Los querellantes preparan las acusaciones contra represores
La semana pasada los fiscales efectuaron la acusación formal contra 10 militares, policías, agentes penitenciarios y civiles que actuaron durante la última dictadura. Están acusados por violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 52 víctimas.
Hugo Moyano es el único civil imputado.
Díaz Bessone era la máxima autoridad militar en la zona.
Appiani fue quien instruyó los consejos de guerra.
Los abogados querellantes trabajan intensamente para la presentación de las acusaciones en la megacausa Área Paraná, en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de 52 víctimas en la zona oeste de la provincia durante la última dictadura militar.
Después de la presentación efectuada por los fiscales Mario Silva y José Candioti –el último día previo a la feria judicial de invierno–, las otras partes trabajan a contrarreloj para cumplir con los preceptos establecidos en el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal de 1888, que prevé que las actuaciones deben realizarse en forma escrita.
A partir del 25 de julio, los abogados Marcelo Baridón y Álvaro Piérola, que representan a un grupo de familiares y víctimas del terrorismo de Estado, tendrán seis días hábiles para presentar las acusaciones contra los 10 represores imputados. Luego será el turno de Álvaro Baella, en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; después Juan Antonio Méndez, en nombre de otro grupo de víctimas; y Florencia Amore, en representación del Registro Único de la Verdad y la agrupación Hijos.
El procedimiento prevé que en última instancia los abogados defensores podrán hacer su descargo, como paso previo a lo que se llama la “crítica de la instrucción”. Luego se abrirá un “cuaderno de prueba”, para realizar las pericias y tomar las declaraciones testimoniales que el juez considere necesarias.
En la causa están procesados los exmilitares Jorge Humberto Appiani, Ramón Genaro Díaz Bessone, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; los policías provinciales José Anselmo Appelhans, Luis Francisco Armocida y Carlos Horacio Zapata; el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte; la agente penitenciaria Rosa Susana Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano, el único civil detenido.
Víctimas. El 29 de abril el juez federal Gustavo Zonis clausuró la instrucción y elevó a juicio la causa contra 10 represores acusados por privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, vejaciones, apremios ilegales, severidades y homicidios perpetrados contra un total de 52 víctimas durante la última dictadura militar.
Después que el juez Zonis se apartara de la investigación, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná designó a Fermín Amado Ceroleni para que se haga cargo del juicio y la primera medida que tomó el nuevo magistrado fue correr vista a las partes para que formulen las acusaciones.
En ese marco, los fiscales acusaron a Díaz Bessone como autor mediato del homicidio calificado de Juan Alberto Osuna; y le atribuyeron más de una treintena de hechos de privaciones ilegítimas de libertad, severidades, vejaciones, apremios ilegales y tormentos. Sobre él recayeron las acusaciones más graves porque era la máxima autoridad militar de la zona, en tanto jefe del Segundo Cuerpo de Ejército.
En su escrito, Silva y Candioti consignaron que la Policía Federal, la Policía de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario actuaron bajo control operacional de las Fuerzas Armadas en colaboración con el plan sistemático de represión clandestina e ilegal.
Por eso consideraron a Rivas como coautor de los delitos de privación ilegítima de libertad, severidades, vejaciones, apremios ilegales y tormentos; mientras Appiani y Obaid fueron considerados como partícipes necesarios de los mismos delitos. Por su parte, Appelhans fue considerado coautor y partícipe necesario; a Bidinost y Moyano les atribuyeron ser partícipes necesarios; mientras que a Armocida y Zapata los consideraron coautores. Sin embargo, no a todos les imputaron la misma cantidad de hechos. En el caso de Demonte, se le atribuyó su participación como coautor del secuestro y torturas de Victorio Coco Erbetta y la privación ilegítima de libertad, apremios y el homicidio de Pedro Miguel Sobko, que permanecen desaparecidos.
Querellantes. El abogado Álvaro Baella, que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en esta causa, destacó como “una particularidad que no se ha dado en otras investigaciones a la inclusión de los delitos de apremios ilegales, vejaciones y severidades en la acusación”.
Asimismo, explicó a EL DIARIO que “si bien la figura de la desaparición forzada no existía en el Código Penal en el momento en que se cometieron los hechos, se entiende que ocurrieron en el marco de un plan sistemático y dado el tiempo que transcurrió, el hecho de que se probara el secuestro de las víctimas a manos de represión y en algunos casos se acreditara el paso por un centro clandestino de detención, se entiende que el destino final era la muerte y no otro. Por eso en Paraná las desapariciones están equiparadas con homicidios y no es restrictivo para formalizar las acusaciones el hecho de que no se encontrara el cuerpo de la víctima”.
Por su parte, Florencia Amore, que representa al Registro Único de la Verdad y a la agrupación Hijos, consideró necesario “armar una estrategia para establecer la calificación de los delitos”, aunque aclaró que “habrá que seguir la misma lógica que se fijó para el procesamiento y el auto de prisión preventiva”.
En ese contexto, los abogados querellantes están trabajando para formular acusaciones detalladas respecto de cada uno de los represores y comprender a la totalidad de los delitos que se imputaron durante la etapa de instrucción. Las presentaciones se sucederán tras la feria judicial.
FuentedeOrigen:ElDiario.com
Fuente:Agndh
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