Decreto revoca archivo de causas por "legitimidad"
El Ejecutivo aprobó a última hora de ayer la resolución por la cual revoca, por razones de legitimidad, todos los actos administrativos y mensajes de gobiernos anteriores que incluían en la Ley de Caducidad los delitos cometidos por la dictadura (1973-1985).
El acto de gobierno lleva la firma del presidente José Mujica y de sus ministros.
Establece la revocación por razones de "legitimidad" de las decisiones de los gobiernos anteriores, a excepción del de Tabaré Vázquez, los que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en la Caducidad, y los declara fuera de la norma. Asimismo, se determina la comunicación inmediata a la Suprema Corte de Justicia. Esto implica que los anteriores decretos son "nulos e ilegítimos"
El gobierno consideró la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Juan Gelman contra Uruguay, la cual dispone que el Estado debe "garantizar que la Ley de Caducidad, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación y, si procede, la sanción de los responsables.
En consecuencia, el Estado debe "disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo".
Se destaca que Uruguay ha "ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, y que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana por tiempo indefinido y de la Corte Interamericana sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención".
El gobierno remarca que, tal como lo expresa el fallo de la Corte Interamericana, "sin perjuicio de que la Ley de Caducidad ha sido aprobada en un régimen democrático y ratificada por la ciudadanía en dos oportunidades, ello no ha legitimado el proceder del Uruguay ante el derecho internacional de Derechos Humanos".
Se cita que el fallo de la Corte Interamericana concluye que "el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, previstos en la Convención Americana y la Convención Interamericana". En particular debido a la "interpretación y aplicación que se ha dado de la Ley de Caducidad la cual carece de efectos jurídicos respecto de graves violaciones de derechos humanos". Se destaca que el Estado ha ratificado la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. En virtud de estos hechos, el Estado ha sido objeto de "sentencia condenatoria", y por otra parte la administración está obligada a revocar los actos administrativos contrarios a Derecho, de oficio o a petición de parte.
ALMAGRO SE REUNIO CON EL PIT-CNT
Canciller Almagro.
El gobierno se manifestó afín a interpretar y aplicar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de Desaparición Forzada para evitar que en noviembre prescriban los delitos cometidos por la dictadura.
El canciller, Luis Almagro, recibió ayer a una delegación de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT compuesta por Washington Beltrán y Edgardo Oyenar. La central sindical planteó su preocupación por la inminente prescripción de los crímenes cometidos por la dictadura. Almagro dijo que para salvar este obstáculo existen "muchas variables", y las soluciones pueden ser "fundamentalmente legislativas".
El Ejecutivo "quizás pueda dar un impulso dinamizador pero en definitiva es la aplicación judicial de las convenciones de las que el país forma parte en materia de derechos humanos, si vamos por esa lógica de interpretar y aplicar las convenciones Interamericana de Derechos Humanos y de Desaparición Forzada, como que existiría un margen judicial para ir adelante".
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
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