fue una asamblea convocada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) Regional 5°, en 1973.
“El lanzamiento tuvo lugar en el colegio Gymnasium Universitario. Esa mañana, yo con mis compañeros fuimos a organizar el evento, y nos encontramos con que en las paredes de las afueras del colegio estaban pegados afiches de la CNU y de la CNS (Concentración Nacional de estudiantes Secundarios) en los cuales se manifestaba, palabras más palabras menos, que iban a limpiar de los zurdos infiltrados al movimiento peronista.” Según contó Padilla, ese día por la tarde un grupo de jóvenes ingresó al plenario armado para disolver el encuentro, pero el grupo de la izquierda secundaria lo impidió.
Con el paso del tiempo, el grupo de jóvenes de la CNU, siguieron en su actividad represiva pero ahora dentro de la Triple A o “Comando Restaurador Norte”, como lo denominaron en la provincia. “En el año 1974, le colocaron un artefacto explosivo, le destruyeron una casa en San Javier y le degollaron dos perros al decano de la facultad de Derecho, Carlos San Juan. El hecho fue firmado por la “triple A”. Entre marzo y abril de 1975 la “triple A” también colocó una bomba en la casa de Ángel Gerardo Pissarello, quien era responsable de la defensa de varios compañeros detenidos. A fines del ’74 o comienzos del ’75 había sido ya detenido mi primer abogado defensor Carlos Zamorano Vega fue puesto luego a disposición del PEN”, relató en detalle Padilla.
La presente declaración sirvió a la Fiscalía de Tucumán, para profundizar en otras indagatorias que se conocerán con el correr de los días. La mayoría de las personas que militaron de manera activa en la Concentración Nacional Universitaria, (CNU) son hoy profesionales reconocidos y de prestigio social provinciano y que hasta ahora no se les conocía el pasado, de promotores de acciones violentas en su juventud.
Fuente:ElDiario24.com
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