EL SALVADOR.

martes 19 de julio de 2011
Agresiones contra defensores de derechos humanos aumentaron un 53.44% en los últimos seis meses
Por David Pérez (COLATINO)
“El Salvador es el país del si pero no, si hay leyes bonitas, pero no se cumplen”. De esta forma expresa su descontento Marielos de León, miembro del Sindicato de Trabajadores de AVX (SITRAVX), por las constantes persecuciones y amenazas a los defensores de los derechos laborales, ambientales y humanos.

La conclusión de la sindicalista surge del “primer informe de monitoreo y registro de violaciones a defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador”, hecho por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), UDEFEGUA y otras organizaciones.

Entre los hallazgos del monitoreo se destacan que los principales derechos afectados son los laborales, entre estos los de libre sindicalización, por lo que los líderes gremiales son acosados por políticas represivas de empresas de gran envergadura.

En dicho sentido, durante el último semestre del 2010 y el primero de este año, son los sindicalistas quienes llevan el primer lugar en agredidos, seguidos por ambientalistas, periodistas y otros en menor porcentaje.

Asimismo, el método de intimidación más utilizado es la denuncia judicial, las que incrementaron en los últimos doce meses en 2000%, secundado por las conminaciones escritas, detención ilegal, y amenazas en persona.

Según el informe, existen indicios que señalan entre los autores intelectuales de los vejámenes a estás personas a corporaciones multinacionales, que utilizan el sicariato para esconder su culpabilidad.

Esto se deriva de los asesinatos perpetrados a ambientalistas en Cabañas, entre estos los de Marcelo y Ramiro Rivera, y Dora Alicia Sorto y dos activistas más, homicidios que se dan en medio de la resistencia de las comunidades de dicho departamento a la exploración minera de la transnacional Pacific Rim.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) apuntaron a pugnas entre familias, tesis que ha sido duramente criticada por sectores de la sociedad civil, debido a supuesta falta de profundidad en las investigaciones.

“Tenemos sospechas de quienes están persiguiendo a los defensores de derechos humanos, pero no tenemos las pruebas, entonces pedimos a la Fiscalía que preste atención, queremos que se llegue al fondo de las investigaciones, pero no se hace, ¿por qué no se quiere llegar al fondo en materia de criminalidad?” cuestionó Silvia Guillén, Directora de FESPAD.

Guillén afirma que se trata de inestabilizar a las organizaciones sociales y sus actividades en defensa de los derechos ciudadanos, a través de los atentados anteriormente descritos.

“Quieren mantener este clima de inestabilidad y atacan a las organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía debe probar quienes son los culpables si realmente tiene interés en que se resuelvan los problemas del país, nosotros no somos investigadores”, declaró la Directora de FESPAD.

Debido a la insatisfacción en las investigaciones, Guillén no descarta que puedan ser parte querellante en alguno de los procesos judiciales por asesinatos o amenazas a líderes sociales, y en caso de no obtener justicia acudirán a instancias internacionales.
Fuente:Argenpress