Una fiscal pidió que se someta a juicio oral y público a nueve ex integrantes de la comisaría 23 de la Policía Federal, entre ellos una mujer, por presuntamente haber torturado con una picana eléctrica a tres menores cuando los detuvieron en el barrio porteño de Palermo, informaron fuentes judiciales.
A otros ex miembros de la fuerza se los acusa de haber golpeado a los adolescentes, mientras que al resto de no haber hecho nada para impedir el hecho ni haberlo denunciado a sus superiores.
El pedido de elevación a juicio de la causa fue realizado por la fiscal de instrucción porteña Estela Andrades al juez Mariano Scotto, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Los imputados son la subinspectora Natalia Verón (33), el sargento Sergio Coronel (37), el sargento primero Juan Villegas (45), el agente Ricardo Coria (33), el cabo Mariano Cerrillo (31), el agente Guillermo Villán (27), el inspector Cristian Bejarano (33), el ayudante Leandro Bruschi (23) y el sargento primero Juan Morales (50), quienes permanecen detenidos por el hecho.
El suceso que se les imputa ocurrió el 20 de julio pasado, entre las 4.10 y las 6 de la mañana, cuando los adolescentes M. y J., de 17 años, y su amigo J.P., de 16, fueron detenidos en Guatemala y Gurruchaga de Palermo por el cabo Benítez, luego de ver roto un vidrio de una camioneta allí estacionada.
El policía pidió refuerzos por radio y llegaron otro uniformado que estaba cerca y tres patrulleros, uno con la subinspectora Verón, jefa de Servicio Externo, y conducido por Coronel; otro con Villegas y Coria, y el tercero a cargo de Cerrillo y Villán.
En base a la declaración de los menores, la fiscal dio por acreditado que "los seis uniformados comenzaron a pedirle a los tres detenidos sus datos personales, a la vez que los golpeaban, procurando una confesión, exigiéndoles que dijeran quién había sido el responsable de romper el automóvil".
M. dijo que lo lastimaron en la boca y en todo el cuerpo, J.
que le dieron cachetazos y golpes en el estómago tres policías a la vez, mientras que J.P. destacó que quien más lo golpeaba era la subinspectora Verón, a la que describió como "la más prepotente".
"¡A ver, sonreí y mostrame los dientes!", declaró uno de los adolescentes que le gritó la policía antes de golpearlo.
Poco después, cada uno de los jóvenes fue subido a un patrullero distinto y trasladado a la seccional 23a.
J. declaró que el efectivo que se sentó a su lado "sacó de un bolso una especie de picana" con la cual comenzó a infringirle descargas eléctricas en el cuello y en el pecho.
Ya en la seccional, los detenidos fueron conducidos a un pasillo donde la subinspectora Verón y el cabo Cerrillo, según la fiscal, "tomaron a M. del cabello y comenzaron a propinarle golpes de puño en la boca y el estómago".
Luego, "Verón comenzó a efectuarle a M. descargas eléctricas con un elemento tipo picana en el estómago y en la espalda", hasta que se le cayó al piso, y ahí siguió Cerrillo, mientras que luego la mujer, con otro efectivo, hizo lo propio con J.P.
Los tres menores dijeron que en el lugar también les cortaron el cabello y que todo era visto por el sargento Morales, luego reconocido, quien no hizo nada por impedir los tormentos.
También se determinó que la seccional estaba a cargo del jefe de servicio Bejarano, secundado por el oficial de guardia Bruschi.
Entre las 18.30 y las 19, los tres detenidos recuperaron la libertad y el padre de uno de ellos, regresó a la seccional a radicar la denuncia, recibida por el comisario Víctor Pellegrini.
Cuando el juzgado de turno tomó intervención, los menores fueron revisados por miembros del Cuerpo Médico Forense, quienes establecieron que presentaban múltiples lesiones en el abdomen, el cuello y los brazos por golpes y "lesiones electro específicas por pasaje de corriente eléctrica".
En la etapa de instrucción, todos los policías negaron haber torturado a los detenidos, aunque recordaron con precisión que los menores tenían "un bulón con una tuerca y un nylon con un pedazo de bujía", supuestamente para romper vidrios, y un sobre con marihuana.
La subinspectora Verón, que estuvo 15 días prófuga luego de que ordenara su detención, se jactó en su indagatoria de tener un legajo impecable y “medallas de todos los colores”.
Sin embargo, aclaró que su relación con el resto de los oficiales nunca fue buena porque estadísticamente tenía más cantidad de detenciones y hechos esclarecidos.
Fuente:Telam
Para el fiscal, los ex policías tenían un "plan criminal acordado"
Los nueve ex policías de la seccional 23a. porteña acusados de torturas, apremios ilegales y otros delitos tenían "un plan criminal" previamente acordado con división de tareas, según interpretó la fiscal Estela Andrades.
A la hora de evaluar la prueba reunida en la causa, la representante del Ministerio Público remarcó "el contundente relato efectuado por los menores, quienes describieron detalladamente los tormentos a los que fueron sometidos".
"Fueron las propias víctimas quienes en forma coincidente mencionaron la utilización de una picana y aclararon en qué momento fue usada y en qué parte de su cuerpo recibieron las descargas, las cuales se condicen con las lesiones advertidas y acreditadas", subrayó Andrades.
La fiscal condenó la utilización de la picana, usada especialmente durante la última dictadura militar, porque "sólo tenía como finalidad generar dolor físico, temor y angustia en las víctimas, más aún cuando explicaron que la intensidad de las descargas eléctricas se fue incrementando progresivamente".
"Así se advierte la existencia de un plan criminal previamente trazado bajo un régimen de división funcional de tareas" por parte de los policías, consideró.
Para la fiscal, los policías Verón, Cerrillo y Villegas son coautores del delito de torturas reiteradas y Coria, Coronel y Villán coautores de apremios ilegales agravados, en todos los casos cometidos en tres oportunidades.
La conducta reprochada a Bejarano, en tanto, constituye el delito de omisión de evitar la comisión de torturas, mientras que a Morales y a Bruschi, la omisión de denunciar los hechos.
La fiscal también pidió que se cite a declaración indagatoria a tres policías de la misma seccional por su presunta participación en el hecho y a una médica legista que revisó a los menores damnificados y cuya actuación está puesta en duda.
Fuente:Telam
La esquina del horror
Por Tomás Eliaschev
01.06.2011
Los tres chicos que denuncian haber sido torturados en la comisaría 23 de Palermo no son los únicos que respiraron tranquilos cuando la subinspectora Natalia María Fernanda Verón fue detenida, luego de estar prófuga 40 días, acusada de aplicar métodos del terrorismo de Estado. El ciudadano boliviano Epifanio Damián Arnez Castillo, quien llegó al país hace dos décadas, también pudo relajarse un poco. Hace dos años sufrió en carne propia la brutalidad del trato policial: fue detenido, golpeado y le mataron a su perro, de raza rottweiler. Pese a sus denuncias, la mujer siguió en su cargo y haciendo de las suyas.
La policía, que tiene 33 años, se escapó el 8 abril pasado, acusada de torturar y detener ilegalmente a tres jóvenes en la madrugada del 20 de julio de 2010, en la palermitana esquina de Gurruchaga y Guatemala. En esa oportunidad, un agente escuchó el estallido de un vidrio de una camioneta estacionada en la calle y pidió refuerzos. Al lugar llegaron dos patrulleros, en uno de los cuales estaba Verón, y los muchachos, dos de 17 años y uno de 16, que estaban en las inmediaciones, fueron detenidos por “tentativa de robo de automotor”. En el trayecto, y en la comisaría, ubicada en Santa Fe y Gurruchaga, los jóvenes –según denunciaron– fueron humillados, golpeados e incluso picaneados con una pistola electrónica, como las que Macri quería imponer en la Metropolitana.
Uno de los chicos tenía pelo largo, pero Verón se lo cortó a la fuerza. “Acá la única que usa colita soy yo”, advirtió la mujer, según relataron las víctimas al juez Mariano Scotto, que procesó en total a nueve policías. La decisión fue ratificada por la sala VI de la Cámara del Crimen. Tanto Verón como Mariano Cerrillo y Juan Raúl Villegas fueron procesados por “tortura reiterada en tres oportunidades”. Otros seis policías de la comisaría están procesados por “apremio ilegal” y “omisión de evitar la comisión de torturas”. Finalmente, el 19 de mayo, Verón fue detenida por efectivos de Asuntos Internos de la Policía Federal. Se había escondido en una casa del country “Los Nuevos Ombúes”, en la localidad de Florencio Varela. Permanece presa en el penal de Ezeiza.
La denuncia fue acompañada por la oficina de Seguridad Urbana de la Defensoría del Pueblo porteña. En ese ámbito se asentó también la denuncia de Arnez Castillo, quien recibió a Veintitrés en su taller mecánico. “Cuando me enteré que Verón estaba prófuga, reviví lo que me pasó el domingo 20 de septiembre de 2009”, contó, acompañado por sus nuevas mascotas. “Fue una pesadilla”, resumió el hombre, que también es electricista. “Esa tarde había ido a hacer un trabajo a domicilio. En Paraguay y Thames se me acabó la nafta y me tomé un taxi para ir a comprar combustible. En el auto quedaron mi rottweiler, Oliver, y una ovejera, Laika. Tardé diez minutos en volver de la estación de servicio. Cuando llegué, había un móvil de la comisaría 23, con la policía Natalia Verón a cargo. Me pidieron los documentos. No los tenía encima, por lo que llamé a mi mujer para que me los trajera. Me dijeron que el auto tenía pedido de captura, que me lo iban a retener, y que mis perros se los iba a llevar la División Perros de la policía”, relató.
Lo que vino después –según Arnez Castillo– es digno de una película de terror. “Les dije que me dejaran sacar los perros del auto, porque no iban a dejar que los sacara nadie más. Ahí nomás me esposaron, me quebraron la mano derecha, me rompieron la campera, me jalaron del pelo y me tiraron al piso. Llegaron más policías y varios me empezaron a golpear. En la esquina había una heladería, donde había gente, pero no entendían qué sucedía”, continuó.
Entre lágrimas, conteniendo la bronca, muestra su dentadura, todavía con señales de la golpiza: “Me patearon en la cara y me bajaron tres dientes. Tenía toda la boca sangrando. Mientras me pegaban, me decían ‘boliviano sucio de mierda’. A la fuerza, me metieron en el móvil. Otros policías trataban de tapar para que la gente no viera. Los perros no paraban de ladrar, porque me estaban golpeando”. Ya en el patrullero, vio cómo dos policías de la División Perros forcejeaban con los canes. “Los sacaron con una soga de ahorque, como una caña de pescar. Yo les rogué que me dejaran a mí. Me siguieron pegando, me decían ‘callate negro de mierda’. A la ovejera la pudieron sacar, pero al rottweiler lo ahorcaron cuando forcejeaban, lo sacaron muerto. Todas las órdenes las daba Verón”, denunció.
Cuando se enteró de que la mujer estaba prófuga, temió por su vida. Todavía resonaban en su cabeza las palabras que ella le profirió. “Te salvaste porque estabas en la esquina y había gente, si hubieras estado en otro lugar te hacíamos boleta”, le dijo la policía, según rememoró. Aunque a Verón le abrieron un sumario y fue denunciada ante el Inadi, siguió en su cargo hasta el caso de los tres adolescentes.
La comisaría 23 tiene antecedentes tenebrosos. El hecho más reciente fue el secuestro extorsivo del ciudadano peruano Lázaro Castillo, a quien tres efectivos de esa dependencia le habrían pedido 20 mil pesos para no inventarle una causa por drogas. Los efectivos policiales están presos a la espera de la condena. Pero esto no es todo: otros tres policías de esa comisaría fueron detenidos luego de robar un supermercado en José C. Paz, en 2006. Y un año antes, cinco chicos en situación de calle fueron encarcelados en los calabozos de la comisaría, pese a ser menores. La dependencia policial también se vio manchada por el caso de Axel Blumberg: Daniel Gravina, ex subcomisario de la 23, es considerado por la querella como responsable del secuestro, aunque resultó absuelto.
Al ciudadano Arnez Castillo, la violencia que sufrió le hizo incrementar su amor por los perros. “Oliver tenía once meses, era un cachorro, era un amor, mi compañero inseparable –evoca emocionado la víctima del maltrato policial–. Y debido a este episodio, quedé muy marcado psicológicamente. Me sentía impotente y quería ayudar a los perros indefensos.” Pero siguió adelante: “Decidí hacer un refugio canino en un terrenito que compré en el Barrio 17 de Noviembre, Lomas de Zamora. Tengo 25 perros: unos que me regalaron y otros que levanté de la calle. Los cuido y alimento, por lo que estoy solicitando donaciones para continuar con el trabajo”. Nadie le devolverá a su fiel mascota, Oliver, pero ahora tiene la satisfacción de que sus denuncias, aunque tarde, fueron escuchadas.
Fuente:Revista23
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