Abuelas: “En Córdoba, las causas de lesa humanidad están en riesgo”
Publicado el 5 de Septiembre de 2011
Por Franco Mizrahi
El organismo acusó al magistrado ante el Consejo de la Magistratura y pidió su recusación en los expedientes que se tramitan en la provincia. En un caso de apropiación supeditó la elevación a juicio “a que aparezca el nieto” buscado.
La denuncia de la institución se basa en las determinaciones que tomó el juez en las causas que investigan las apropiaciones de los nietos de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, y de la titular de la filial cordobesa, Sonia Torres. No obstante estos casos particulares, las irregularidades se hacen extensivas al resto de los expedientes.
Así quedó de manifiesto en el documento que el organismo de Derechos Humanos presentó ante el Consejo de la Magistratura: “Desde que el juez Sánchez Freytes se ha hecho cargo, como subrogante de dicho juzgado, la Asociación advirtió una serie de decisiones del magistrado que hicieron dudar fundadamente que aquel cumpliera cabalmente su función e imprimiera a dichas causas el trámite debido para que pueda alcanzarse verdad y justicia por dichos crímenes.”
El conflicto con el juez se agudizó cuando la abogada de Abuelas en Córdoba, María Teresa Sánchez, se reunió con el presidente de la Sala B de la Cámara Federal provincial, Abel Sánchez Torres, para notificarlo de las irregularidades que observó en las diversas causas de apropiación. Este magistrado no había intervenido en ninguno de los casos mencionados y por su cargo tiene la obligación de impulsar los juicios de lesa humanidad.
Acto seguido, el camarista se contactó con el juez Sánchez Freytes para interiorizarse en el avance de las causas. Pero quien conduce el Juzgado Federal Nº 2 envió a sus secretarias, Mirta Liliana Rubín y María Soledad Mancini de Gener, a una reunión con su superior. A partir de ese momento, la historia ingresó en una fase vertiginosa.
A raíz de este encuentro, el juez Sánchez Freytes dispuso agregar en todos los procesos vinculados a crímenes de lesa humanidad una nota labrada por sus secretarias en la que relató la reunión y notificó a las partes. Como consecuencia, los letrados defensores –en su mayoría, de genocidas– recusaron a Sánchez Torres. Desde Abuelas sospechan que Sánchez Freytes incitó a que esto sucediera.
Pero ese no fue el único fin que persiguió la nota. En el mismo escrito se aludió a la causa caratulada “Estela Barnes de Carlotto s/denuncia” como caso “Simón”. Simón es el apellido del joven cuya identidad se pretende constatar, que hasta entonces se mantenía en reserva, y podría ser el nieto de Estela. “Esta circunstancia –se lee en la denuncia de Abuelas–, lejos de consistir un mero equivoco, en rigor, implicó poner en evidencia la existencia de dicha investigación –y el nombre del joven cuya identidad está en duda– ante los imputados de gravísimos crímenes de lesa humanidad, involucrados indudablemente en la apropiación de niños.”
En su defensa en el Consejo de la Magistratura, Sánchez Freytes argumentó que él actuó conforme a lo que su superior le había ordenado. Por tal motivo, denunció a Sánchez Torres en el organismo que sanciona a los jueces.
Si bien no consta en la nota, desde Abuelas de Plaza de Mayo adujeron que en lo que respecta a la causa que investiga la desaparición de Silvina Parodi de Orozco y el paradero de su hijo nacido en cautiverio –nieto de la abuela Sonia Torres–, Sánchez Freytes tomó una decisión que en la práctica llevó el caso a fojas cero, cuando la elevación a juicio era inminente: abrió un expediente paralelo.
Así, hasta supeditó la elevación a juicio de este caso a que se localice al nieto, “lo que le causa a la abuela querellante y a nuestra institución un grave e irreparable daño”, manifestó Abuelas. En este expediente están imputados Luciano Benjamín Menéndez y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros genocidas. En búsqueda de justicia, la querellante presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal.
Frente a este escenario, Abuelas de Plaza de Mayo acusó a Sánchez Freytes por mal desempeño, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en el Consejo de la Magistratura. Y sumó en su denuncia que al averiguar las razones de la actitud del juez, tomó conocimiento de que “el mismo funcionario ha tenido reiteradas conductas de mal desempeño en sus funciones y ha realizado actos que objetivamente demuestran su inclinación a favorecer a represores y a obstruir la averiguación de la verdad histórica y su respectiva sanción penal a los responsables de violaciones de Derechos Humanos”.
Entre los diversos ejemplos que citan para fundamentar su afirmación, Abuelas menciona que Sánchez Freytes ordenó destruir documentación y expedientes del período 1968-1978 “que resultaban determinantes para investigar la red de complicidades de ciertos miembros de la Justicia Federal de Córdoba con el terrorismo de Estado, y podría erigirse en un puntal de la impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante los peores años de la dictadura militar”.
En la presentación también se recuerda que Sánchez Freytes liberó de responsabilidad a varios de sus colegas cuando actuó como juez en la causa que investiga la posible complicidad entre represores y algunos miembros del Poder Judicial cordobés.
Como esa decisión fue apelada, el camarista Sánchez Torres debió expedirse sobre esas desestimaciones: “No tienen sustento fáctico ni jurídico”, aseguró. La nota que Sánchez Freytes incorporó en todas las causas de lesa humanidad tendría una doble función: devolverle la gentileza a su superior y mover del horizonte todo atisbo de investigación en la causa UP1, una de las más emblemáticas de Córdoba, donde se indaga la complicidad de los jueces con las fuerzas represivas y que se encuentra en la Cámara.
“El problema de fondo, el núcleo de todo este conflicto –explicó una fuente judicial– es que se quiere neutralizar todo lo que podría posibilitar esta investigación central. Se quiere aventar toda posibilidad de que algún juez o fiscal impulse este proceso. La Sagrada Familia –como se conoce al núcleo más conservador de la justicia cordobesa– quiere correr a los funcionarios que molestan. Este es un aviso. La familia judicial crea sus propios anticuerpos.”
Por todo esto, Abuelas también pidió la recusación del juez que maneja todas las causas de Derechos Humanos provinciales. La razón es contundente: “Advertimos que la continuidad en el cargo del juez federal Alejandro Sánchez Freytes pone en riesgo el avance de todas las causas por delitos de lesa humanidad que se tramitan en Córdoba.”
El magistrado rechazó la recusación y ahora será la Cámara Federal la que deberá resolver sobre su futuro. De su respuesta –que se descuenta para los próximos días– depende el devenir de muchos expedientes que tantos años costó levantar.
Fuente:TiempoArgentino
Quién es Sánchez Freytes
Publicado el 5 de Septiembre de 2011
El juez cordobés supo acomodarse en los espacios de poder y también logró ubicarse en la institución que controla y sanciona a los magistrados. Allí preside la Comisión de Administración y Financiera, secunda la de Selección de Magistrados y es miembro de la Comisión de Reglamentación.
Fuente:TiempoArgentino
Opinión
Una decisión política tomada por un militante
Publicado el 5 de Septiembre de 2011
Por H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia.
A ocho años de la declaración de la nulidad de las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final), reafirmamos que cuando el 21 de agosto de 2003 esas leyes fueron declaradas “insanablemente nulas” y cuando el 3 de septiembre se promulgó la medida, no sólo se estaba dando respuesta a la lucha de años de los organismos de Derechos Humanos, sino que sucedió un hecho político mucho más significativo y trascendente: se abrieron las puertas para un proceso histórico de Justicia, reclamado por todo el pueblo, que ya es ejemplo en el mundo.
No fue fácil llegar hasta ahí. Fueron 27 años de impunidad, contrarrestados con lucha y resistencia. Esas puertas no se abrieron solas. Estaban cerradas con muchos candados. Las Abuelas, Madres y Padres de Plaza de Mayo, los Familiares y el pueblo unido luchábamos por Justicia. En 2003 llegó la decisión política de abrirlas desde el Estado, con el entonces presidente Néstor Kirchner. Esto no es un elogio vacío: es el reconocimiento a la decisión histórica tomada por un militante que gobernaba el país. Podría no haberlo hecho, podría haber dejado intacta la comodidad de la impunidad. Pero lo hizo y fue por más: pidió perdón, como presidente, en nombre del Estado.
Mucho tuvo que cambiar para que la impunidad deje de ser política de Estado en la Argentina y pase a serlo el Juicio y Castigo. Hubo que sacudir décadas de injusticia. En el año 2000 escrachamos al genocida Alfredo Astiz en Tribunales, cuando era juzgado por unas declaraciones que hizo a una periodista. Ahora, once años después, está siendo juzgado en la Argentina por los crímenes en la ESMA y ya fue condenado en ausencia en Francia e Italia.
La Argentina demuestra desde hace ocho años que se puede y debe juzgar y condenar los crímenes de lesa humanidad.
Festejamos el juicio y castigo porque luchamos desde que nacimos para que sea una realidad. Sabemos que en estos juicios no está todo lo que debería, que llegan tarde, que muchas víctimas y familiares se murieron antes de ver justicia, que muchos genocidas fallecieron impunes, pero también sabemos que si no fuera por la lucha inclaudicable no hubiesen llegado nunca. Y vamos por más. Hasta que no quede ningún genocida suelto. Hasta que también se termine la impunidad para los cómplices y partícipes civiles, como Ledesma, Ford, Mercedes Benz, Martínez de Hoz y Juan Martín Romero Victorica.
Las cosas empiezan a estar en su lugar: hay más de 230 genocidas que ya no caminan por las calles, hay 105 hijos de desaparecidos cuyas identidades fueron restituidas, ya fueron identificados los restos de muchos desaparecidos, hay más de 1500 genocidas procesados, la justicia empezó a avanzar sobre la responsabilidad de los cómplices del terrorismo de Estado.
A ocho años de la declaración de la nulidad de las leyes, medida acompañada por la posterior declaración de inconstitucionalidad en 2005, reivindicamos esa decisión política que nos permitió generar instancias reparatorias para las víctimas, la construcción de un país con Memoria, Verdad y Justicia, y la posibilidad de un futuro sin impunidad.
Fuente:TiempoArgentino
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