ADMITE UN SUBOFICIAL CHILENO QUE USO SU ARMA EN LA ZONA EN LA QUE MANUEL GUTIERREZ RECIBIO UN IMPACTO DE BALA
Un policía disparó donde murió el joven
Isaac Gutiérrez, hermano de la víctima, dijo que la familia evalúa presentar acciones legales por el crimen, dado que “carabineros debería haber abierto una investigación interna”. Hubo bajas en la institución.
Por Christian Palma
Desde Santiago
“A Manolito lo mataron los carabineros”, dijo la familia del estudiante de 16 años Manuel Gutiérrez, que falleció en la madrugada del viernes pasado producto de un disparo en el tórax justo cuando en Chile terminaba con violencia en las calles un paro nacional de dos días. La policía uniformada negó cualquier responsabilidad en el hecho, declinó realizar una investigación interna y pidió –en boca de los superiores– “no especular” respecto del caso. Y si bien todavía no se ha identificado al ejecutor del tiro fatal, ayer el jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general José Luis Ortega, confirmó que un suboficial de la institución disparó la noche en que el menor falleció en la populosa comuna de Macul, en la zona sur oriente de Santiago. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, pidió a la jefatura de carabineros la salida del general Sergio Gajardo. Con el correr de las horas se dieron de baja más efectivos: los cabos segundo Patricio Bravo Muñoz y Francisco Vásquez Flores, así como el carabinero William Rodríguez y la subteniente Claudia Iglesias.
El efectivo identificado como Miguel Millacura Cárcamo –con 18 años de servicio– reconoció que había disparado al aire, pero no contra las personas que se manifestaban en el lugar del deceso. En ese sentido, el general Ortega precisó que cerca de las cero hora del pasado viernes el suboficial concurrió por iniciativa propia a prestar ayuda al personal de servicio que operaba en la zona, en las cercanías de un Servicentro. Allí, según el efectivo policial, se percató de que un grupo de personas disparaban contra los carabineros desde el otro costado de la calle, por lo que decidió hacer uso –en dos ocasiones– de su UZI de 9 milímetros.
“Una vez en el lugar y al observar que desde el otro costado disparaban en contra del personal que había requerido apoyo, el suboficial jefe de la patrulla tomó la decisión de hacer uso de su armamento de servicio, una pistola UZI 9 milímetros, en dos ocasiones”, aseguró la autoridad policíaca.
En la declaración, Millacura reconoció que tras efectuar los disparos limpió su arma y cargó dos balas propias para que no fueran echadas de menos en la revisión oficial. Con todo, el general de carabineros insistió en que no están atribuyendo la responsabilidad de la muerte de “Manolito” al policía, situación que deberá establecerse o descartarse a través de los peritajes que realizará la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
“Carabineros no lo está culpando por la muerte del joven Manuel Gutiérrez, sino que es responsable por haber utilizado su arma y no haber dado cuenta y además haber repuesto la munición y limpiado el arma”, señaló el jefe policial.
Conocida la noticia, el abogado de la familia, Washington Lizama, sostuvo que el testimonio de Miguel Millacura es clave para esclarecer la muerte del joven. “Es muy importante como primer paso en el descubrimiento de la verdad”, sostuvo el profesional. “Esto confirma que lo sostenido por la familia no era una imputación o acusación antojadiza”, agregó según consignó a Radio Cooperativa. El abogado añadió que “la versión se ajusta completamente a los testimonios y los antecedentes que nosotros logramos recopilar tanto el jueves en la madrugada como viernes y sábado. Los vecinos y testigos van en una sola dirección: la bala asesina salió de un piquete de carabineros”.
Isaac Gutiérrez, hermano de la víctima, dijo que la familia evalúa presentar acciones legales por el crimen, pues “carabineros debería haber abierto una investigación interna para tratar de esclarecer y demostrar transparencia en cuanto a los hechos”, dijo Isaac.
En esta línea, el ministro de Interior Hinzpeter declaró tajante que “si algún carabinero se alejó de las normas profesionales con que debe actuar, deberá responder con todo el rigor de la ley y a mí no me va a temblar la mano”.
Los dirigentes estudiantiles también han opinado acerca del asesinato. Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, señaló que “para nosotros es muy importante que las responsabilidades sobre la destrucción de esta familia por el asesinato de un niño de 16 años no queden impunes”.
El dirigente dijo además que llamarán a organismos internacionales de derechos humanos para que visiten y estén presentes en las jornadas de movilización futuras.
Por su parte, Camila Vallejo, de la Universidad de Chile, sostuvo que en el diálogo que sostendrán con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda emplazarán “cara a cara” al gobierno por la muerte del joven baleado.
A la muerte de Manuel, se sumó ayer la de Mario Parraguez (18), quien el jueves pasado fue herido de bala en la combativa población La Pincoya. La información fue entregada por la alcaldesa de la zona, Carolina Plaza, quien confirmó la muerte del joven de 18 años que fue herido por un balazo, todavía anónimo, mientras se encontraba participando en algunos de los disturbios registrados esa noche que conmovió a Chile.
CAMBIAN LA FECHA DE LA REUNION CON ESTUDIANTES
La educación puede esperar
Cuando todo Chile se preparaba para ver los resultados de una reunión que se llevaría a cabo hoy entre los dirigentes estudiantiles y el gobierno, encabezada por el propio presidente Sebastián Piñera, para tratar de destrabar un conflicto que se alarga por más de tres meses, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, informó ayer que se buscará una nueva fecha para la cita que debería desarrollarse dentro de esta semana. “Respecto de la fecha en que se va a realizar la reunión, queremos que se concrete lo antes posible. Estoy trabajando en convocar a los distintos actores. No va a ser mañana (por hoy) porque es muy encima, pero sí creemos que se va a poder realizar durante esta semana”, precisó Bulnes.
“Estamos invitando a un diálogo y eso supone que hay que concordar con los distintos actores. Tenemos que buscar ese día en que a todos les resulte que las agendas sean compatibles, pero estoy muy esperanzado de que va a ser durante esta semana, digamos durante el correr de miércoles, jueves o viernes”, añadió el secretario de Estado.
Con anterioridad, el ministro vocero de La Moneda, Andrés Chadwick, había adelantado que el gobierno espera un diálogo “abierto y sin condiciones” en la cita que convocará a dirigentes estudiantiles, profesores, alcaldes y los presidentes de ambas Cámaras del Congreso.
Los principales dirigentes de la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (Confech), Camila Vallejo (Universidad de Chile) y Giorgio Jackson (Universidad Católica), reiteraron que en la eventual reunión solicitarán frenar los proyectos de ley relacionados con el movimiento y que se enviarán al Congreso para que ahí se resuelvan, pedirán asegurar la transparencia en los debates con el Ejecutivo, además de criticar la represión policial.
Ambos líderes recordaron además que el encuentro con Piñera en ningún caso es una mesa de trabajo. “Queremos recalcar que esto no constituye una mesa de diálogo, este es un primer acercamiento. El presidente ha dicho que quiere diálogo y nosotros le hemos dicho que queremos ver cómo se tiene que asegurar. Queremos dar a conocer cuáles son las condiciones mínimas para poder tener un terreno fértil que conduzca a los grandes cambios estructurales que nosotros estamos proponiendo”, dijo Jackson.
Vallejo agregó que “éste sería el primer emplazamiento cara a cara con el presidente para ver si están las condiciones”, dejando claro que falta mucho para que el tema se resuelva.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
Chile: incluyen a asesino entre víctimas de dictadura militar
29 de agosto de 2011
Por EVA VERGARA
Un fuerte rechazo de los organismos de derechos humanos provocó la inclusión de un asesino y de una colaboradora del aparato represivo de la dictadura chilena (1973-1990) en un listado de víctimas del régimen militar que les dará derecho a recibir una pensión mensual vitalicia.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, demandó el lunes la revisión del último listado de torturados y presos políticos publicado 11 días atrás.
Con este último informe, el número total de víctimas ascendió a 40.043: 36.948 prisioneros o torturados y 3.095 ejecutados o detenidos-desaparecidos.
La inclusión en el listado da derecho a recibir una pensión mensual vitalicia equivalente a unos 256 dólares.
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, dijo que "no vamos a aceptar que un individuo... que cometió crímenes tan alevosos contra compañeros nuestros, que un criminal como éste pueda ser pagado, financiado, con los dineros de todos los chilenos".
Luz Arce, socialista, y Miguel Estay Reyno, comunista, fueron quebrados por las torturas y se convirtieron en delatores. Estay, además, abrazó las ideas de la dictadura e integró un comando asesino.
La presidenta de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuya primera versión data de 2003, María Luisa Sepúlveda, dijo que "a nosotros lo que nos pidieron fue no que juzgáramos los actos posteriores de las personas" sino comprobar si habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado.
"En el caso de estas dos personas (Arce y Estay) estaba probado", agregó.
Arce, detenida en 1974, sufrió salvajes torturas hasta transformarse en colaboradora. Con el retorno de la democracia, en 1990, se creó una comisión que cuantificó a los ejecutados y desaparecidos. Arce colaboró con los comisionados.
Estay, un militante comunista, se convirtió en un agente de un comando represivo de la fuerza aérea y de otro de la policía. Actualmente cumple cadena perpetua, en una cómoda prisión construida especialmente para violadores de los derechos humanos, por su participación en el secuestro y degollamiento de tres militantes comunistas en marzo de 1985.
En tanto en el listado también se incluyó a Galvarino Apablaza Guerra, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador derechista Jaime Guzmán, acribillado en abril de 1991. Chile pidió su extradición a Argentina, donde se le concedió refugio político.
Fuente:Telam
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