Los magistrados están de estreno
Dos lugares en Casación serán ocupados por Alejandro Slokar, ex secretario de Política Criminal, y Mariano Borinsky, que dirigió la Unidad Fiscal que investiga el contrabando. Hay cuatro nuevos integrantes en la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Por Irina Hauser
Alejandro Slokar, ex secretario de Política Criminal, estará en el segundo tribunal del país luego de la Corte.Imagen: Télam
La Cámara de Casación Penal va camino a completarse y a renovarse. También sus fiscalías. Habrá cuatro nuevos integrantes en la sensible Cámara en lo Contencioso Administrativo. Se empiezan a llenar los más de veinte lugares vacíos en una decena de tribunales orales penales porteños y algunos juzgados federales de distintas provincias. Todo esto y mucho más surge de la sesión de ayer del Senado, donde fueron aprobados por unanimidad los pliegos de 54 de 92 candidatos a ocupar cargos de jueces, camaristas, fiscales y defensores oficiales que habían sido enviados por el Poder Ejecutivo a comienzos de julio.
Esta tanda de “acuerdos” abarca a los aspirantes que tuvieron audiencias públicas desde el lunes hasta ayer inclusive, excepto a los impugnados. De aquí a la jura, sería cuestión de días. Como informó Página/12, la mayoría de los candidatos y candidatas son de carrera judicial –aunque poco afectos al corporativismo tradicional–, jóvenes, con trayectoria académica y algunos con experiencia y compromiso en derechos humanos.
Uno de los cambios que más expectativas generaban en el Poder Judicial y en especial entre los organismos de derechos humanos, eran los nombramientos en la Cámara de Casación, que sigue en jerarquía a la Corte Suprema, y se ocupa de revisar sentencias y detenciones. De los cinco lugares vacíos que tiene, dos serán ocupados por Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, nombres aprobados ayer. Slokar fue secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner, escribió un famoso Manual de Derecho Penal con el juez de la Corte Raúl Zaffaroni y el fiscal Alejandro Alagia, y tuvo ya un paso por Casación como secretario. Borinsky viene de dirigir la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y Contrabando (Ufitco) y es, entre otras cosas, el acusador en la causa por la venta ilegal de armas.
Casación fue durante los últimos años uno de los más grandes obstáculos en el avance de las causas contra represores y arrastra escándalos adicionales, como sospechas en los sorteos de las causas y una investigación por el supuesto intento de soborno a algunos de sus integrantes para que liberaran a los detenidos de la Unión Ferroviaria por el asesinato de Mariano Ferreyra. La designación de Ana María Figuerea no se concretó ayer porque fue impugnada por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, el mismo que apoyó los golpes de Estado. La cuestiona por no ser penalista. Ella dijo en la audiencia pública que no se puede disociar el derecho penal del constitucional y del sistema internacional de derechos humanos. Su pliego sería aprobado. Otro que viene demorado es el de Juan Gemignani (hijo), presentado recién hace unos días al Senado.
La más reciente vacante, provocada por la salida una semana atrás de Juan Carlos Rodríguez Basabilvaso, la cubrirá como subrogante el titular de Magistrados Luis Cabral (ver aparte).
Cuatro cargos en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, un tribunal que suele intervenir en los casos más resonantes contra el Estado (lo hizo en casos que van desde la discusión por las reservas del Banco Central hasta Papel Prensa), serán ocupados por tres secretarios letrados que vienen de la Corte (María Claudia Caputi, Marcelo Duffy y Rodolfo Facio) y un letrado de la Procuración General, Rogelio Vicenti. El éxodo de letrados de la Corte será aún mayor: se van a tribunales orales Ivana Bloch (de la vocalía de Carlos Fayt), Claudia Moscato (colaboradora de Juan Carlos Maqueda) y Pablo Vega (de la Secretaría Penal).
Algunos nombres conocidos que tendrán ascensos según votó el Senado, son Daniel Petrone, que como juez penal económico tuvo la causa de la valija de Antonini Wilson y ahora integrará un tribunal oral en San Martín; el fiscal de la Procuración Javier de Luca será fiscal de Casación; el fiscal Angel Nardiello estará en un tribunal oral; también el defensor Sergio Paduczac; el abogado de derechos humanos Alejo Ramos Padilla será juez federal en Dolores; el juez Juan Manuel Yalj integrará la Cámara de San Martín; y Jorge Gorini –quien ya subrogó en juicios orales como el de Vesubio– quedará en un tribunal oral. Hoy y mañana siguen las audiencias públicas, pero aún no se sabe cuándo será la próxima sesión en la que se aprobarían los pliegos pendientes y se analizarán los impugnados.
Fuente:Pagina12
Un juez con cargo interino
Con rapidez inusual, la Cámara de Casación designó a un subrogante para reemplazar a Juan Carlos Rodríguez Basabilvaso, cuya renuncia fue aceptada la semana pasada. Será Luis María Cabral, ex titular del Consejo de la Magistratura, actual presidente de la Asociación de Magistrados, emblema de corporación judicial, y juez del Tribunal Oral Criminal 9. La noticia sorprendió en segundas líneas de la propia Casación que ven en él la antítesis de los nuevos jueces que pronto desembarcarán en el tribunal. Beinusz Szmukler, del Observatorio de la Justicia, dijo: “Más allá del cargo de Cabral en la corporación judicial, tengo expectativas de que contribuya a mejorar Casación y agilizar los juicios de derechos humanos”.
Fuente:Pagina12
EL FRENTE PARA LA VICTORIA RECHAZARA EL NOMBRAMIENTO DEL ABOGADO JUAN CARLOS NACUL
Hay acuerdo para no dar acuerdo
Organismos de derechos humanos de Jujuy lo habían impugnado por su relación con el dictador Antonio Domingo Bussi. Nacul hizo ayer su descargo por escrito. El Frente para la Victoria tomó la decisión en su reunión de bloque.
Los legisladores del Frente para la Victoria que integran la Comisión de Acuerdos del Senado no avalarán el nombramiento como juez federal de Tucumán del abogado Juan Carlos Nacul, cuyo pliego fue impugnado por organismos de derechos humanos de Jujuy por su actuación como funcionario del dictador tucumano Antonio Domingo Bussi durante la última dictadura, como ex asesor del partido del ahora condenado ex militar en la Legislatura provincial, y por su defensa en una causa penal del represor Mario “Malevo” Ferreyra. Los representantes del radicalismo, en cambio, informaron a Página/12 que escucharán mañana el descargo oral del abogado –quien ayer hizo su presentación por escrito– para analizar sus posiciones antes de resolver.
Hijos Jujuy, junto con Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de la provincia, impugnaron el pliego de Nacul, uno de los 92 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales. Hijos señaló su “profunda preocupación” por los “peligrosos antecedentes profesionales” del abogado, recordó que Nacul fue funcionario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán durante la dictadura, asesor del bloque de Fuerza Republicana en la Legislatura provincial entre 1996 y 1999 y también abogado del Malevo Ferreyra, que participó del Operativo Independencia en 1975, fue denunciado por su actuación en secuestros y desapariciones y se suicidó en el mismo momento que iba a ser detenido por su actuación durante la dictadura.
Nacul se defendió por escrito ante las impugnaciones. Explicó que no fue funcionario, sino empleado del Departamento de Gestión y Mora de la Caja de Ahorro, donde le tocó actuar en juicios contra ex empleados públicos que no lograban pagar sus créditos. A la Legislatura dijo haber entrado en 1987 como asesor ad honorem de la presidencia, en manos del justicialismo, no del bussismo, y que fue el destino y no la convicción militante la que derivó en que terminara trabajando para Fuerza Republicana.
Sobre el Malevo Ferreyra, explicó que lo defendió en un juicio que no tenía relación con delitos de lesa humanidad y con el único fin de garantizarle un juicio justo; aclaró que nunca fue bussista, sino peronista, que no gestionó la reducción de la condena a cadena perpetua, sino que correspondía legalmente, y negó haberle dado empleo a Ferreyra para facilitarle sus salidas laborales de la cárcel. Nacul también destacó que como fiscal subrogante de Santiago del Estero, en 2008, impulsó la acción penal contra un grupo de altos mandos del Tercer Cuerpo de Ejército entre quienes estaba Bussi, y que también se negó a defenderlo como abogado cuando un defensor oficial se negó.
La decisión del Frente para la Victoria se adoptó ayer durante la reunión de bloque, y fue impulsada entre otros por Marcelo Guinle, Daniel Filmus, Miguel Pichetto y Marcelo Fuentes. Los radicales esperarán hasta mañana.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
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