29.08.2011
Por Darío Richarte*
Abogado y profesor de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la UBA.
Soy nieto, hijo y sobrino de abogados.
Desde chico supe que hoy, como cada 29 de agosto, se celebra el día del abogado en conmemoración del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, el padre de nuestra Constitución Nacional. En su texto más célebre Las Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, Alberdi afirma que el principal objetivo de una Constitución es el de erigirse como la regla fija de conducta que debe seguir el Estado. Tal concepción responde al imperio de los ideales liberales, donde las declaraciones de derechos fueron pensadas como límite al poder del Estado y, lo cierto es que, hasta hoy, esa definición nos provee un norte claro, irrefutable, para analizar la historia de nuestra Nación. El Estado genocida, que a partir de 1976 puso en marcha el plan sistemático de exterminio que resultaría en la eliminación de una generación entera, tomó como primer medida la suspensión -ilegítima- de la vigencia de la Constitución y dictó un cuerpo normativo que pretendía reemplazarla.
Sólo así se pudo perpetrar el horror de las desapariciones, los campos de concentración, las torturas y la entrega sistemática del patrimonio nacional construido por todas las generaciones de argentinos desde los inicios de la Patria.
El resultado en términos de vidas humanas fue demoledor. Según el informe presentado al mundo por la CONADEP en 1984 con el retorno a la democracia: “Fueron secuestrados, y desaparecieron, no menos de 109 abogados”. La cifra de letrados desaparecidos, en sí misma, es más que elocuente respecto de la encarnizada persecución de la dictadura hacia los abogados que representaban para ellos el bastión de legalidad que había que someter. El otro dato impactante lo marca que el 90% de esas desapariciones se consumaron entre marzo y diciembre de 1976. Los abogados, que resistieron desde las primeras horas del golpe de Estado a pie firme la brutalidad del régimen, debían ser eliminados lo más rápido posible. Buscaron, aunque nunca lo lograron, forzar la desaparición de todo vestigio de ley. La junta militar, y en especial sus cómplices civiles, conocía muy bien el valor intrínseco que representaba la profesión de abogado en el entramado de las instituciones. Los “cerebros” de la represión les habían advertido a los militares que detentaban el poder que los abogados serían la cabecera de playa de una resistencia silenciosa. Fue por eso que desataron una verdadera cacería a lo largo de 1976. Al final de ese verdadero año, casi 100 abogados ya figuraban en listas de desaparecidos.
Como el caso de Mario Abel Amaya, diputado nacional de la UCR, quien junto con Hipolito Solari Yrigoyen fue secuestrado en la noche del 17 de agosto de 1976 por haber prestado su asesoramiento legal entre otros a Agustín Tosco.
No estaban equivocados los ideólogos de la dictadura. Los abogados contaban con una herramienta que la estructura legal de la Nación les había proveído: el hábeas corpus. Y aunque los militares buscaron por todos los medios posibles desactivarla, al final de la dictadura, cuando no pudieron sostener el poderoso aparato represivo que habían montado y los jueces se animaron a otorgarle plena vigencia, fue esa figura legal la que logró rescatar del horror a cientos o miles de personas.
Bien vale el recuerdo hoy, en el Día del Abogado, del primer hábeas corpus interpuesto por los abogados desaparecidos. Fue presentado para pedir por el paradero de Roberto Sinigaglia, activo militante del centro de abogados peronistas de la Capital Federal. Detenido desaparecido por un grupo comando desde su estudio de la calle Viamonte, a metros del Palacio de Tribunales. Ese hábeas corpus, el primero a pocas horas del golpe, fue presentado por su amigo y socio, el doctor Conrado Origosa Antón, un recordado letrado del sindicato de los obreros gráficos que lideraba Raimundo Ongaro.
En este recuerdo al primer hábeas corpus contra los atropellos y vejaciones de la dictadura se resume la memoria de la lucha de miles de abogados que en silencio, teniendo que vencer el miedo y un clima de brutal indiferencia, presentaban cada día recursos que sistemáticamente eran rechazados con un mecanismo estandarizado, al tiempo que los situaba en la lista negra de “sospechosos”.
En sus ejemplos se verificó la función más importante que los abogados tenemos como ciudadanos: así como la Constitución debe ser, en términos de Alberdi, la regla fija de conducta que debe seguir el Estado, somos los abogados quienes llevamos añadido como rol fundamental de nuestra profesión el cargo de realizar tal verificación.
Hoy es para mí obligatorio saludar a tantos colegas que en su tarea diaria hacen carne el honor de esta función especial, que nos está reservada por ser hombres y mujeres entregados a la vocación de la búsqueda incesante de la justicia, esa llamada que es capaz de atravesar años de impunidad y olvido para mantener vigente el empeño de la memoria.
Fuente:TiempoArgentino
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