Un final que se demora
Por Diego Martínez
La promesa del gobernador Walter Barrionuevo de otorgar “un lote a cada familia que lo necesite” con la condición de abandonar los terrenos ocupados no logró descomprimir la crisis política y social en Jujuy. Mientras dirigentes partidarios se cruzan acusaciones y la oposición abandonó en tiempo récord la comisión parlamentaria creada para investigar las responsabilidades políticas por las muertes de Libertador General San Martín, que terminó con cuatro muertos y casi setenta heridos, en la sociedad civil comienza a tomar fuerza el rechazo a la “ola ocupa” y a los “intrusos”, conceptos que utilizan con naturalidad los medios de comunicación. Ayer se realizó en San Salvador de Jujuy una “marcha por la paz”, a la que desde las redes sociales se convocaba a participar con velas, con ropa blanca y aclarando que no habría líderes ni oradores.
La multiplicación de tomas, sumada a los dimes y diretes entre funcionarios y opositores a una semana de las primarias abiertas, relegaron a un segundo plano la investigación penal sobre los asesinatos de un policía y tres civiles durante el intento de desalojo, el jueves 28, de quince de las más de 150.000 hectáreas que la familia Blaquier posee en Jujuy. Antes de retomar la instrucción de la causa, el juez penal Jorge Samman deberá pronunciarse mañana sobre el pedido de recusación en su contra presentado por la abogada de la madre de una de las víctimas por la presunta responsabilidad del magistrado en las muertes: Samman firmó la orden de desalojo un día antes del comienzo de la feria judicial.
Si bien el expediente sigue bajo secreto de sumario, el discurso del oficialismo jujeño se inscribe en la línea que sugiere la carátula de la causa: “Atentado y resistencia a la autoridad seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado, daños e incendio contra persona a establecer”. El diputado provincial Jorge Casas aseguró que información recolectada por la difunta comisión “determina claramente que la policía no había reprimido, que no había orden superior de represión, que la policía había accedido al lugar del desalojo sin armas y que en todo momento estuvo a la defensiva”. Testigos citados por Página/12 en los últimos días aseguraron que las balas que asesinaron a Félix
Díaz y Ariel Farfán partieron desde donde se apostaban sólo policías, frente a una seccional que terminó incendiada. La hipótesis oficial, sin embargo, podría apuntalarse gracias a la semana que las armas usadas en el operativo estuvieron en manos de la fuerza de seguridad, antes de que el juez ordenara el peritaje a Gendarmería.
El retiro de la oposición de la comisión parlamentaria se gestó en simultáneo con la decisión de no prestar quórum para tratar el proyecto oficial para expropiar tierras, que el senador radical Gerardo Morales calificó de “inconstitucional e irresponsable”. Carlos Snopek, del Frente Primero Jujuy, explicó que “repartir lotes sin infraestructura y sin las mínimas condiciones de habitabilidad” era “una medida de clientelismo preelectoral” que generaba “la concepción de que hay que salir a ocupar tierras”. La diputada Carolina Moisés justifició la disolución de la comisión por las negativas a declarar por parte del jefe de policía al momento de la masacre y del ex ministro de Gobierno y Justicia, Pablo La Villa, quien renunció el día de las muertes.
Desde el oficialismo, en tanto, criticaron la “ingratitud e irresponsabilidad” de la UCR. Destacaron que los radicales tenían mayoría en la comisión, en la cual aseguraron que se estaba demostrando la ausencia de responsabilidad del Ejecutivo en la represión, y sugirieron que los opositores renunciaron porque “el resultado final no les iba a convenir”. El legislador Miguel Rioja dijo que si la UCR se oponía al proyecto de expropiaciones, debió haberlo debatido, y destacó que “el peor error del radicalismo fue demostrar que detrás de todo existe un interés político”, que ejemplificó con el pedido de renuncia de Morales al gobernador Barrionuevo. También repudió a “los funcionarios municipales que están disponiendo a través de secretarios y punteros la toma de terrenos y viviendas en la ciudad de San Salvador”. Ante la insistencia de los periodistas, identificó al secretario general de gobierno del municipio, Carlos Toconás, y se negó a dar más nombres.
La promesa del gobernador de comenzar a lotear terrenos a quienes acrediten dos años de residencia y “necesidades reales” disminuyó las tensiones, pero derivó en menos levantamientos de tomas de las esperadas. Ayer se mantenían no sólo en El Triángulo, donde ocurrieron las muertes, sino también en localidades del interior como Monterrico, Perico y El Carmen. Tampoco rindieron frutos los rumores de la llegada de Gendarmería para ejecutar desalojos. Para peor el incipiente censo lleva el mismo nombre que el programa que la Legislatura no llegó a tratar. Varios municipios ya anunciaron que no pueden inscribir a nadie hasta que el programa “Un lote...” se apruebe y reglamente. Por debajo de las declaraciones de los políticos y de la incapacidad para gestionar la crisis, crece en la sociedad la estigmatización contra “los ocupas”.
Fuente:Pagina12
JULIO GUTIERREZ, DE CAPOMA, TESTIGO DE LA REPRESION EN LEDESMA
“Los vi caer al lado mío”
Gutiérrez sacó las fotos que ilustran esta nota, donde se ve el cuerpo de Ariel Farfán y una camioneta de la empresa Ledesma en el predio tomado. Asegura que el jefe de seguridad del ingenio, que es retirado del Ejército, estuvo presente durante el operativo.
Por Adriana Meyer
Ariel Farfán, tras ser herido durante la represión. Es uno de los cuatro muertos de Libertador General San Martín.Imagen: CAPOMA
Venía haciendo el aguante a las familias que tomaron El Triángulo, ese pedazo de tierra pegado al Ingenio Ledesma. Pero después de la madrugada del 28 de julio, Julio Gutiérrez pasó de ser un simple militante de una organización de derechos humanos a ejercer como cronista, fotógrafo, abogado y hasta investigador. A su lado cayeron dos de los cuatro muertos que produjo la sangrienta represión a los ocupantes que la policía de-salojó a fuerza de gases y balas de plomo. Con el correr de las horas, tuvo que recorrer hospitales y comisarías, contactar familiares de los fallecidos, hablar con los medios y con los funcionarios locales y nacionales, y buscar abogados para lidiar con la Justicia jujeña. Desde entonces, su obsesión fue desmentir las versiones policial y empresaria de los hechos. En su afán de probar que el Ingenio de los Blaquier participó del operativo menciona al jefe y subjefe de seguridad, Carlos Enrique Ferro y Julio Castellanos. Y agrega que “a Ferro le dicen ‘El Mayor’ porque es militar”.
Según relató Gutiérrez a Página/12, los dos empleados jerárquicos de Ledesma “estaban apoyados sobre una camioneta blanca mirando una de sus máquinas que hacía una zanja”. Eran cerca de las 10 de la mañana de aquel jueves, sacó la foto que ilustra esta nota, y cuando volvió al mediodía ya se habían ido. “Ellos intentaron desligarse con un comunicado donde desmintieron haber participado porque los medios ya habían recogido las voces de las víctimas, que los habían visto”, dijo. Desde el primer día de la toma los ocupantes coincidieron en describir que los cuatriciclos de la empresa, rojos y azules, circulaban en actitud amedrentadora. “Incluso el día 21 en el puente del canal de riego había personal fijo, y cuando una compañera se acercó a preguntarle qué hacía le respondió que controlaba el camino interno (de Ledesma) para que no se trabe el tránsito”, agregó.
Este diario consultó al vocero de la empresa, quien confirmó que “Carlos Ferro es el jefe del Departamento Vigilancia”, y que es “teniente coronel retirado del Ejército, del arma de Ingenieros”. Pero negó que haya participado del desalojo y los sucesos del 28 de julio. “El señor Ferro concurrió al lugar entre las 9.30 y las 10 de la mañana por pedido del jefe del operativo, que requirió un representante de la empresa. Pero al llegar y advertir el conflicto existente, se retiró de inmediato”, indicó Vicente Amadeo, jefe de Comunicaciones de Ledesma SAAI. Página/12 quiso saber cuál fue el desempeño de Ferro durante la dictadura, dado que le habrían adjudicado tareas de Inteligencia. “No tiene ni ha tenido ninguna denuncia ni causa judicial abierta” por delitos de lesa humanidad, fue la respuesta.
Gutiérrez es un obrero de la construcción, está desocupado, tiene 39 años y milita en el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma) desde su fundación, hace casi una década. “Todo lo que sé de derechos humanos me lo enseñó Olga”, comentó desde Libertador General San Martín. Más conocido como Ledesma, es el pueblo de la Noche de los Apagones, cuando la dictadura allanó y secuestró a centenares de personas con el apoyo logístico del Ingenio que aún hoy domina la vida de sus pobladores. Como otros militantes sociales, acompañó la toma que decidió la Corriente Clasista y Combativa y que protagonizaron unas 700 familias, con sus carpas y colchones instalados en El Triángulo. “Fue sorpresivo porque los corrillos en el pueblo eran que (Federico) Gatti (administrador del Ingenio) había dicho que les iban a dar los terrenos”, recordó. Por eso, cuando comenzaron las primeras corridas, Gutiérrez intentó acercarse a los policías para intentar un diálogo. “Quise calmar los ánimos para evitar que se cometa una salvajada, pero no tenían la menor actitud de escuchar nada sino que vinieron directamente a golpear y reprimir, ibas a hablar y te disparaban”, dijo. En el momento en que estaban retrocediendo cayeron los primeros gases lacrimógenos, lo que provocó que dos jóvenes ocupantes comenzaran a tirar piedras a los policías. “Como había mujeres y niños había que evitar un enfrentamiento, entonces los chicos se volvieron y ahí fue cuando les dispararon con balas de plomo, los vi caer al lado mío”, contó Gutiérrez con dolor y bronca. “Esta policía, que acostumbra plantar pruebas, va a decir lo contrario, pero la gente no estaba armada más que con piedras”, insistió.
–¿Cómo reconoció a Ferro y a Castellanos?
–Se notaba que estaban observando, incluso con binoculares, los conocía de antes, había tenido algunos cruces con ellos por cuestiones de ir de pesca y caza. Para eso tenés que circular por esos caminos internos, te amenazan que no podés hacerlo, son caminos viejos. Ellos van y te dicen que no podés circular, no te dan acceso al río. Y cuando te agarran llaman al jefe de Gendarmería, y al rato aparecen ellos. Le pasa a mucha gente de la zona que va a cazar para comer, acá no es por deporte.
–¿Cómo supo de la procedencia militar de Ferro?
–Por comentarios de gente que trabaja ahí, que dicen que hacía investigaciones secretas para el Ejército.
–Al parecer, ese camino interno de Ledesma fue clave en la represión.
–Sí. Se entra por el río y sale a unos 500 metros de la entrada sur de Libertador, cruza la ruta y da a la parte trasera del Ingenio. Pasa por un barrio de emergencia afectado por inundaciones, y para entrar por ese lado hay un portón amarillo de la empresa Ledesma, con una garita de personal de seguridad estable, con un rottweiler gigante. Para entrar a las 15 hectáreas (El Triángulo) tuvieron que abrir ese portón, el permiso lo dio la empresa, y la mayoría de los vehículos entraron por ahí.
Fuente:Pagina12
Se normaliza la situación en la provincia
Ayer empezaron a levantar los asentamientos en Jujuy
Publicado el 7 de Agosto de 2011
Por Franco Mizrahi
Lentamente, Jujuy se va normalizando. En el día de ayer, comenzaron a levantarse los asentamientos que se instalaron a lo largo de la provincia, luego del violento desalojo que se produjo en el pueblo Libertador General San Martín, más conocido como Ledesma, donde murieron cuatro personas. El enfrentamiento entre familias que exigían tierras para poder construir sus viviendas y la policía, el pasado 28 de julio, evidenció el déficit habitacional que sufre la provincia.
Mientras las organizaciones sociales, centros vecinales y hasta la Iglesia comenzaron a trabajar para apaciguar la escalada que generó el terremoto con epicentro en Ledesma, ayer la justicia provincial comenzó a notificar a los ocupantes de los diferentes asentamientos que, de no abandonar las tierras ocupadas, “serán imputados de los delitos de usurpaciones de terrenos privados”. Las intimaciones fueron dirigidas a “personas desconocidas, ocupantes ilegales, a partir de denuncias de particulares que sufrieron la usurpación de tierras o inmuebles”.
Para tener un mejor diagnóstico de la situación, la justicia estipula realizar un relevamiento de las ocupaciones ilegales, que de acuerdo a la policía local ascienden a 134 y se expanden por San Salvador, San Pedro y la zona de la Quebrada de Humahuaca, entre otras. No obstante, los primeros en acceder a las ocupaciones fueron las organizaciones sociales, entre ellas, una de gran peso en Jujuy, la Tupac Amaru.
“Estamos trabajando y realizando asambleas –aseguró Milagro Sala, líder de la agrupación, a Tiempo Argentino–. Estamos hablando para que el gobierno provincial realice lo que prometió: entregar tierras para todos –agregó la referente social que visita los asentamientos y dialoga con las familias ocupantes para intentar resolver el conflicto–. Ahora dimos un compás de espera de 15 días para que se resuelva la situación. Hasta el momento, se levantó el 80% de las tomas de tierras. Pero si no se cumple con lo prometido, volveremos todos a las tomas”, advirtió (ver recuadro).
Dado el rol que comenzó a jugar Sala en la resolución del conflicto, diferentes sectores opositores apuntaron contra ella. El senador radical por la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, consideró que la aparición de Milagro Sala es “la admisión de la falta de gobierno”, por lo que exigió que el “gobernador dé un paso al costado”.
La crisis habitacional que salió a la luz en tierras de la familia Blaquier, donde funciona el Ingenio Ledesma, reavivó las diferencias entre los bloques oficialistas y opositores en la Legislatura local. Eso quedó de manifiesto en la sesión especial que se realizó el viernes por la noche para analizar un proyecto de ley de expropiación y loteo de tierras –una de las salidas posibles para resolver este conflicto– pero que fracasó por falta de quórum por parte de quienes se oponen a la iniciativa gubernamental. Consultada por los responsables de este conflicto, Sala fue determinante: “Todos son culpables.”
Fuente:TiempoArgentino
Entrevista a milagro sala
“El ultimátum me entra por una oreja y me sale por la otra”
Publicado el 7 de Agosto de 2011
Con cuántas familias se contactaron para ayudar a resolver el conflicto?
–Visitamos entre 44 y 46 asentamientos donde había más o menos 10 mil familias. Con la mayoría se llegó a un acuerdo para abrir un compás de espera por 15 días: se levantó el 80% de las tomas de tierra a la espera de que el gobierno cumpla con su promesa de entregar terrenos. Pero si no lo hace, volveremos a las tomas. Y no estamos solos en esta tarea. También están colaborando la Iglesia, centros vecinales, sindicatos y organizaciones sociales.
–¿Cómo repercutió el ultimátum que dio el gobierno provincial?
–El ultimátum me entra por una oreja y me sale por la otra. Nosotros no le llevamos el ultimátum a las familias, sino lo que queremos hacer. La verdad es que el ultimátum lo largaron hace 72 horas, algunas tomas siguen y no hubo represión.
–¿Fue convocada desde el gobierno como difunden algunos medios?
–A mí no me manda ni el gobierno provincial, ni el nacional. Los medios inventan. Yo, como referente social, quiero ayudar. Que algunos medios nacionales se dejen de joder. Hay que trabajar para apagar el fuego que hay en la provincia. Mataron a cuatro jujeños, estamos muy dolidos y consternados. Vamos adonde hay tomas de tierras porque las familias nos llaman, confían en nosotros.
–¿Qué opina de las críticas de Gerardo Morales, quien la acusó de cogobernar?
–Morales está pidiendo la intervención de Gendarmería, es decir, represión. Nosotros no queremos más heridos. Lamentablemente, hay sectores políticos que quieren generar violencia. Quieren imponer un autoritarismo golpista. Es vergonzoso.
-¿A qué sectores se refiere?
Al radicalismo y a sectores vinculados con (Eduardo) Duhalde.
-¿Cómo se soluciona el problema?
-El gobierno debe expropiar o comprar tierras, por ejemplo, de grandes ingenios azucareros, para entregárselas a los jujeños
Fuente:TiempoArgentino
Ricardo aredez: el hijo de un ex intendente desaparecido, y de olga, fallecida por contaminación
“Los que piden tierras en Jujuy llevan sangre india de los viejos zafreros”
Publicado el 7 de Agosto de 2011
Por Daniel Enzetti
El mismo problema de las tumbas lo tiene el sistema educativo, según reconocieron las autoridades locales al ministro Alberto Sileoni, cuando el funcionario intentó poner en práctica la construcción de establecimientos a partir de una demanda en la región.
La familia Blaquier carga con todo. Los cuatro muertos del mes pasado, elegidos entre los que se atreven hoy a pedir unos metros de tierra para vivir, se agregan a la historia del crecimiento a sangre y fuego de uno de los grupos empresarios más concentrados del país. Impune a pesar de la Noche del Apagón, cuando con camiones de la planta, el 27 de julio de 1976, la dictadura secuestró a casi 400 habitantes de la región, 30 de los cuales permanecen desaparecidos. El ingenio, cómplice también en la desaparición de Luis Aredez, ex intendente de Libertador que se atrevió a enfrentarlo, es dueño del 80% del Departamento Ledesma, uno de los que integra la provincia. Se trata de unas 173 mil hectáreas cultivables, más otra cantidad similar de zona boscosa. Expansión aprovechada en la época de Juan Carlos Onganía, cuando a partir del cierre de once centros tucumanos de caña y una fuerte crisis azucarera, obligó a los pequeños zafreros jujeños a vender sus pequeños lotes por monedas.
Olga Aredez, la mujer de Luis, fue hasta 2005 la bandera del reclamo de la gente. Pero en marzo de ese año, un carcinoma por bagazosis –a raíz del bagazo, el desecho de la caña de azúcar que los habitantes de Libertador respiran toda la vida– provocó su fallecimiento. “Es increíble las vueltas de la historia que soportaron mis padres”, dice Ricardo. Y completa: “A los dos terminó matándolos el poder económico.”
“Mi vieja nos empujaba a pelear para saber dónde estaban los restos de nuestros familiares desaparecidos –agrega–, como única manera de cerrar la historia en una provincia que sufrió mucho, olvidada, y con un tremendo monstruo empresarial que maniató a todos los gobiernos regionales, sin excepciones. El símbolo de esa lucha fue y es la Marcha del Apagón. Los comienzos de esa marcha estuvieron sembrados por el miedo general, con no más de 30 familiares caminando por la ruta, desde Calilegua hasta Libertador. Recuerdo imágenes impresionantes: la gente asomada a la ventana mirándonos pasar, y persignándose en señal de respeto, pero sin salir de sus casas. Recién a los 20 años de aquellas desapariciones en la ciudad, cuando María Adela Antokoletz y Víctor De Gennaro organizaron actos en Buenos Aires, el tema se hizo conocido, y fue creciendo hasta la actualidad, con la presencia de casi 30 mil personas.”
–¿Cuál es la línea que une esa pelea con la actual crisis de la tierra en la provincia?
–Ahí está la cuestión. Los que no conocen la expansión del ingenio Ledesma y su manera de pisotear al que se le cruza en el camino, creen erróneamente que este es un simple problema de espacio y de falta de plata para levantar una vivienda. No es así, se trata de algo mucho más complicado.
–¿Qué abarca el dominio territorial del ingenio?
–Sobre todo el Valle de San Francisco, con la ciudad de Libertador en el centro. Tienen llano y selva, e incluso subsuelo rico en petróleo, como en la región de Caimancito. José Martínez de Hoz era muy amigo de la familia Blaquier, y siempre iba a cazar a la provincia. En aquella época fue el promotor de una ley para ceder a la empresa los sectores con yacimientos. En extensión, controlan aproximadamente el 80% del departamento de Ledesma. El cementerio de Libertador, por ejemplo, ya no tiene espacio para ubicar tumbas, pero en la actualidad no se puede expandir porque el predio choca contra las tierras privadas de los Blaquier. Eso da la pauta de lo grave de la cuestión, incluida la inacción de la provincia y el municipio. Nunca hicieron cumplir una ley que existe sobre expropiación, porque siempre hubo componendas y complicidad entre la empresa y las administraciones de turno. Recién lo hicieron ahora, después de cuatro muertos. En la vida democrática de un país hay momentos de gran tensión, y ese es el momento que hoy se vive en Jujuy. Instantes en que un gobierno nacional tiene que actuar, sin que con esto se interprete que se viola la autonomía. Las cartas están sobre la mesa, no podemos denunciar más de lo que hemos denunciado durante todos estos años. Al gobernador (Walter) Barrionuevo no hay que dejarlo solo, porque no es alguien en quien se pueda confiar. Sólo en Libertador las familias que tomaron tierras superan las 2500, y no se van a ir. Estoy de acuerdo en que el Estado nacional se cuide de inmiscuirse en problemas internos, pero la crisis territorial jujeña rebalsó lo interno, indudablemente. Conozco la zona y a su gente. Viví allí mucho tiempo y estoy seguro que si no se descomprime la situación, las consecuencias pueden ser gravísimas. Hablo de gente indignada por el atropello, por el abuso, por la injusticia permanente. Gente que lleva adentro la sangre india de los viejos zafreros chiriguanos, que cuando salen a la calle, salen a morir por sus familias y por sus hijos. En 1992 hubo un hecho similar, cuando los habitantes cortaron rutas y la Gendarmería, en camionetas de la empresa, reprimió y dejó un saldo de varios heridos.
–¿Cuándo fue la primera vez que Olga caminó sola en la plaza de Libertador?
–Después que murió la última madre de los desaparecidos de Ledesma que la acompañaba, Sixta Tejerina Reales. El grupo era mayor, y se reunía los jueves, pero como las presiones de la empresa crecían, y a los que trabajaban en el ingenio los amenazaban si los veían marchar, las que aguantaron fueron ellas dos. Tras el fallecimiento de Sixta, mamá quedó sola y soportó hasta que su enfermedad no la dejó mover. Fue un hecho clave que impactó a mucha gente, y por el cual lo que había pasado en la provincia durante la dictadura se hizo conocido en todo el mundo. Fijándose en eso, Hebe de Bonafini dijo alguna vez que desde los lugares más chicos y olvidados surgirían las grandes cosas, y tuvo razón. Ahora los tiempos son distintos pero los aprietes de la empresa continúan. Filman cada uno de los movimientos de la gente, con cámaras manejadas por la guardia privada.
–En 1973 el FREJULI le ofreció a tu papá ser intendente de Libertador, y también hubo represión de la guardia del ingenio.
–Sí, fue cuando la secretaria general de la asociación de educadores provinciales Marina Vilte, desaparecida, pronunció un discurso conmovedor en apoyo a los obreros azucareros que por primera vez se atrevían a llevar adelante una huelga. Acá hay un tema digno de destacar: los Blaquier siempre se prepararon para reprimir y cuidarse las espaldas. La policía privada de la empresa Ledesma fue entrenada especialmente por asesores franceses que habían operado en la guerra de Argelia, expertos no sólo en castigo físico, sino además en inteligencia. Recuerdo todavía cuando nos visitaban en la escuela primaria, tipos altos y rubios, que daban charlas sobre comportamiento, sobre supuestos cuidados necesarios en la calle. Mi padre asumió la intendencia el 25 de mayo de 1973 y estuvo ocho meses. Nunca la empresa en toda su historia había tributado impuestos y fue él el que impulsó una ley para que aportara esos dineros, con la idea de que fueran destinados a la construcción de barrios obreros. Fijate que en ese momento, el problema de la falta de tierra ya era grave. Era médico pediatra, y el ingenio lo contrató en 1958 para que atendiera a los hijos de los zafreros, en un momento en que la mortalidad infantil era altísima. Los obreros cortaban caña con 50 grados de calor, y sus hijos morían como moscas.
–Fue curioso el vínculo de Luis con el grupo. Primero presenta su currículum, lo aceptan, lo despiden y al final el ingenio se convierte en responsable de su desaparición.
–Los dos años en que él estuvo se los pasó pidiendo medicamentos para los obreros, pero el ingeniero Herminio Arrieta siempre le contestaba que a la empresa lo único que le interesaba era hacer negocio y que no había plata para medicina. Esquivó un intento de despido gracias al apoyo de los mismos trabajadores, hasta que lo echaron. Comenzó a trabajar en el hospital de Tilcara, donde nací en 1959, y al año siguiente compró un terrenito en Libertador para instalarse con la familia y poner el consultorio. Mi casa-consultorio se convirtió en el punto de reunión de los trabajadores del ingenio, que se atendían sin importar si tenían plata o no. Por esa casa pasaron Arturo Illia y Agustín Tosco, todo el mundo quería conocer a ese médico medio raro que atendía en Jujuy (se ríe). Incluso los sindicatos chilenos lo invitaron a la asunción de Salvador Allende, pero papá no pudo ir.
–Era radical. ¿Creía en lo que se dio en llamar camporismo, en aquella renovación planteada en ese momento?
–Sí, porque tenía mucha confianza en la juventud. A pesar de vivir en un feudo siniestro, era feliz cuando veía a los pibes participar en política. Para él, el camporismo era nuevo y esperanzador. Una de las cosas que recordó siempre fue las jornadas de trabajo voluntario que la JP armó cuando con pico y pala trazaron el primer camino entre Libertador y Tilcara. Mientras ocupó el cargo en la municipalidad nunca se olvidó de su profesión. Un día abrió una cuenta en la farmacia Muñoz, para que los zafreros sacaran los remedios que necesitaban. A fin de mes, iba y pagaba de su bolsillo. Pero más allá de su especialidad, era un médico tan respetado que hasta el personal jerárquico de la empresa, y sus esposas, docentes de Jujuy, lo elegían para tratarse.
–¿Qué decía Olga?
–No entendía cómo su marido bancaba las pastillas y los jarabes de los obreros, y ella no tenía plata para maquillaje (se ríe). Mamá era docente, fanática del debate y la Historia pero no tan cercana a lo político. La primera vez que lo secuestraron, el 24 de marzo de 1976, para ella significó una bisagra. El operativo fue a las 4 de la mañana, con una camioneta de la empresa Ledesma manejada por personal propio y efectivos de las Fuerzas Armadas. Yo pude ver todo desde mi habitación. Estuvo un año preso en la cárcel de Villa Gorriti y después en La Plata, hasta que lo liberaron en marzo del ’77. La dictadura, en complicidad con el ingenio, le prohibió trabajar a menos de 15 kilómetros de Libertador y eso ocurrió hasta mayo de ese año, cuando lo secuestraron definitivamente, con auto y todo. A partir de ahí empezaron las amenazas constantes, las violaciones de domicilio, los grupos de tareas vigilando, los allanamientos, los robos. La ciudad estaba aterrada, hasta que llegó la gran Noche del Apagón el 27 de julio, que en realidad fueron varias noches, y no una. Ese 27 las luces se apagaron exactamente a las 10 de la noche. Yo estaba sentado en la plaza, quise volver, y cuando estaban a punto de meterme en un camión, un gendarme le dijo a otro “esperá, a este no que es Aredez”. Dieron electricidad a las 6 de la mañana del día siguiente, y desde ese momento, mi casa de Victoria 561 nuevamente se convirtió en lugar de encuentro, esta vez para los familiares de desaparecidos que venían desesperados a buscar ayuda. Es increíble las vueltas de la historia que soportaron mis padres. A los dos terminó matándolos el poder económico. Está demostrado que el carcinoma que originó el fallecimiento de Olga fue por bagazosis, con estudios certificados por el Hospital Italiano de Córdoba. Y el responsable de esa enfermedad es la empresa Ledesma. En un trozo de pulmón que le sacaron a mi madre pude ver el hollín que carcome el organismo y origina la enfermedad.
–¿Por qué esos estudios no se extendieron a todo Libertador?
–Por el tremendo peso del poder empresarial del ingenio, y porque llegar a la conclusión de que los carcinomas son fruto del bagazo significan análisis carísimos que la gente no puede pagar. Los habitantes respiran eso todo el día, viven con nubes de humo negro y falsas bronquitis, sienten el olor a huevo podrido de la celulosa mezclada con productos químicos, y ven enormes chimeneas escupir veneno las 24 horas, todo el año. El Barrio Jardín es el más afectado, ubicado junto a la montaña de bagazo más grande, a cielo abierto, que según organismos internacionales debería estar a no menos de 15 kilómetros de los lugares poblados. El juez jujeño Héctor Tizón, un brillante escritor exiliado y perseguido por la dictadura, fue el único que se animó a hablar de este tema y pedir que se haga algo con la contaminación masiva. En la otra vereda, el Colegio Médico provincial ni siquiera opinó. El ingenio nunca respetó la democracia, y siempre arrasó con todo. Explotó a sus trabajadores, secuestró gente durante la dictadura, contaminó a una provincia entera, y fue ocupando cada vez mayor cantidad de hectáreas, sin que ningún gobierno local hiciera absolutamente nada. Pero ahora es distinto. La gente está muy enojada, y puede pasar cualquier cosa.
Fuente:TiempoArgentino
Quiso ser luz en medio del apagón
Publicado el 7 de Agosto de 2011
Por María Adela Antokoletz
Militante en causas de Derechos Humanos. Amiga de Olga Aredez. Hija de María Adela Antokoletz.
Centro Cultural San Martín, en Capital. Un nutrido círculo de compañeras y compañeros de todos los organismos de Derechos Humanos. El SERPAJ otorga por primera vez sus Memoriales, premio al trabajo y la lucha por los Derechos Humanos. Olga Márquez de Arédez recibe el suyo. Suena una cueca, interior profundo del país. Olga sale, sonriente y airosa a bailar, su gesto invita a algún hombre a que se anime. Nadie. Ella baila sola. Nunca como entonces pude ver, en su donaire y con esa música que amaba, la potencia espiritual de quien se animó a enfrentar a una empresa gigante y la “escrachó” para siempre.
Pero atención: las Madres de Desaparecidos de Ledesma –que ella, esposa del detenido desaparecido médico Luis Arédez, impulsó hasta conformarlas como grupo– marcharon con ella; sólo el tiempo las fue desgajando y enfermando. Olga, la más fuerte y tenaz, marchó, al fin, sola. Todas sembraron unas pocas semillas que florecieron de a miles. Llevaban el cartel en las primeras marchas de Calilegua a Libertador General San Martín –de las que mi madre fue una firme participante– unas 30 personas, entre ellas algún borrachito. Esa marcha fue creciendo –toda otra marcha en la zona es patética imitación de la grande, la que ella inició, la que en 2011 convoca a unos 25 mil compañeros– y hoy es única en el Noroeste nuestro. Los dueños de la empresa Ledesma SAAI son enormemente cultos. Carlos Pedro Blaquier y su ex esposa Nelly Arrieta aman el arte, cumplen el papel de mecenas. Propongo a los lectores imaginar una escena –real, ocurrida hace 34 años–: transcurre la cena en el hermoso comedor de la casa familiar, en el Ingenio. Invitados a pasar unos días en ella, se hallan el escultor Roberto Bobby Aizenberg y su compañera, Matilde Herrera. Matilde observa la llegada de capataces que cuchichean con el dueño de casa, ve pasar de mano en mano hojas de papel (sin duda, Papel Ledesma) con listas de nombres, deduce que se agregan y quitan apellidos de esa larga columna fatídica. Esa noche surgen deliberados apagones en Calilegua, en Libertador. Los transportes del Ingenio trasladan clandestinamente a centenares de personas. Esa noche se sella el pacto siniestro. No hay familiar alguno al que echarle responsabilidades: la empresa impulsa la represión; Ejército y Gendarmería la ejercen, la Iglesia local la bendice (¿o no hemos visto y escuchado al cura párroco de Libertador en el filme de Ludin y Milstein Sol de Noche?).
Ledesma SAAI reprimió en pasados siglos a comunidades indígenas –mano de obra esclava, vidas descartables en el surco–; hoy esa línea continúa. Vale la pena leer al respecto, y romper la censura a la que está sometido en el partido de Libertador el libro de la anciana pintora e historiadora local (y ex detenida política) Olga Demitrópulos Diez décadas de Libertador. Y vale leer la publicación de Delia Maizel Memoria del Apagón.
Matilde nos contó a Olga y a mí aquella anécdota ominosa. Días después de esa cena sería secuestrado Martín, hijo de Matilde (los otros dos hermanos, en mayo del ’77). Matilde falleció en 1990.
Crece un carcinoma en los pulmones de Olga, quien jamás fumó. Los diagnósticos indican su origen: bagazosis, por acción contaminante de Ledesma SAAI. Cuatro meses antes de morir, Olga, con patrocinio del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, presenta un recurso de amparo contra la empresa y el Estado de Jujuy por comisión de delitos de incidencia colectiva –contaminación de la población–. En febrero de 2006 se expide Casación provincial y, en noviembre, tres ministros del Supremo Tribunal de Jujuy rechazan el recurso; el cuarto, Héctor Tizón –excelso novelista y juez pionero–, lo defiende: “Los daños causados en el medio ambiente es el gran tema del siglo XXI y es deber de todos coincidir en que esos daños se prevengan, ya que, una vez producidos, resultan en la práctica de una casi imposible reparación.”
Olga supo vivir con gracia y compromiso; lúcida, supo también prepararse y prepararnos para su muerte. Por algo me dijo: “Ahora comprendo el significado de esta zamba”, por algo la cantaba con frecuencia. Jorge Reguera acertó, con su letra y su música: “Se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme.”
Fuente:TiempoArgentino
Dominio territorial y política destituyente
Publicado el 7 de Agosto de 2011
Por Dr. Norberto Liwski
Presidente de CODESEDH. Profesor asociado de Adolfo Pérez Esquivel en la cátedra Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Hace más de 20 años, Olga Aredez junto a Emilio Mignone, Adolfo Pérez Esquivel y Chicha Mariani, entre otros, impulsaron la constitución del CODESEDH, en los tramos finales de la dictadura cívico militar, y con profesionales del campo de la salud y el derecho, de participación en la resistencia cívica y lucha por los Derechos Humanos.
Olga siguió cerca de nuestro recorrido institucional y de los afectos. En diciembre de 2004, algunas horas después de que recibiera de manos del presidente Néstor Kirchner el Premio Nacional de Derechos Humanos, momento en que se denunciaran las violaciones pasadas y presentes en el territorio del Ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, nos visitó para pedirnos que la acompañáramos en la denuncia por contaminación ambiental, derivada del tratamiento del bagazo de la caña de azúcar y productora de la enfermedad de bagazosis. Nos exhibió estudios bioquímicos que certificaban este daño respiratorio irreversible. Eran sus estudios. “Tal vez, decía ella, entre mi bagazosis y la de miles de mis vecinos de Libertador General San Martín, es que pude obtener el diagnóstico previo en el Hospital Italiano de la provincia de Córdoba, donde ellos no tienen acceso”.
En febrero de 2005, con el patrocinio de CODESEDH, Olga presentaba el Recurso de Amparo ante la justicia jujeña. Días antes de su muerte y luego de una primera batalla judicial –seguirían muchas otras– se lograba en el Departamento Judicial de San Pedro, Jujuy, la realización de una audiencia entre las partes. Días antes, desde su lecho agonizante, junto a su hija Olga, me pidió que cuando ella partiera, tomase su lugar en el recurso y en la búsqueda de la justicia. En esa oportunidad, fuimos acompañados en carácter de Amicus Curiae por el CELS, SERPAJ, FARN y la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Conocimos de cerca los extremos de la arrogancia y prepotencia de los representantes de la empresa, produciéndose situaciones que obligaban a interpelarse sobre la libertad de conciencia de los diversos actores. El Juzgado de Primera Instancia argumentó a lo largo de 15 páginas a favor de la presentación del recurso, y en su resolución, lo desaprobó. Una perito oficial que años antes había estudiado –mediante un test dérmico– la incidencia de la bagazosis en la población cercana al Ingenio, determinando que el 17,8% de la población se hallaba infectada, al momento de informar al tribunal se excusó de completar el estudio por no residir en la ciudad del ingenio. Su conducta mereció el rechazo de la comunidad científica. El poder económico ponía de rodillas a la ética profesional.
Luego, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, en fallo dividido, rechazó el recurso con una digna disidencia del doctor Héctor Tizón. Llegado en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta aplica el Art. 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, no resolviendo sobre la cuestión de fondo.
En simultáneo, en mayo de 2006 el Juzgado Federal de Jujuy resuelve aceptar nuestra condición de querellante en el expediente y en todas las causas en que se investiga violación a los Derechos Humanos entre 1976 y 1983, que tramitan ante este juzgado”, según dice la resolución. Entre ellas se estableció un agrupamiento de las zonas donde se produjeron los delitos, o los centros clandestinos de detención donde fueron alojadas las víctimas del terrorismo de Estado. En esa subdivisión, se identifica el grupo “Ingenio Ledesma”, con 63 casos de secuestro, torturas y desaparición forzada, que incluye trabajadores, representantes gremiales, y el propio doctor Luis Aredez, médico del sindicato e intendente del municipio de Libertador General San Martín.
El impulso de esa causa ha requerido, a petición de los querellantes, de intervenciones de la Comisión Interpoderes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dada la lentitud manifiesta en la instancia de instrucción. A la fecha ha sido elevado a juicio oral parte del grupo denominado “Penal de Villa Gorriti”.
CODESEDH, junto con el Centro Acción Popular Olga Márquez de Aredez, efectuó un pronunciamiento público a horas de desatarse la brutal represión contra las familias que reclamaban tierras para sus viviendas dentro de acuerdos preexistentes para la sanción de un proyecto de ley de adjudicación de esas tierras. En el referido comunicado, entre otros conceptos, se expresaba: “La connivencia del Ingenio Ledesma con los crímenes de lesa humanidad, la persistencia en sistemas de producción de manifiesta contaminación ambiental y de reconocida afectación en la salud de los trabajadores y pobladores, sumado al actual episodio represivo, confirman la decisión de ese poderoso grupo económico de llevar hasta sus últimas consecuencias sus dominios territoriales y de desestabilización política y destituyente de la vida democrátrica de la Nación.”
Consecuentemente con la historia de CODESEDH en la defensa de los Derechos Humanos de los ciudadanos y ciudadanas de Libertador General San Martín presentamos en estas horas la correspondiente querella contra los autores materiales e intelectuales de los delitos perpetrados contra la población dentro del predio de Ledesma y con la activa y reprochable intervención de la policía de la provincia de Jujuy.
La impunidad, los sistemas productivos contrarios a la dignidad humana suelen concurrir como socios activos de proyectos y metodologías enfrentadas al derecho de los pueblos, y a su vez, estos no abandonan su inclaudicable lucha por la justicia y la libertad.
Fuente:TiempoArgentino
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