MÉXICO.

martes 12 de julio de 2011
17 militares violadores siguen sin castigo. Caso Castaños a punto de ir ante la CIDH
Sofía Noriega (CIMAC)
A cinco años de ocurrido, el caso Castaños aún no concluye, los inculpados y las víctimas están en espera del fallo de un juez federal sobre el amparo interpuesto por quienes recibieron condenas por la violación tumultuaria contra mujeres en condición de explotación sexual comercial.

El 11 de julio del 2006, 14 mujeres que trabajaban en el bar El Golfo Pérsico en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, vivieron una pesadilla al ser atacadas sexualmente por al menos 20 militares.

Sandra de Luna, defensora de las ofendidas, espera a que se resuelva el amparo para continuar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que sólo tres de los violadores están en la cárcel mientras que el proceso estuvo plagado de irregularidades, una de las cuales permitió que el subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas, el militar de mayor rango que participó en la violación, esté prófugo de la justicia.

“Ellas están conscientes de que hubo violación a sus garantías individuales, como lo refleja el caso de Ludivina Hernández, a quien al igual que a sus compañeras, no se le dio la píldora del día siguiente y como resultado del ataque quedó embarazada”, explicó la abogada.

Agregó que desde un inicio, en el trato de los agentes de la Fiscalía General del Estado hacia las víctimas, no hubo perspectiva de género, hicieron comentarios misóginos y sus actitudes fueron despectivas hacia los graves acontecimientos sufridos por las mujeres. “Por ejemplo, a una de las mujeres que denunció violación oral el ministerial le respondió que eso en lugar de un delito era un deleite”.

De Luna indicó que después del abuso, las circunstancias fueron muy ríspidas para las agredidas, no sólo por parte de las autoridades del fuero común, sino también de los medios de comunicación que hacían referencia a ellas en forma humillante y por las amenazas que recibieron de sus agresores.

Ante la CIDH, la defensora dijo que se pretende señalar los abusos, negligencia y omisiones de la Fiscalía General de Coahuila, del Tribunal Superior de Justicia estatal, la Sedena y del gobierno federal.

En lo referente a la Sedena, dijo, ha sido evidente la protección que la dependencia ha brindado a dos elementos que no han sido aprehendidos.

La presunción sobre la protección de la Sedena hacia los miembros que formaron parte de estos hechos, es que de los 20 militares que llegaron al centro nocturno El Golfo Pérsico, se logró la captura de ocho elementos, pero sólo cuatro recibieron condenas.

Sandra de Luna recordó que Omar Alejandro Fuentes Rangel, luego de recibir sentencia de 41 años, obtuvo en segunda instancia una pena de 15 años. Norberto González Estrada, Rosendo García Jiménez y Casimiro Ortega Hernández obtuvieron la absolución en segunda instancia.

El subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas fue absuelto en primera instancia, debido a que Wendy, una de las mujeres atacadas, se retractó de sus declaraciones que lo implicaban en el asalto sexual, aunque la defensa de las víctimas hizo valer la primera declaración testimonial.

Francisco Vargas fue sentenciado finalmente a 18 años de cárcel aunque no ha sido localizado por las autoridades para cumplimentar la orden de aprehensión.

“En la segunda instancia, el tribunal de circuito determinó que Vargas era responsable del delito de violación y el beneficio que le había sido otorgado a través de una sentencia absolutoria en primera instancia por el juez Iradier Huerta Medrano fue revocado”, dijo la abogada.

Agregó: “Norberto estaba trabajando en el Ejército, y al momento que se entera de su nueva situación judicial se da a la fuga, por ahora se hace una búsqueda a través de todas las procuradurías en toda la República Mexicana”.

Para Sandra de Luna, a pesar de la supuesta disponibilidad de la Sedena para que sus elementos recibieran todo el peso de la ley, hubo protección hacia los inculpados, al menos en el caso del subteniente Vargas, quien al momento de la agresión en la zona de tolerancia de Castaños, era el de mayor rango.

En tanto, Juan José Gaitán Santiago, con sentencia de 41 años de prisión por haber participado en seis violaciones, espera ser beneficiado para reducir su condena a través de la resolución de un juez federal.

Desparaece la zona de tolerancia
Debido a la presencia del crimen organizado, desde hace un año desaparecieron los dos salones de baile en la zona de tolerancia de Castaños, Las Playitas y El Golfo Pérsico.

Ahora las mujeres de Castaños han tomado diferentes rumbos: dos de ellas se autoemplearon, tres ya están casadas, otras dos fueron capacitadas en computación y dos más trabajan en bares de la ciudad de Monclova. El resto se fue a vivir a otras ciudades con el apoyo de sus familiares.

“De las 14 mujeres que sufrieron violación por parte de los militares, dos continúan en los bares, el resto se negó a seguir en el oficio en el que estaban”, comentó la defensora.

En el caso de Ludivina Hernández, quien tuvo a una hija producto de la violación, declinó iniciar cualquier trámite de pensión alimenticia porque no quiso que se generaran derechos y obligaciones por parte de su agresor.

El daño emocional no se les va a olvidar jamás, por eso la mayoría optaron por alejarse de su anterior vida; quizá lo que aprendieron fue su valía como mujeres y ciudadanas con derecho a la justicia.

“Ellas tenían la creencia que por ser sexo servidoras no las iban a tomar en cuenta, muchos actores sociales se movilizaron como instituciones de gobierno y de la sociedad civil”, destacó.

A su parecer, el de Castaños es el primer caso en América Latina donde se castigó a miembros del Ejército en tribunales civiles, lo cual sienta un precedente. Indicó que las afectadas no quedaron del todo satisfechas debido a que los inculpados no recibieron las penas máximas y no se tomaron en cuenta todas las agravantes.

Retrocesos
El obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, lamentó que el caso Castaños haya sido la excepción, con respecto a aplicar la justicia civil a militares que cometen faltas y abusos contra la población.

El reclamo y la defensa que hicieran diversas organizaciones a nivel nacional, entre las que destaca la Diócesis de Saltillo, que encabeza Vera, puso en la palestra la necesidad de que los militares fueran juzgados por lo civil.

Para el obispo, a pesar de que el juicio de los militares fue un parteaguas en América Latina, hubo un retroceso en el sexenio de Felipe Calderón.

El ejemplo más evidente del repliegue en esta materia, dijo, es el caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, de 73 años, que fue violada por militares en 2007, aunque su caso no llegó a los juzgados civiles. “Ese caso es paradigmático de cómo el señor presidente Calderón empezó a manejar al Ejército”, indicó el obispo.

Añadió: “Bajo el régimen político anterior hubo una respuesta bastante seria y positiva de que pusieran a los militares violadores y torturadores de estas mujeres en manos de la justicia civil”.

Pero en cuanto llega Calderón, señaló el obispo, todo se fue para atrás, el juez Hiradier Huerta “acabó haciendo una caricatura de juicio”.
Fuente:Argenpress