GUATEMALA.

viernes 8 de julio de 2011
Sandra Torres en condiciones como candidata presidencial en Guatemala
PL
La coalición UNE-GANA triunfó en su batalla legal y hoy está en condiciones de inscribir a Sandra Torres como su candidata presidencial a las elecciones de septiembre próximo en Guatemala.

Una sala de apelaciones del ramo penal dictó un amparo contra la decisión del Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que denegaba la participación de la aspirante por la Unidad Nacional de la Esperanza y Gran Alianza Nacional (UNE-GANA).

Aunque la justicia ordenó al RC incorporar a la exprimera dama, ese amparo puede ser apelado ante la Corte de Constitucionalidad.

La intención de inscribir a Torres fue rechazada tres veces por el TSE pues la consideraba ilegal, al haberse divorciado del presidente Alvaro Colom para optar por la candidatura.

Argumentaba la prohibición constitucional de postularse a familiares cercanos al mandatario en funciones, incluido el cónyuge.

El amparo fue otorgado por la sala al determinar que el TSE violó el derecho político de elegir y ser elegida de Torres.
Fuente:Argenpress


viernes 8 de julio de 2011
Amenazas de muerte sumadas a violencia electoral en Guatemala
PL
La violencia electoral en Guatemala ha cobrado unas 30 víctimas mortales desde el primer día del año y hoy siguen aflorando amenazas de muerte a candidatos denunciadas por sus partidos.

Toca el turno ahora al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), una agrupación controversial, cuyo secretario general, Luis Fernando Pérez, hizo públicas intimidaciones a seis de sus aspirantes a cargos de elección popular, e incluso familiares.

Una de esas fue dirigida a un diputado, quien ahora busca ganar una alcaldía, y a un alcalde en funciones que quiere reelegirse, este último en la peligrosa municipalidad de San José Pinula, cercana a esta capital.

De la noche a la mañana el FRG se quedó sin aspirantes a la presidencia y vicepresidencia para los comicios generales del 11 de septiembre.

Zury Ríos, proclamada antes en asamblea general del partido, anunció inesperadamente la renuncia a correr por la máxima dirección del Ejecutivo, ocasión en la cual admitió la falta de apoyo para esa organización, fundada por su padre, el exdictador Efraín Ríos Montt.

Tristemente célebre es San José Pinula, del departamento de Guatemala, donde dos candidatos a dirigir la alcaldía fueron ya ultimados a tiros, uno de ellos junto con dos de sus colaboradoras.

Poco después contra otro más hubo un ataque y salvó la vida por llevar un chaleco antibalas, pero las autoridades lo detuvieron al probar que resultó una farsa, un autoatentado, y lo inculpan de ser autor intelectual de los dos crímenes anteriores.

La Procuraduría de Derechos Humanos afirma que del 1 de enero al 30 de junio se reportaron 30 asesinatos, 20 heridos y 31 amenazados relacionados con el proceso electoral, sean candidatos o funcionarios.

En otro orden, en la más reciente reunión semanal de fiscales de las agrupaciones políticas con magistrados del Tribunal Supremo Electoral la representante del Partido Patriota arremetió contra el alcalde metropolitano, Alvaro Arzú, por hacer campaña ilegal.

De acuerdo con la denunciante, el expresidente de la República (1996-2000) hace propaganda favorable a su Partido Unionista, por el cual está postulada a la presidencia su esposa, Patricia Escobar.

Abuso de autoridad y propaganda electoral ilegal son los señalamientos a Arzú, quien aspira a un tercer periodo consecutivo al cargo actual.

Según los argumentos, la ley electoral prohíbe a los funcionarios públicos utilizar su influencia para afectar o favorecer a determinado candidato político.

viernes 8 de julio de 2011
Observatorio Ambiental recomienda al Estado la cancelación inmediata de las licencias mineras
CERIGUA
El Observatorio Ambiental de Guatemala (OAG) sugirió al Estado la cancelación inmediata de las licencias mineras para la extracción de hierro y otros metales en las playas de la Costa del Pacífico, debido a los elevados niveles de agotamiento, degradación y contaminación, derivados de ese tipo de actividades y a la exclusión social que exacerba la pobreza, características con las que usualmente se negocian esas concesiones.

De acuerdo con la publicación, Las Arenas de la Discordia: la minería en el litoral pacífico guatemalteco, elaborada por el OAG, los niveles de agotamiento, degradación y contaminación, derivados de las industrias extractivas, no sólo son de los más altos de la región latinoamericana, sino se mantienen sin la oportunidad de ser revertidos.

La tradición extractivista, sustentada en negociaciones político-económicas que le dan viabilidad, no es distributiva, lo que excluye a una gran parte de la población guatemalteca, situación que exacerba los actuales niveles de pobreza, hambre y desnutrición crónica y aguada que afectan al país, señala la información.

Durante muchas décadas de tradición extractivista, se ha imposibilitado la generación de bienes públicos que favorezcan a la sociedad, consideraciones que debe tomar en cuenta el Estado a la hora de evaluar los permisos de exploración y explotación de hierro y otros minerales en las playas guatemaltecas, enfatiza la investigación.

Esos factores son suficientes razones para concluir que las prácticas extractivas en el país son irracionales, ya que se privatizan las ganancias y se socializan los perjuicios

El Observatorio identificó algunos agravantes en ese contexto: los riesgos ambientales derivados de la extracción del hierro, serán adicionales a los generalizados por problemas de agotamiento, degradación y contaminación de los recursos naturales ya existentes.

Las actividades mineras son totalmente incompatibles, tanto con los atributos naturales de las zonas marino-costeras, como con los esquemas de gestión recomendados para esos territorios, en los que se debería promover el turismo natural y la investigación científica, añade la publicación del OAG.

La entidad, integrada por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), por el Área de Población, Ambiente y Desarrollo Rural de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (IPNUSAC), recomendaron la cancelación inmediata de las licencias para el reconocimiento y la explotación de hierro en la costa del Pacífico.

También solicitó a la comunidad internacional, apoyar las justas demandas de las poblaciones rurales que rechazan actividades generadoras de impacto como la minería, no sólo por las implicaciones en el entorno natural y los medios de vida, sino por los conflictos sociales que engendran.

El OAG instó a la Corte de Constitucionalidad a institucionalizar resoluciones en lo concerniente a considerar las consultas populares como mecanismos de expresión y a los Poderes Ejecutivo y Legislativo promover el proceso de emisión de una nueva ley de minería que contemple garantizar que la sociedad guatemalteca obtenga los mayores beneficios posibles de la explotación de sus recursos.

El Observatorio ofreció sus capacidades técnicas y científicas para apoyar y fortalecer los procesos de conceptualización, diseño y puesta en marcha de iniciativas compatibles con lo expuesto en el boletín.
Fuente:Argenpress