PERÚ.

viernes 26 de agosto de 2011
Un paso decisivo
Por Gustavo Espinoza (PL)
El Congreso peruano dio un paso decisivo en el tema de las relaciones entre el Estado y las poblaciones originarias del país.

Aprobó en la noche del martes 23 de agosto, en efecto, una ley de consulta ciudadana que permitirá evitar abusos como los que, en el pasado, generaron graves conflictos sociales, como los de la localidad noramazónica de Bagua y la región surandina de Puno, los cuales se zanjaron con una dolorosa estela de destrucción y de muerte.

El tema de la consulta ciudadana surgió precisamente como secuela de estos conflictos. Ellos asomaron, sobre todo a partir de la administración de Alan García que, bajo la tesis del perro del hortelano, consideró indispensable lotizar y adjudicar en beneficio de empresas foráneas los terrenos ubicados en zonas rurales, propiedad de las comunidades campesinas y locales.

El argumento resultó ciertamente simple: En esas tierras hay riquezas que nadie explota -petróleo, minerales, agua, biodiversidad. Esas riquezas no se pueden perder y deben ser explotadas de inmediato, para lo cual luce indispensable la inversión foránea.

No alentar esa práctica -decía- es asumir la actitud del Perro del Hortelano, que ni come ni deja comer.

El ex Presidente García desarrolló esa tesis en dos extensos artículos publicados en el diario El Comercio -el decano de la prensa- pero no se quedó en palabras. Adjudicó, y en forma inmediata, extensas zonas selváticas a consorcios extranjeros sin tomar para nada en cuenta la opinión de las poblaciones nativas.

La respuesta no se hizo esperar y así en abril del año 2008 se inició una acción de lucha de los pobladores afectados que vieron peligrar su hábitat por efecto del saqueo y la contaminación.

Tres meses más tarde, y sin que el gobierno de entonces hiciera algo por atender el justo reclamo de los interesados, se produjo la crisis de Bagua, que culminó con la muerte de 23 policías y un número no determinado de civiles.

Oficialmente se dijo que estos serían menos de 10, pero la desaparición intempestiva de personas y la modalidad represiva empleada por el Estado hizo temer lo peor.

Las comunidades afectadas hablaron de decenas y aún de centenares de personas afectadas por las medidas punitivas del Estado, muchas de las cuales habrían sido simplemente desaparecidas en los caudalosos ríos de la selva. Ninguna investigación -ni parlamentaria ni judicial- permitió constatar el desenfreno.

A comienzo del 2011 volvió a presentarse el problema. Esta vez ocurrió en la región de Puno, en la zona fronteriza con Bolivia, poblada por comunidades principalmente aymaras, pero también quechuas.

Esta vez el Estado, por iniciativa del presidente García, entregó extensas fajas de terreno a empresas foráneas para que hicieran exploración de petróleo y otros minerales en zonas ubicadas alrededor del lado Titicaca, el más alto y extenso del mundo.

La protesta tampoco se hizo esperar y se concretó en la destrucción masiva de bienes del Estado por parte de poblaciones enardecidas y una represión desenfrenada que dejó una treintena de muertes.

Las comunidades nativas exigieron el fin de esta política indiscriminada de concesiones territoriales y la dación de un dispositivo que concretara una consulta previa a las poblaciones afectadas por los proyectos públicos de tal índole.

Contrariamente a lo previsto, y gracias a la presión de las organizaciones sociales de base y a la iniciativa de los congresistas del Partido Nacionalista, fue posible el 19 de mayo de 2010 que el Congreso de la República aprobara una Ley normando el tema.

La disposición, sin embargo, fue "observada" por el Jefe del Estado, quien se negó a promulgarla impidiendo así que entrara en vigencia.

Con la elección del nuevo gobierno se abrió un escenario distinto para el tratamiento del tema. Y, en efecto, se presentó a consideración del Pleno, la semana pasada, el proyecto pertinente.

Sin embargo, éste peligró porque diversas bancadas congresales le formularon observaciones de distinto tipo.

Como el gobierno de Ollanta Humala no cuenta con mayoría legislativa propia, se temió en un comienzo que el dispositivo pudiese ser neutralizado por la oposición.

No obstante, la tolerancia de la directiva de la Cámara, que no se apresuró a poner en debate el tema en forma prematura, permitió que éste ganara consenso.

Finalmente fue eso lo que facilitó el hecho que el proyecto se aprobara por 113 votos a favor, sin opción en contra y ninguna abstención. Victoria neta, sin duda, de Gana Perú en el plano legislativo.

Ahora, gracias a la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas y originarios, se se establece la obligatoriedad del Estado a requerir la aprobación de estas comunidades antes de ejecutar cualquier obra o proyecto en sus territorios.

Este acuerdo "entre Estado y los pueblos originarios como resultado del proceso de consulta es obligatorio para ambas partes", se dispone en el texto presentado por Gana Perú.

Así se concretará la vigencia del Convenio 69 de la OIT que el gobierno de García pretendió soslayar.

Para las poblaciones originarias y en general para los pueblos del mundo rural, esta disposición es una importante victoria no sólo por cuanto significa en el plano material -el reconocimiento a sus tierras y bienes- sino también por el contexto y la circunstancia en la cual ha sido adoptada, por un gobierno que la hizo suya como reclamación legítima y que ha decidido reivindicar el derecho de consulta a los pueblos indígenas.

Esta victoria, al costo de una dura y sacrificada lucha, fue alcanzada en una circunstancia en la que las poblaciones originarias en el Perú, Ecuador, Colombia, Venuela, Bolivia y Chile asumen roles protagónicos. Sin duda, marcará época en la historia de nuestro continente.
Fuente:Argenpress