Martínez quiere probar que no está vínculado a la desaparición de trabajadores
Publicado el 21 de Julio de 2011
Por Néstor Espósito
El titular de la UOCRA entregó un escrito en el que además de ponerse a disposición de la causa anunció que realizará una investigación propia sobre los 105 afiliados de su gremio que fueron víctimas de la represión.
El secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA) y ex titular de la CGT Gerardo Martínez presentó sorpresivamente un escrito ante el juez federal Sergio Torres acusando recibo, tardío, de las imputaciones que lo señalan como parte del Batallón 601 de Inteligencia durante la última dictadura. “Gerardo Alberto Martínez, por propio derecho… vengo por el presente a ponerme a disposición de V. S. en el marco de la causa que se iniciara en mi contra”, expresó el dirigente gremial en un escrito de dos páginas, firmado por los abogados Pablo Roberto y Pablo Francisco Argibay Molina. La causa a la que alude es la número 8677/11, promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), una agrupación gremial que cuestiona su liderazgo en la UOCRA y que junto a otras organizaciones denunció a Martínez por su pertenencia como civil al Batallón 601 que llevó a cabo tareas de inteligencia durante la dictadura. En un lenguaje escueto y críptico, Martínez anunció una investigación particular sobre la desaparición de 105 personas, presuntamente pertenecientes a su gremio, durante la represión. Atento a “notas periodísticas publicadas recientemente respecto a mi persona, vengo por el presente a hacer saber que realizaré una investigación en relación a las 105 personas desaparecidas de la actividad de la construcción, que han mencionado los distintos medios de comunicación en la publicidad dada a la denuncia”, sostiene el documento, al que tuvo acceso Tiempo Argentino.
La semana pasada, el SITRAIC y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas la AEDD (Asociación de ex detenidos desaparecidos), Liga Argentina por los Derechos del Hombre, CADHU (Centro de abogados por los derechos humanos), Liberpueblo, Apemia (Agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA), Movimiento Territorial Liberación, CTA (Central de Trabajadores de la Agentina), AGD-UBA (Asociación gremial docente de la Universidad de Buenos Aires), realizaron una conferencia de prensa con posterior presentación judicial en la que consignaron que el nombre y el DNI de Martínez figuraban en los registros del Batallón 601. El dato surgió como consecuencia del Decreto Presidencial 4/2010, que permitió desclasificar archivos secretos de la dictadura y revelar parte de una compleja trama de complicidades civiles con el régimen. Allí aparece “Gerardo Alberto Martínez DNI 11.934.882”, el mismo número que, de puño y letra, el sindicalista consignó en el escrito que entregó ayer en el Juzgado Federal Nº 9.
Fuentes judiciales consultadas por este diario explicaron que “por prudencia”, el escrito presentado ayer con la firma de Martínez no contiene una explícita desmentida de la pertenencia del sindicalista al Batallón de inteligencia. Sí, en cambio, describieron como una “advertencia” el anuncio de una investigación privada sobre los 105 desaparecidos que los denunciantes describen como pertenecientes a la UOCRA. En realidad, esa investigación –en lo que a pruebas incriminantes contra Martínez se refiere– ya fue parcialmente completada. Los 105 nombres fueron chequeados en el sindicado, cruzados con las listas de la Conadep y la conclusión a la que arribaron los colaboradores del ex jefe de la CGT durante el menemismo es que en casi la totalidad de los casos no se trata de afiliados al sindicato de los albañiles.
Que la causa haya recaído en el Juzgado 9 tal vez no sea la mejor noticia: fue allí donde Juan José Galeano tuvo a su cargo la investigación por el atentado contra la AMIA que terminó naufragando por el pago ilegal de 400 mil dólares al desarmador de autos Carlos Telleldín. Cuando Galeano fue destituido, ningún subrogante aceptaba ese sillón hasta que un secretario letrado de una vocalía de Casación se hizo cargo. Su nombre: Octavio Aráoz de Lamadrid. Renunció hace casi dos años y hoy está bajo investigación por presuntamente vender sus “influencias” en el máximo tribunal penal para favorecer a los acusados por el crimen del militante del PO Mariano Ferreyra a manos de una patota de la Unión Ferroviaria. Hoy el juzgado está vacante e interinamente lo subroga el juez federal Sergio Torres. La denuncia por la presunta pertenencia de Martínez a las fuerzas de la represión todavía no fue ratificada, ni se le pidió opinión al fiscal Guillermo Marijuán. Todo eso pasará después de la feria judicial de invierno, que concluirá el viernes de la semana próxima.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
GERARDO MARTINEZ SE PRESENTO ANTE LA JUSTICIA, PERO NO NEGO QUE HAYA SIDO PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA
Un pasado que requiere de explicaciones
Sindicatos y organismos de derechos humanos acusaron al jefe de la Uocra de tener responsabilidad en más de cien desapariciones. Martínez se presentó ante el juez Torres, desmintió ese hecho, pero no precisó si revistó como PCI en el Batallón 601.
Sin aclarar si fue servicio de inteligencia del Batallón 601, el titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, se presentó ayer ante la Justicia para “ponerse a disposición” del juez federal Sergio Torres, que investiga si el dirigente sindical tuvo alguna responsabilidad en el secuestro y desaparición de 105 albañiles durante la dictadura.
En un escrito que dejó en los tribunales federales, Martínez no desmintió explícitamente la acusación de haber sido agente civil del Batallón 601 entre 1976 y 1983. Lo que sí hizo fue despegarse de los secuestros de afiliados de su gremio.
Dado lo afirmado “en notas periodísticas publicadas recientemente respecto de mi persona, vengo por el presente a hacer saber que realizaré una investigación en relación a las 105 personas desaparecidas de la actividad de la construcción que han mencionado los distintos medios de comunicación en la publicidad dada a la denuncia”, anunció en el escrito que dejó en los tribunales. Martínez designó para su defensa al estudio de Argibay Molina y no hizo declaraciones.
Según fuentes allegadas al caso, el dirigente habría argumentado que las desapariciones de militantes del gremio se habrían producido en los años 1975 y 1976, antes de que él ingresara a trabajar en la Uocra, lo que sucedió recién en 1978.
La denuncia contra el dirigente de la Confederación General del Trabajo fue presentada hace ocho días por un grupo de sindicatos y organismos de derechos humanos, luego de que su nombre y número del Documento Nacional de Identidad fueran detectados en un listado que en mayo pasado el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) entregó a la Justicia para contribuir en la causa que investiga los delitos cometidos por el Batallón 601. Durante la dictadura, el Batallón concentró la información de todos los destacamentos de inteligencia del Ejército del país y coordinó con los servicios de inteligencia de las otras fuerzas, y con los de países limítrofes, la colaboración represiva en el Cono Sur.
Al llevar la denuncia a la Justicia, el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic), la CTA opositora, la Coordinadora contra la Represión Policial, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos pidieron que el dirigente fuera indagado para establecer qué rol cumplió en la desaparición de los activistas del gremio.
“Partiendo de la base de que el juez federal Ariel Lijo declaró al Batallón 601 como una asociación ilícita, solicitamos a la Justicia que verifique que estamos hablando de la misma persona y que, de ser así, se investigue la asociación ilícita de la que sería miembro, se lo detenga y se lo requiera por la desaparición forzada de 105 trabajadores de la Uocra durante la dictadura”, explicó en ese momento Graciela Rosenblum, desde la Liga.
Los denunciantes pidieron además que el titular de la Uocra fuera excluido de cualquier cargo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que es actualmente secretario de Organización.
Según los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Martínez entró a la Uocra en 1978, cuando tenía 22 años y el sindicato estaba intervenido por los militares. Lo habría hecho como empleado administrativo, es decir que nunca habría trabajado como albañil. Su nombre empezó a sonar, con la recuperación de la democracia, como uno de los dirigentes que junto a Saúl Ubaldini prometía ser parte de la renovación sindical. Fue elegido secretario general de su gremio en 1990 y desde allí llegó a ser titular de la CGT, entre 1995 y 1996. A lo largo de esa década, Martínez se convirtió en parte de lo más encumbrado de la dirigencia sindical que acompañó los dos mandatos presidenciales de Carlos Menem y las políticas que llevaron a la pérdida de derechos laborales. De 1997 a 2001 ocupó inclusive una banca en el Congreso Nacional como diputado del PJ.
Desde fines del año pasado, su nombre era impulsado desde un sector empresarial, a través de un operador de Techint, como candidato a reemplazar a Hugo Moyano al frente de la CGT, pero la propuesta no encontró espacio en el gobierno nacional.
“Vengo por la presente a ponerme a disposición de su señoría en la causa que se iniciara en mi contra”, expresó el escrito presentado ayer por la mañana en el juzgado que subroga Torres.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
Opinión
El caso merece una investigación cuidadosa
Publicado el 21 de Julio de 2011
Por Rodolfo Yanzón Abogado de Derechos Humanos.
La inclusión del nombre y los datos personales del secretario general de la UOCRA Gerardo Martínez en el listado de personal de Inteligencia del Batallón 601 merece una investigación. Hay que establecer qué tipo de actividad desarrolló Martínez en esa estructura y, en principio, debemos aclarar que no se puede asegurar que por figurar en ese listado el líder de la UOCRA haya cometido un delito. Allí también figuraban los cafeteros, los porteros y una amplia gama de personal.
Lo que debemos establecer es si Gerardo Martínez cometió o no un delito ya que no hay ninguna denuncia al respecto.
Creo que en términos políticos Martínez debe una explicación a la sociedad argentina y a su propio gremio.
Existe una causa judicial en los tribunales sobre el personal de inteligencia del Batallón 601 y el juez y el fiscal intervinientes están separando los nombres de aquellos que no pertenecen a estructuras ilegales de los que sí pueden haber participado en crímenes de secuestro o tortura.
Esta es la principal arista que deberá ser zanjada. Si uno sabía que dar el nombre o el dato de una persona implicaba que el futuro de una persona terminaba en el secuestro, la tortura y eventualmente la muerte, puede caberle en su contra una imputación penal.
Si desconocía esa situación, entonces no debería haber una acusación.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
Cuatro abogados de derechos humanos analizaron los juicios por delitos de lesa humanidad
Debaten si la represión fue un genocidio
Publicado el 21 de Julio de 2011
Por Gimena Fuertes
La mayoría reclamó la inclusión de la figura en la acusación contra los represores. Yanzón se ajustó a la Convención.
Mientras, Pablo Llonto, abogado de la causa Noble entre otras, Alejandro Alagia, fiscal en la causa Atlético-Banco-Olimpo y miembro del Colectivo Justicia Ya y Liliana Molinari, también de Justicia Ya, defendieron la figura de genocidio para contener los delitos de lesa humanidad perpetrados desde antes de la dictadura hasta los comienzos de la democracia, Rodolfo Yansón se diferenció y defendió la figura de “delitos de lesa humanidad”.
El fiscal Alagia argumentó que durante la dictadura los blancos de la represión no fueron calificados como “prisioneros de guerra ni delincuentes comunes sino delincuentes subversivos, individualizados y no asesinados en una matanza indiscriminada”.
Molinari, de Justicia Ya, organismo que a partir de la apertura de los juicios reclamó la inclusión de la figura de genocidio, sostuvo: “Estos juicios no son los mejores, ni los que queríamos, pero son los que se hacen y se van a seguir haciendo y el resultado es absolutamente positivo”. Molinari recordó que en algunas provincias, como Jujuy, todavía se está reclamando por el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad.
Por su parte, Yanzón advirtió sobre los riesgos de la utilización de la figura de crimen de lesa humanidad por parte de los represores quienes quieren equiparar las acciones de las organizaciones políticas armadas a los crímenes de la dictadura que “son un ataque sistemático y generalizado desde el Estado hacia la población”. Y se diferenció de los otros abogados al rechazar la figura de genocidio porque argumentó que “la Convención Internacional sobre Genocidio deja de lado a los grupos políticos, por lo que entonces se desdibuja de la escena la esencia y el contenido político de los crímenes”.
Llonto se quejó porque durante el desarrollo de los juicios, los magistrados no mencionan la palabra a pesar de que “los querellantes y los fiscales creativamente tratan de colar la discusión jurídica”. “Lo que aquí sucedió fue un genocidio político contra un grupo político, armado o no”, definió Llonto y reclamó que “los medios hegemónicos dejen de referirse a los juicios como una cuestión circunstancial de este gobierno sino como un proceso de Memoria, Verdad y Justicia.”
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
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