Juicio Díaz Bessone
El Estado como querellante
El Tribunal Oral Nº 2 de Rosario comenzó con las audiencias de alegatos en el juicio contra el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone, y otros cinco imputados, por delitos en perjuicio de 86 víctimas. Este miércoles el proceso prosiguió con la acusación de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quienes fundamentaron la necesidad de que el Estado sea querellante en estas causas. La abogada Ana Oberlin enumeró las “prácticas sistemáticas” de violencia de género perpetradas por los represores, e hizo un especial señalamiento con relación a los delitos sexuales cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones.
En el proceso se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas.
Los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echague comenzaron a escuchar las exposiciones de las querellas que seguirán el próximo lunes con la segunda parte del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos ‒representada por los abogados Lucas Ciarniello Ibañes y Ana Oberlin, quienes además son integrantes de la agrupación HIJOS‒.
Los alegatos continuarán luego con las acusaciones de los representantes legales de HIJOS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la abogada de Familiares. Después será el turno del Ministerio Público Fiscal y finalmente el de las defensas.
Al inicio del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, Ana Oberlín subrayó la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad, y resaltó el hecho de que el poder ejecutivo haya tomado la decisión de ser de querellante en causas contra el terrorismo de estado, en cumplimiento de las “obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino”.
Oberlin enumeró las “prácticas sistemáticas” de violencia de género perpetradas por los represores, e hizo un especial señalamiento con relación a los delitos sexuales cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el (SI).
La abogada solicitó que esos delitos se remitan al juzgado de instrucción para ser investigados, y pidió al tribunal que sean “visivilizados en la sentencia”, como parte de los tormentos aplicados por los represores.
Luego Oberlin comenzó a desarrollar en detalle, caso por caso, la la larga lista de víctimas y sus padecimientos, por las que se realiza este juicio, tarea que no pudo concluir debido a que el cuarto juez, José María Escobar Cello, tuvo que abandonar la audiencia por cuestiones personales.
El proceso continuará el próximo lunes con la prosecución del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. A su término los abogados de HIJOS, Álvaro Baella y Nadia Schujman, comenzarán con la acusación de esa agrupación.
En el juicio, además de Díaz Bessone, son juzgados José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y Ricardo Miguel Chomicki.
Cabe recordar que, desde que comenzó del debate, en julio de 2010, ya declararon ante el tribunal cerca de 150 testigos.
Los acusados se encuentran imputados de distintos delitos, entre los que se cuentan casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita.
Foto: Graciela Borda
Fuente:RedaccionRosario
LA NACION PRESENTO EL PRIMER ALEGATO EN LA CAUSA DIAZ BESSONE
Con el foco en los delitos sexuales
La abogada Ana Oberlin fue la encargada de abrir las presentaciones de las querellas en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos. Puso los delitos de lesa humanidad en contexto histórico y pidió que se investiguen las violaciones.
Por José Maggi
"Las mujeres, por su condición de tales, fueron sometidas a prácticas represivas diferenciales, como quedó establecido en este debate. Esto no fue casual, si no que tuvo el objetivo particular de disciplinarlas por haber transgredido, con su militancia y compromiso, el lugar que la cultura machista tenía asignado para ellas en esa época, ubicándolas como amas de casa y madres. Había que castigarlas por haberse salido del estereotipo y por eso, además de someterlas a las cruentas torturas que padecieron todos y todas en los centros clandestinos también debieron vivir situaciones particulares vinculadas a su condición de mujeres, y fueron mayoritariamente víctimas de agresiones sexuales". Esta es solo una parte del alegato que en el marco de la causa Díaz Bessone presentó ayer la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Ana Oberlin. La presentación apuntó a englobar los hechos en el contexto histórico y narrar los casos por los cuales oportunamente pedirán pena. Dado lo extenso de la jornada, se pasó a cuarto intermedio hasta lunes, cuando continuará Lucas Ciarnello, también en representación de la Secretaria de DDHH.
Entre los puntos relevantes que esgrimió en su alegato Oberlin destacó "la violencia sexual y la violencia de género" a la que fueron sometidas las víctimas en este circuito represivo. De igual modo se solicitó que se deje constancia en la sentencia de los hechos sufridos por las mujeres por su condición de género. Lo que surgió, concretamente fue:
*Casos de violaciones y abusos sexuales. De los casos por los cuales acusó esta querella, explícitamente mencionaron haber sido víctimas de estos delitos Elida Deheza, Ana Ferrari, Elba Ferraro de Bettanín, Stella Hernández, Stella Poroto, José Berra y Daniel Gollán.
*También fueron relatados los abusos vinculados al género sufridos sistemáticamente por las mujeres como la desnudez forzada, la inexistencia de intimidad respecto de la satisfacción de las necesidades fisiológicas, la continua observación de los cuerpos y los comentarios humillantes al respecto; la falta de elementos higiénicos femeninos.
*En muchos casos, esta situación se vio agravada para las mujeres embarazadas que fueron sometidas a un régimen de vida inhumano ?-al igual que sus compañeros y compañeras de cautiverio?- pero empeorado exponencialmente por su estado gravidez. Incluso, algunas de ellas fueron golpeadas y/o picaneadas y/o sometidas a escuchar las vejaciones a las que sometían a sus parejas. También se las amenazó con realizarles abortos. Además, en el caso de las que tuvieron a sus hijos, fueron obligadas a parir en condiciones profundamente vejatorias: esposadas, con custodia permanente, sin ningún tipo de intimidad en un momento de tanta trascendencia.
Además se incluyó "el uso instrumental de niños como parte de la tortura, principalmente de sus madres, como bien señaló la fiscalía en el caso Guerrieri, lo que se repitió en este caso. Sin dudas el caso más escalofriante lo constituyó el de Rut González, cuyas hijas fueron dejadas en el Servicio de Informaciones y como relataron sus compañeras de cautiverio, continuamente preguntaba por ellas, además de que fueron golpeadas en su presencia como forma de tortura. Es destacable que quienes decían actuar para preservar valores cristianos, no hayan tenido ningún prurito en cometer los actos más repugnantes sobre mujeres embarazadas y niños indefensos", planteó Oberlin.
Por esto solicitaron "que los hechos enunciados, excepto las violaciones y abusos sexuales, sean considerados especialmente en la sentencia como integrantes de los tormentos a los que fueran sometidas particularmente las mujeres y se los destaque para que sean visibilizados como parte del plus de violencia que por su condición de género padecieron".
Solicitaron también que "se extraigan los testimonios individualizados y sean remitidos a instrucción para su investigación en tanto al haber sido enunciadas en este proceso por quienes la padecieron, debe considerarse correctamente habilitada la instancia, no pudiendo esgrimirse como obstáculo la particular característica de delitos de instancia privada".
Fuente:Rosario12
Debaten la matrícula del abogado represor
El Colegio de Abogados de Rosario debatirá hoy en la Casa del Foro si cancelan o no la matrícula del represor Juan Daniel Amelong, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, en el fallo de la causa Guerrieri. Si bien la condena no está firme, el 15 de abril del año pasado el Tribunal Oral Federal número 1 le dictó la prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común. "El gran tema acá es el artículo 295 de la ley orgánica del Poder Judicial, el cual establece que no podrán formar parte del Colegio aquellos que hayan sido sentenciados por delitos dolosos y con pena efectiva de prisión, y faculta al directorio del Colegio de Abogados a cancelar la matrícula", precisó el presidente del Colegio, Ignacio Del Vecchio, en declaraciones a Trascendental acerca del cónclave que realizarán hoy los 14 directores.
En ese sentido, explicó: "Lo que vamos a discutir es si este artículo se relaciona o no con otros, ya que el artículo 297 nos obliga a velar por el decoro del foro y enaltecer la profesión".
Del Vecchio hizo hincapié "en asegurar el imperio de la ética" como función esencial del Colegio de Abogados. "La ausencia de antecedentes personales negativos son pilares sobre la procuración de la profesión, aunque nos podemos apartar de la ley y cancelarle la matrícula", repasó el presidente del Foro. Amelong fue condenado el año pasado por privaciones ilegales de la libertad y torturas contra 21 personas, así como el homicidio de los 17 desaparecidos que pasaron por los centros clandestinos de detención Fábrica de Armas Domingo Matheu, Quinta de Funes, escuela Magnasco y La Intermedia.
Fuente:Rosario12
GALERÍA DE IMÁGENES
"El aguante"
Fotos:Adriana Velazco
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