“Los procesos posteriores a esta tragedia, en particular la ocupación masiva de lugares públicos o de particulares, han acaparado la atención y se encuentran todavía en desarrollo. Merecen toda la atención. Hay que realizar todo lo necesario para solucionar el déficit habitacional en toda la provincia. Hay que revisar las políticas que llevaron a esta situación y hacer cambios profundos. Es la única forma en la que se va a recuperar la confianza en las autoridades y la vigencia de los derechos y de las garantías de quienes habitamos Jujuy”.
Pero, enfatizó, “nada puede ser motivo para que se olvide a los muertos. El esclarecimiento de lo sucedido, la determinación de las responsabilidades de todo tipo, el conocimiento de la verdad y la efectividad de la justicia son urgentes y también imprescindibles. A más de la gravedad en sí, la participación de poderes y de agentes del Estado impone al propio Estado, una responsabilidad especial en el completo esclarecimiento y en la aplicación de las penas”.
•EL RELATO DE LOS HECHOS
UNA PELEA DE SIETE HORAS
El diputado Pablo Baca fue miembro de la Comisión Parlamentaria Investigadora de los hechos de Libertador, una instancia que fracasó por la falta de voluntad del oficialismo para que comparecieran el ex Jefe de Policía y el ex Ministro de Gobierno.
El legislador, no obstante, después de escuchar algunos testimonios efectuó una referencia a los sucesos. “El jueves 28 de julio a eso de las seis de la mañana, cuando todavía era de noche, un grupo de la Policía de Jujuy ingresó a un predio del Ingenio Ledesma que estaba ocupado por entre 500 y 700 familias. Participaron unos 220 policías, 100 de Comisarías de la zona y otros 120 de unidades especiales de la Capital y otros lugares. Los de las Comisarías de Libertador no llevaban protección. Los de unidades especiales tenían cascos, chalecos, escudos y polainas, pero eran equipos vencidos. No participaron los 220 policías de la operación porque un grupo se ubicó para proteger un destacamento ubicado a pocas cuadras. Los que lo hicieron ingresaron con gases y armas con balas de goma. Los ocupantes fueron expulsados del predio pero permanecieron en la calle colindante peleando con la Policía con piedras y palos, se protegían de las balas de goma con pedazos de tachos de metal o de chapas. En esas condiciones comenzó una pelea que duraría más de 7 horas”.
“Este dato no tiene explicación porque supuestamente se habría dado la orden de replegarse horas antes. Pero siguiendo con lo sucedido, pasadas las 9:30, tres policías resultaron heridos por armas de fuego. Uno de ellos, Alejandro Farfán, ingresó muerto al hospital de Libertador. Continuó sin embargo la situación hasta después de las 13 hs. Entre las 12:45 y las 13 ingresaron dos civiles muertos al mismo hospital y otro con una herida que le provocaría la muerte, Ariel Farfán, Félix Reyes y Juan Velázquez. Al cabo de la jornada hubo además más de 60 personas con heridas de distinto tipo. Uno de esos heridos, por lo que se sabe, tiene necesidad de ser sometido a un tratamiento de reconstrucción facial”.
Pablo Baca refirió que “en las expresiones del gobierno sobre esta situación se ha responsabilizado al Juez que dispuso el desalojo, se ha mencionado la posibilidad de que personal de Ingenio Ledesma haya participado en los hechos, se ha sostenido también la posibilidad de que hayan existido activistas de fuera de la provincia hablándose de “balas importadas”, también se ha responsabilizado a sectores políticos, de la interna del Partido Justicialista y del duhaldismo. El gobierno no ha ofrecido pruebas pero, igual, todas estas acusaciones tienen que ser investigadas. Tanto el ex Jefe de Policía como el Ministro de Gobierno sabían de la ocupación y participaron en la decisión del desalojo”, enfatizó.
El legislador radical consideró que “de ninguna manera una situación social de la magnitud de la que se presentaba en Ledesma podía haber sido abordada en la forma brutal en que se hizo. Cualquiera que enfrenta un desalojo se encuentra en una vulnerabilidad extrema. Había niños, ancianos y otras personas que tenían derecho a una particular protección. Los mismos efectivos de la fuerza policial fueron expuestos a graves peligros, como lo muestra la muerte de uno de ellos. La actuación del Estado en todos los casos debe proteger la integridad y la dignidad de las personas. No hay evidencia alguna de que se hubiera efectuado un esfuerzo consistente para encontrar una solución razonable”, concluyó Baca.
Envío:CecilioM.Salguero
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