Confirmado: la ex diputada Mónica Zumilda Torres fue personal civil de Inteligencia entre 1976 y 1983
La página web del Archivo Nacional de la Memoria confirmó un dato que siempre se manejó, pero nunca se pudo corroborar oficialmente: la ex diputada provincial Mónica Zumilda Torres -quien falleciera recientemente- fue personal civil de Inteligencia, dependiendo del Ejército Argentino, entre 1976 y 1983, de acuerdo a lo recabado por ANALISIS DIGITAL. La dirigente se ocupó de filtrar información en las primeras reuniones de familiares de desaparecidos, en la Iglesia del Carmen –como referente de una organización nacional- y siempre fue cuestionado su rol en días previos al secuestro y asesinato de los dirigentes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, tras su paso por Paraná, en mayo de 1983.
Por Daniel Enz
La información se buscó durante todos los años de democracia, pero nunca se pudo confirmar. Siempre fue extraño el rol de Mónica Zunilda Torres, aquella mujer que apareció como dirigente de una organización internacional de derechos humanos, trabajó durante años en el Poder Judicial de Entre Ríos, fue funcionaria provincial luego en un gobierno justicialista y terminó siendo diputada provincial de la Unión Cívica Radical (UCR).
En plena dictadura, en la Iglesia del Carmen, durante los días de calor, las madres de detenidos y desaparecidos salían al patio y se sentaban en ronda, a la espera de novedades. Los encuentros servían para hacer catarsis, para abrazarse y darse afecto; no ceder ante el avasallante poder castrense. Se intercambiaban información, pero también servía para organizarse, acompañar a familiares de otros presos políticos, llevarles ayuda, juntar algún dinero para viajar a los puntos lejanos del país en los que se encontraban, como la cárcel de Rawson, a la que fueron enviados numerosos entrerrianos.
Luego de cada reunión, las madres se saludaban dentro de la sala y salían de a una, rápidamente, para que no las siguieran. Ya en la calle, no se conocían, ni siquiera de vista. La lista la integraban Elba Goiburú, Clara Fink y María Antonia Lobariñas. Elba, esposa del médico paraguayo Agustín Goiburú (secuestrado en Paraná en febrero de 1977, en el marco del Plan Cóndor), vive en Asunción. Clara –madre del joven dirigente secuestrado y desaparecido, Claudio Fink- reside en Paraná y la histórica dirigente de la Liga de los Derechos del Hombre, María Lobariñas, falleció hace unos años. Pero al tiempo se sumó también Mónica Torres, cuyo hermano, Hugo Torres -más conocido como El Toro-, fue detenido en Diamante en junio de 1975, cuando se hizo la razzia contra dirigentes de la JP que aparecían ligados al reparto de mercadería en los barrios, que se había enviado desde Buenos Aires, tras el secuestro de Juan Born. Hugo Torres pasó por las cárceles de Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Caseros, La Plata, Sierra Chica y Coronda. Quedó en libertad el 30 de abril de 1982, junto a otros presos políticos entrerrianos. Se radicó en Buenos Aires y un tiempo después nunca más se supo de él.
Las madres siempre trataron de mantener alguna distancia con ella porque algunas cosas que sucedían antes o después de las reuniones no tenían sentido. Era como que alguien filtraba alguna información y empezaron a mirarla con otros ojos, aunque nunca se lo dijeron. Hubo hechos concretos que preocuparon. En un momento, decidieron tomar contacto con la gente de Diamante y acordaron un encuentro en una casa de allí. Al dato lo tenían las cuatro madres que se reunían y una familia Greca, que los recibirían en Diamante, que tenía uno de los hijos secuestrados. Minutos antes, cayó personal policial a realizar un allanamiento a la vivienda. La reunión nunca pudo hacerse.
Mónica Torres manejaba ciertas sumas de dinero de la organización
Familiares de Detenidos Políticos y tenía contacto con la organización, a nivel Buenos Aires. Por ende, financiaba los viajes de algunos dirigentes. Lo extraño del caso fue que la vez que alguno de los ex presos políticos acudía a Mónica Torres para pedirle dinero a fin de viajar a Capital Federal, siempre tenían que padecer seguimientos reservados de personal civil, ya sea desde Paraná, desde Santa Fe o bien a partir de que llegaban a la Terminal de Retiro.
Pero había una historia confusa alrededor de Torres, con respecto a la posterior ejecución de los dirigentes Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, tras su paso por Paraná. Cambiasso era un militante de la izquierda peronista rosarina. Primero estuvo en el Peronismo Auténtico y luego en el Peronismo Revolucionario. Fue detenido por primera vez en 1971, en tiempos del general Alejandro Lanusse, y alojado en prisión, donde permaneció hasta la amnistía del 25 de Mayo de 1973, firmada por Héctor J. Cámpora. Perseguido por la Triple A, estaba en la clandestinidad el 26 de diciembre de 1975, cuando se dirigía a la ciudad de Reconquista y sufrió un grave accidente automovilístico. Llegó casi en coma al hospital y con un doble juego de documentación en su poder. Quedó internado en el nosocomio, pero por pocos días. Cuando se dieron cuenta de quién era, ordenaron, pese a su estado, su inmediato traslado a la cárcel de Coronda.
Prácticamente lo dejaron tirado en la celda, esperando que se muriera. Apenas recobró el conocimiento y aunque estaba muy mal físicamente, no dudó en comunicarle a sus compañeros que se ponía “al mando de las fuerzas peronistas” en el Penal. Cuando sus hermanas lo encontraron, únicamente se podía mover en silla de ruedas. Lo condenaron a seis años de prisión por asociación ilícita. Su condena se cumplió a mediados de 1982, en plena Guerra de Malvinas. Por presión de la solidaridad internacional, el 18 de mayo fue colocado para el régimen de libertad vigilada. Periódicamente tenía que presentarse ante las autoridades policiales para dar cuenta de sus actividades. Salió y se radicó en la pequeña localidad de Pérez, pero iba a Rosario a trabajar en un taller de fotomecánica.
Cuando terminó el régimen de libertad vigilada, retomó su actividad militante con el peronismo. Fue en mayo de 1983 cuando decidió viajar hasta Entre Ríos, a visitar a “viejos amigos”. Apenas llegó a Paraná, esa noche durmió en la casa de Augusto Mechetti, hermano de Gustavo, ex dirigente de Montoneros, y luego viajó a Diamante para reunirse con Alejandro Patty Richardet y otros dirigentes que habían militado en Montoneros. Lo llevó Mónica Torres hasta Diamante, en un auto, acompañada de otra persona y lo esperaron en las inmediaciones. La mujer, pese a que era oriunda de esa ciudad -e incluso ejerció como maestra en el Colegio Santa María-, no era bien recibida entre los ex presos políticos por la conducta que había tenido antes, durante y después de la dictadura, por más que siempre haya querido aparecer como una mujer sumamente preocupada por las violaciones a los derechos humanos. El conflicto arrancó en 1975, cuando varios dirigentes diamantinos estaban detenidos en Gualeguaychú y Mónica Torres intentó organizar a los familiares. “No queremos saber nada con esa señora”, llegó la orden desde la cárcel del sur entrerriano.
Ella se había ganado un lugar, en primera instancia, como hermana de un detenido de Diamante; en segundo orden, como dirigente del gremio de los empleados judiciales, ya que ella fue empleada tribunalicia durante mucho tiempo, después de ser docente. Ya en plena dictadura, varios de los detenidos políticos tenían la información de que Mónica Torres “era de las únicas dirigentes de derechos humanos que entraba y salía del Comando de Ejército y era atendida personalmente por el general Trimarco”, recuerda un viejo militante. A su vez, el hermano mayor de ella les había advertido a varios dirigentes del PJ de tales movimientos confusos de la mujer.
Cuando Cambiasso salió de la reunión, Mónica Torres lo estaba esperando en las proximidades. Uno de los organizadores del encuentro se acercó a ella y le dijo que ya se había organizado todo con El viejo -como le decían al dirigente- para que viajara a Rosario “en una renoleta, con dos custodios”.
-No, ya está decidido que viaja en colectivo -le contestó la mujer.
-Pero… Mónica; es por una cuestión de mayor seguridad…
-No señor; ya se decidió así. Además, son órdenes de arriba.
Mónica Torres había logrado un inusitado poder con algunos referentes de Montoneros, a punto tal que algunos, cuando llegaban a Paraná, se alojaban en su casa, como el caso de Roberto Cirilo Perdía. Y esa inserción había determinado que ella manejara dineros provenientes de Capital Federal o de Brasil, que servían para el manejo de algunos ex detenidos, en sus actividades para denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura.
La dirigente -que desde 1987 se transformara en subsecretaria de Derechos Humanos del primer gobierno de Jorge Busti- lo acompañó personalmente a Cambiasso a la vieja Terminal de Ómnibus de Paraná para retornar a Rosario. Hay quienes sostienen que en el mismo colectivo de la empresa El Rápido, en los últimos asientos, se ubicaron dos agentes de la SIDE de Paraná para seguir sus movimientos.
El otro dato que se manejó en forma reservada en los últimos años fue que Cambiasso llegó a Rosario, se fue a Pérez, buscó una suma de dinero (habría rondado los cincuenta mil dólares) y regresó a Paraná. Esa noche previa a su secuestro, el viernes 13 de mayo de 1983, habría vuelto a Rosario tras embarcarse nuevamente en un colectivo y ser acompañado otra vez por Mónica Torres.
El sábado 14, alrededor de las diez de la mañana, estaba junto a Eduardo Pereyra Rossi -también militante peronista- en el bar Mágnum de Rosario. Ninguno de los dos vio estacionar un Furgón Mercedes Benz sin patente, del que bajaron cinco hombres armados vestidos de civil. Cuando entraron al bar, fueron directamente a la mesa en la que estaban los dos dirigentes y los golpearon con las culatas de las armas, mientras ponían a los clientes contra la pared. Afuera había dos Ford Falcon con patentes de Capital Federal.
Osvaldo y Eduardo fueron llevados al furgón, que salió del lugar escoltado por los otros dos autos. La historia oficial dio cuenta de que ambos murieron en un supuesto “enfrentamiento” en plena Panamericana, cerca de la localidad bonaerense de Lima, tras un “tiroteo” con personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional Tigre, a cuyo mando estaba el oficial inspector Luis Abelardo Patti. Pero la autopsia comprobó que Cambiasso murió tras recibir un balazo en la nuca disparado a menos de un metro de distancia y que tenía signos de golpes en sus hombros, codos y rodillas. Otro examen médico determinó que Pereyra Rossi fue torturado con picana antes de ser asesinado de un tiro. “La única manera de entender que antes de matarlo lo hayan torturado con tanto odio, fue porque sus captores estaban buscando el dinero de la organización”, reflexionó un dirigente entrerriano.
Muchas veces se intentó pedirle explicaciones a Mónica Torres sobre los hechos de Cambiasso y Pereyra Rossi. La dirigente siempre se negó a hablar del tema. Cuando dejó de ser funcionaria se transformó en mano derecha de la entonces jueza de Instrucción, Susana Medina de Rizzo, actual vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, cuyo esposo, Ricardo Rizzo, fue médico del Hospital Militar durante varios años de la última dictadura. Torres ya era empleada judicial y optó por estar cerca de la magistrada. Alejada del PJ, se acercó a Sergio Montiel y logró ser diputada provincial de la UCR. Mónica Zumilda Torres se llevó su secreto a su tumba, pero está visto que la verdad siempre se sabe.
FuentedeOrigen:AnalisisDigital
Fuente:Agndh
Martínez niega haber integrado el 601
Publicado el 24 de Julio de 2011
El secretario general de la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, rechazó ayer las acusaciones sobre su presunta participación en el Batallón 601 de Inteligencia durante la última dictadura militar. Mediante una solicitada, Martínez afirmó: “No he integrado ni tenido participación en actividades represivas de las Fuerzas Armadas ni de Seguridad en período alguno.”
“En particular, no he formado parte del personal civil del Batallón 601 del Ejército”, indicó Martínez luego de la denuncia realizada en su contra por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), una agrupación gremial que cuestiona su conducción en la UOCRA.
A principios de esta semana Martínez se puso a disposición del juez federal Sergio Torres. El titular del sindicato de la construcción dijo que su “conducta y trayectoria sindical, política y personal ha sido, es y será totalmente opuesta a las acusaciones” que “pretenden atribuirle”.
Por su parte, el gobierno le había exigido “aclaraciones” a Martínez a través del ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
La denuncia realizada por SITRAIC señala que el nombre y número de DNI de Martínez figuraban en un listado que el Archivo Nacional de la Memoria entregó a la Justicia, en el marco de la investigación por delitos de lesa humanidad cometidos por personal del Batallón 601. “Bajo la dictadura –y también desde tiempos previos– el Batallón 601 se especializaba en hacer inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas subversivas, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el seguimiento de cautivos y ocultamiento o destrucción de cuerpos”, se indicó en la denuncia contra Martínez.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
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