“Dilma ha dado indicios de ruptura”
El experto en seguridad dice que el actual gobierno ha avanzado en materia de derechos humanos, pese a la resistencia de un sector minoritario del ejército, y que la presidenta se muestra sensible al respeto por los derechos civiles.
Por Adrián Pérez
“La sociedad civil presiona para que la información sobre la represión sea pública.”Imagen: Bernardino Avila
Oscar Vilhena Vieira no esquiva ningún tema. Invitado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, el director de la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas analiza el futuro de la Comisión de la Verdad de Brasil, destaca el avance en materia de derechos sociales, pero propone una reforma estructural del sistema de aplicación de la ley penal. Antes de participar en el IV Seminario Internacional de Políticas de la Memoria que comenzó ayer en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Vilhena Vieira afirma ante Página/12 que el ex militar y diputado brasileño Jair Bolsonero, quien señaló que la Comisión de la Verdad era una farsa, representa al sector más radical y minoritario de las Fuerzas Armadas. “Su posición en el Parlamento no es seria. Sin embargo, es evidente que las Fuerzas Armadas no quieren que la Comisión identifique a los responsables de los delitos cometidos durante la dictadura. La discusión que se abre en Brasil es cuál será su mandato. La sociedad civil presiona para que la información sobre el período de la represión sea pública”, sostiene.
–No es la primera vez que Brasil realiza una investigación sobre lo sucedido durante la dictadura. Hubo una iniciativa que surgió en la presidencia de Fernando Henrique Cardoso.
–Esa experiencia surgió para ubicar a las víctimas e iniciar un proceso de reparación económica. Entonces pudimos saber quiénes habían sido encarcelados, torturados, muertos o desaparecidos por la dictadura. Esa comisión se llamó de los muertos y los desaparecidos.
–Pero falta determinar las responsabilidades penales de esos crímenes.
–El Supremo Tribunal Federal negó la posibilidad de que esos delitos sean castigados penalmente. Esta comisión trabajará en la reconstrucción de la verdad y la atribución de responsabilidades para saber quiénes dieron las órdenes, quiénes las ejecutaron y publicará esa información.
–Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidió sobre la Ley de Amnistía vigente en Brasil y la necesidad de juzgar esos crímenes.
–La Ley de Amnistía nació en 1979 como un acuerdo entre dirigentes de la oposición y militares para garantizar el proceso de transición. Fue un hecho político. Asumiendo una posición equivocada e inadecuada, la Corte Suprema no analizó ese pacto. La CIDH ha señalado que una Ley de Amnistía hecha por aquellos que van a sacar provecho de ella es una ley ilegítima. Hoy la Corte desafía a la CIDH y desconoce sus recomendaciones.
–Esa Corte fue constituida durante la dictadura militar.
–Hace tres años estaba formada por jueces que habían sido nombrados en la dictadura. Pero en el último tiempo, la Corte comenzó a tener un rol más progresista en la sociedad brasileña.
–¿Qué peso tienen los Supremos en esta nueva coyuntura?
–Normalmente, la Corte reafirma las decisiones del sistema político. Sin embargo, en el derecho a huelga de los trabajadores de la administración pública aplicó la misma legislación disponible para los trabajadores privados. Fue una medida que en el lenguaje jurídico llamamos “activista”. La Corte abrió una puerta en un terreno donde había un vacío legal. Del mismo modo ocurrió con la unión entre personas del mismo sexo, un tema que el Parlamento no enfrentó durante años.
–¿Algo similar sucedió con el acceso a la salud y la educación?
–El Estado tiene la obligación de brindar medicamentos a todas las personas y educación para favorecer la inclusión de los niños. En términos sociales, la Corte ha sido progresista.
–Podría decirse que las altas tasas de criminalidad llevaron a los gobernantes a ser complacientes con el modo en que actúa la policía.
–Todo indica que los gobiernos no tienen ganas de enfrentar este problema.
–Eso implica un costo político.
–Si la policía fuese más confiable y la aplicación de la ley fuera más justa, habría un mayor control de la criminalidad. En buena medida, la eficiencia policial depende de la confianza que despierta en la sociedad, pero la población le teme. Las estructuras policiales tienen mucha autonomía. Existe un pacto tácito entre el poder político y esas fuerzas, que, a su vez, pactan con el crimen.
–Un serio problema para una de las economías más pujantes del mundo.
–No sólo tenemos una policía del siglo pasado. Los sistemas de Justicia tienen el deber de controlarla y no lo hacen. Si Brasil quiere dar un salto de desarrollo más sustentable debe hacer una reforma estructural del sistema de aplicación de la ley penal. Caso contrario, tendremos una economía fuerte, pero una sociedad frágil en la aplicación del derecho.
–¿En qué se diferencia la visión de Lula de la posición de la presidenta Dilma Rousseff respecto de los derechos humanos?
–Con su atención sobre la pobreza, la educación y la salud, ambos refuerzan la importancia de los derechos sociales. Dilma tiene una sensibilidad mayor para los derechos civiles. El gobierno de Lula no avanzó mucho en la creación de la Comisión de la Verdad. Dilma ha dado indicaciones claras de ruptura, instruyendo a sus ministros para que empujen esa iniciativa en el Congreso. Me parece que Dilma tiene una posición mucho más sólida en derechos humanos, pero no deja de prestar atención cuando estas cuestiones pueden generar un obstáculo a su política de desarrollo. Esa es la crítica que puede hacérsele.
Fuente:Pagina12 29 de Septiembre - 10:47hs Brasil El jefe de la policía de Río de Janeiro dejó su cargo El jefe de la policía de Río de Janeiro, coronel Mario Sergio Duarte, dejó su cargo dos días después de la detención de un alto jefe de esa fuerza acusado de apropiarse de cocaína incautada en favelas. Duarte renunció a través de una carta en la que reconoció el "equívoco" de haber promovido al teniente coronel Claudio Luiz Silva de Oliveira, quien fue el jefe del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), la tropa de elite de la policía carioca. Silva de Oliveria está preso desde el martes en la cárcel de alta seguridad Bangú I, acusado de haber ordenado el asesinato de la jueza Patricia Alcioni y sospechado de no entregar al Estado cocaína y armas aprehendidos a las bandas de narcos. El ahora ex jefe de la policía de Río de Janeiro dijo, en su nota de dimisión, que está "conciente del desgaste institucional" causado por la nominación de Silva de Oliveira, contra quien también pesan denuncias de vínculos con las "milicias", grupos parapoliciales que ocupan varias favelas, según reprodujo ANSA. El gobierno de Río de Janeiro, donde se disputará el Mundial de 2014 y las Olimpíadas de 2016, declaró una "guerra" contra el narcotráfico que ocupa la mayoría de las 700 favelas, y una pieza fundamental de esa estrategia fue el BOPE, conocido por el entrenamiento y la violencia de sus miembros. En el marco de esa guerra el año pasado fueron lanzadas operaciones comandadas por las Fuerzas Armadas que concluyeron en la ocupación de barriadas como el Complexo do Alemao.
Fuente:Pagina12
29 de Septiembre
Brasil
El jefe de la policía de Río de Janeiro dejó su cargo
El jefe de la policía de Río de Janeiro, coronel Mario Sergio Duarte, dejó su cargo dos días después de la detención de un alto jefe de esa fuerza acusado de apropiarse de cocaína incautada en favelas.
Duarte renunció a través de una carta en la que reconoció el "equívoco" de haber promovido al teniente coronel Claudio Luiz Silva de Oliveira, quien fue el jefe del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), la tropa de elite de la policía carioca.
Silva de Oliveria está preso desde el martes en la cárcel de alta seguridad Bangú I, acusado de haber ordenado el asesinato de la jueza Patricia Alcioni y sospechado de no entregar al Estado cocaína y armas aprehendidos a las bandas de narcos.
El ahora ex jefe de la policía de Río de Janeiro dijo, en su nota de dimisión, que está "conciente del desgaste institucional" causado por la nominación de Silva de Oliveira, contra quien también pesan denuncias de vínculos con las "milicias", grupos parapoliciales que ocupan varias favelas, según reprodujo ANSA.
El gobierno de Río de Janeiro, donde se disputará el Mundial de 2014 y las Olimpíadas de 2016, declaró una "guerra" contra el narcotráfico que ocupa la mayoría de las 700 favelas, y una pieza fundamental de esa estrategia fue el BOPE, conocido por el entrenamiento y la violencia de sus miembros.
En el marco de esa guerra el año pasado fueron lanzadas operaciones comandadas por las Fuerzas Armadas que concluyeron en la ocupación de barriadas como el Complexo do Alemao.
Fuente:Telam
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