Con pedido de captura internacional
Procesado como partícipe necesario en un centenar de delitos de lesa humanidad, Romano se fue a Chile, donde pretende que se lo considere un refugiado político. Según el texto de la ley, sus posibilidades son pocas.
Por Diego Martínez
Mientras la dirigencia chilena comienza a tomar partido sobre el pedido de refugio del ex camarista mendocino Otilio Roque Romano, que huyó del país ante su inminente desafuero, el fiscal general Omar Palermo le pidió ayer al juez federal Walter Bento que declare en rebeldía y ordene la captura internacional del fugitivo, quien a juzgar por la ley sobre protección de refugiados de Chile tendría pocas chances de obtener el asilo político. Más allá de los ocho meses de visado temporario que concede automáticamente a cualquier solicitante, la norma que refrendó en abril del año pasado el propio presidente Sebastián Piñera excluye del régimen de protección a toda persona sobre quien existan “fundados motivos” sobre su participación en “delitos contra la humanidad” como Romano, procesado como partícipe necesario en un centenar de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robos de bienes y desapariciones.
La intención del gobierno chileno, según fuentes del entorno de Piñera citadas ayer por el diario La Nación, sería expulsar a Romano del país. La decisión, de ser cierta, demorará no menos de un mes. Según la ley 20.430 sobre protección de refugiados, la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiados (CRCR) no tiene un plazo perentorio para pronunciarse, aunque en caso de decidir la expulsión debe conceder treinta días al interesado para que gestione su admisión en un país más generoso.
El secretario general de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Víctor Pérez, propuso ayer canjear a Romano por el ex guerrillero Sergio Galvarino Apablaza, asilado político en la Argentina. Como si fueran bandas que intercambian rehenes, el dirigente de los ultraderechistas que integran el gabinete de Piñera planteó abiertamente que “si la Justicia argentina quiere al juez Romano, debe entregar (sic) a Galvarino Apablaza a la Justicia chilena”. El subsecretario del Interior chileno, Rodrigo Ubilla, descartó la hipótesis. “No es posible, sería violar la ley”, respondió. El diputado Hugo Gutiérrez, ex miembro de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, le pidió al Ministerio del Interior que expulse al ex juez de su país. “No se le puede dar asilo político a un acusado de lesa humanidad”, remarcó el diputado del Partido Comunista.
La ley sobre refugiados chilena concede el derecho a quienes tengan “fundados temores de ser perseguidos”, pero excluye en su artículo 16 a los imputados en “delitos contra la paz, de guerra o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional ratificado por Chile”. El artículo 31 ordena a la comisión recopilar información del país de origen, donde Romano tiene procesamiento confirmado en segunda instancia; el 33 obliga al solicitante a “decir la verdad” y el 34 encomienda a la Comisión Interministerial a apreciar las pruebas “conforme a la sana crítica”. Si bien no se conocen los argumentos presentados por Romano, no le resultará fácil convencer a los funcionarios chilenos de ser un “perseguido político” cuando hasta hace 17 días presidía uno de los tribunales más cuestionados del país por entorpecer causas sobre represores.
El fiscal Palermo, en tanto, le pidió al juez Bento que ordene la captura de Romano. El coordinador de la Oficina de Asistencia en causas de lesa humanidad de Mendoza, que el 12 de agosto pidió la elevación a juicio de la causa que tiene al ex juez como imputado, destacó la “clara y manifiesta voluntad contraria al sometimiento a proceso” por parte de Romano, que huyó del país sin informar al tribunal que lo procesó y no se presentó ante la citación por medio de sus abogados. Palermo resaltó que la inmunidad de arresto protege “la ‘función’ judicial” que Romano abandonó al fugarse, pero no puede “blindar de impunidad a la persona del funcionario”.
Fuente:Pagina12
Repudio de las Abuelas
Abuelas de Plaza de Mayo repudió ayer la fuga del camarista mendocino Otilio Romano. “Expresamos nuestro profundo malestar por la visa que el gobierno chileno le entregó por ocho meses, reclamamos su urgente extradición y esperamos que se rechace su solicitud de asilo político”, señaló en un comunicado el organismo que preside Estela Carlotto. Abuelas apuntó que el pedido de refugio es “un ardid para evadir las graves imputaciones que debe enfrentar” y que incluyen “el archivo de la causa por la apropiación de Rebeca Celina Manrique, la primera nieta restituida en la provincia de Mendoza”. “La cobarde huida de Romano es una muestra más de su accionar contrario a la Justicia”, consideró Abuelas, y reclamó “una rápida respuesta de los órganos competentes”.
Fuente:Pagina12
Mendoza
Viernes, 09 de septiembre de 2011
Un referente de los DD.HH. en Chile pidió la expulsión del juez Otilio Romano
Hugo Gutiérrez, diputado y abogado, se basó en la Comision de las Naciones Unidas para Refugiados, que no permite que acusados, procesados o imputados por delitos de lesa humanidad tengan asilo en otros países. Audio: Gutiérrez confirmó el pedido por Radio Nihuil.
Hugo Gutiérrez
Hugo Gutiérrez, diputado del Partido Comunista y referente de los Derechos Humanos en Chile, pidió en el Ministerio del Interior de ese país que no se brinde refugio político al suspendido juez mendocino Otilio Romano, quen debía comparecer en la Justicia Federal por estar acusado de ser cómplice de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, pero no se presentó.Romano está acusado en la Justicia Federal por haber tenido conocimiento de torturas, haber aceptado como prueba judicial confesiones bajo tormentos de los detenidos, no haber investigado violaciones de los Derechos Humanos en las mazmorras del D2 y promover el rechazo de recursos de hábeas corpus con los que los familiares de desaparecidos intentaban dar con sus seres queridos, quienes en realidad estaban detenidos en dependencias policiales de la provincia y luego era judicializados en los tribunales federales.
Por todas estas acusaciones, fue suspendido como juez federal de apelaciones. Dejó sus funciones el 25 de agosto luego de haber declarado como sospechosos de haber participado en al menos 103 causas de lesa humanidad.
Para no presentarse ante la Justicia, Romano pidió asilo en Chile, y el diputado chileno pidió en la Casa de la Moneda, sede del Ejecutivo chileno, que no se acepte su petición.
"El pedido es para expulsarlo del país, porque no se le puede dar asilo político a un acusado de delitos de lesa humanidad", remarcó Gutiérrez, quien fue parte de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos en Chile.
Reunión para decidir suspenderle el pago de haberes
El presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera, convocó al cuerpo a una sesión extraordinaria para el jueves para tratar el cese del pago de haberes al juez Otilio Romano, suspendido en su cargo por 103 delitos de lesa humanidad durante la dictadura, y que pidió asilo político en Chile.
La convocatoria será el jueves 15 a las 10 en la sede de la Magistratura en Libertad 731 de esta Capital, se informó en un comunicado.
La decisión se basa en que ayer "se tuvo conocimiento de un informe elevado al Consejo de la Magistratura por el juez Walter Bento donde comunica que, en mérito a una información recibida por Interpol Buenos Aires, el Dr. Romano se encuentra en la República de Chile con una visa temporaria por ocho meses donde solicitó refugio".
"Asimismo, se menciona que en la fecha (ayer) ha vencido el plazo otorgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al Dr. Romano para su presentación y al no hacerlo, se ha dado traslado al Defensor Oficial", señaló el comumicado de la Magistratura.
Recordó que "la Resolución 134/11 del Consejo dispuso la apertura del procedimiento de remoción del Dr. Romano y su acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, empero, ello no implica per se la suspensión del pago de sus haberes como Magistrado de la Nación" "Pese a ello, y en virtud de las particularidades del caso, teniendo en cuenta la intención evidente del Dr. Romano de abstraerse del proceso judicial en trámite así como del proceso de remoción, el Dr. Fera solicitó a sus pares disponer en el plenario la suspensión de los haberes del precitado", concluyó.
Fuente:DiarioUnoMendoza
No hay comentarios:
Publicar un comentario