“Además de los jerarcas, también será juzgada la mano de obra de la dictadura”
El abogado de la Secretaría de DD.HH. de la Nación resaltó la importancia del juzgamiento del civil Jaime Lamont Smart y de los grupos de tareas, en lo que será un proceso histórico en La Plata.
05.09.2011
El ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz y otros 25 represores –tres ex militares, 21 ex policías y un civil– podrían ser juzgados por homicidio en el juicio por los crímenes cometidos en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que integraron el Circuito Camps. Es que los cuerpos de once de las 280 víctimas que figuran en la causa fueron encontrados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), por lo que la querella representada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no descarta pedir que los imputados sean acusados por esa figura, además de la de privación ilegal de la libertad y las torturas, lo que permitiría elevar los pedidos de pena a la máxima prevista en el Código Penal. Así lo explicó el abogado Inti Pérez Aznar, quien en una entrevista con Diagonales analizó las características del juicio que se iniciaría el 12 de septiembre, y resaltó la importancia del juzgamiento del civil Jaime Lamont Smart y de los grupos de tareas, en lo que será un proceso histórico en La Plata.
El juicio por los centros clandestinos que durante la dictadura funcionaron en la Brigada de Investigaciones de La Plata, el Destacamento de Arana, la comisaría Quinta, Puesto Vasco (Don Bosco, Quilmes), COT I Martínez y Brigada de San Justo, será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal Nº1 en la ex sede de la AMIA de 4, entre 51 y 53. En el debate, los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Pérez Aznar y Hernán Navarro, representarán la querella del Poder Ejecutivo Nacional, resguardando los intereses de todas las víctimas.
–¿Qué se juzgará a partir del 12 de septiembre?
–Creo que hay un hecho importante para resaltar, que fue que la Provincia de Buenos Aires fue la única que tuvo un juicio en la época de (el ex presidente Raúl) Alfonsín, cuando en 1986 se hizo el juicio a Ramón Camps, Ovidio Pablo Riccheri, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Norberto Cozzani, Jorge Antonio Berges y Alberto Rousse. Cuando se hace ese juicio (Conocido como Causa 44 “causa iniciada en virtud del decreto 280/84 del poder ejecutivo nacional”), la Cámara condena y después la Corte Suprema absolvió por la línea de mando, aplicando la Obediencia Debida retroactivamente, y sólo Camps quedó preso, hasta los indultos.
Ahora, se juzgan varias cosas. En Comisaría Quinta se toma el caso de Chicha Mariani. Ahí hay una primera tanda de imputados que murieron: González Conti y Sertorio. Paralelamente a esa causa, se armó Puesto Vasco y COT I Martínez. San justo tenía un solo imputado, Pena, que se murió, pero nunca se profundizó y es una cuenta pendiente. Después está Brigada de Investigaciones de La Plata y Destacamento de Arana que son dos causas que se comienzan a trabajar por separado y luego se establece la ligazón entre una y otra. Desde el punto de vista legal, Arana dependía de la Brigada. Y desde el punto de vista operativo, porque le ponían el cuerpo: a los acusados se los veían en uno y otro lugar. Tanto en Arana y como en Comisaría Quinta hubo un criterio amplio de imputación en cuanto a las patotas. Siempre se puede ir por más, pero creo que es un juicio bastante abarcativo.
–Hasta ahora, en La Plata, hubo dos grandes procesos a personas concretas: a Etchecolatz en 2006 y a Von Wernich en 2007; y uno a personal de la Unidad 9. Pero esta es la primera vez que se juzgan Centros Clandestinos de Detención.
–Aunque por momentos funcionó como tal, el de la Unidad 9 no fue un juicio por un CCD. Ahora, este es un juicio en el que se juzga el circuito Camps como un grupo de centros y no por uno o dos imputados.
–¿Cómo se llega a esa síntesis?
–Lo que se empieza a ver desde las fiscalías y las querellas, también por las experiencias de los juicios anteriores de Von Wernich y Etchecolatz, es la necesidad de hacer un agrupamiento por centro o por circuito. Es por eso que primero se eleva la causa por la Comisaría Quinta, pero ya en esa elevación las fiscalías y las querellas piden que se las agrupe por circuito represivo. Y en el caso de la Brigada y Arana, antes de que se eleven, las fiscalías y las querellas pidieron que se unifiquen esas dos dependencias, con lo cual hubo un trabajo en conjunto entre las querellas y las fiscalías. Eso es para recalcar, porque en La Plata existe una buena relación entre las querellas. Pero es interesante porque lo comenzaron a pedir las fiscalías y las querellas juntas a (el juez federal a cargo de la causa Arnaldo) Corazza, quien hizo ese pedido al Tribunal Oral.
–Todo esto implica que, como en el juicio de la U9 en el que se juzga un aparato represivo delimitado, las víctimas sean muchas, en este caso 280.
–Este es un juicio, a nivel víctimas, de los más grandes que se hayan hecho hasta ahora. Y a nivel de imputados, el de Córdoba tuvo 31 imputados, creo que este es el segundo. Y es interesante también que en el caso de Brigada, Arana y Comisaría Quinta estén las patotas.
–¿Qué significa que estén los grupos de tareas entre los imputados?
–Que, además de los jerarcas, los jefes, también está siendo juzgada la mano de obra de la dictadura, que son las patotas.
–Este proceso tiene otra novedad, algo que está comenzando a ocurrir en los juicios por crímenes de lesa humanidad, y es que gracias al trabajo del EAAF los cuerpos de muchos de los desaparecidos cuyas casos están en juzgamiento fueron encontrados. ¿Estos son homicidios? ¿En cuantos casos ocurrió?
–Pasó en Buenos Aires en el juicio por el circuito de Campos Clandestinos Atlético-Banco-Olimpo (ABO), donde el fiscal Alejandro Alagia pidió que se amplíe por homicidio los casos de desaparecidos cuyos cuerpos fueron hallados. De todas formas en algunos casos también se pidió la ampliación por homicidio de desaparecidos sin que esté el cuerpo, porque de alguna manera lo que se intenta probar es que el Plan Sistemático llevaba a la eliminación de las personas. Todo el mundo hoy está convencido de eso. Pero hay que poner eso en palabras, y ahí radica lo maravilloso del trabajo del EAAF. Hay un montón de cuerpos de desaparecidos que se han encontrado a partir del trabajo del EAAF en los cementerios de La Plata, Avellaneda y Moreno. Y esto de alguna manera prueba las muertes. Porque uno puede estar convencido de eso, pero a un juicio hay que llevar pruebas y hay que presentarlas y analizarlas.
–Aquí hay once desaparecidos cuyos cuerpos fueron encontrados e identificados.
–Y pueden ser más porque la campaña del EAAF sigue. Cuando salió el ofrecimiento de prueba (el 23 de agosto pasado) una de las medidas que pedimos nosotros fue que se oficie a todo el país para ver si alguna de todas las víctimas puede ser identificada en el transcurso del juicio y que, llegado el caso, se incorporen.
–¿Que implica ese pedido?
–Por ejemplo: hubo dos casos de cuerpos que la identificación se hizo pública hace dos meses y nosotros ya habíamos ofrecido la prueba. Pero presentamos un escrito para que se los tome porque no va a haber otro juicio como este. Entonces lo que pedimos nosotros y lo que hizo el tribunal es oficiar a la Cámara de Capital Federal y de La Plata, para que informe si hay otras personas que puedan llegar a ser identificada en los próximos meses, que puedan estar vinculadas a esta causa, para que puedan ser incluidas en el juicio.
–Con estas once víctimas en particular cuyos cuerpos fueron identificados. ¿Cómo podría cambiar la acusación?
–Es un hecho que, al aparecer, los cuerpos acreditan un homicidio. Después veremos cada querella cómo lo manifiesta y cuál es su estrategia. El fiscal Alagia en ABO y la Secretaría de DDHH de Nación en otros juicios han pedido homicidio en casos similares. Y nosotros estudiaremos si en este caso es pertinente hacer un pedido similar.
–¿No lo descartan?
–No descartamos la posibilidad.
–¿El pedido de homicidio agravaría la pena?
–Hay una cuestión objetiva que es que en el Código Penal la privación ilegal de la libertad y tormentos tienen 25 años de pena máxima, y el homicidio prevé perpetua.
Fuente:Diagonales
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