Piden que Madres no usen el pañuelo
Publicado el 24 de Junio de 2011
Para los abogados de los acusados, es “una manifestación política”. Los jueces lo negaron.
El juicio oral y público por detenciones ilegales y torturas durante la última dictadura cívico militar contra ex jefes militares y policiales que en 1976 cumplían funciones en Viedma comenzó ayer con varias interrupciones y cuartos intermedios, ante pedidos de las defensas de los represores.
A poco de iniciarse el juicio, uno de los letrados de los represores obligó al Tribunal a pasar a un cuarto intermedio, al pedir que una de las Madres de Plaza de Mayo, presente en el recinto, se sacara el emblemático pañuelo blanco por entender que era “una manifestación política”. Los magistrados rechazaron sin embargo la petición.
En total son siete los represores que están imputados en este juicio, todos ellos militares y policías retirados, que se negaron a declarar ayer. En cambio, Daniel Ávalos, el único sobreviviente en la causa que se investiga, relató ayer en detalle lo sucedido a principios de abril de 1976 en Sierra Grande, localidad en la que conducía el gremio de la construcción UOCRA, junto con su compañero Carlos Lima, cuando se construía el poderoso complejo minero Hipasam.
Ávalos recordó que fue detenido en Sierra Grande junto a otros compañeros, y relató las torturas a las que fue sometido después de haber sido trasladado a Viedma para ser interrogado. Señaló al ex policía Elfio Navarrete como quien golpeaba y humillaba a los detenidos en el trayecto a Viedma, ciudad en la que conoció el cautiverio y la tortura. Este es el primer juicio de estas características que se realiza en la capital rionegrina, y en la causa en la que resultaron víctimas esos dos ex dirigentes del gremio de la UOCRA. Lima, por su parte, falleció el año pasado en Plottier, Neuquén.
Además de Elfio Navarrete, el más joven de los acusados, están también imputados los policías rionegrinos retirados Víctor Manuel Lobos, Rubén Alcides Codina, Sixto Navarrete, Alberto Mario Marasco y los militares retirados Raúl Lucio Pedernera y Néstor Rubén Castelli.
Fuente:TiempoArgentino
24-06-2011
Primera audiencia contra siete procesados por delitos de lesa humanidad
Hay siete personas procesadas entre las cuales cinco integraron la Policía de Río Negro y dos las fuerzas militares. Extrema seguridad de fuerzas provinciales y federales.
Viedma. En un contexto de extrema seguridad se realizó la primera audiencia en el juicio por la violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad en la dictadura militar de 1976 en Viedma.
Hay siete personas procesadas entre las cuales cinco integraron la Policía de Río Negro y dos las fuerzas militares. Las víctimas de esa situación fueron dos gremialistas de Sierra Grande. La causa está caratulada como ‘privación ilegítima de la libertad, secuestro y tortura hacia esas dos personas‘.
Con todo el edificio de la Justicia Federal custodiado por la policía rionegrina en su parte externa y extremas medidas de seguridad llevadas adelante por la Policía Federal en su interior, se llevó a cabo la primera audiencia.
Los jueces pertenecen al Tribunal Oral Federal de General Roca y Neuquén y el recinto donde se concretó la audiencia tenía capacidad para 36 personas y 8 periodistas.
Los procesados son: Manuel Lobos, Rubén Alcides Colina, Sixto Navarrete, Elfio Navarrete, Alberto Marasco, quienes prestaban servicios en la policía rionegrina, Rubén Castelli, interventor militar en la provincia de Río Negro y el coronel Raúl Pedernera.
Ni bien comenzó la audiencia, el abogado de uno de los imputados dijo que no se podía hacer ninguna manifestación política, por lo que le pidió a una madre de Plaza de Mayo que estaba en Viedma que se quite el pañuelo, por lo que el tribunal pidió un cuarto intermedio para decidir sobre ese pedido que finalmente fue rechazado.
Reanudado el cuarto intermedio se hizo la lectura de la acusación contra los imputados y abogados de los mismos solicitaron la nulidad del juicio porque entienden que los crímenes que se juzgan no están tipificados como crímenes de lesa humanidad.
Las víctimas de esa ocasión fueron Daniel Avalos y Carlos Lima, quien falleció el año pasado.
Fuente:NoticiasNet
23-06-2011
Por secuestro y torturas a trabajadores de Sierra Grande
Juicio a represores en Viedma: "Un hito histórico"
"Fueron secuestrados y torturados por la policía provincial", afirmó.
Cristina Cévoli, esposa del fallecido Eduardo Bachi Chironi, afirmó que el juicio que se inicia hoy en Viedma contra presuntos represores de trabajadores de la Uocra Sierra Grande es "un hito histórico".
"Los gremialistas de Sierra Grande fueron secuestrados y torturados por la policía provincial", recordó Cévoli.
Agregó que "fueron traídos al predio de la Escuela de Policías de Viedma" y destacó que "a nosotros nos pesca justo cuando se acerca el juicio en Bahía Blanca, donde se juzgan los detenidos-desaparecidos nuestros".
Fuente:NoticiasNet
VIEDMA
Un sobreviviente relató como fue su secuestro y torturas durante la dictadura militar
El único denunciante que aún vive, Daniel Ávalos, relató durante más de tres horas lo sucedido a principios de abril de 1976 en Sierra Grande.
Por otra parte, siete represores imputados por delitos de lesa humanidad, cometidos en esta provincia durante la última dictadura -todos ellos militares y policías retirados-, se negaron hoy a declarar.
Durante el juicio el único testimonio que se escuchó fue el de Ávalos, el único denunciante que aún vive.
Daniel Ávalos, único sobreviviente en esta causa, recordó en detalle lo sucedido a principios de abril de 1976 en Sierra Grande. Allí conducía el gremio de la construcción UOCRA, junto con su compañero Carlos Lima, cuando se construía el poderoso complejo minero Hipasam.
Ávalos recordó que fue detenido en Sierra Grande junto a otros compañeros, y relató las torturas a los que fue sometido después de haber sido trasladado a Viedma para ser interrogado.
Señaló al ex policía Elfio Navarrete como quien golpeaba y humillaba a los detenidos en Sierra Grande y en el trayecto a Viedma, ciudad en la que conoció el cautiverio y la tortura.
Este es el primer juicio de estas características que se realiza en la capital rionegrina, y en la causa en la que resultaron víctimas esos dos ex dirigentes del gremio de la UOCRA. Lima, por su parte, falleció el año pasado en Plottier, Neuquén.
Entre el público se observó la presencia de funcionarios de Derechos Humanos, víctimas de detenciones ilegales y torturas que esperan juicio, así como el coordinador del Programa Verdad y Justicia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Guillermo Valera junto con la abogada del organismo Claudia Lencina.
El Tribunal integrado por los camaristas federales de Roca, Armando Márquez, Orlando Coscia y Norberto Ferrando, dispuso en más de una oportunidad pasar a un cuarto intermedio y rechazó planteos de las defensas vinculados a la inconstitucionalidad de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Ante la negativa a declarar en indagatoria de los imputados, remitiéndose todos a lo señalado durante la instrucción, los jueces dispusieron comenzar con la lista de testigos que estaba prevista para mañana. Fue entonces convocado Daniel Ávalos, quien declaró durante más de tres horas.
En su extenso testimonio, Ávalos sostuvo que con la policía de Sierra Grande trabajó en aquel tiempo en varias oportunidades, en cuestiones sociales que se producían en una ciudad que ofrecía trabajo a mineros y que llegó a contar con 20.000 habitantes, de los cuales 15.000 eran hombres.
"Si alguien no creía que caería preso era yo", dijo, al asegurar que no había motivos para su detención. "No era subversivo, y si lo hubiera sido no merecía ese sufrimiento, sino la oportunidad de justicia que ellos tienen ahora", dijo el testigo.
Recordó que al llegar a la Comisaría Primera de Viedma escuchó los alaridos de dolor de Lima por las torturas a las que era sometido, al igual que otros trabajadores y jóvenes cautivos.
Con los ojos vendados y las manos atadas Ávalos dijo haber sido trasladado en más de una oportunidad a un lugar alejado, donde se lo sometió a simulacros de fusilamiento. Luego, dijo, estuvo detenido en un sótano de la escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro hasta recuperar la libertad, recordó.
Por la tarde el Tribunal y las partes se trasladaron a la Comisaría Primera y la Escuela de Policía para realizar una inspección ocular de ambas dependencias.
Esta causa se inició hace 26 años y hoy llegó a la etapa de juicio con imputados que ya superan los 70 años.
Entre ellos se encuentran los policías rionegrinos retirados Víctor Manuel Lobos, de 75 años y de Villa Regina, entonces jefe de la comisaría de Sierra Grande; Rubén Alcides Codina, de 71, de Luis Beltrán, segundo jefe de esa dependencia en aquel momento; Sixto Navarrete, de 82 años, suboficial del cuerpo de Infantería; y Alberto Mario Marasco, de 75 años, policía retirado de Viedma que en el momento de los hechos estuvo a cargo de la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro en esta capital.
También se encuentra entre ellos el mencionado Elfio Navarrete, el más joven de todos los imputados. Tiene actualmente 56 años y cumplió funciones en la comisaría de Sierra Grande junto a su padre, Sixto. Fue el único señalado como agresor directo por Ávalos.
Por otra parte se encuentran también procesados los militares retirados Raúl Lucio Pedernera de 86 años residente en Buenos Aires, quien fue jefe de la Policía de Río Negro; y Néstor Rubén Castelli de 82 años con domicilio en la Capital Federal, el primer interventor militar de la provincia con la dictadura.
Todos los imputados se encuentran por el momento eximidos de prisión y residen en sus domicilios.
FuentedeOrigen:Telam
Fuente:Agndh
Abogado de ex militares dice que en Viedma no se juzgan delitos de lesa humanidad
Viedma (ADN).- El abogado defensor de dos ex militares imputados por presuntas detenciones ilegales y torturas a otros tantos dirigentes de la UOCRA de Sierra Grande, en el año 1976, señaló hoy ante los jueces del Tribunal Oral Federal de General Roca –reunido en Viedma- que “este juicio carece de fundamento legal y es nulo de nulidad absoluta”.
Por su parte, el abogado viedmense Mario Cáccamo adhirió a las “impugnaciones” expuestas por San Emeterio y planteó “la incompetencia de este Tribunal para juzgar hechos que no tienen ningún ribete de planteo constitucional”, como también opinó acerca de la nulidad del auto de elevación a juicio por la figura de “autoría mediata”.
Bajo celosas medidas de seguridad y prevención, que incluye un gran número de efectivos federales, comenzó esta mañana el juicio en la pequeña sala de audiencias del Jugado Federal de Viedma. En forma previa, se ubicaron entre los apenas 36 lugares –entre otros- la legisladora Silvia Horne (PJ), la subsecretaria de Derechos Humanos, Gladys Cofré, y algunos familiares de muertos, desaparecidos y detenidos durante la dictadura militar.
Claramente, se identificó –con pañuelo blanco- la madre de Luis Jesús García, desaparecido el 22 de setiembre de 1974 en la ciudad de Bahía Blanca.
Luego de un planteo expuesto por San Emeterio por una supuesta manifestación de “forma política”, aludiendo tácitamente a la exhibición del pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo –cuestión rechazada por el Tribunal que integran Armando Márquez, Norberto Ferrando y Orlando Coscia- se dio lectura al extenso auto elevación a juicio o acusación formal de los hechos a los siete imputados.
Durante ese trámite se observó la pasajera presencia de la jueza federal Mirta Filipuzzi, quien permaneció parada en uno de los dos sectores de ingreso a la sala de audiencias. Por su parte, Márquez llamó la atención a dos personas que comentaban alguna cuestión, en momentos que hablaba San Emeterio.
Este abogado aludió a las leyes de obediencia debida y punto final, derogadas en el año 1998, según recordó, y consideró que “esta defensa no reconoce los delitos de lesa humanidad”, tras lo cual abonó que se trata de una categoría o figura que no existe en la Constitución nacional y en otras normas específicas.
Se preguntó: ¿Por qué no se persigue a los terroristas que colocaron bombas? Y más adelante habló del “terrorismo subversivo”, “ataques subversivos” y “proceso de reorganización nacional”. Señaló que a los imputados se los está juzgando como supuestos autores mediatos y refirió –para relativizar la importancia de este juicio- que “están deteniendo a soldados o a un chofer de un militar”, que presuntamente no habrían tenido nada que ver con la represión organizada.
FuentedeOrigen:ADN
Fuente:Agndh
No hay comentarios:
Publicar un comentario