En Chile hace agua la “nueva manera de gobernar”
Por Ernesto Carmona
La oposición que gobernó 20 años, con la Concertación de Partidos por la Democracia, sale peor parada, con 68% de desaprobación, y tampoco capitaliza el descontento social impulsado por la juventud que se vierte masivamente en las calles contra la educación privada, exige un rol mayor del Estado en la educación pública a cargo de particulares y municipios, pide una revisión del fin de lucro en la enseñanza superior e, incluso, pide volver a nacionalizar el cobre para financiar un muevo modelo educativo, además de otras importantes movilizaciones populares contra la planta eléctrica HidroAysén, nuevas centrales termoeléctricas a carbón y el rechazo al aumento del gas en la fría región austral de Magallanes/Punta Arenas, entre numerosos otros conflictos sociales en curso.
Se empantanó el juego
Los chilenos también mostraron hartazgo del juego de la clase política, tanto de “izquierda” (Concertación) como de derecha, que cautela sus propios intereses alejada de la realidad del país desde la sede del poder Legislativo en Valparaíso. Justo cuando se celebraban pomposamente los 200 años del Congreso Nacional, y apenas con el público protocolar, el rechazo hacia ambas Cámaras superó el 60%, con un 25% que aprueba la gestión del Senado y 61% que la desaprueba, mientras 22% aprueba la Cámara de Diputados y 63% la desaprueba. Son las peores cifras para ese poder del Estado, por lo menos en los últimos 15 meses.
Las dos alianzas políticas del sistema bipartidista chileno, la gubernamental Coalición por el Cambio y la Concertación, exhiben también un creciente rechazo ciudadano que superó la barrera psicológica del 60%. Un 68% desaprueba la gestión de la Concertación y sólo 22% la aprueba, mientras la alianza de gobierno obtiene 30% de aprobación y 60% de rechazo.
La oposición aún no encuentra un discurso-brújula para enrumbarse en el Chile post-Concertación, pero tampoco halla ese instrumento la coalición gobernante. La gran prensa mono-ideológica ventila públicamente el conflicto político entre la neo-pinochetista -y a la vez populista- Unión Demócrata Independiente (UDI) y el partido de Piñera, Renovación Nacional (RN), heredero de la antigua tienda Liberal y casado a perpetuidad con la versión doctrinaria más conservadora del modelo neoliberal del capitalismo contemporáneo dominante en todo el globo.
En términos técnicos existe un empate político que apunta hacia una crisis más profunda de gobernabilidad de un país que parece despertar de la modorra de 21 años de desmovilización bajo gobiernos neoliberales disfrazados y abiertos, de “izquierda” y derecha. Tanto la UDI como RN llaman al gobierno a “abrirse” a otros sectores políticos con un cambio del “gabinete de excelencia” de empresarios y CEOs o altos ejecutivos de grandes empresas, que ya no gobiernan desde la sombra, como ocurrió con la Concertación, sino directamente desde el aparato del Estado.
La “apertura” tiene nombre y apellido: tratar de integrar al gobierno por lo menos a un sector de la Concertación. RN sugirió a los radicales (Partido Radical Socialdemócrata, PRS), otros miran hacia el Partido Demócrata Cristiano (PDC), sumido en una profunda “crisis de conciencia” para redefinir sus objetivos. Cualquiera variante echará un poco más de tierra a la sepultura aún abierta de la Concertación, que sólo tiene bajo la manga una carta no contaminada y de cierto prestigio maternal como ex jefa de Estado: la inmaculada figura mediática de Michelle Bachelet, cuyo desempeño en Nueva York al frente de ONU Mujer la mantiene alejada del mundanal ruido chilensis, mientras Forbes la califica como la segunda mujer más poderosa de la organización mundial.
¿Qué ocurre en Chile?
La conmoción social motorizada por la juventud, tal como ocurrió en Túnez, Egipto y otros países lejanos, no tiene una conducción político-partidaria tradicional. Y tampoco refleja las cifras electorales, probablemente porque sus principales protagonistas jóvenes no participan en el juego ni votan por no estar inscritos. A diferencia de la llamada Revolución Pingüina de 2006, las demandas estudiantiles van mucho más allá de meras reivindicaciones sectoriales, como el carné escolar para el transporte urbano válido 365 días al año, sino que tienen un profundo contenido político de alcance nacional. Entre otras metas, reformar la Constitución heredada de Pinochet y sucesivamente “mejorada” por la Concertación, para garantizar educación pública gratuita para todos, financiada con una re-nacionalización del cobre, cuya riqueza pertenece en 70% a capitales privados locales y extranjeros, mientras el Estado quedó reducido al sobrante 30%, a través de la Corporación del Cobre (Codelco), que en tiempos de Salvador Allende controlaba el 100% del metal nacionalizado con la unanimidad de todos los sectores políticos que entonces votaron la nacionalización, incluidos todos los partidos de derecha y el PDC que después propiciaron el golpe militar.
En pocas palabras, la juventud se juega su futuro y propone una tarea larga que recién comienza, con los grandes medios de información en su contra. Pero a pesar de la gran prensa está ganándose a la ciudadanía con propuestas que involucran una profunda revisión del modelo neoliberal, y concitan el apoyo creciente de otros sectores de la sociedad, incluidos los profesores, los padres y apoderados que pagan una enseñanza mala y cara, las autoridades y docentes de las universidades tradicionales afectadas por la competencia desleal de las casas de estudio privadas (que lucran sin pagar impuestos como lo hace cualquier negocio), las organizaciones de trabajadores y, en general, la gente de la calle y el grueso público que está aprendiendo el significado profundo de estas metas y que que existe otro mundo posible, a contrapelo de lo que “enseña” la prensa des-informativa.
El gobierno pierde credibilidad y la confianza de los ciudadanos. Pocos creen en las palabras de Piñera y sus ministros. La gente percibe que las soluciones que ofrece el gobierno apuntan a consolidar los grandes nichos de negocios en una vertiente sibilina, de apariencia populista y netamente neoliberal. Para la educación, propone torcidamente fortalecer las universidades privadas con más subsidios del Estado para que los alumnos paguen, incrementen sus ganancias y, de paso, blanquear o “sincerar” sus ingresos ilegales y evasión tributaria de 30 años, pues la Constitución de Pinochet las instituyó como entidades “sin fines de lucro”. En la salud, se otorgan bonos que paga el Estado para que los beneficiarios del sistema público reciban atención en clínicas privadas, pero no se invierte en mejorar los hospitales ni los salarios de sus trabajadores, que suelen descargar su frustración laboral con los usuarios.
Sigilosamente, Piñera terminó de privatizar el agua, mientras los trabajadores del cobre paralizan por primera vez en dos décadas este lunes 11 de julio, no por reivindicaciones salariales específicas del gremio, sino para emplazar al gobierno y dar publicidad nacional a su sospecha fundada de que está en marcha un proyecto secreto que conduce a la privatización de Codelco. Acusan al gobierno Piñera de estar ejecutando silenciosamente el viejo truco de no reinvertir las ganancias de la empresa del Estado para enfrentar sus desafíos futuros, sino al revés, hacerla inviable y anunciar su única “salvación” mediante la privatización escalonada de los yacimientos, como ha ocurrido con otras empresas públicas en Chile y el resto del mundo.
Privatización del agua
El editorial del diario electrónico El Mostrador comentó hoy que “en medio de movilizaciones ciudadanas por los temas ambientales y de la educación, ha pasado casi inadvertida para la opinión pública la venta por parte de CORFO [Corporación de Fomento a la Producción] de las acciones que el Estado tiene en las empresas sanitarias. La primera de ellas fue el caso de Aguas Andinas S.A. [subsidiaria de la española Aguas de Barcelona] en la Región Metropolitana, donde la propiedad estatal llegaba al 30% aproximadamente del total”.
La venta reportó al Estado 950 millones de dólares. Se quedó solo con el 5 % de las acciones. En los próximos días, Piñera se propone vender ESSBIO [de Concepción] y ESVAL [de Valparaíso-Viña], donde también conservaría 5 %. El negocio no tuvo difusión en los medios y para El Mostrador, “la ambigüedad […] ronda las justificaciones esgrimidas para la venta”, pues “el Estado se desprende de un negocio sano, que ya operan privados, con una rentabilidad garantizada por ley del 7 % y una real que, según la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), oscila entre 10 % y 20 % anual, sin que esté muy claro para qué lo hace”.
No convence la explicación de que los fondos se destinarán a ampliar la red del Metro porque esa empresa es una de las más eficientes del mundo en ese rubro, tiene equilibrio operacional y una estructura con previsión de financiamiento para sus extensiones, que no requiere de los recursos de CORFO, añadió El Mostrador. Por otra parte, “es evidente que el Estado de Chile no tiene problemas de caja. Por el contrario, tiene excedentes que, de acuerdo alto precio del cobre y los minerales, se debieran seguir incrementando. Solo en fondos soberanos el país tiene depositados más de 10.000 millones de dólares, que le rentan entre un 2,5% y un 7 % anual”. Para el diario se trata de un “absurdo financiero”. Para nuestro punto de vista, de un tributo casi religioso a la ideología neoliberal que empapa a Piñera y su gobierno. “La paradoja es que mientras en Chile se perfeccionaba la venta de hasta el 95 % de Aguas Andinas S.A. en Italia, mediante un plebiscito nacional, el 95 % de los ciudadanos se opuso a la venta o privatización del agua”, dijo el diario. La privatización del agua la inició la Concertación. Lo que aún conserva el Estado son pequeñas sobras.
Amenaza al cobre
El paro nacional anunciado para el lunes por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y su presidente Raimundo Espinoza aspira a que el país entienda el peligro de la privatización de Codelco por “un sentido de país”, lejos de cualquier reivindicación salarial. Sus objetivos consisten en emplazar al gobierno a “responder y pronunciarse sobre los puntos concretos que hemos levantado, y no sobre generalidades, ni menos sobre fantasmas o supuestas solicitudes, que nunca hemos hecho”.
El proyecto de privatización comenzaría con la enajenación de las pertenencias del yacimiento Gabriela Mistral, para endosárselas a una sociedad con terceros. Ya están despidiendo gente y cambiando los contratos de trabajo a otra razón social. “El país sabe que el acuerdo con la empresa China Minmetals dejó de tener efecto y que, tanto la Presidenta Bachelet y el anterior Presidente Ejecutivo de la empresa, se comprometieron con esta Federación a que este mineral que produce más de 150.000 toneladas de cobre fino al año, "era, es y será 100% del Estado", precisa un comunicado de la FTC.
La FTC emplaza al gobierno a que “desmienta que en los grandes proyectos estructurales y de desarrollo no va a tercerizar áreas productivas estratégicas, en Chuquicamata Subterránea, Planta Concentradora de Radomiro Tomic, Proyecto San Antonio en El Salvador, Planta Concentradora en el Proyecto Fase II de Andina, Operación Rajo Sur y Nuevo Nivel Mina en la División El Teniente, entre otras medidas de privatización encubierta”.En los últimos 7 años Codelco aportó al Estado cerca de 43.000 millones de dólares, pero los trabajadores están alarmados porque en 2010 el gobierno Piñera decidió capitalización cero, sin ningún fundamento. “Y este año 2011 sólo aprobó insuficientes 376 millones de dólares, sin asumir ningún compromiso de capitalización para los próximos años, en condiciones que Codelco tiene un plan inversional para el quinquenio del orden de los 18.000 millones de dólares”.
Los trabajadores aspiran a que mediante el paro nacional la ciudadanía conozca y entienda su preocupación y alarma. “Emplazamos al gobierno a que desmienta que han arrastrado a Codelco a ser la empresa más endeudada de la industria, no haciendo la tarea de un dueño responsable, que en un escenario de buenos precios, lo que hace es capitalizar la empresa y no sobre endeudarla a futuro. Que duda cabe, entonces, que este Gobierno quiere propiciar las condiciones para la privatización de Codelco. Recordemos que es este Gobierno quien calificó de un "error histórico la Nacionalización del Cobre".
El paro recibió el apoyo de la organización de supervisores de Codelco, Central Unitaria de Trabajadores, Coordinadora Minero, Metalúrgica y Energética (que agrupa a los trabajadores de la ENAP, ENAMI, Federación Minera, Trabajadores Contratistas, entre otros), de la ANEF (empleados públicos) y del Sindicato Nacional del Banco Estado. También del movimiento estudiantil, secundarios y universitarios, de los académicos y del Colegio de Profesores, quienes luchan por una educación de calidad y al alcance de todos que podría financiar el cobre... Para la FTC “se acabó el tiempo de acuerdos y soluciones entre cuatro paredes. No más diálogo de sordos, que no considera en serio la participación y demandas de los actores sociales”.
Fuentes:
http://www.adimark.cl/es/estudios/index.asp?id=124
http://www.elmostrador.cl
http://www.24horas.cl/videos.aspx?id=124732&tipo=410
http://www.ftc.cl
Fuente:Argenpress
viernes 8 de julio de 2011
Movilizaciones Estudiantiles revelan la fragilidad institucional en Chile
Por Juan Francisco Coloane
Todas esta movilizaciones indican una fatiga clara del modelo económico y sobretodo una carencia de conducción política de los partidos más representativos del sistema político chileno que aún funciona con la estructura de representatividad heredada de la dictadura. En este sentido, Chile refleja una falsa estabilidad política que se manifiesta por el desapego de una gran parte de la población a las dos coaliciones que han gobernado en los últimos 37 años a partir del golpe de estado. Si cualquiera pudiera pretender de que Chile es el modelo político a seguir, estaría profundamente equivocado porque el país navega políticamente en la incertidumbre por el rechazo de la gente a sus partidos especialmente a los que han diseñado y mantenido al actual sistema.
Sin embargo hay que decirlo sin ambages también, eso no significa que la población rechaza al actual sistema y opta por otro. Existe un área gris que está insuficientemente investigada en términos sociológicos, respecto a la conducta política del chileno actual. Se detecta por las palpaciones que uno hace en diversas formas, que hay una fatiga generalizada hacia cómo se está gobernando el país y en las esferas del gobierno de derecha existe una alta preocupación de que la administración se le está yendo de las manos.
En esencia se observa una falta de manejo político en el gobierno. En la misma alianza de derecha que lo respalda, existe una suerte de desconfianza en la propia institucionalidad. Es natural, este síndrome resulta porque la mayor parte de los líderes y miembros clave de la alianza política que lo sustenta, proviene del gobierno militar de las décadas de los años 70 y 80, o son adherentes a ese régimen con una profunda convicción de derecha anti izquierdismo.
Antes de que el país se desordene más, y la institucionalidad pudiera entrar en una fase de mayor fragilidad, era indispensable contener la efervescencia social. Era demasiado temerario aceptar estudiantes demandando reformas constitucionales – la madre de todas las batallas. Todavía más, era inaceptable que Camila Vallejos afiliada al Partido Comunista, pudiera emerger como líder en un área como la política que exhibe mucha aridez y opacidad por carecer de líderes.
Es así que las últimas negociaciones entre el gobierno y el CRUCH o el consejo de rectores de las universidades chilenas, refleja un regreso a las políticas de los consensos que caracterizó a los gobiernos de la Concertación. Esto no es una buena señal porque los resultados están a la vista. Hay un sistema político desacreditado y una erosión de auténticas políticas públicas.
Una buena parte de la conciencia nacional sigue suspendida en el caballito de batalla que es el ajuste estructural a la economía de los años 80, con su eje de privatización hasta la última gota de capital estatal, mercantilización a ultranza, desregulación desmedida, y apertura indiscriminada de los mercados. Este es el nido del actual sistema educativo chileno.
Ha sido extremadamente difícil para el ethos nacional desprenderse de esa lógica que ha predominado en la política de los consensos, porque al final ésta, en sí misma, dependía de la aceptación de esa lógica. Así debía funcionar la relación entre política y economía y entre economía y sociedad. El marco del debate que se daba entre estas dos relaciones, tenía una determinante fundamental: el modelo económico se analiza pero no se toca.
El debate sobre la educación es la historia del debate truncado sobre el tema mayor. Es así que la inyección de miles de millones de dólares al sistema educativo no resuelve el problema central de la concepción del sistema. Los estudiantes tienen la razón al demandar la estatización de la educación como única forma de resolver el problema central de propiedad, ejercicio y administración. Tampoco se trata de que el Estado financie más, o se haga más cargo del actual sistema. Ni se trata de más o menos libertad de opción. Simplemente el sistema actual demostró su fracaso.
El problema es de si es posible esa estatización y en qué consiste. A menudo un buen análisis no necesariamente puede derivar en una política pública. Y lo observado en el debate sobre el sistema educativo así lo demuestra. El problema reside en la posibilidad efectiva de formular una política pública. Como que bajo las actuales condicionantes del sistema económico la suerte estuviera echada, y de allí el regreso de los consensos.
El referente más directo del fenómeno actual se encuentra en los primeros 10 años de gobierno concertacionista, cuando la institucionalidad democrática nueva presentaba las fisuras propias de una sociedad que emerge de una prolongada dictadura militar.
En esos años -1990/1999- el espíritu de reconstrucción nacional se desplazaba con facilidad en el tejido político predominando la necesidad de formar unidad nacional a toda costa. Se practicaba aún a expensas de rectificaciones de todo tipo – políticas, sociales, económicas, culturales- en oposición a las posturas más recalcitrantes de reivindicaciones justificadas provocadas por un gobierno violento y centralizador del poder.
La necesidad de los consensos se dirigía a formar una masa crítica de estabilidad política para consolidar la recuperación de la democracia. La mayor parte de la ciudadanía entró en clave constructiva y sintonizó con la postura de debatir, lejos de la beligerancia.
La frase de “no quedarse anclado en el pasado” conllevaba superar las coordenadas propias de una transición de dictadura a democracia. Ambas nociones se instalaron en el lenguaje cotidiano, tanto del político como del aprendiz a ciudadano que podía ser cualquier chileno medio todavía asustado por el régimen anterior. También, su uso frecuente impedía profundizar el debate.
Era la época de otras perlas dialécticas de la transición como la dicotomía de “complacientes y auto flagelantes”. Todo ocurría bajo la pátina de los consensos políticos, mientras el debate serio sobre los temas serios que se presentan hoy como elementos de crisis, léase educación, salud y desregulación, se escondían literalmente debajo de una alfombra, ni siquiera de origen persa, sino que debajo de un terrenal choapino.
Es así que temas muy trascendentes cayeron en esa estela de rectificaciones bajo consenso político, en una nación que quizás resultó más dañada con la dictadura de lo que hemos podido imaginar. Al respecto, un tópico interesante es la carencia de diagnósticos profundos sobre los efectos de la dictadura militar en una serie de renglones de políticas públicas – o carencia de ellas- que se discuten hoy como aspectos críticos. La lista es larga: energía, medio ambiente, pobreza, regulación, tributación, protección de recursos estratégicos, política exterior. Educación y Salud entre ellos.
Si no se penetra en forma más responsable con el diagnóstico en una zona plagada de distorsiones, e informaciones a medias, como el deterioro de las políticas públicas, que es el fondo del problema, es muy probable que las últimas movilizaciones y los sueños de reforma al sistema sean succionados por la cloaca de la mantención del status quo y una elite del poder donde nadie quiere perder tajada.
Fuente:Argenpress
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