SALTA: JUICIO POR RAGONE-PIDEN PRISIÓN PERPETUA PARA CUATRO ACUSADOS.

Lesa humanidad: piden prisión perpetua para cuatro acusados en juicio oral en la provincia de Salta
Lo solicitaron este martes el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de DDHH de la Nación. En tanto, requirieron penas de entre 2 y 10 años para los otros tres imputados. Se investiga, entre otros casos, la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone
30/08/2011
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta reanudó este martes las audiencias de alegatos en el juicio oral por el secuestro y desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de esa provincia, durante el último gobierno militar.

Durante la audiencia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que actúa como parte querellante en el proceso, y el Ministerio Público Fiscal, solicitaron la pena de prisión perpetua para Carlos Alberto Mulhall, ex jefe del Ejército en Salta; Miguel Gentil, ex jefe de la Policía de Salta; Joaquín Guil, ex jefe de Seguridad de la Policía, y para el ex policía Andrés del Valle Soraire.

En tanto, requirieron 10 años de prisión para Jorge Héctor Zanetto, ex vocero de la Triple A, y 2 años para Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera.

Cabe recordar que, durante el debate, las tres primeras querellas que presentaron su exposición solicitaron las mismas penas requeridas por la Secretaría para los imputados.

En el proceso también se investiga el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal.
Fuente:CIJ.gov.ar

EL JUICIO QUE SE SIGUE EN SALTA POR EL CRIMEN DEL EX GOBERNADOR MIGUEL RAGONE
Con el mismo pedido de prisión perpetua
La Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos reclamaron la reclusión perpetua para los principales imputados por el secuestro y la desaparición de Ragone, el 11 de marzo de 1976. También se pidió la imputación del juez Lona como parte de “la estructura represiva”.
Por Alejandra Dandan

La pena solicitada alcanza a cuatro acusados: Mulhall, Gentil, Guill y Del Valle Soraire.Imagen: Gentileza diario El Tribuno de Salta

El fiscal Horacio Azzolin entonces mencionó a Eduardo Galeano. Terminaba el alegato con los pedidos de condena. Galeano alguna vez escribió en sus Memorias del Fuego sobre el ex gobernador de Salta Miguel Ragone y sobre su jefe de policía, Rubén Fortuny: “A Fortuny lo matan con un balazo a la altura del corazón, después secuestran al gobernador que lo había designado, de Ragone no dejan más que una mancha de sangre y un zapato”, leyó el fiscal. “Esperamos que esta sentencia que empezó en un juicio con los datos que describía Galeano nos deje la sensación de que se hizo justicia.” Para eso pidió cuatro reclusiones a prisión perpetua por homicidio agravado para tres cabezas militares de la represión local y uno de los ejecutores directos, pese a que no apareció el cuerpo de Ragone. También la Secretaría de Derechos Humanos, como querellante, requirió la pena de prisión perpetua.

El pedido alcanzó como autores mediatos a Carlos Mulhall, jefe de la guarnición militar local; a Miguel Gentil, jefe de la Policía salteña, y Joaquín Guill, uno de los hombres simbólicos de la represión en Salta, jefe de Seguridad de la policía y responsable de los operativos clandestinos. Pidió, además, reclusión perpetua como autor directo para el policía Andreé del Valle Soraire. A todos les imputó el homicidio del almacenero Santiago Arredes, hermano de un policía y testigo. Y el intento de homicidio de Margarita Martínez de Leal, otra testigo. Los pedidos alcanzaron también a los policías Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera por encubrimiento. Y hubo un pedido de diez años de prisión efectiva por coacción agravada para Jorge Héctor Zanetto, un ex pistolero de la guardia armada de la UOM de Lorenzo Miguel, que amenazó a Ragone.

El alegato abundó, además, en un tema pendiente en buena parte del país: como lo hicieron las otras querellas, Azzolin se detuvo en el entonces juez Ricardo Lona hasta aquí imputado por encubrimiento en otro tramo de la causa, pero para quien pidió una imputación más acorde como parte de la organización represiva. Quedó acreditado no sólo que Lona archivó la causa de Ragone sin investigar, sino que hizo lo mismo con “muchísimas denuncias de desaparición de personas”, “presos privados de libertad”, de quienes denunciaban torturas y a quienes Lona se contentaba con enviarles un médico. “La tolerancia era en realidad una garantía de impunidad para todos los miembros de las fuerzas de seguridad”, dijo el fiscal. “Excede el mero favoritismo integrándolo a la cadena de ilícitos y directamente lo pone en la estructura represiva.”

Hubo un aplauso de la sala repleta cuando el fiscal pidió a los integrantes del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Salta, presidido por Marta Liliana Snopek, que la prisión de todos los acusados se cumpla de modo efectivo, en cárceles comunes. “¿Quién va a controlarlos en los dos años que, como mínimo, habrá desde el momento de las condenas hasta la confirmación del fallo por la Cámara de Casación?”, preguntó. “¿El Patronato de Liberados? ¿El Patronato que seguramente llamará por teléfono antes para avisarles que va a ir?”

El proceso
El juicio a Ragone no sólo debía probar cómo fue el secuestro del médico del pueblo. Las querellas, su viuda, su hijo, esperaban completar la hipótesis de la zona liberada, el encubrimiento y saber los nombres de cada integrante de la patota que lo secuestró el 11 de marzo de 1976.

“A diferencia de la mayoría de los juicios que se llevan adelante en todo el país –dijo Azzolin–, el hecho particular es que ocurrió antes del 24 de marzo del ’76”, un dato que llevó a las querellas a sumergirse en las normas que se dieron las Fuerzas Armadas en su denominada “lucha contra la subversión”, en momentos que combinó la acción de grupos militares y paramilitares. Ayer, Azzolin dedicó su alegato a mostrar en cuadros los nombres de la estructura represiva. La conexión militar, el vínculo entre policías y Fuerzas Armadas. Los nombres de la Inteligencia. Los escuadrones antiguerrilleros.

Luego avanzó con el secuestro. Dijo que no empezó el 11 de marzo, sino el 8 de marzo de 1976, con el robo de cuatro autos de Santiago del Estero que hablan de la coordinación de fuerzas del Operativo Independencia. Habló de la zona liberada. Se metió con el encubrimiento. En un principio, el secuestro apareció como producto de la interna peronista, pero el juicio dio por probado que a esa altura Ragone ya era “un blanco político” para los militares y la cúpula policial, había pasado de ser opositor a convertirse en enemigo. Las pruebas demostraron que los supuestos panfletos de Montoneros atribuyéndose el atentado eran falsos. Que cuando actuaba Montoneros salía a reconocer sus hechos como parte de su propaganda política, y en este caso no lo hizo. El caso se les había ido de las manos a los represores –entre otras razones porque una testigo quedó con vida– y se lo adjudicaron a Montoneros porque así “ejercían una acción psicológica de temor hacia los otros, para que el pueblo se consustanciara con los cometidos del Ejército”.

Otro punto del alegato fue el rol de Zanetto, clave para entender ese proceso que convirtió a Ragone de enemigo en condenado a muerte. La fiscalía dio por probado que el camino empezó a fines de 1975, cuando dos de los integrantes del Partido Auténtico, Juan Carlos Villamayor –ex jefe de prensa de Ragone– y Ernesto Bavio, le ofrecieron a Ragone unirse a ellos. Ragone dijo que no porque prefería pelear en las internas del PJ. La reunión había sido secreta, entre agosto y septiembre de 1975, pero pocos días después el jefe policial Gentil fue a ver a Villamayor para decirle que sabía de la reunión. Que los días de Ragone dentro del peronismo se habían acabado, y lo mandó a convencer de que se bajara de la escena política. No era la primera vez. Gentil le tenía un odio personal. Ragone supo del encuentro, pero decidió seguir adelante. Hubo otro cruce entre diciembre de 1975 y febrero de 1976. Esta vez Villamayor recibió la visita de Zanetto, jefe de la custodia de Lorenzo Miguel, un pistolero nombrado como funcionario de la intervención en el Ministerio de Bienestar Social de Salta, con causas por secuestro extorsivo en Buenos Aires. Zanetto estaba al tanto de todo, pero le mandó decir que esa misma noche Ragone tenía que firmar la renuncia y entregársela al ministerio. Y también que en eso le iba la vida a Ragone. “Por supuesto que Ragone no renunció”, dijo el fiscal. “Pero a partir de ese momento, sin embargo, empezó a madurar la idea de retirarse, porque se sabía en peligro.” El borrador termina siendo redactado –contó el fiscal– y Ragone lo iba a firmar el mismo día en que fue asesinado.
Fuente:Pagina12                                            

memoria/el juicio por la desaparición de miguel ragone
UN DOCENTE DE LA UNSA CONTO QUE ARMO LISTAS DE SUPUESTOS SUBVERSIVOS
El descargo del filósofo
Cesanteado en 1976, Mario Casalla pidió al Ejército que revirtiera esta decisión. Aseguró que él mismo dio de baja a otros docentes “subversivos”, y que compartió información con miembros de inteligencia policías y militares.

El 21 de mayo de 1976 la intervención militar en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), a cargo de los capitanes Eduardo Alberto Casal y Norberto Antonio Yommi, que había profundizado los efectos de la intervención civil iniciada en 1974 encabezada por Francisco Villada, dispuso nuevas cesantías de docentes. Entre ellos cayó el profesor de filosofía, Mario Casalla, quien hasta el 24 de marzo de 1976 había ocupado el cargo de secretario académico, como parte del gobierno de la anterior intervención.
Inexplicablemente los capitanes incluyeron a Casalla en la lista de indeseables, sobre él hicieron caer la sospecha de ser un “subversivo y/o disociador”. En desacuerdo con esta calificación el docente pidió al Destacamento de Inteligencia 143 del Ejército, con asiento en Salta, que corrigiera el error. A su favor, argumentó que él mismo había armado listas de docentes subversivos e incluso había dado de baja a algunos de ellos, tareas en las que había trabajado de manera “estrecha” con la Policía Federal, la Policía de Salta, Gendarmería y el Ejército. Su caso se hizo público el martes último en la sala de grandes juicios del Poder Judicial, cuando el abogado Matías Duarte, querellante por la familia de Miguel Ragone, lo usó para graficar cómo la Policía y el Ejército realizaban tareas de inteligencia y control sobre los habitantes.
Tras ser cesanteado en la Universidad, Casallal fue a trabajar a la cooperativa láctea Cosalta, y de ahí pasó, en 1977, al diario El Tribuno, donde fue gerente general y ejerció el periodismo con el seudónimo de Hernán Solifrano. Al Ejército le dijo que, entre otros, el subdirector de El Tribuno, el actual senador nacional Juan Carlos Romero, podía dar referencias suyas.
“Me dirijo al señor jefe del Destacamento de Inteligencia 143 de Salta, interesándolo por estos hechos. Más que una carrera universitaria de quince años frustrada, lo que me hiere moralmente es esa calificación injusta de ‘presunto subversivo o disociador’ que agravia mi realidad y mis valores más firmes. Tal cual manifestara desde los comienzos de este caso (…), no solo no soy subversivo o disociador, sino que he luchado abiertamente contra esa forma apátrida de agresión a nuestro suelo y sus instituciones, con todas las medidas y fuerzas a mi alcance (tanto como docente, o como autoridad de la UNSa)”. Sostuvo el doctor en filosofía en el pedido de “revisión de informes disponibles sobre mi persona y una correcta caracterización de mi caso”.
El golpe del 24 de marzo de 1976 encontró a Casalla en el cargo de secretario académico, en el que había asumido en septiembre de 1975. Antes, desde diciembre de 1974, había sido director del Departamento de Humanidades. Había llegado al gobierno universitario de la mano del interventor Villada, dispuesta en diciembre de 1974 (mes siguiente a la intervención al gobierno de Ragone) “por las graves irregularidades de todo tipo detectadas durante el gobierno del doctor Holver Martínez Borelli”, perseguido político que estuvo exiliado.
Casalla renunció “inmediatamente” a la secretaría académica y al cargo de docente, pero los interventores le permitieron continuar dando clases. Pero, a pesar de que colaboró “plenamente con las autoridades universitarias” militares y de que “no realizó tarea alguna sin consultar”, en mayo fue dejado cesante.
En su descargo Casalla sostuvo ante el Destacamento de Inteligencia que nunca supo los motivos para que lo rotularan de esta manera, recordó que no existía un proceso en su contra y que las autoridades universitarias y la autoridad militar había resaltado en “reiteradas oportunidades y diferentes círculos la firmeza con el que el gobierno universitario del que formé parte actuó contra la subversión”.
Entre sus antecedentes reseñó sus estudios en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde ejerció la docencia antes de su paso por Salta (y la ejerce actualmente), al igual que en universidades privadas y en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, el Colegio Militar de la Nación y el Centro de Estudios de Altos Estudios Militares (CAEM). Detalló haber servido “bajo las órdenes del teniente general (RE) Jorge Rafael Videla” y “del general (RE) Antonio Facundo Serrano”, que fuera gobernador de facto del Chaco. Y añadió que entre los cursantes de filosofía en el CAEM tuvo al “actual jefe de la Policía de Salta y al señor jefe del RIM 28 de Tartagal”. “Son personas de una intachable carrera y autoridad moral”, dijo, que podían referencias sobre él.
Sostuvo que tenía una formación filosófica clásica, “totalmente ajena a la doctrina marxista”. Y que en 1973 ingresó a la Universidad Nacional de Salta “sin mayores conocimientos de la gente que actuaba en la UNSa”, cuyo rector era entonces Martínez Borelli, pero que al cabo de tres meses ya le era “evidente que sus autoridades y buena parte de la comunidad universitaria comenzaron a desviarse cada vez más hacia una tendencia francamente subversiva. Mi posición fue entonces de público y notorio enfrentamiento con la subversión universitaria, a punto tal que esa conducción subversiva me persiguió por todos los medios, me creó ‘cátedras paralelas’ de orientación montonero-marxista y me colocó bajo juicio académico (popular) pocos días antes de su caída”, subrayó con mayúsculas.
Informó también que cuando estuvo en el gobierno universitario, entre 1974 y 1976, procedió a “depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la Universidad (Humanidades), dí de baja docentes directamente ligados a la subversión (…), revisé y promulgué nuevos planes de estudios dejando de lado los anteriores contenidos marxistas y enfrenté ante la opinión pública del momento las consecuencias de todas estas medidas. De todo ello tienen constancia los organismos de seguridad de la provincia y muy especialmente la Policía Federal (Delegación Salta) entonces comandada por el comisario (Federico) Livi y con el principal Faber al frente de Inteligencia subversiva”:
Dijo que trabajó “estrechamente con todos esos organismos procediéndose a una prolija revisión de antecedentes antes de cualquier baja o alta de personal. Lo mismo puede decirse de la Policía Provincial, de Gendarmería, y de la Guarnición Militar Salta.”
A pesar de todos estos elementos, finalmente las autoridades militares llegaron a la conclusión de que no tenían “certeza absoluta de la verdadera ideología” del filósofo.
Por Elena Corvalan
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