La audiencia de hoy está convocada para las 10 de la mañana, y comenzará con el alegato del fiscal Azzolín. Luego le seguirá el abogado Matías Duarte, por la querella de los familiares del ex gobernador Ragone, que fuera secuestrado el 11 de marzo de 1976 a la mañanita, cuando iba a su trabajo en el Hospital San Bernardo.
También debe dar su alegato el abogado David Leiva, por la querella de la organización de derechos humanos Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, tarea en la que es acompañado por los abogados Tania Kiriaco y Oscar Rodríguez. Y debe alegar el abogado Martín Avila, en representación de las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia, que participan como querellantes. La abogada Verónica Molina representa a Martínez de Leal, quien eligió el camino de una actoría civil para reclamar un resarcimiento económico por la herida de bala en el brazo que sufrió durante el secuestro de Ragone.
De acuerdo con los dichos del fiscal y de algunos querellantes, durante el proceso, en el que declararon más de 80 testigos, se incorporó abundante prueba que confirma la hipótesis que mantuvo la acusación durante la primera parte de la investigación de este hecho: que el crimen contra Ragone fue ordenado por autoridades del Ejército, por quien era jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez (que comenzó a ser juzgado en este mismo proceso pero quedó fuera debido a su delicado estado de salud) y siguió con la línea de mando hacia abajo, y tuvo a la Policía de Salta como el brazo ejecutor del hecho y encubridor. Dentro de la línea de mando están acusados quien fuera jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall; quien fuera jefe de la Policía de Salta, Miguel Raúl Gentil; y, en una línea intermedia, entre los ejecutores, parte de la línea de mando y encubridores (se verá ahora como lo encuadran el fiscal y los querellantes), se encuentra quien fuera director de Seguridad de la Policía salteña, Joaquín Guil. También están siendo juzgados el policía retirado Andrés del Valle Soraire, como supuesto ejecutor; y los policías retirados Pedro Javier Herrera y Rubén Nelson Herrera, como supuestos encubridores del hecho. El otro acusado es Héctor Zanetto, que integrara las filas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), hombre cercano a Lorenzo Miguel y que ha sido sindicado como vocero de la Triple A. En su caso está acusado por coacción, por supuestas amenazas que habría vertido contra Ragone.
De acuerdo con expresiones de la Fiscalía y algunos querellantes, es posible que se pida que se impute a otros policías retirados por el secuestro y desaparición. El debate “permite sacar algunas cositas que se han tenido en cuenta al principio” y descartar otras; “muchas hipótesis se reafirmaron” otras se descartaron. “Va a haber cosas nuevas””, informó el fiscal Azzolín en declaraciones a Radio Nacional Salta. Leiva adelantó por su parte que pedirá que se investigue a los policías retirados Antonio Saravia y Abel Guaymás.
El Tribunal ha previsto que los alegatos continuarán el 29, con las expresiones de los abogados defensores. El 30 se dará la posibilidad para las réplicas y contrarréplicas y el 12 los acusados tendrán su última oportunidad de hablar antes de que el Tribunal pase a deliberar.
Por Elena Corvalan, Directora de Radio Nacional Salta
Fuente:Agndh
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